La Comisión de Derechos Humanos confirmó la autenticidad del video y la Fiscalía abrió una investigación por posibles actos de tortura cometidos contra un detenido en Coquimatlán.
Un video que muestra a elementos de la Policía Municipal de Coquimatlán, Colima, presuntamente torturando a un detenido ha generado una fuerte ola de indignación y ha encendido las alarmas sobre los abusos de autoridad en corporaciones de seguridad. Tras la difusión de las imágenes, el alcalde Luis Gerardo Olivares solicitó la suspensión inmediata de los agentes involucrados y aseguró que enfrentarán consecuencias administrativas y penales si se confirma su responsabilidad.
Las imágenes, grabadas presuntamente en noviembre de 2025 y difundidas recientemente en redes sociales, muestran a un hombre identificado como Gabriel N con las manos atadas mientras varios policías lo someten. En el video se observa cómo uno de los agentes vierte agua sobre una tela colocada en el rostro de la víctima, una práctica conocida como waterboarding o ahogamiento simulado, considerada internacionalmente una forma de tortura.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHE) confirmó la autenticidad del material e inició de oficio la queja correspondiente, además de requerir información formal al Ayuntamiento. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación a través de su Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Otros Tratos Crueles, luego de que la víctima presentara una denuncia formal por los hechos.
Ante la gravedad del caso, el alcalde informó que presentó una solicitud ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para que los policías señalados sean suspendidos preventivamente mientras se desarrollan las investigaciones. “No deben portar armas, no deben estar en las calles y no deben tener contacto con personas detenidas”, sostuvo el edil, quien prometió total colaboración con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.
El Ayuntamiento también emitió un posicionamiento en el que aseguró que no tolerará conductas contrarias a la ley y reiteró que cualquier servidor público que incurra en abusos deberá responder ante la justicia. Olivares dirigió además un mensaje a la víctima y a su familia, reconociendo la gravedad de los hechos y afirmando que ninguna persona bajo custodia policial debe temer ser violentada por quienes tienen la obligación de protegerla.
Este caso vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de erradicar prácticas violatorias de derechos humanos dentro de las corporaciones policiales. Las autoridades estatales y municipales ahora enfrentan el reto de garantizar una investigación transparente, sancionar a los responsables y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en Colima.
