La UNAM cerró 2025 marcada por recortes presupuestales, episodios de violencia extrema, paros y una creciente sensación de impunidad, evidenciando una crisis estructural que puso en jaque su seguridad, autonomía y vida académica.
El 2025 fue un año de turbulencia profunda para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), marcado por una crisis multidimensional que sacudió tanto su estabilidad académica como su tejido social.
La máxima casa de estudios no solo enfrentó un entorno económico adverso desde la planeación del gasto federal, sino que terminó convertida en epicentro de violencia digital, extremismo e inseguridad, fenómenos que rompieron la normalidad en sus campus.
Bajo la gestión del rector Leonardo Lomelí Vanegas, la UNAM navegó entre la exigencia de mayor presupuesto y la urgencia de contener una ola de violencia que obligó al cierre temporal de facultades y escuelas de bachillerato.
La vulnerabilidad financiera fue el primer golpe del año.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación planteó inicialmente un recorte superior a 5 mil millones de pesos, equivalente a casi 10% del presupuesto operativo de la UNAM. Aunque la Secretaría de Hacienda lo calificó después como un “lamentable error” y prometió ajustes inflacionarios, el daño ya estaba hecho: becas en suspenso, proyectos de investigación congelados y planeación institucional paralizada.
El episodio evidenció la fragilidad de la autonomía financiera universitaria, dejando claro que el funcionamiento de una comunidad de más de 370 mil estudiantes sigue atado a decisiones políticas tomadas fuera del campus.
A la crisis presupuestal se sumó un estallido de violencia sin precedentes, vinculado a grupos extremistas y comunidades digitales radicalizadas que operan en los márgenes universitarios.
El caso “Lex Ashton” se convirtió en uno de los momentos más oscuros del año: misoginia, violencia y discursos de odio incubados en internet escalaron hasta una tragedia que desnudó la ineficacia de los protocolos de seguridad.
La respuesta institucional fue duramente cuestionada, pues reportes previos sobre conductas violentas y posesión de armas fueron ignorados o minimizados por autoridades académicas antes del desenlace fatal.
El clima de tensión se agravó con una oleada de amenazas de bomba, falsas pero altamente disruptivas, que paralizaron planteles de Ciudad Universitaria y de las Escuelas Nacionales Preparatorias.
Durante octubre, la UNAM vivió en alerta permanente, con desalojos masivos, suspensión de clases y miedo generalizado. Para el cierre del año, el saldo fue contundente: ocho planteles tomados, seis en paro y más de una decena operando de forma híbrida o en línea, con un impacto directo en la calidad educativa y el avance académico.
En el plano laboral, el fantasma de la huelga recorrió la universidad en el segundo semestre. El STUNAM sostuvo negociaciones tensas con la rectoría, exigiendo aumentos salariales acordes a la inflación y al encarecimiento de la canasta básica.
Aunque se evitó el paro con un incremento del 4%, el descontento de más de 30 mil trabajadores quedó latente. La votación dividida evidenció una fractura interna, donde una parte significativa de la base laboral considera que los salarios ya no alcanzan para sostener el costo de vida.
Finalmente, la UNAM cerró el 2025 enfrentando una “violencia normalizada”, reconocida por el propio rector Lomelí como un problema estructural.
Pese a las semanas de cultura de paz, los talleres de mediación y los discursos institucionales, las denuncias por violencia digital y acoso de género aumentaron.
De acuerdo con la Gaceta UNAM, aunque se reforzaron las comisiones de igualdad, la falta de sanciones efectivas sigue siendo el reclamo central de las universitarias. Denunciar no garantiza justicia, y la impunidad continúa marcando muchos casos de agresión dentro de la máxima casa de estudios.
