En medio de las tensiones por los funcionarios sinaloenses reclamados por Estados Unidos, el Gobierno de México puso sobre la mesa una deuda de Washington: 269 solicitudes de extradición siguen sin respuesta desde 2018.
La presión del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los 10 funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el narcotráfico desató una nueva tensión política entre ambos países; sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que desde 2018 la administración mexicana ha solicitado la entrega de 269 personas buscadas por la justicia y hasta ahora ninguna ha sido concedida.
Esto ha dejado al descubierto una aparente doble cara con la que Estados Unidos presiona casos ligados al crimen organizado mientras resguarda a personajes acusados de corrupción y lavado de dinero.
Entre los nombres aparece Victor Manuel Álvarez Puga, empresario acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y desvío de recursos públicos. Durante años logró mantenerse lejos de las autoridades mexicanas mientras las investigaciones aumentaban sobre presuntas redes de empresas fantasma y operaciones irregulares vinculadas al sexenio de Enrique Peña Nieto.
Las investigaciones señalaron que el despacho de Álvarez Puga y Asociados habría participado en desvíos de 2 mil 950 millones de pesos mediante contratos simulados y documentación falsa. El empresario permaneció durante años viviendo fuera de México sin enfrentar a la justicia mexicana.
Otro de los casos es el de José Ulises Bernabé, exjuez de barandilla de Iguala relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las investigaciones sostienen que habría omitido registrar a varios estudiantes antes de que fueran entregados a policías municipales. Desde 2015 permanece en Estados Unidos bajo “asilo político”, mientras el caso continúa siendo una gran indignación para el país.
La lista también involucra a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, uno de los exmandatarios más señalados por presuntas operaciones ilícitas y vínculos con redes financieras bajo sospecha.
Desde 2020, la FGR abrió investigaciones en su contra por lavado de dinero, delincuencia organizada y presunto fraude fiscal. Las acusaciones apuntaron a movimientos millonarios, compra de propiedades así como operaciones realizadas mediante prestanombres y empresas vinculadas a su círculo cercano.
En 2021, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero que terminó por fracturar la relación entre el gobierno federal y el entonces gobernador de Tamaulipas.
Desde ese momento comenzó la batalla de órdenes de aprehensión y amparos que le permitieron alejarse de las autoridades mexicanas, convirtiéndose en uno de los expedientes más incómodos para el PAN. Es así que Estados Unidos tendrá que explicar por qué personajes reclamados por México siguen viviendo en su territorio sin ser entregados a las autoridades.
