La red habría cobrado cuotas mensuales de hasta 200 mil pesos a los establecimientos y utilizado controles de hologramas para presionar a los propietarios a pagar.
Una jueza del distrito judicial de Chalco vinculó a proceso a dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, señalados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como presuntos integrantes de una red dedicada a extorsionar verificentros, con ganancias superiores a 430 millones de pesos.
Los procesados son Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega, quienes ocupaban cargos relacionados con el control de emisiones atmosféricas. Ambos enfrentan acusaciones por extorsión agravada y abuso de autoridad. De acuerdo con la investigación, la estructura habría comenzado a operar a finales de 2023, poco después de que los funcionarios asumieran sus puestos.
Según la carpeta judicializada, los funcionarios y otros servidores públicos, algunos de ellos actualmente prófugos, exigían a propietarios de verificentros una cuota mensual de 200 mil pesos para permitirles operar. En caso de negarse, los establecimientos eran suspendidos bajo el argumento de supuestos incumplimientos ambientales. Además, se establecían cobros por vehículo verificado y por cada línea de verificación.
La FGJEM documentó que la red también habría utilizado el Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV) para presionar a los establecimientos. Los funcionarios presuntamente limitaban la entrega de hologramas hasta recibir los pagos y permitían realizar irregularmente verificaciones conocidas como “brincos”, mediante la manipulación del sistema.
La investigación señala que parte del dinero era entregado en efectivo y mediante citas previamente acordadas en oficinas y domicilios de la Ciudad de México. Incluso, algunos propietarios habrían sido obligados a ceder porcentajes de sus empresas mediante razones sociales relacionadas con los presuntos operadores, quienes afirmaban contar con “protección de políticos”.
El Estado de México cuenta con 163 verificentros y 878 líneas activas. Por los delitos imputados, la legislación vigente al momento de los hechos contempla penas de hasta 70 años de prisión por extorsión y hasta nueve años por abuso de autoridad.
