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    SCJN respalda revisión del INE a candidatos por posibles nexos delictivos

    La Suprema Corte avaló por unanimidad el mecanismo que permite revisar perfiles de aspirantes ante un posible riesgo de vínculos con actividades delictivas, aunque su participación será voluntaria y no impedirá una candidatura.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE, luego de rechazar una impugnación promovida por el PRI. El Pleno determinó que el mecanismo tiene carácter preventivo, informativo y voluntario, por lo que no establece un nuevo requisito de elegibilidad.

    La comisión podrá revisar, con autorización de los partidos políticos o de aspirantes independientes, información relacionada con posibles vínculos con actividades delictivas. Para ello, podrá solicitar análisis a instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y autoridades financieras, con el objetivo de identificar un “riesgo razonable”.

    La revisión, sin embargo, no equivale a una investigación penal ni determina por sí misma que una persona haya cometido un delito. La información será enviada a los partidos, que decidirán si toman alguna medida, mientras que el resultado no será vinculante para registrar o rechazar una candidatura.

    El mecanismo fue impugnado por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien argumentó que podría vulnerar la presunción de inocencia y convertirse en una especie de veto indirecto para quienes decidieran no someterse a la evaluación. La Corte desestimó esos argumentos al considerar que la participación es voluntaria y que no existe una sanción por negarse.

    Durante la discusión, el ministro Giovanni Figueroa propuso limitar los reportes de posibles vínculos delictivos a casos en los que ya existieran indicios presentados ante un juez para solicitar una vinculación a proceso. La propuesta no prosperó. Así, el INE contará con un mecanismo preventivo para revisar posibles riesgos en candidaturas, aunque la decisión final sobre los registros seguirá correspondiendo a las autoridades electorales conforme a la ley.