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    Gobierno ultraderechista de Kast rebaja penas a agresores sexuales de menores en Chile

    La Cámara de Diputados alista una comisión investigadora, mientras crecen las exigencias de renuncia contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la aplicación de los beneficios.

    El gobierno de José Antonio Kast en Chile enfrenta una controversia política y judicial tras reducir las penas de personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. Hasta el momento, se han confirmado 56 casos beneficiados, de los cuales 27 corresponden a sentenciados por abuso sexual y 29 por violación, de acuerdo con el portal Interferencia.

    La decisión colocó bajo presión al ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien defendió las rebajas al sostener que se apegan a la legislación vigente y a criterios previos de la Corte Suprema. Sin embargo, la presidenta de ese máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, aclaró que la facultad de emitir los decretos para reducir las condenas corresponde al Poder Ejecutivo.

    El caso provocó una reacción de la oposición chilena, que exige la renuncia de Rabat o su destitución por parte de Kast. Además, la Cámara de Diputados prevé integrar una comisión investigadora y convocar una sesión especial para que el funcionario explique las decisiones que permitieron conceder los beneficios a los sentenciados.

    Ante la presión política, Rabat anunció que impulsará iniciativas legales para impedir que continúen las reducciones de penas a personas condenadas antes de 2022. También informó que se suspenderá temporalmente la tramitación de nuevos decretos mientras avanza la discusión legislativa, con el argumento de resolver la controversia y dar certidumbre a la ciudadanía.

    El año señalado corresponde a la entrada en vigor de una ley promovida durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, que prohíbe otorgar beneficios o rebajas de condena a responsables de delitos sexuales contra menores. No obstante, el principio constitucional de irretroactividad de la ley establece límites para aplicar disposiciones nuevas a hechos anteriores, un elemento central en la discusión jurídica que enfrenta al gobierno de Kast.