Guillermo Pamuce Yep fue atacado en un fraccionamiento de Coatzacoalcos; la Fiscalía ya investiga el homicidio, pero hasta ahora no se ha informado sobre detenidos.
Guillermo Pamuce Yep, conocido como “El Chino Yep” y coordinador regional del recién formado Partido PAZ en Veracruz, fue asesinado la tarde del miércoles 23 de septiembre en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de la entidad.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió sobre la avenida Jirafas, en el fraccionamiento Veleros, donde sujetos armados habrían disparado más de diez veces contra Pamuce Yep antes de escapar a bordo de un vehículo. Tras el reporte a los servicios de emergencia, elementos de seguridad desplegaron un operativo en la zona, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones.
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios para integrar la carpeta de investigación. Sin embargo, la Fiscalía y el Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, no habían emitido hasta ese momento información sobre el móvil del crimen.
Pamuce Yep había sido regidor de Jáltipan durante la administración municipal anterior y mantenía cercanía con la dirigencia del extinto Partido Encuentro Social (PES) en Veracruz y con el exdiputado Gonzalo Guízar Valladares. Su asesinato ocurre en un estado que ha registrado diversos ataques contra actores políticos.
Entre los casos recientes se encuentran el ataque contra el exalcalde de Soconusco, Rolando Sinforoso Rosas, en mayo; el asesinato del exaspirante de Morena en Omealca, Efraín Blanco Villagómez; y el atentado contra el exalcalde de Ixtaczoquitlán, Nahúm Álvarez Pellico. En 2025 también fueron asesinados el candidato de Morena-PVEM Germán Anuar Valencia y la candidata morenista de Texistepec, Yesenia Lara.
La televisora pretende presentar como defensa de la libertad de expresión una disputa por una sátira política, mientras utiliza su enorme alcance mediático para deslegitimar a instituciones y convertir la confrontación política en un espectáculo.
TV Azteca enfrenta una controversia luego de difundir La Casa de los Mañosos, una sátira política elaborada con inteligencia artificial, por la que Morena presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Tras la queja, la televisora acusó al partido de intentar censurarla y presentó el caso como un ataque contra la libertad de expresión. Sin embargo, el contenido difundido por TV Azteca generó cuestionamientos por la manera en que utiliza imágenes y señalamientos para descalificar políticamente a integrantes de Morena.
En sus mensajes, la televisora ha utilizado expresiones como “narcopolíticos de Morena”, una acusación generalizada que coloca a integrantes del partido bajo ese señalamiento sin que ello implique una resolución judicial que lo acredite.
La controversia también incluye señalamientos de plagio relacionados con el concepto de La Casa de los Mañosos, además de cuestionamientos sobre el posible uso de contenido para ejercer violencia política y estigmatización contra personas vinculadas con Morena.
Por su parte, TV Azteca sostiene que la intervención del INE constituye un intento de censura. No obstante, será la autoridad electoral la que determine si el contenido difundido incumple alguna disposición en materia electoral y, en su caso, si existen responsabilidades.
El caso abre nuevamente el debate sobre los límites de la sátira política, el uso de inteligencia artificial y la responsabilidad de los medios de comunicación cuando emplean sus plataformas para difundir contenidos que pueden incidir en la percepción pública de actores políticos.
El senador del PAN por Querétaro ha construido su carrera entre cargos públicos, polémicas por violencia política de género, declaraciones calificadas como clasistas y señalamientos que han marcado su trayectoria política.
El nombre de Agustín Dorantes Lámbarri volvió a colocarse en la conversación pública luego de que Natalia Torres fuera identificada como colaboradora cercana del senador panista.
Aunque en el discurso Acción Nacional suele presentarlo como uno de sus principales perfiles rumbo a la gubernatura de Querétaro, la trayectoria de Dorantes también está marcada por sanciones, controversias y episodios que han generado fuertes críticas.
Licenciado en Derecho y con estudios de maestría en Gestión e Innovación Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro, Dorantes ha desarrollado prácticamente toda su carrera dentro de gobiernos emanados del PAN.
Fue asesor legislativo en el Senado entre 2012 y 2015; posteriormente ocupó la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal en dos periodos (2015-2018 y 2021-2024), además de ser diputado local de 2018 a 2021. Actualmente es senador de la República, donde participa en comisiones de Energía, Seguridad Pública, Comunicaciones, Recursos Hídricos e Inteligencia Artificial.
Sancionado por violencia política de género
Uno de los episodios más delicados de su carrera ocurrió en 2021, cuando el Congreso de Querétaro lo amonestó por ejercer violencia política en razón de género contra la entonces diputada de Morena, Laura Polo Herrera.
El procedimiento derivó de una resolución del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), posteriormente confirmada en la vía jurisdiccional, que estableció la existencia de la conducta. Aunque la Contraloría del Congreso calificó la falta como “levísima” y únicamente impuso una amonestación que permaneció en su expediente durante un año, la legisladora morenista rechazó la sanción al considerarla insuficiente e incluso sostuvo que debió ser separado del cargo.
El caso representó uno de los pocos antecedentes en Querétaro donde un dirigente panista fue sancionado formalmente por este tipo de violencia.
El comentario que desató acusaciones de clasismo
En 2026, cuando ya competía por convertirse en el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Dorantes volvió a ocupar titulares por una declaración que generó una ola de críticas.
Durante una entrevista comparó a los municipios con las “sirvientas” de Querétaro al hablar de los servicios públicos, una expresión que rápidamente fue considerada clasista y discriminatoria por diversos sectores.
Las críticas recordaron incluso la frase pronunciada por Enrique Peña Nieto en 2012, cuando respondió que él “no era la señora de la casa” al ser cuestionado sobre el precio de la canasta básica.
Tras la polémica, Dorantes ofreció disculpas públicas y aseguró que sus palabras habían sido mal interpretadas; sin embargo, el episodio volvió a colocar sobre la mesa cuestionamientos sobre la visión que algunos cuadros del PAN mantienen respecto a los trabajadores y los sectores populares.
Señalamientos durante campañas
Durante el proceso electoral de 2024, la entonces candidata Alicia Colchado denunció presuntos actos de intimidación por parte de personas que, según dijo, estaban vinculadas al equipo de campaña de Agustín Dorantes.
El hoy senador negó categóricamente las acusaciones y exigió que se presentaran pruebas para sustentar los señalamientos, asegurando que su campaña siempre se condujo con propuestas y sin actos de violencia.
Denuncias sobre uso político de programas sociales
En 2025 también circularon denuncias anónimas relacionadas con el programa “Juntos Contigo”, donde se señaló a Laura Angélica Dorantes, esposa del senador, de presuntamente utilizar brigadas del programa para promover políticamente a Agustín Dorantes y desacreditar a otros aspirantes panistas.
Las denuncias también hablaban de presunto acoso laboral y exigencias excesivas hacia brigadistas. Sin embargo, estos señalamientos fueron difundidos de manera anónima y no existe, hasta el momento, una resolución oficial que los confirme.
Señalado por presuntas operaciones políticas para frenar a Morena
La carrera de Agustín Dorantes también ha estado acompañada por señalamientos sobre su operación política al interior del PAN queretano.
En diciembre de 2020, el periodista Sergio Arturo Venegas publicó en Plaza de Armas una columna en la que aseguró que, como entonces dirigente estatal del blanquiazul, Dorantes sostenía reuniones con políticos del PRI para ofrecerles “lo que necesitaran”, incluyendo presuntos apoyos económicos y logísticos, con el objetivo de evitar el crecimiento electoral de Morena en Querétaro.
Según la publicación, estas presuntas negociaciones contrastaban con el compromiso público del entonces gobernador panista Francisco Domínguez Servién, quien había asegurado que su administración no intervendría en el proceso electoral.
La columna incluso advertía que, de confirmarse ese tipo de prácticas, tanto quienes ofrecieran como quienes aceptaran esos apoyos podrían incurrir en responsabilidades electorales. No obstante, estas afirmaciones nunca derivaron en una resolución de autoridad que acreditara dichos señalamientos, aunque el episodio alimentó las críticas sobre la forma en que el PAN operaba políticamente en Querétaro.
Un perfil que divide al PAN
A pesar de las polémicas, Agustín Dorantes continúa siendo uno de los principales cuadros del PAN en Querétaro y uno de los aspirantes más visibles para buscar la gubernatura del estado.
Su carrera refleja el respaldo que ha recibido del grupo político que gobierna Querétaro desde hace más de una década, pero también acumula episodios que han alimentado críticas por violencia política de género, declaraciones consideradas clasistas y diversas controversias que han acompañado su ascenso dentro del blanquiazul.
Hoy, con Natalia Torres formando parte de su equipo político, el historial del senador vuelve a cobrar relevancia, pues detrás de la imagen del aspirante panista existe una trayectoria marcada por decisiones y polémicas que continúan siendo motivo de escrutinio público.
La presidenta municipal sobrevivió a la agresión en la carretera Hermosillo–Mazatán; fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo para ubicar a los responsables.
La alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich, fue atacada a balazos la mañana de este martes mientras circulaba por la carretera Hermosillo–Mazatán, a la altura del kilómetro 60. El atentado cobró la vida de su hijo, quien la acompañaba en el vehículo y falleció en el lugar de los hechos.
De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la presidenta municipal, militante del Partido del Trabajo, logró sobrevivir al ataque, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud ni si requirió traslado hospitalario.
Tras la agresión, corporaciones de seguridad estatales y federales implementaron un operativo de búsqueda y vigilancia en la zona para dar con los responsables del ataque armado. Sin embargo, aún no se reportan personas detenidas, ni se ha confirmado el móvil del atentado.
El municipio de Bacanora, ubicado en la sierra de Sonora, se mantiene bajo resguardo mientras avanzan las investigaciones. Autoridades ministeriales trabajan en la recolección de indicios balísticos y testimonios para esclarecer el crimen y determinar si el ataque estuvo dirigido directamente contra la alcaldesa.
La Fiscalía estatal no ha descartado ninguna línea de investigación y se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con mayores detalles sobre el atentado que enluta a Bacanora.
El único arrestado por el atentado en Culiacán fue militante priista y ex trabajador municipal; autoridades federales lo ligan a una célula criminal dedicada a labores de vigilancia y comunicación.
El detenido por el atentado armado contra diputados de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán, Jesús Emir “N“, no solo está relacionado con una célula de Los Chapitos, sino que además fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y empleado del Ayuntamiento de Culiacán, de acuerdo con registros oficiales y reportes de seguridad.
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia confirma que Jesús Emir N se afilió al PRI en 2019 en Sinaloa y mantuvo su militancia hasta el primer semestre de 2025. Paralelamente, fuentes de seguridad señalaron que fue dado de alta como trabajador municipal en 2018, durante la administración de Jesús Estrada Ferreiro, como peón adscrito al Parque Ernesto Millán Escalante.
El arresto ocurrió la madrugada del martes en Culiacán, cerca de la Universidad Autónoma de Occidente, en un operativo conjunto del Ejército, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El titular de esta dependencia, Omar García Harfuch, confirmó que el detenido forma parte de una célula de Los Chapitos y está directamente vinculado al ataque perpetrado el 28 de enero contra Sergio Torres Félix y la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, sobre el Malecón Viejo, una de las vialidades más transitadas de la capital sinaloense.
De acuerdo con las autoridades federales, el sujeto —conocido como “el compa Güero” o “Radio 13”— tenía a su cargo el control de radiocomunicación, la instalación de cámaras de videovigilancia y la adquisición de drones para la organización criminal, tareas clave para el seguimiento y la ejecución de ataques.
En cuanto al estado de salud de las víctimas, Sergio Torres Félix permanece delicado y bajo observación médica, mientras que Elizabeth Montoya fue dada de alta, aunque sufrió lesiones graves que derivaron en la pérdida de un ojo. Hasta el momento, Jesús Emir N es el único detenido por este atentado.
Mediante un posicionamiento, el PRI estatal aseguró que el “compa Güero” no cuenta actualmente con estatus de militante y se deslindó de quien en su momento formó parte del partido, pero hoy buscan desconocer y ocultar ante los señalamientos en su contra.
Los legisladores fueron intervenidos quirúrgicamente y reciben atención especializada, mientras autoridades federales y estatales dan seguimiento al caso.
El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, informó que los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, baleados la tarde del martes en Culiacán, Sinaloa, se encuentran hospitalizados en estado grave, pero estables, tras ser sometidos a diversas intervenciones quirúrgicas.
En conferencia de prensa, Álvarez Máynez explicó que ambos legisladores permanecen bajo observación médica, debido a la complejidad de las lesiones, particularmente en el caso de Sergio Torres, quien recibió impactos en la cabeza. Detalló que la cirugía fue exitosa, aunque será necesario esperar al menos 48 horas para conocer un diagnóstico certero, una vez que disminuya la inflamación cerebral.
Respecto a Elizabeth Montoya, el líder emecista señaló que la diputada se encuentra consciente y fuera de peligro, aunque sufrió lesiones de consideración. Confirmó que perdió un ojo y presenta afectaciones cerebrales, por lo que continuará bajo estrictos cuidados médicos especializados.
Álvarez Máynez también informó que los dos acompañantes de los legisladores sobrevivieron al ataque, aunque los diputados resultaron más afectados debido a que viajaban en el asiento trasero, desde donde fueron agredidos por la espalda.
El dirigente nacional de MC reconoció la actuación de las autoridades de salud de Sinaloa, así como la coordinación con el Gobierno federal y estatal, y llamó a evitar especulaciones sobre el caso. Destacó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, asumió el compromiso de dar seguimiento puntual a la investigación y garantizar mecanismos de atención a las víctimas y sus familias.
Finalmente, subrayó que Movimiento Ciudadano no politizará la agresión, y reiteró que el ataque refleja el contexto de inseguridad e impunidad que enfrenta el país, por lo que su partido mantendrá colaboración institucional en materia de seguridad.
La reincorporación de Gerardo González García al Congreso de la Ciudad de México desató un conflicto político y de seguridad, luego de que Víctor Hugo Lobo Rodríguez fuera señalado por presuntamente recurrir a grupos de choque para impedir su regreso.
El Congreso de la Ciudad de México vivió un nuevo episodio bochornoso luego de que Víctor Hugo Lobo Rodríguez —hijo del exalcalde de Gustavo A. Madero y exdirigente perredista Víctor Hugo Lobo Román— presuntamente recurriera a grupos de choque para impedir la reincorporación del diputado propietario Gerardo González García a la curul que legalmente le corresponde.
El conflicto se originó cuando González García solicitó licencia a su diputación plurinominal el 2 de septiembre de 2024, lo que permitió que, en su calidad de suplente, Lobo Rodríguez asumiera el escaño. No obstante, este miércoles 21 de enero, el legislador propietario ejerció su derecho constitucional y solicitó su regreso a los trabajos parlamentarios.
El relevo representó un golpe político para el grupo encabezado por Víctor Hugo Lobo Román, cuya influencia dentro del Congreso capitalino se ha visto reducida tras este ajuste legislativo. Durante el proceso electoral, el exalcalde habría impulsado la inclusión de su hijo como suplente en la lista de diputaciones plurinominales y, posteriormente, habría buscado que González García dejara el cargo de forma definitiva para mantener a Lobo Rodríguez en la curul.
📹 #Vídeo | Gente de Victor Hugo Lobo (@vh_lobo) agreden físicamente al diputado del Congreso capitalino Gerardo González García, quién regreso a su curul luego de solicitar licencia el pasado 2 de septiembre de 2024 para darle espacio al hijo del experredista. pic.twitter.com/gBYC9jI7QX
Sin embargo, la decisión del diputado propietario de retomar sus funciones habría detonado una reacción violenta. De acuerdo con los hechos, Víctor Hugo Lobo Rodríguez habría atrincherado a un grupo de choque en las inmediaciones del recinto legislativo de Donceles, cuyos integrantes presuntamente agredieron físicamente a González García.
Tras los incidentes, el Congreso fue sitiado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras al interior del recinto se colocaron cadenas para impedir el acceso del diputado propietario, quien permaneció en las escalinatas del edificio. En contraste, Lobo Rodríguez se mantuvo dentro del Congreso, en el vestíbulo, en una escena que fue calificada por legisladores como un virtual secuestro del recinto legislativo.
Este no es un hecho aislado. La familia Lobo ha estado previamente vinculada a episodios de violencia política. Durante su gestión como alcalde de Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román fue señalado por el uso de personal de la alcaldía para actos de presión, el despojo de espacios públicos cerca de la Basílica de Guadalupe y por bloquear actividades de organizaciones ajenas a su corriente política.
El episodio deja al grupo político de Víctor Hugo Lobo Román visiblemente debilitado, con un margen de maniobra cada vez más reducido y una presencia menguante en la vida política de la Ciudad de México.
El Gobierno de Bolivia vincula el crimen con amenazas previas por negarse a participar en actos de corrupción dentro del Senasag.
La violencia política volvió a sacudir a Bolivia tras el asesinato de Mauricio Aramayo, colaborador cercano del presidente Rodrigo Paz Pereira y exdirector departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). El crimen ocurrió la noche del jueves en el centro de la ciudad de Tarija, donde la víctima fue atacada a tiros por hombres armados.
De acuerdo con el reporte policial, Aramayo circulaba en su vehículo cuando una motocicleta se le emparejó y sus ocupantes abrieron fuego directamente contra el automóvil. Tras el ataque, el coche quedó detenido sobre el camellón, mientras los agresores, encapuchados, huyeron del lugar.
Aunque el exfuncionario aún presentaba signos vitales, fue trasladado de emergencia en ambulancia, pero murió minutos después debido a la gravedad de las heridas, confirmaron las autoridades. La Policía Boliviana activó el Plan Z, un operativo especial de búsqueda para localizar a los responsables del homicidio.
La vocera presidencial, Carla Faval, señaló que el asesinato estaría relacionado con amenazas previas que Aramayo recibió durante su gestión en el Senasag, luego de negarse a aceptar sobornos. En un mensaje difundido en redes sociales, la portavoz aseguró que el exfuncionario enfrentó a redes de corrupción y pagó con su vida esa decisión.
“Hizo lo correcto, defendió la legalidad y enfrentó a las mafias. Hoy esa valentía nos duele profundamente”, expresó Faval, quien también garantizó que el Gobierno acompañará a la familia y no permitirá que el crimen quede impune.
Aramayo fue una figura clave durante las elecciones generales de 2025, donde se desempeñó como coordinador departamental del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en ambas vueltas electorales. Tras su paso por el Senasag, renunció al cargo para postularse a las elecciones regionales previstas para marzo.
El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, confirmó la apertura de una investigación de oficio para esclarecer el móvil del crimen y dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato.
Lo que presenciamos hace unos días en la supuesta “Marcha de la Generación Z” no fue una protesta, sino una operación política con fines de desestabilización.
A través de diferentes investigaciones periodísticas, ha salido a la luz que la organización de estas movilizaciones, que se presumen independientes, en realidad, ha sido operada por un grupo de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la CDMX, un sector que históricamente ha estado asociado a redes de poder y, en ocasiones, a episodios de violencia.
Los nombres de ciertos personajes, vinculados al PRI y al PAN, llaman poderosamente la atención:
El primero de ellos es Rubén Jiménez Barrios, líder de comerciantes ambulantes y secretario adjunto de la presidencia del PRI en la CDMX. Este sujeto es identificado como el principal operador de la marcha que dejó a más de 100 policías heridos. La antigüedad de Jiménez Barrios en el control del comercio informal y sus vínculos con hechos de violencia, en el pasado, lo colocan como una figura clave en la logística de este tipo de acciones.
Hay comerciantes que señalan que fueron obligados a participar, y que, de hecho, la orden de que acudieran a la marcha provino directamente de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
A esto, desde luego, hay que sumar que Edson Andrade Lechuga, uno de los principales impulsores de la marcha de la “Generación Z”, fue contratado directamente por el Partido Acción Nacional, en febrero de 2025, y a quien le fueron pagados más de 2 millones de pesos.
Pero eso no es todo.
También hay funcionarios activos de las alcaldías y miembros del PAN señalados por coordinar directamente las acciones violentas.
Uno de los señalados es Roberto Arceo Trujillo, subdirector B en la alcaldía Miguel Hidalgo y miembro de una organización de comerciantes. Este personaje, de acuerdo con los señalamientos de los propios comerciantes, habría coordinado a diferentes grupos de golpeadores para confrontar a la policía capitalina. Lo más preocupante es su estrecha relación con el panista Mauricio Tabe, titular de la alcaldía Miguel Hidalgo. Las imágenes son absolutamente reveladoras y evidencian la constante presencia de Roberto Arceo Trujillo en eventos públicos y reuniones en nombre de la alcaldía.
Otro de los personajes señalados es Alberto González Mancilla, quien protagonizó el acto de saltar la valla en el Zócalo y llegar a Palacio Nacional.
Este sujeto es identificado como un trabajador en el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) en la CDMX. Por si fuera poco, Alberto González Mancilla, que fue candidato a consejero regional y capacitador electoral del PAN, no tiene ningún empacho en exhibir una militancia activa en el Partido Acción Nacional.
Todo se conecta. Todo es evidente.
Lamentablemente, el caso de la “Marcha de la Generación Z” ilustra la perniciosa persistencia de redes clientelares y el uso político de grupos de choque por parte del PRI y del PAN, en la Ciudad de México.
Infelizmente, a los líderes de ese partido, a Jorge Romero y Alejandro Moreno, no les importan las graves consecuencias que han tenido sus acciones en contra de la democracia y la legitimidad de la protesta social.
Aunque la protesta puede haber contenido demandas juveniles legítimas, la infiltración y el liderazgo de operadores políticos y grupos clientelares desvirtúan su carácter social.
El dato de que comerciantes fueron obligados a acudir por la alcaldesa de Cuauhtémoc revela un mecanismo de movilización inducida típico del clientelismo político.
Es terrible que el control sobre el comercio informal (licencias, permisos, espacios) sea utilizado como una herramienta de coacción para asegurar la asistencia a eventos políticos o, en este caso, la participación en acciones de protesta.
Una cosa queda clara: este evento no fue ningún movimiento espontáneo. Lamentablemente, ha sido una prueba más de la instrumentalización de la precariedad económica para funestos fines partidistas.
La Presidenta advierte que acudir a Washington a denunciar al gobierno mexicano pone en riesgo la soberanía y expone la estrategia de los conservadores.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó que legisladores del PAN planeen viajar a Washington, Estados Unidos, para denunciar al gobierno mexicano tras la marcha de la autodenominada “Generación Z”, celebrada el 15 de noviembre.
“¿Qué mexicana o mexicano va a denunciar a otro país, además a Washington, por un invento de cómo sucedieron los hechos? ¿Por qué no lo hacen aquí, donde tienen acceso a los medios?”, cuestionó la mandataria. Sheinbaum enfatizó que se debe ponderar la soberanía y rechazó cualquier intento de injerencismo extranjero, recordando que este tipo de acciones provienen del conservadurismo de siempre.
La Presidenta señaló que la violencia registrada el 15 de noviembre no fue protagonizada por jóvenes de la Generación Z, sino por adultos contrarios al gobierno. “Somos un país libre y respetamos la libertad de expresión, lo que no aceptamos es la violencia”, añadió.
Sheinbaum Pardo también recordó que la Constitución, en sus artículos 39 y 40, establece la defensa de la soberanía y destacó la importancia de que la ciudadanía evalúe las acciones de los partidos políticos. Subrayó la necesidad de que se investigue plenamente lo ocurrido durante la marcha y quiénes promovieron los actos violentos, recordando que el Congreso de la Ciudad de México ya realizó parte de esta indagación.
Sheinbaum advirtió que recurrir a Estados Unidos para denunciar al país no solo es innecesario, sino que evidencia la intención de algunos grupos conservadores de buscar la intervención extranjera en México. “Aquí seguimos defendiendo la soberanía y la decisión del pueblo sobre sus gobernantes. No necesitamos que potencias extranjeras nos digan qué hacer”, concluyó.
