Tras cinco años de debates parlamentarios y sociales, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar por vía legislativa una ley que regula la eutanasia y reconoce el derecho a la muerte digna en casos de enfermedad incurable y sufrimiento extremo. El proyecto, respaldado por una mayoría progresista, establece un protocolo médico y jurídico estricto, inspirado en experiencias internacionales como la de los Países Bajos.
El Senado uruguayo aprobó este miércoles la ley de “Muerte digna” con 20 votos a favor y 11 en contra, tras un extenso debate que coronó un proceso legislativo iniciado en 2019. Con esta decisión, Uruguay se une a un reducido grupo de países que reconocen legalmente el derecho a morir bajo condiciones controladas y humanitarias. La norma fue respaldada por el Frente Amplio, dos senadores del Partido Colorado y una legisladora del Partido Nacional, en consonancia con el apoyo social mayoritario: el 62% de los uruguayos, según la consultora Cifra, se mostró favorable a su aprobación.
La ley permite solicitar la eutanasia a cualquier persona mayor de edad, “psíquicamente apta”, que padezca una enfermedad incurable o irreversible y sufra un deterioro extremo de su calidad de vida. El procedimiento deberá pedirse por escrito ante el médico tratante, quien informará sobre alternativas y cuidados paliativos. La solicitud será evaluada por dos médicos —o una junta médica en caso de discrepancia—, y la voluntad del paciente podrá expresarse ante testigos, siempre de forma revocable. El objetivo, de acuerdo al texto, es que la muerte ocurra de modo “indoloro, apacible y respetuoso de la dignidad”.
El debate sobre la eutanasia en Uruguay fue tan profundo como el que acompañó la legalización del aborto, el matrimonio igualitario o el cannabis, hitos que consolidaron la reputación del país como pionero en derechos sociales. La propuesta original fue impulsada en 2020 por el exdiputado colorado Ope Pasquet, inspirada en el caso del exdirigente deportivo Fernando Sureda, fallecido de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Tras varios años de estancamiento en el Senado, el Frente Amplio retomó el texto y lo llevó a su aprobación definitiva.
Sus impulsores sostienen que la norma garantiza un marco ético y médico sólido, basado en experiencias de más de dos décadas en Europa. En contraste, voces conservadoras alertaron que la ley “no ofrece suficientes garantías” y que el Estado debería priorizar “el derecho a vivir” antes que regular la muerte. Pese a las divergencias, el consenso general fue que la decisión final pertenece al individuo. El Poder Ejecutivo tiene seis meses para reglamentar la ley, que coloca nuevamente a Uruguay a la vanguardia regional en materia de derechos humanos y libertades civiles.
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