El Departamento de Justicia creará una nueva unidad especializada en delitos comerciales para procesar penalmente a empresas e individuos que intenten evitar el pago de tarifas mediante prácticas fraudulentas.
Según un reporte de Bloomberg, los fiscales federales están sentando las bases para presentar cargos penales, dejando atrás la política de sanciones civiles o acuerdos económicos. Ahora, los casos graves podrán terminar en prisión.
Las autoridades buscan frenar estrategias como falsificar el país de origen de productos, clasificar erróneamente mercancías para pagar menos impuestos y subvaluar las importaciones para reducir los aranceles.
“Cuando los importadores hacen trampa, están evitando el costo real de llevar mercancías a Estados Unidos”, explicó Matthew Galeotti, director de la división penal del Departamento de Justicia.
La ofensiva legal se enmarca en la política comercial de Donald Trump, quien desde su retorno a la Casa Blanca impuso un arancel universal de 10% y aplicó gravámenes más altos al acero, aluminio y autos, afectando a decenas de países. A partir del 1 de agosto, varias naciones enfrentarán alzas exponenciales.
Además, Trump anunció que Estados Unidos está por cerrar un nuevo acuerdo comercial con China y evalúa reducir aranceles a la Unión Europea si el bloque abre su mercado a empresas estadounidenses. Con esta nueva unidad, el mensaje es claro: Estados Unidos no solo cobrará más; ahora castigará penalmente a quien intente evadir.
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