La iniciativa prohíbe la venta de concesiones entre particulares y garantiza el derecho humano al acceso al agua, fortaleciendo la supervisión estatal y la gestión sustentable del recurso.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa que busca reformar la Ley General de Aguas y el artículo 4º constitucional, con el objetivo de ordenar el uso del agua en México y devolver este recurso estratégico al control de la nación.
En la Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que la propuesta busca que el agua deje de ser tratada como mercancía. “Debe regresar a la Conagua y otorgarse un nuevo título de concesión basado en cálculos técnicos del volumen que se utilizará. Así se recupera para la nación este recurso indispensable para el desarrollo y se garantiza el derecho humano al agua”, afirmó Sheinbaum.
La iniciativa, que será enviada al Congreso a través de dos leyes, prohíbe la compraventa de concesiones entre particulares, elimina los cambios de uso de concesiones sin autorización y obliga a que cualquier modificación vuelva a la Conagua para una nueva concesión basada en criterios técnicos. Además, contempla la creación del Registro Nacional del Agua, que permitirá rastrear la trazabilidad de las concesiones y sancionar los usos indebidos, incluyendo la extinción de dominio en casos de robo de agua.
La propuesta ha surgido tras 13 foros nacionales con participación de industriales, agricultores, municipios y estados, garantizando así un amplio consenso social. Entre las medidas destacan el fortalecimiento de la supervisión estatal, la tecnificación para evitar su desperdicio y sanciones más severas para infracciones, considerando que la Conagua ha detectado más de 58 mil irregularidades en títulos vigentes, incluyendo coordenadas falsas y usos no autorizados.
Sheinbaum recordó que en 1992, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la ley fue modificada para permitir la transmisión de concesiones entre privados, lo que convirtió el agua en mercancía y generó descontrol y falta de rendición de cuentas.
Con la reforma, el recurso pasa a ser un bien estratégico de la nación, concesionable pero ordenado, equitativo y sustentable, lo que asegurará que la sociedad mexicana tenga garantizado el uso y gestión del agua para fines personales y domésticos.
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