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La Presidenta sostuvo que la paridad debe garantizarse mediante reglas nacionales para todos los partidos y no mediante candidaturas definidas en estados específicos, pues podrían favorecer proyectos con “nombre y apellido”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en contra de las iniciativas que buscan obligar a los partidos políticos a postular exclusivamente a mujeres para competir por determinadas gubernaturas, como ocurre con la propuesta impulsada por el PAN en Chihuahua.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria afirmó que la participación política femenina debe fortalecerse mediante reglas generales de paridad y no a través de decisiones focalizadas que puedan derivar en imposiciones.

Sheinbaum dejó claro que su postura no representa un rechazo a la participación de las mujeres en cargos de elección popular. Por el contrario, recordó que la lucha por la igualdad política ha sido una de las causas que ha respaldado históricamente. Sin embargo, consideró que establecer por ley que una candidatura estatal deba recaer obligatoriamente en una mujer puede generar distorsiones dentro de los procesos democráticos y partidistas.

La titular del Ejecutivo también criticó una práctica que durante años afectó la representación política femenina: asignar a las mujeres candidaturas en entidades o municipios donde los partidos tenían pocas posibilidades de triunfo. En ese sentido, sostuvo que la verdadera igualdad implica que las mujeres compitan en territorios con posibilidades reales de ganar y que exista una distribución equilibrada de oportunidades dentro de cada fuerza política.

Además, la mandataria advirtió que cuando una reforma se diseña para una entidad en particular, existe el riesgo de que termine beneficiando a una persona específica. “A veces tiene nombre y apellido el sucesor o la sucesora”, señaló, al referirse a las iniciativas que buscan definir desde ahora el género de quien competirá por una gubernatura determinada.

Para Sheinbaum, la mejor alternativa es mantener el modelo nacional de participación paritaria que actualmente rige los procesos electorales, permitiendo que los partidos cumplan con la igualdad de género sin restringir de manera particular una candidatura estatal. Consideró que este mecanismo ofrece mayores garantías de inclusión y evita que las reglas electorales sean utilizadas con fines políticos específicos.

Finalmente, recordó que cualquier determinación sobre este tipo de propuestas corresponde a las autoridades electorales. En ese sentido, señaló que serán el Instituto Nacional Electoral y, en su caso, el Tribunal Electoral quienes tengan la última palabra sobre la viabilidad jurídica de este tipo de iniciativas.