El dictamen impulsado por el gobierno de Clara Brugada y aprobado por unanimidad busca frenar los despojos con penas más severas, nuevas agravantes y sanciones a notarios negligentes.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó en comisiones un dictamen de reforma que endurece las penas contra el delito de despojo, con sanciones de seis a once años de prisión y multas superiores a 113 mil pesos para quienes incurran en esta práctica.
La iniciativa, propuesta por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y respaldada por legisladores de diversas bancadas, incluye reformas al Código Penal, Código Civil, Ley Registral y Ley del Notariado capitalinos. El objetivo es cerrar el paso a fraudes inmobiliarios, suplantación de identidad y actos simulados utilizados para despojar a familias de sus viviendas o terrenos.
Entre las nueve nuevas agravantes, el dictamen contempla penas más altas cuando el despojo se cometa con documentos falsos o alterados, cuando lo perpetre un funcionario público, o cuando las víctimas sean personas adultas mayores. También se sancionará con mayor severidad si el acto ocurre en Áreas Naturales Protegidas o involucra usurpación de identidad.
En materia civil, la reforma introduce el concepto de “mala fe” cuando la posesión derive de un acto jurídico simulado, de un título inválido o de un contrato no inscrito cuyo propósito sea obtener un beneficio indebido o perjudicar a un tercero. Además, los notarios públicos serán responsables si, por negligencia o mala fe en la verificación de documentos, facilitan un despojo.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, señaló que el despojo no sólo implica la pérdida de un bien material, sino también la afectación emocional y económica de las víctimas. Denunció que este delito es cometido frecuentemente por redes delictivas coludidas con autoridades o notarios, quienes utilizan violencia y vacíos legales para apropiarse de inmuebles.
De igual manera, recalcó que combatir el despojo requiere acción colectiva y compromiso institucional para proteger el derecho de propiedad y garantizar la legalidad en la capital. El dictamen fue aprobado por unanimidad en las comisiones unidas y turnado a la Mesa Directiva del Congreso capitalino para su discusión y votación en el pleno.
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