Marinos y policías catearon una casa en la colonia Progreso de la Unión y arrestaron a Miguel “N”, de 35 años. Las autoridades lo relacionan con homicidio, extorsión y despojo.
Miguel “N”, de 35 años y conocido como “El Miky”, quedó en manos de las autoridades. Las investigaciones lo identifican como líder de la Federación de Organizaciones Mexiquenses Asociación Civil (FOMAC) y lo catalogan como objetivo prioritario generador de violencia.
En la operación participaron elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). También intervino personal naval asignado a la policía del municipio. Los agentes entraron a un inmueble de la colonia Progreso de la Unión y lo detuvieron durante los cateos.
La alcaldía de Ecatepec explicó que el arresto nació del trabajo de inteligencia e investigación de los marinos asignados a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal. Ese equipo trabajó en estrecha coordinación con la SSPC.
Según el comunicado, las autoridades relacionan a “El Miky” con homicidio, despojo, robo con violencia y extorsión. También lo vinculan con robo de agua y con tráfico de drogas y armas en el municipio. Por ahora, esos señalamientos son presuntos.
Además, la FOMAC forma parte de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON). El líder de esa organización, Guillermo Fragoso Báez, alias “El Memo”, enfrenta una orden judicial por delincuencia organizada.
Durante el cateo, personal de la SSPC aseguró documentos, credenciales con la leyenda“Hermandad Juárez” y celulares de distintas marcas. También decomisó armas de fuego tipo escuadra y bolsas negras de plástico con objetos personales.
Por último, la alcaldía informó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que coordina la SSPC. Con ella, las autoridades buscan frenar un delito que golpea cada día a familias y comerciantes.
Un predio de 12 mil 855.64 metros cuadrados, en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, pasó de una sucesión familiar a particulares, luego a empresas del entorno de Jorge Estefan Chidiac y, finalmente, al Gobierno de Puebla.
Hay lugares cuyo valor no puede medirse solo en metros cuadrados. Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla, son uno de ellos.
El cerro donde se detuvo al ejército francés
México atravesaba en 1862 una profunda crisis: acababa de salir de la Guerra de Reforma, tenía graves problemas financieros y había suspendido temporalmente el pago de su deuda externa. Esto derivó en la intervención de Francia, España y Reino Unido. Mientras los dos últimos negociaron con el Gobierno de Benito Juárez, Francia optó por la vía militar.
El 5 de mayo, unos 6 mil soldados franceses avanzaron sobre Puebla. Frente a ellos, el general Ignacio Zaragoza comandaba a cerca de 4 mil efectivos mexicanos, muchos de ellos milicias y fuerzas locales, que concentraron la defensa en posiciones estratégicas como los fuertes de Loreto y Guadalupe. Los franceses intentaron tomar las fortificaciones en varias ocasiones, fueron rechazados y se retiraron hacia Orizaba. En ese cerro se escribió uno de los episodios militares más importantes de la historia de México.
Un sitio que la Federación decidió proteger
Décadas después, el Estado mexicano buscó preservar el lugar. En 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho emitió un decreto que declaró de utilidad pública la conservación y protección de los fuertes y de los terrenos que los rodean.
Algunos propietarios reclamaron derechos sobre ciertas superficies y llevaron el conflicto a los tribunales. El litigio llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde algunos obtuvieron amparos, aunque las resoluciones no cubrieron todos los terrenos. Por eso, en 1962, un nuevo decreto presidencial precisó qué superficies podían regresar a particulares (las de quienes habían obtenido protección judicial) y cuáles seguirían siendo patrimonio de la Federación. Además, se mantuvo una zona de protección alrededor de los fuertes.
Esa condición federal quedó documentada en los años siguientes:
2011: la Secretaría de la Función Pública destinó al Gobierno de Puebla una superficie de 223 mil 691.67 m² en los terrenos de los fuertes, para rehabilitar el Centro Cívico Cultural 5 de Mayo. El acuerdo señaló que la propiedad se acreditaba con los decretos de 1946 y 1962 y que los terrenos estaban inscritos en el Registro Público de la Propiedad Federal.
2012: otro acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se refirió a una fracción de 32 mil 433.36 m² en terrenos adyacentes, nuevamente bajo el régimen de dominio público de la Federación y con los mismos decretos como sustento.
Es en este contexto donde comienza la historia del predio que sigue esta investigación.
2007: la venta
En 2007, mientras esos antecedentes federales seguían vigentes, un juicio sucesorio reconoció derechos hereditarios sobre un predio de 12 mil 855.64 m² a Ana María de la Concepción, José Manuel, José María Pedro y José Ignacio Román Cosío Ortiz.
Ese mismo año, el 13 de septiembre, los herederos vendieron el inmueble por 9 millones de pesos (unos 700 pesos por metro cuadrado), según consta en actas protocolizadas ante una notaría de Puebla. Los compradores fueron Domingo Antonio Fernández Brito, Guadalupe Selene Aguilar Cáceres y Olga Astrid López Gargallo, esta última, esposa de Jorge Estefan Chidiac.
Hasta aquí podría tratarse de una operación entre particulares. Pero el antecedente jurídico del terreno plantea una pregunta central: ¿cómo pudo formalizarse en 2007 la venta de un predio en la zona de los fuertes si existían decretos federales que establecían medidas de protección sobre el área y reconocían la propiedad de la Federación sobre ciertas superficies?
Para responderla no basta revisar una escritura; hay que seguir la ruta jurídica y empresarial del inmueble.
De particulares a una red de empresas
2009. Los tres compradores originales vendieron el predio por 13 millones de pesos a Inmobiliaria 2015, S.A. de C.V. En dos años, el valor de la operación aumentó 4 millones de pesos, cerca de 44.4 % sobre el precio de compra. Domingo Antonio Fernández Brito, uno de los compradores de 2007, figura como representante legal de la empresa compradora.
2010. Inmobiliaria 2015 constituyó Grupo de Emprendedores Diamante, S.A. de C.V. Según documentación empresarial revisada por Los Reporteros MX, entre sus socios aparecen Fernández Brito y Charbel Jorge Estefan Chidiac.
Fernández Brito aparece así en tres puntos de la cadena: como comprador del terreno, como representante de la sociedad que lo adquirió y como socio de una empresa vinculada con Estefan Chidiac. Algunas investigaciones periodísticas lo han señalado como presunto testaferro de este último.
Quién es Jorge Estefan Chidiac
Economista de formación, Estefan Chidiac fue diputado federal por Puebla de 2015 a 2018 y después ocupó distintos cargos en la estructura del PRI poblano. Su nombre también apareció en las controversias del caso Monex en la elección presidencial de 2012, cuando el PAN acusó al PRI de usar tarjetas de esa institución en un supuesto esquema de financiamiento y movilización electoral. El PRI negó las acusaciones y las autoridades electorales resolvieron sin anular la elección.
El 4 de marzo de 2024, el entonces gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina lo nombró titular de la Secretaría de Educación Pública estatal, tras la renuncia de Isabel Merlo Talavera, quien dejó el cargo para participar en el proceso electoral. Actualmente su nombre aparece también en señalamientos por presuntas irregularidades en la asignación de plazas en la SEP Puebla, sobre los cuales hay auditorías en curso.
2012: la desincorporación
Ese año, el gobernador Rafael Moreno Valle solicitó a la Federación desincorporar la fracción de 32 mil 433.36 m² en la zona de los fuertes para desarrollar el Parque Metropolitano. El acuerdo se publicó en el DOF el 16 de enero de 2012. Mientras la situación jurídica de los terrenos avanzaba por la vía gubernamental, la red empresarial ligada al predio seguía su propia ruta.
2015: entra Grupo Alsagi y aparece Pepe Chedraui
Para 2015, Grupo de Emprendedores Diamante, donde figuraban Fernández Brito y Estefan Chidiac, quedó relacionado con un conglomerado identificado como Grupo Alsagi.
Según el Registro Público del Comercio, este llegó a concentrar un capital aproximado de 87 millones de pesos mediante la integración de siete empresas. Entre ellas está JOMAPA S.A. de C.V., vinculada a José Chedraui Budib y María Elisa Budib Pellico. Los Reporteros MX corroboró que JOMAPA tiene registros desde 2015 y aparece a nombre de José Chedraui Budib.
Chedraui asumió la presidencia municipal de Puebla en 2024. Ese año, siendo candidato, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por presunta defraudación fiscal, por operaciones con facturas emitidas a empresas cuyos accionistas serían familiares suyos, entre ellas JOMAPA.
Lo relevante para esta investigación es la ruta que reconstruyen los documentos: el terreno pasó de una sucesión familiar a particulares, luego a una inmobiliaria y después a una estructura empresarial relacionada con Fernández Brito y Estefan Chidiac, en la que también aparecen sociedades vinculadas con José Chedraui Budib.
La historia no termina aquí. En el capítulo 2, Los Reporteros MX seguirá el rastro del despojo y revisará otro de los negocios que forman parte de esta trama.
La resolución judicial reconoce a Mariana Santana Alfaro como propietaria del inmueble cuya disputa derivó en un ataque que dejó dos personas muertas en 2025.
Un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco, Estado de México, reconoció a Mariana Santana Alfaro, hija de Doña Carlota, como la legítima propietaria del inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en Candelaria Tlapala, Chalco. Con la resolución, el predio fue restituido a la familia Santana.
El inmueble había sido el centro de una disputa que en abril de 2025 terminó con la muerte de Justin Márquez, de 19 años, y su padre Esau Márquez, de 51, además de un adolescente lesionado. De acuerdo con la familia Santana, la vivienda había sido invadida y el conflicto derivó en el enfrentamiento que colocó el caso de Doña Carlota en el centro de la atención pública.
La resolución establece que Mariana Santana es la propietaria legítima de la casa ubicada en la calle Hacienda La Labor, manzana 18, lote 20-B. El reconocimiento ocurre más de un año después de los hechos y mientras continúan procesos penales relacionados con el caso.
Por el homicidio y el intento de homicidio permanecen detenidos Carlota “N” y sus hijos Marina “N” y Eduardo “N”. Carlota, de 74 años, enfrenta el proceso bajo prisión domiciliaria debido a su edad y a padecimientos de hipertensión y diabetes. Paralelamente, otras tres personas enfrentan acusaciones por invasión y despojo.
Entre estos últimos casos, Víctor Eladio Torres ya recibió una sentencia de seis años de prisión por el delito de despojo. Mientras tanto, Lourdes Yhoana “N” y Héctor Esaith “N”, madre e hijo, continúan bajo proceso por despojo y robo a casa habitación, recluidos en penales de Texcoco y Chalco, respectivamente.
Alejandro N. fue detenido por autoridades federales y de Puebla; es señalado por impedir el acceso a las instalaciones de la escuela ubicada en Teteles de Ávila Castillo.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, detuvo en la Ciudad de México a Alejandro N., señalado como probable responsable del delito de despojo en agravio de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, ubicada en el municipio de Teteles de Ávila Castillo.
De acuerdo con las investigaciones, el 19 de agosto de 2025 el detenido, identificado como asesor del consejo estudiantil, instruyó a integrantes del comité de alumnas para impedir el acceso al plantel. La acción derivó en la toma del inmueble y evitó el ingreso de personal directivo y docente, así como de representantes de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La FGE informó que, mediante peritajes de topografía, testimonios y otras diligencias, se acreditó la legítima posesión del inmueble por parte de la institución educativa. Con estos elementos, la Fiscalía obtuvo de un juez una orden de aprehensión, que fue cumplimentada este 26 de agosto para poner al detenido a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica.
Las autoridades estatales y federales señalaron que continuarán con las investigaciones conforme a derecho y buscarán garantizar condiciones dignas y seguras para estudiantes, docentes y personal de la Normal Rural “Carmen Serdán”. La detención forma parte del proceso legal, por lo que será la autoridad judicial la que determine la responsabilidad del acusado.
Elementos de seguridad capturaron a un grupo de personas que intentaba tomar un terreno en la colonia Martín Carrera, en la GAM.
Autoridades capitalinas detuvieron este día a 15 personas en la colonia Martín Carrera. El grupo intentaba invadir un predio ubicado dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero.
Elementos de seguridad llegaron rápidamente al lugar tras recibir un reporte de la situación. Los oficiales lograron controlar el intento de invasión antes de que escalara. Ninguna persona resultó herida durante el operativo.
La zona de Martín Carrera ha registrado episodios similares en meses anteriores. Vecinos han denunciado varios intentos de ocupación irregular de terrenos en la colonia. Estos casos generan preocupación constante entre los residentes del área.
Las autoridades trasladaron a los detenidos ante el Ministerio Público correspondiente. Ahí definirán su situación legal conforme a las investigaciones en curso. El caso podría derivar en cargos por despojo u otros delitos relacionados.
La alcaldía Gustavo A. Madero mantiene vigilancia constante en puntos considerados de riesgo. Las autoridades locales buscan prevenir este tipo de conflictos antes de que se agraven. La coordinación entre policía y vecinos resulta clave para evitar hechos similares.
Este incidente se suma a una lista de casos de invasión reportados en la capital. Las autoridades capitalinas insisten en la importancia de denunciar movimientos sospechosos. La vigilancia ciudadana continúa siendo una herramienta fundamental contra estos delitos.
La estrategia del Gobierno de la Ciudad de México contra el despojo comenzó a mostrar resultados concretos. A 12 días de su reforzamiento, autoridades capitalinas reportaron 89 denuncias recibidas, 14 posibles casos de despojo identificados y ocho inmuebles asegurados, algunos de ellos restituidos a sus legítimos propietarios en apenas dos o tres días.
📹 #Vídeo | Esta mañana, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), lleva a cabo una conferencia de prensa para presentar resultados contra el despojo, prevención, restitución y justicia. pic.twitter.com/h9lZtdankp
Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, , destacó que la prioridad es que las personas que denuncien no tengan que esperar meses o años para obtener una respuesta de las instituciones.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
“Ponemos toda la fuerza de las instituciones del lado de quien defiende legítimamente su patrimonio”, afirmó la mandataria.
Los casos atendidos hasta ahora se concentran en distintas zonas de la capital. Entre ellos se encuentran inmuebles ubicados en Del Valle, Santa María La Ribera y San Pedro de los Pinos, donde las autoridades intervinieron para recuperar propiedades y, en algunos casos, devolverlas a sus dueños.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
Brugada explicó que cada denuncia es revisada para determinar si realmente existen elementos que permitan acreditar el delito. De las 89 denuncias recibidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 46 continúan bajo análisis, mientras que otras 29 corresponden a situaciones que no necesariamente configuran despojo y que deben atenderse por otras vías jurídicas.
La mandataria capitalina informó que se han detenido a 90 personas por el delito de despojo, de las cuales 44 fueron en estas ultimas dos semanas, desde la implementación de esta estrategia antidespojo. pic.twitter.com/9EByfH6MKy
La jefa de Gobierno también dejó claro que la estrategia no se limitará a los casos recientes. Las autoridades revisarán denuncias anteriores para identificar posibles despojos que hayan quedado pendientes y determinar si todavía es posible intervenir.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana también reportó un incremento en las acciones contra quienes intentan ingresar de manera irregular a inmuebles.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
El titular de la dependencia, , informó que durante los primeros 12 días de la estrategia se realizaron 27 remisiones y fueron detenidas 90 personas relacionadas con reportes de allanamiento, ingreso por la fuerza o entrada irregular a propiedades.
De ese total, 44 detenciones ocurrieron durante los 12 días de la estrategia, prácticamente la misma cantidad acumulada entre enero y los primeros días de agosto.
El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez (@PabloVazC), detalló que desde el anunció de la estrategia contra el despojo, se han detenido a 44 personas que estan involucrados en este delito. pic.twitter.com/CDs1Zdq2VA
La SSC señaló además que mantiene un tiempo promedio de respuesta de tres minutos ante reportes ciudadanos relacionados con posibles casos de despojo, allanamiento o ingreso irregular.
Las intervenciones se han realizado en alcaldías como Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa, principalmente cuando los agentes detectan situaciones en flagrancia, como violencia, ruptura de cerraduras o cambio de chapas.
No obstante, será la Fiscalía la encargada de determinar si cada hecho constituye formalmente el delito de despojo.
La fiscal capitalina, , detalló que los 14 posibles casos identificados derivaron en cinco detenciones, dos judicializaciones y ocho inmuebles asegurados, además de una medida de protección y tres acuerdos.
La Fiscal General, Bertha Alcalde (@BerthaAlcalde), señaló que gracias a la nueva manera de trabajo planteada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), la Fiscalía puede operar de manera más rapida, en ese sentido a partir del 5 de agosto se recibieron 89… pic.twitter.com/wqgMDY9pwl
En paralelo, la revisión de casos anteriores permitió concretar 24 detenciones, 15 aseguramientos de inmuebles y ocho órdenes de aprehensión cumplimentadas por el delito de despojo, así como 39 derivaciones a mecanismos alternativos de solución de controversias y 11 acuerdos reparatorios.
La estrategia busca, por tanto, atender el problema desde distintos frentes: prevenir nuevos casos, responder rápidamente ante una denuncia, investigar a los responsables y, cuando corresponda, devolver los bienes a sus propietarios.
Como parte de este esfuerzo, el próximo 24 de agosto comenzará operaciones en el Zócalo capitalino la Defensoría Social “Ponciano Arriaga”, con un equipo de 100 profesionales del derecho distribuidos en cinco grupos.
La idea es que cada lunes la Plaza de la Constitución se convierta en un punto de atención jurídica gratuita para personas que necesiten orientación y acompañamiento para defender su patrimonio.
La consejera Jurídica y de Servicios Legales, , explicó que la defensoría trabajará de manera coordinada con dependencias capitalinas y federales, la Fiscalía, tribunales, el Registro Público de la Propiedad, el Registro Agrario Nacional, IMSS e ISSSTE, entre otras instituciones.
El objetivo es que una persona que enfrenta un posible despojo no tenga que recorrer por su cuenta distintas oficinas para saber dónde denunciar o cómo recuperar su propiedad.
Para Brugada, los primeros resultados representan un cambio en la forma de atender este delito: pasar de las denuncias acumuladas a respuestas concretas y, cuando la ley lo permite, de la pérdida del patrimonio a su restitución.
La propiedad de 800 metros cuadrados fue vendida hasta tres veces con documentos presuntamente falsos y una firma que no correspondía a la adulta mayor.
Guadalupe Chávez Ortiz, de 102 años, recuperó legalmente su vivienda en Naucalpan, Estado de México, después de siete años de litigio por un presunto caso de despojo inmobiliario. La propiedad, ubicada en la colonia Lomas Hipódromo, había sido invadida y posteriormente vendida en al menos tres ocasiones mediante documentos apócrifos.
De acuerdo con familiares y abogados, el inmueble de 800 metros cuadrados fue adquirido en 2018 por una inmobiliaria, pese a que Lupita nunca realizó la venta. En 2019, su nieta Gabriela presentó una denuncia penal luego de conocer que la propiedad ya no aparecía a nombre de su abuela. El caso avanzó después de que se hizo público y se integraron diversas pruebas a la investigación.
La defensa, encabezada por la Fundación Delos, señaló que la carpeta de investigación documentó una presunta compraventa simulada y una red de complicidades para escriturar el inmueble. Entre las pruebas se incluyeron una firma falsa y una credencial del INE cuyos datos, fotografía y rúbrica no correspondían a Guadalupe Chávez Ortiz. También se estableció que la mujer nunca cobró un supuesto cheque de 7 millones de pesos relacionado con la operación.
Tras años de litigio, entre abril y mayo de 2026, las autoridades fallaron a favor de la adulta mayor y le entregaron nuevamente la escritura pública de su casa a su nombre. Con ello, la carpeta de investigación fue dada por concluida, poniendo fin a un proceso que comenzó en 2018.
El abogado Carlos Mata consideró el caso como emblemático porque permitió visibilizar el despojo de viviendas en el Estado de México, particularmente en municipios donde existen inmuebles abandonados, como Ecatepec, Tecámac, Acolman y Zumpango. También destacó que el operativo Restitución, implementado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ha permitido avanzar en la recuperación de propiedades de víctimas.
La denuncia señala un supuesto entramado inmobiliario y judicial para controlar hasta 269 hectáreas y una concesión de 360 mil metros cúbicos de agua al año en Huimilpan.
La familia Urquiza Fernández denunció ante la Presidencia de la República al exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, por un presunto intento de despojo de terrenos y derechos de agua en Huimilpan. Los afectados señalan que detrás de la operación estaría la empresa MJF Campestre, de la que, según su denuncia, el exmandatario posee 60 por ciento de las acciones.
De acuerdo con los denunciantes, el conflicto involucra los ranchos “La Haciendita” y “El Salto”, con una superficie conjunta de hasta 269 hectáreas. Este último cuenta con una concesión para aprovechar 360 mil metros cúbicos de agua al año, recurso que, sostienen, sería uno de los principales motivos de la disputa. La familia acusa que un fideicomiso les ofrecía apenas 20 por ciento de las utilidades, mientras la empresa desarrolladora tendría 80 por ciento.
El caso escaló cuando la familia se negó a entregar “El Salto”. Desde entonces, denuncian la apertura de carpetas penales, cateos y órdenes de aprehensión contra integrantes de la familia. Incluso señalaron que el 31 de diciembre de 2025 elementos del Ejército y la Guardia Nacional participaron en un cateo, mientras que posteriormente se realizó otro operativo en el domicilio de Pamela Urquiza, donde viven menores de edad.
Los afectados aseguran que una disputa originalmente civil terminó convertida en un problema penal y acusan una posible coordinación entre la empresa, autoridades de la Fiscalía de Querétaro y actores políticos para presionarlos a entregar los terrenos. La familia afirma que Pamela y Julián Urquiza obtuvieron un amparo que dejó sin efecto su vinculación a proceso.
La denuncia fue turnada a la oficina de Claudia Sheinbaum el pasado 11 de febrero. Los Urquiza piden una investigación federal y sostienen que el caso podría revelar un presunto “cártel inmobiliario” en Querétaro, mientras las acusaciones contra Domínguez deberán ser investigadas y acreditadas por las autoridades correspondientes.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, otorgó más de 700 créditos de interés social y 400 escrituras, además de anunciar un programa de regularización y una defensoría jurídica para prevenir el despojo de viviendas.
📹 #Vídeo | Esta mañana, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM) entrega apoyos para el mejoramiento de vivienda y escrituras desde la Utopía Mixhuca en la alcaldía Iztacalco; que consiste en apoyos económicos directos, subsidios para ampliación o remodelación y… pic.twitter.com/8HTVNT9aCK
Durante la entrega de apoyos, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que los créditos otorgados por la secretaría de vivienda y el gobierno de la Ciudad de México, son para la construcción y mejoramiento de hogares, además de apoyos para la instalación de ecotecnologías que conllevan en disminuir el daño ambiental, ahorrar dinero y lograr un equilibrio sostenible con la naturaleza.
La mandataria capitalina, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), señaló que la secretaría de vivienda, está a la orden de las y los capitalinos, agrego que los créditos para construcción de vivienda van desde los 200 mil pesos hasta 500 mil pesos. pic.twitter.com/K7JIzPeh8q
Al respecto, la mandataria capitalina, señaló que se entregaron 700 créditos para la construcción de viviendas nuevas, que representa 180 millones de pesos, además se hizo la entrega de 400 escrituras del programa de Vivienda en Conjunto, indicó que contar con estos documentos y estar inscritos notarialmente es de las principales herramientas para combatir cualquier tipo de engaño, fraude o despojo.
Por otra parte, Clara Brugada, señaló que pondrá en marcha un programa de regularización en la Ciudad de México, con el objetivo de tener un censo de cuántas unidades habitacionales no cuentan con las escrituras; a su vez señaló que pondrá en marcha una defensoría jurídica donde se abordarán temas de vivienda así como la lucha contra el despojo.
El secretario de vivienda, Inti Muñoz (@IntiMunoz), señaló que se han entregado más de 2 mil 500 escrituras de viviendas hasta el mes de agosto, agregó que faltan 9 mil escrituras más por entregar en el resto del año. pic.twitter.com/24tUpPb1fo
El secretario de vivienda, Inti Muñoz Santini, informó que se entregan 3 mil financiamientos del Programa de Mejoramiento de Vivienda que representan una inversión de más de 500 millones de pesos, en beneficio de más de 10 mil personas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, detalló que estos créditos servirán para terminar una casa inconclusa o ampliarla, colocar pisos, aplanados, puertas, ventanas, baños, etcétera.
Autoridades capitalinas tomaron posesión del inmueble en la colonia Del Valle tras una denuncia familiar. El caso surgió de las mesas de trabajo contra el despojo en la ciudad.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) aseguró este miércoles la vivienda del muralista Jorge González Camarena. El inmueble se ubica en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, y presuntamente sufrió un despojo en perjuicio de la familia del artista.
Según un comunicado de la institución, el aseguramiento del predio en la calle Martín Mendalde surgió de una investigación abierta por la denuncia de una familiar. Las autoridades atendieron este expediente durante las mesas de trabajo que la FGJ-CDMX instaló junto con la Secretaría de Gobierno capitalina la semana pasada, enfocadas en apoyar a víctimas de despojo.
Así comenzó la investigación
La denuncia señala que el 2 de julio la afectada intentó entrar a su casa y descubrió que sus llaves ya no abrían la puerta. Después, otra familiar visitó el domicilio y vio desde afuera a cuatro hombres y una mujer dentro de la vivienda.
Ante estos hechos, el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación el 13 de julio. A partir de ahí, ordenó varias diligencias que llevaron finalmente al aseguramiento del inmueble.
