El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que los ‘deepfakes’ sexualizando a menores, creados mediante Inteligencia Artificial, crecen sin control ante vacíos legales globales, mientras algunos países comienzan a criminalizar esta nueva forma de abuso digital.
En medio del acelerado avance tecnológico, la alerta de UNICEF sobre el abuso infantil generado con Inteligencia Artificial expone una nueva frontera de delito digital. Las imágenes y videos, denominados deepfakes que sexualizan a menores ya no son casos aislados, sino una práctica en expansión que aprovecha la falta de regulación para operar con impunidad.
Aunque las imágenes sean creadas por algoritmos, el daño recae sobre niñas y niños cuya identidad es manipulada, difundida y consumida en entornos digitales que operan con impunidad.
El reciente anuncio de Gran Bretaña para criminalizar estas herramientas, marca un avance significativo, pero también evidencia el rezago del resto del mundo. En muchos países, la ausencia de leyes específicas permite que este material circule sin consecuencias, consolidando un mercado ilegal en crecimiento.
Las empresas que impulsan modelos de IA cada vez más sofisticados suelen escudarse en la neutralidad de la herramienta, ignorando que toda innovación sin controles adecuados da entrada a usos criminales.
La insistencia de la UNICEF a la actualización del régimen jurídico expone una verdad: los estados siguen legislando con mentalidad antigua frente a delitos digitales que evolucionan constantemente. La infancia, una vez más, queda atrapada en esa barrera entre progreso tecnológico y protección institucional.
Bajo este contexto, penalizar el abuso infantil generado por la IA no es una opción, sino una obligación urgente. No se trata de censurar la innovación, más bien, se trata de establecer límites claros donde los derechos de los menores estén por encima de cualquier avance tecnológico.
La UNICEF insiste en que la Inteligencia Artificial debe ser una herramienta de desarrollo y no un sistema de explotación. Asimismo, advierte que, sin regulación firme y cooperación global, la tecnología seguirá siendo utilizada para vulnerar a los más pequeños, mientras la justicia queda rezagada frente a una amenaza digital que no deja de crecer.
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