Habitantes acusan falta de estudios, consulta ciudadana y transparencia en el proyecto impulsado por la alcaldía encabezada por Luis Mendoza, que limitará el acceso vehicular a residentes.
Vecinos de la calle Uxmal, en la alcaldía Benito Juárez, denunciaron opacidad, falta de planeación y ausencia de consulta ciudadana en una obra impulsada por el gobierno del alcalde Luis Mendoza Acevedo, que mantiene cerrada la vialidad desde hace seis meses y que ahora pretende controlar el acceso mediante un código QR.
De acuerdo con los habitantes del tramo ubicado entre Municipio Libre y Miguel Laurent, la obra inició desde octubre sin que la alcaldía presentara estudios técnicos, presupuesto, duración del proyecto o detalles del plan urbano. Los vecinos aseguran que, pese a varias reuniones con funcionarios de la alcaldía, nadie ha podido explicar con claridad en qué consisten los trabajos.
Según versiones de trabajadores de la obra, el proyecto contempla un acceso peatonal en la zona cercana al edificio sede de la alcaldía y al deportivo Benito Juárez, mientras que los vehículos ingresarían por la rampa del estacionamiento subterráneo para salir posteriormente hacia Miguel Laurent. Sin embargo, no existe información pública oficial que confirme estos cambios viales.

Además, los residentes señalaron que la calle será convertida en doble sentido en un tramo, pero con acceso exclusivo para habitantes mediante un sistema de código QR, lo que impediría el tránsito habitual desde Emiliano Zapata hacia el norte. Esta medida, advierten, podría generar mayor congestión vial y complicaciones para servicios de emergencia y transporte.
La situación se agrava —afirman— por la presencia de vehículos siniestrados, patrullas y ambulancias estacionadas en la zona, muchos de ellos bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin que la alcaldía haya explicado qué ocurrirá con estas unidades si la calle queda restringida.
Los vecinos también criticaron que ni el director de Participación Ciudadana ni el equipo de arquitectos presentado en las reuniones pudieron detallar el proyecto, lo que evidencia —dijeron— la improvisación del gobierno de Luis Mendoza. Para los habitantes, la obra se ha convertido en un ejemplo de falta de transparencia y mala gestión urbana, pues afecta directamente a al menos 11 predios habitacionales sin que exista información pública clara.

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