La iniciativa de la ultraderecha propone ejecuciones en un plazo breve y ha sido señalada como discriminatoria, racista y contraria al derecho internacional.
El Parlamento de Israel, la Knéset, inició este lunes el debate del proyecto de ley que busca aplicar la pena de muerte a condenados por terrorismo y delitos contra israelíes, que va dirigida a los palestinos. Se plantea que las ejecuciones se lleven a cabo en un plazo de 30 días, con más agilidad en el proceso.
La iniciativa desarrollada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir ya fue aprobada en comisión el pasado 25 de marzo de 2026 y podría avanzar en las próximas lecturas legislativas, en un contexto donde el actual gobierno de derecha cuenta con los votos necesarios para convertirla en ley.
Aunque la pena de muerte fue abolida para delitos comunes en 1954, Israel la mantiene en casos excepcionales como crímenes de guerra o contra la humanidad, sin ejecuciones desde 1962, cuando fue condenado el criminal nazi Adolf Eichmann. Sin embargo, tras los ataques del conflicto con Irán, sectores políticos han impulsado su restablecimiento, argumentando la necesidad de castigos más severos.
El proyecto propone ampliar su aplicación y reducir los requisitos judiciales, permitiendo sentencias por mayoría simple y con apelaciones limitadas. Organizaciones y expertos advierten que la ley es discriminatoria, ya que en la práctica se aplicaría exclusivamente a palestinos, especialmente en tribunales militares en Cisjordania.
También señalan que éste no contempla mecanismos de clemencia, lo que contraviene estándares internacionales, y alertan que podría incrementar la violencia en lugar de disuadirla. A esto se suma la polémica por el simbolismo de algunos legisladores que han promovido la medida, tal es el caso de la vicepresidenta del parlamento, Limor Son Har Melech; el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; y miembros de su partido, que han utilizado insignias alusivas a métodos de eliminación, como cuerdas de ejecución y jeringas que representan la inyección letal.
A nivel internacional, países europeos como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, así como la Unión Europea y expertos de la ONU, han pedido frenar el proyecto al considerar que vulnera el derecho a la vida y principios democráticos. Además, voces de la oposición israelí advierten que la medida podría afectar futuras negociaciones de rehenes y profundizar las tensiones en la región.
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