Activistas denuncian que la estrategia impulsada por Donald Trump busca etiquetar como “enemigos de Estado” a críticos de su agenda, incluso sin pruebas de organizaciones reales.
La administración de Donald Trump ha puesto en marcha una amplia ofensiva federal contra opositores de izquierda en Estados Unidos, encabezada por el FBI, con el objetivo de perseguir a quienes critican sus políticas, en especial las antimigrantes. Organizaciones civiles advierten que se trata de una estrategia para criminalizar la disidencia política.
El plan se sustenta en el memorando de Seguridad Nacional NSPM-7, que creó un grupo interagencias enfocado en combatir a supuestos “marxistas”, “anarquistas” y miembros de Antifa, organización que el propio gobierno ha calificado como terrorista doméstica, pese a que expertos sostienen que no existe como estructura formal.
El primer caso emblemático ocurrió en Texas, donde nueve manifestantes fueron condenados por delitos graves tras protestar contra políticas migratorias. Aunque durante el juicio varios implicados declararon que Antifa no es una organización real, el gobierno utilizó el proceso para justificar su ofensiva nacional.
Además, autoridades federales han intensificado el uso de tecnología de reconocimiento facial y bases de datos privadas para identificar a manifestantes, mientras que el Departamento de Justicia impulsa acusaciones más severas contra quienes participen en protestas contra el gobierno.
La estrategia también alcanza a organizaciones civiles. Un nuevo centro de control investiga a asociaciones sin fines de lucro que han criticado al gobierno, bajo sospechas de posibles vínculos con “terrorismo doméstico”, lo que ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos.
La Unión Estadunidense para las Libertades Civiles advirtió que estas acciones representan una violación directa a la libertad de expresión y buscan intimidar y silenciar a la oposición, al equiparar críticas políticas con amenazas criminales sin sustento comprobado.
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