El Censo del INEGI exhibe una impunidad casi total; la mayoría de sanciones se reduce a “regaños en privado” pese a casos graves como acoso.
La impunidad administrativa en Guanajuato quedó al descubierto: 1,689 denuncias contra funcionarios en 2024 derivaron en apenas un despido, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aunque se iniciaron más de 2,199 investigaciones, la gran mayoría terminó en sanciones mínimas o sin consecuencias reales.
De acuerdo con el informe, solo 61 servidores públicos fueron sancionados en todo el estado, y de estos, 58 casos fueron considerados no graves, lo que se tradujo en simples amonestaciones privadas. Es decir, ante faltas que incluyen acoso y abuso de autoridad, la respuesta institucional parece más un trámite que una verdadera rendición de cuentas.
El municipio de León encabezó la lista con 12 sanciones, incluyendo el único despido registrado, relacionado con un caso de acoso sexual. Sin embargo, el propio sistema permitía que estas conductas fueran clasificadas como faltas no graves, lo que explica por qué apenas 3% de los casos termina en una sanción efectiva.
Aunque recientemente se reformó la ley para endurecer castigos por acoso, los datos evidencian una realidad incómoda: denunciar en Guanajuato rara vez tiene consecuencias. Incluso, el porcentaje de quejas que avanzan a investigación disminuyó respecto a años anteriores, lo que refuerza la percepción de un sistema que filtra más de lo que sanciona.
La situación se agrava al observar que municipios como Acámbaro, Ocampo o Yuriria no iniciaron un solo procedimiento, pese a recibir denuncias. Mientras tanto, casos documentados muestran procesos revictimizantes, donde las víctimas enfrentan traslados, presión institucional y, en algunos casos, la minimización de los hechos como simples “bromas”.
En resumen, Guanajuato no enfrenta un problema de denuncias, sino de voluntad para sancionar. Porque cuando más de mil casos terminan en regaños discretos, lo que se castiga no es la falta… sino la confianza ciudadana.
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