La compra de dos jets Gulfstream por parte del gobierno de Estados Unidos genera dudas sobre el uso de recursos públicos y las prioridades que tenía la exsecretaria de Seguridad Nacional.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos autorizó la compra de dos aviones privados Gulfstream G700 por un total de 172 millones de dólares, destinados a la entonces secretaria Kristi Noem y otros altos funcionarios.
La adquisición encendió críticas debido a que la propia Noem exigió aprobar personalmente cualquier gasto superior a 100 mil dólares, mientras sus decisiones presupuestales reflejaron montos millonarios. Legisladores demócratas cuestionaron la congruencia de su gestión y señalaron un posible uso discrecional de fondos públicos.
Aunque autoridades justificaron la compra por “razones de seguridad” y por la antigüedad de aeronaves previas, la ampliación del contrato más allá de lo solicitado inicialmente en el presupuesto generó sospechas. Los nuevos aviones, incluso descritos como “usados”, destacan por ofrecer lujo y amplitud en cabina, características que contrastan con el argumento de austeridad operativa.
En una carta enviada al departamento, congresistas advirtieron que esta decisión evidencia prioridades enfocadas en la comodidad personal por encima de necesidades operativas, incluso en un contexto de presión presupuestaria y riesgo de cierre gubernamental. También exigieron transparencia sobre el financiamiento del contrato.
Las controversias en torno a Kristi Noem no son nuevas. En 2025 también fue señalada por vivir sin pagar renta en una residencia oficial y por el uso frecuente de aeronaves gubernamentales para viajes personales.
A esto se suman antecedentes desde su etapa como gobernadora de Dakota del Sur, donde fue cuestionada por gastos en remodelaciones y viajes financiados con dinero de contribuyentes. En conjunto, el caso refuerza el debate sobre el uso de recursos en Estados Unidos y la falta de controles efectivos en altos niveles de gobierno.
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