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Etiqueta: Corrupción

  • INE acumula 37 investigaciones por presuntas irregularidades en contratos durante gestión de Taddei

    INE acumula 37 investigaciones por presuntas irregularidades en contratos durante gestión de Taddei

    El Órgano Interno de Control detectó posibles desvíos, conflictos de interés y documentación falsa; también pidió homologar las reglas de contratación electoral para fortalecer la fiscalización.

    El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene abiertas 37 investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones públicas, algunas de ellas ocurridas durante la presidencia de Guadalupe Taddei. Desde mayo de 2025, el organismo inició 13 expedientes que involucran a por lo menos 13 funcionarios y exfuncionarios electorales, ocho personas físicas y 18 empresas.

    A estos casos se suman 24 investigaciones derivadas de seis auditorías y ocho revisiones de control. Entre las posibles faltas detectadas se encuentran simulación de requisitos, abuso de funciones, conflictos de interés y desvío de recursos públicos, así como deficiencias en la planeación, supervisión, recepción y pago de bienes y servicios que podrían ocasionar daños al patrimonio público. El OIC confirmó que encontró pruebas de posibles conflictos de interés en tres de cuatro casos revisados.

    En un informe presentado ante las comisiones de Vigilancia y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el organismo también reportó hallazgos relacionados con documentación falsa o alterada, recursos sin comprobación, posibles actos de colusión y proveedores que no acreditaron capacidad técnica, económica u operativa para cumplir los contratos.

    De enero de 2025 a octubre de 2026, el OIC emitió 20 sanciones, entre ellas 19 inhabilitaciones contra 14 funcionarios y exfuncionarios, así como cinco particulares, además de una suspensión por 30 días. También impuso tres sanciones económicas que, en conjunto, ascienden a 1.6 millones de pesos. Entre los casos destaca la inhabilitación de la empresa Bell-Krom, el pasado 2 de octubre, por incumplir la entrega de 25 mil 302 chamarras destinadas a personal electoral durante los comicios de 2023-2024.

    El organismo informó que el 9 de octubre notificó al INE 45 observaciones preliminares derivadas de una auditoría a las contrataciones realizadas entre diciembre de 2024 y mayo de 2026. Ante las diferencias en las reglas y condiciones de compra entre el instituto y los organismos públicos locales electorales (OPLE), el OIC propuso establecer una política nacional de regulación de contrataciones electorales, con precios de referencia, estudios de mercado y criterios técnicos homologados.

    La propuesta también contempla una estrategia nacional de fiscalización que articule a los órganos de control electorales con la Auditoría Superior de la Federación y las instancias estatales. El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, aseguró que las investigaciones continuarán bajo los principios de objetividad, independencia y respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

  • Maru Campos se reunió con la FGR y señaló a su ex fiscal

    Maru Campos se reunió con la FGR y señaló a su ex fiscal

    La gobernadora panista de Chihuahua llevó a la fiscal general Ernestina Godoy datos de corrupción sobre casinos y prestanombres. Su movimiento contrasta con su postura pública: ella dice que no conocía la operación de agentes extranjeros.

    Maru Campos pidió ver a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y llegó con un nombre en la boca: el de su ex fiscal estatal. Según el comunicado de la FGR, la gobernadora lo responsabilizó por los hechos en Chihuahua donde intervinieron agentes extranjeros.

    Además, Campos ofreció información sobre presuntos actos de corrupción de César “N”. Habló de casinos y prestanombres. La FGR asegura que la mandataria entregará esos datos, y con ellos abrió una nueva línea de investigación.

    La charla también tocó el futuro legal del ex fiscal. La FGR planea imputarle traición a la patria en el fuero federal y otros delitos en el fuero común. En la reunión estuvo David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

    El giro llama la atención por una razón sencilla: Campos nombró a ese fiscal. Según la Constitución local, la gobernadora propone al titular de la Fiscalía y el Congreso lo aprueba. Ella sostiene que no sabía de la participación de agentes extranjeros.

    Del otro lado, la familia y el abogado de Jáuregui la acusan de traicionarlo. Hablan de una maniobra política, pues él buscaba la alcaldía de Chihuahua y ella apoyó a otro aspirante.

    Por ahora, la versión de la reunión viene solo de la FGR. Quedan dos dudas: si los datos sobre casinos sostienen un caso y desde cuándo los tenía la gobernadora.

  • Acusan a senadora de Virginia, Louise Lucas de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado

    Acusan a senadora de Virginia, Louise Lucas de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado

    Jurado federal acusó a la senadora demócrata de Virginia, Louise Lucas, de 82 años, y a otras seis personas por una presunta red de venta de mariguana, lavado de dinero y corrupción. 

    Louise Lucas enfrenta cinco cargos federales vinculados con un presunto esquema de soborno, distribución de mariguana y lavado de dinero. Los cargos son conspiración para cometer crimen organizado, conspiración para distribuir mariguana, conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude de servicios honestos y mantener un inmueble para actividades relacionadas con drogas.

    Según la fiscalía, la operación habría funcionado de 2019 a 2026. En 2021, Louise Lucas y su hija Lisa Lucas-Burke abrieron The Cannabis Outlet en Portsmouth. Otra hija, Theresa Lucas-Lamb, y el hijo de ésta, Ryan Eichelberger, habrían adquirido la mariguana, supervisado su distribución y administrado la tienda. El director del FBI, Kash Patel, expuso el caso como un esquema de cinco años con un valor estimado de 4.5 millones de dólares.

    La acusación señala que aprovechó su cargo como presidenta de un poderoso comité para proteger su negocio de mariguana. Entre las acusaciones más graves está que habría buscado beneficiarse de legislación que ella misma impulsó, y que habría bloqueado a otros posibles aspirantes a licencias.

    El caso se conoció públicamente el 6 de mayo, cuando el FBI cateó la oficina de Louise Lucas en Portsmouth y un dispensario de cannabis contiguo. Louise Lucas ha dicho que la tienda vende productos legales de cáñamo y CBD. En Virginia la posesión de mariguana es legal, pero la venta minorista recreativa sigue siendo ilegal.

    El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que los cargos revelan la conducta de una servidora pública que antepuso sus intereses económicos a los de sus representados.

    Louise Lucas rechazó los cargos en redes sociales. Escribió que “el peso total del gobierno federal” se había usado contra “una bisabuela de 82 años”. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Scott Surovell, pidió mesura y recordó que Louise Lucas tiene derecho a la presunción de inocencia.

  • La pluri del PAN, Lilly Téllez, lanza noticiero para atacar a Morena sin interrupciones

    La pluri del PAN, Lilly Téllez, lanza noticiero para atacar a Morena sin interrupciones

    La senadora panista estrenó su propio noticiero digital tras quejarse de las restricciones de tiempo en el Senado; promete hablar sin censura, ahora con micrófono y plataforma propios.

    La senadora del PAN, Lilly Téllez, estrenó “Voz Valiente con Lilly Téllez”, un noticiero digital con el que pretende denunciar presuntos actos de corrupción de Morena y difundir temas que, asegura, no tienen suficiente espacio en el Senado. Así, la legisladora lleva sus confrontaciones políticas a una plataforma donde podrá administrar sus propios tiempos y mensajes.

    Téllez explicó que la idea surgió después de consultar a sus seguidores sobre la posibilidad de crear un espacio informativo propio. Según la senadora, la propuesta recibió un respaldo mayoritario, por lo que decidió lanzar el proyecto bajo las siglas VLT (Voz Valiente con Lilly Téllez). No obstante, el apoyo que afirma haber recibido no convierte automáticamente sus opiniones en información comprobada.

    Durante la presentación, la panista aseguró que su noticiero ofrecerá información directa y libre de censura. “Aquí nadie me va a interrumpir, nadie me va a callar y nadie me apagará el micrófono”, declaró, en referencia a las interrupciones y restricciones de tiempo que dice enfrentar por parte de la mayoría oficialista en el Senado de la República.

    La apuesta resulta llamativa: una legisladora que dispone de tribuna, espacios institucionales y redes sociales ahora presenta un canal propio como respuesta a las limitaciones que denuncia. En lugar de resolver sus diferencias dentro del debate parlamentario, Téllez optó por abrir una ventana digital en la que tendrá el control de la transmisión y podrá exponer su versión sin que otros legisladores intervengan en tiempo real.

    Bajo la bandera de la libertad de expresión, “Voz Valiente” buscará convertirse en otra plataforma para las críticas de Téllez contra Morena. La pregunta será si el proyecto logra distinguir entre periodismo, opinión y propaganda partidista, o si termina siendo un monólogo político con sello propio. Porque tener el micrófono asegurado no garantiza tener la razón, y denunciar corrupción exige algo más que repetir acusaciones: pruebas, documentos y resultados verificables.

  • Denuncian a Lemus ante la FGR por tortura tras protesta por agua sucia

    Denuncian a Lemus ante la FGR por tortura tras protesta por agua sucia

    Víctor Hugo Gutiérrez Yánez acusa al gobernador de Jalisco, a policías y a directivos del SIAPA de detención arbitraria y tortura. Pide a la fiscal Ernestina Godoy que abra una investigación.

    Las 39 personas detenidas el 11 de octubre en Guadalajara ya tienen una voz ante la Fiscalía General de la República (FGR). Este jueves, el activista Víctor Hugo Gutiérrez Yánez presentó una denuncia penal contra el gobernador Pablo Lemus Navarro.

    Gutiérrez Yánez, político y exaspirante presidencial, preside la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA). Llegó a la sede de la FGR, en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Allí pidió a la fiscal Ernestina Godoy Ramos que ordene las diligencias necesarias por posibles violaciones a los derechos humanos.

    El denunciante quiere que la FGR atraiga el caso. Señala a policías y funcionarios estatales, encabezados por Lemus, además de directivos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Los acusa de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria y abuso de autoridad. También menciona corrupción y peculado.

    Para Gutiérrez Yánez, todo empezó con el agua. Según explicó, al menos 320 colonias de Guadalajara reciben un servicio deficiente e insalubre. Sostiene que repartir agua sucia o descuidar las plantas que la procesan incumple el deber de proteger a la gente. “Este problema del agua está desde 2019, y hoy le explotó al gobernador Lemus en 2026”, afirmó. El mandatario llegó al cargo por Movimiento Ciudadano.

    Ese malestar sacó a los vecinos a la calle el 11 de octubre, cerca de Casa Jalisco. Allí, policías estatales y fuerzas antimotines detuvieron a 39 personas. El activista asegura que los agentes usaron la fuerza de forma desproporcionada. Según su versión, lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma, bombas aturdidoras y chorros de agua a presión.

    Por eso, Gutiérrez Yánez exige que la FGR revise cómo actuó la policía. Quiere que aclare las detenciones y las presuntas agresiones. Muchas de las personas ya quedaron libres, según indicó, y pide verificar si todas salieron del penal de Puente Grande. Además, reclama que la Fiscalía evalúe los daños físicos y psicológicos que pudieron sufrir los detenidos.

  • Amparo Casar dice que “hay que combatir la corrupción porque estaríamos mejor todos”

    Amparo Casar dice que “hay que combatir la corrupción porque estaríamos mejor todos”

    La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad llama a combatir las malas prácticas, mientras el pago vitalicio que recibió tras la muerte de su esposo fue cuestionado por Pemex, que sostuvo que no procedía al tratarse de un suicidio.

    María Amparo Casar aseguró que “la corrupción hay que combatirla porque estaríamos mejor todos”. La frase revive la polémica por la pensión vitalicia que recibió durante años de Petróleos Mexicanos (Pemex), un caso que puso bajo la lupa la congruencia entre su discurso anticorrupción y los beneficios que obtuvo.

    En mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, sostuvo que la pensión y el seguro de vida entregados a Casar no procedían, pues la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, ocurrida el 7 de octubre de 2004 en la Torre Ejecutiva de la petrolera, fue determinada como suicidio y no como accidente laboral. Según la explicación del funcionario, esos beneficios correspondían cuando la muerte ocurría en funciones y por accidente.

    La cronología expuesta por Romero Oropeza llamó la atención: Casar solicitó la pensión el 15 de octubre, apenas ocho días después del fallecimiento, y recibió el primer pago el 29 de ese mes. El seguro de vida, por 17.6 millones de pesos, se entregó el 19 de noviembre, antes de que concluyera la investigación ministerial, según el relato presentado por Pemex.

    El funcionario también informó que, hasta febrero de 2024, Casar había recibido alrededor de 31 millones de pesos en pensiones, con pagos mensuales de aproximadamente 125 mil pesos. Pemex calificó el caso como un presunto acto de corrupción y cuestionó que los beneficios se autorizaran antes de que se cerrara el expediente sobre la muerte.

    Así, mientras Casar llama a combatir la corrupción, el caso de su pensión sigue siendo un punto de controversia pública. La ironía política resulta inevitable: quien encabeza una organización dedicada a denunciar la corrupción también debe responder a los cuestionamientos sobre los recursos públicos que recibió. Las acusaciones de Pemex, sin embargo, deben distinguirse de una resolución judicial definitiva que establezca responsabilidades.

  • Condenan a 14 años de prisión a exalcalde de Wuhan por aceptar sobornos durante Covid

    Condenan a 14 años de prisión a exalcalde de Wuhan por aceptar sobornos durante Covid

    Zhou Xianwang, quien gobernaba la ciudad al inicio del primer brote de covid-19, también fue multado con cinco millones de yuanes.

    Un tribunal chino condenó a 14 años de prisión a Zhou Xianwang, exalcalde de Wuhan durante el inicio del primer brote conocido de covid-19, por aceptar sobornos, informaron medios estatales. La sentencia fue emitida el sábado por el Tribunal Popular Intermedio de Shangqiu, en la provincia de Henan, y difundida por la agencia Xinhua. Además de la cárcel, Zhou fue multado con cinco millones de yuanes, unos 747 mil dólares.

    Según el veredicto, entre 2003 y 2025 Zhou aprovechó sus distintos cargos en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, para ayudar a organizaciones y personas en asuntos como la contratación de proyectos, la gestión empresarial y trámites administrativos. A cambio, recibió dinero y bienes por 60.5 millones de yuanes, alrededor de 9 millones de dólares. Había sido investigado desde julio de 2024 por presuntas “graves violaciones de la disciplina y la ley”, fórmula usada en China para casos de corrupción.

    El tribunal, que juzgó el caso el 9 de julio, explicó que la condena fue leve porque Zhou confesó “sinceramente”, expresó remordimiento, devolvió “activamente” sus ganancias ilícitas y reveló información sobre sobornos que los investigadores desconocían.

    En febrero de 2020, siendo alcalde, Zhou reconoció que su gobierno tardó en revelar información sobre el brote porque necesitaba autorización de instancias superiores. Aun así, siguió en el cargo hasta principios de 2021, a diferencia de otros dirigentes locales destituidos por el mal manejo de las primeras semanas. El caso se da en el marco de la campaña anticorrupción impulsada por Xi Jinping desde 2012, que algunos observadores consideran que también habría servido para neutralizar a rivales políticos.

  • Ningún expresidente había tenido hijos corruptos como AMLO: Amparo Casar

    Ningún expresidente había tenido hijos corruptos como AMLO: Amparo Casar

    La analista cuestionó a Gonzalo, Andrés y José Ramón López Beltrán por presuntos actos de corrupción, mientras ella mantiene una pensión del sector público que ha sido objeto de controversia.

    Amparo Casar volvió a lanzar acusaciones contra los hijos de Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que ningún expresidente de México había tenido hijos involucrados en presuntos actos de corrupción como, según ella, ocurre con Gonzalo, Andrés y José Ramón López Beltrán.

    Durante sus declaraciones, Casar retomó señalamientos relacionados con Amílcar Olán, así como información publicada por The New York Times sobre investigaciones en torno al hijo del expresidente. También mencionó la detención de un personaje que, de acuerdo con sus dichos, sería una pieza relevante en el entramado del huachicol.

    Sin embargo, sus críticas también han generado cuestionamientos sobre su propia trayectoria y los recursos públicos que recibe. Casar cobra una pensión cercana a 149 mil 203 pesos mensuales del Banco de México, prestación que ha sido señalada como injustificada o inmoral por quienes cuestionan que continúe recibiendo ese ingreso con cargo a recursos públicos.

    La ironía es que Casar pretende presentar como una anomalía que hijos de expresidentes sean señalados por presuntos actos de corrupción, cuando México tiene una larga historia de escándalos que han alcanzado a familiares de exmandatarios. Por ello, reducir el problema únicamente a los hijos de López Obrador resulta, cuando menos, selectivo.

    Además, los señalamientos contra los hijos del expresidente deben mantenerse en el terreno de las acusaciones e investigaciones, y no presentarse como hechos judicialmente acreditados. Lo mismo aplica para cualquier señalamiento sobre personajes vinculados con presuntas redes de corrupción. La crítica política no sustituye las pruebas ni las resoluciones de las autoridades.

  • Morena echa a alcalde de Suchiapa tras su detención: “No somos tapadera de nadie”

    Morena echa a alcalde de Suchiapa tras su detención: “No somos tapadera de nadie”

    Ariadna Montiel, líder del partido guinda, aseguró que Morena castiga de inmediato a los militantes con señalamientos graves. La Operación Enjambre ya suma más de 110 detenidos en el país.

    Morena sacó de sus filas a Jorge Lorenzo Lara Cordero, alcalde de Suchiapa, Chiapas. Las autoridades lo detuvieron el sábado 3 de octubre en la Operación Enjambre. La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, confirmó la expulsión este martes en conferencia de prensa.

    Montiel explicó que el partido actuó en cuanto conoció el caso. “La semana pasada conocimos del caso de un alcalde en Chiapas e inmediatamente fue expulsado”, afirmó. Además, detalló que el partido revisa si la persona tiene militancia y, si la tiene, la expulsa.

    Una reportera le preguntó por los señalamientos contra funcionarios de Morena y sus vínculos con el narcotráfico. La dirigente respondió que el partido “ha actuado permanentemente”. Según ella, la única motivación de la militancia debe ser el bienestar del pueblo de México.

    Con tono firme, Montiel rechazó cualquier acusación de encubrimiento. “No somos ni tapadera de nadie ni encubrimos a nadie”, sostuvo. También recordó que Morena sanciona o expulsa a quien incumple esa regla.

    Por otra parte, la dirigente defendió la Operación Enjambre, que nació por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gabinete de Seguridad. Hasta ahora, el operativo dejó más de 110 funcionarios y mandos policiacos detenidos en varios estados.

    Montiel aclaró que Morena no encabeza la lista de detenidos. “No es Morena el partido que tiene la mayor presencia en este operativo, pero independientemente de eso debemos de actuar”, dijo. No señaló a ningún otro partido.

    En el caso de Chiapas, el Gabinete de Seguridad vincula a Lara Cordero con abuso de autoridad, corrupción y asociación delictuosa. Los mismos delitos le atribuye al exalcalde Alexis Nucamendi Gómez. Las autoridades detuvieron a ambos junto con otras 19 personas, entre ellas mandos y policías municipales.

    Mientras tanto, Suchiapa ya tiene nueva cabeza en el Ayuntamiento. El cabildo nombró presidenta municipal a Daniela Guadalupe Flores Chanona, quien ocupaba la cuarta regiduría.

  • Secretaría Anticorrupción sanciona a 55 funcionarios y aplica multas por 102 mdp

    Secretaría Anticorrupción sanciona a 55 funcionarios y aplica multas por 102 mdp

    Las sanciones alcanzaron a 19 dependencias federales e incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y castigos económicos por irregularidades en el servicio público.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) sancionó a 55 servidores públicos y una empresa por diversas irregularidades detectadas en 19 dependencias de la Administración Pública Federal, con multas que en conjunto ascienden a 102 millones de pesos.

    Entre los casos más graves, 13 funcionarios fueron destituidos e inhabilitados por 10 años por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, luego de que la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro acreditara infracciones graves en el ejercicio de sus funciones.

    En Pemex, la SABG documentó cinco casos y sancionó a tres trabajadores con 10 años de inhabilitación y multas por 677 mil, 616 mil y 600 mil pesos. Los expedientes incluyen cobros irregulares de gasolina, mantener vigente un registro vehicular para continuar recibiendo la prestación y simular contrataciones para obtener beneficios económicos.

    En la CFE, uno de los funcionarios fue inhabilitado durante una década y multado con 72 mil pesos por solicitar 500 pesos a usuarios de Álamos, Sonora, para evitar reportar irregularidades en el consumo de electricidad. Mientras tanto, en el IMSS, dos trabajadoras recibieron una sanción de 10 años y una multa conjunta de 10.1 millones de pesos por modificar precios de tóner y favorecer a una empresa con un contrato.

    Los castigos también alcanzaron a Alimentación para el Bienestar, donde tres funcionarios acumularon multas por 90 millones de pesos por reportar compras de alimentos que no fueron entregados; al Banco del Bienestar, por 214 mil pesos; así como a Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Financiera para el Bienestar, con sanciones por ausentarse del trabajo y disponer indebidamente de recursos, respectivamente.