Etiqueta: Corrupción

  • Se hunde otro alfarista: renuncia Juan Partida tras escándalos de corrupción en Ipejal

    Se hunde otro alfarista: renuncia Juan Partida tras escándalos de corrupción en Ipejal

    El exfuncionario cercano a Enrique Alfaro deja el Instituto de Pensiones de Jalisco después de una gestión marcada por aumentos salariales polémicos, ventas de terrenos bajo sospecha y múltiples señalamientos públicos.

    La administración heredada del alfarismo sigue acumulando bajas. Juan Partida Morales presentó su renuncia a la dirección del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), cargo que abandonará oficialmente el próximo 30 de junio, en medio de una larga lista de polémicas que han acompañado su trayectoria dentro de los gobiernos de Movimiento Ciudadano en la entidad.

    Aunque el gobierno estatal aseguró que la salida ocurre por “motivos personales”, la realidad es que Partida deja el cargo bajo el peso de diversos cuestionamientos que se remontan tanto a su paso por el Ipejal como a su gestión como secretario de Hacienda durante el gobierno de Enrique Alfaro. Su nombre se convirtió en sinónimo de controversia dentro de la burocracia jalisciense, especialmente por decisiones que generaron indignación entre trabajadores y pensionados.

    Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2025, cuando apenas unos meses después de asumir la dirección del Ipejal, intentó incrementarse el salario en cerca de 70 por ciento, una medida que provocó una fuerte reacción ciudadana y que finalmente tuvo que revertir ante la presión pública. El caso alimentó las críticas sobre los privilegios de la alta burocracia mientras miles de pensionados enfrentan incertidumbre sobre el futuro de sus recursos.

    A ello se suman las acusaciones relacionadas con la venta de terrenos pertenecientes al Ipejal a precios considerados inferiores a su valor real, incluyendo operaciones que involucraron a empresas vinculadas con familiares del exgobernador Alfaro. También persisten señalamientos por contrataciones realizadas durante su paso por la Secretaría de Hacienda, entre ellas la de una conductora de radio que recibió cientos de miles de pesos por labores administrativas, pese a no contar con experiencia acreditada para el puesto.

    La salida de Partida representa además un golpe simbólico para el grupo político construido por Alfaro durante más de una década. Desde 2010, el ahora exdirector formó parte del círculo más cercano del exmandatario, acompañándolo desde el Ayuntamiento de Tlajomulco, posteriormente en Guadalajara y finalmente en el Gobierno de Jalisco. Su permanencia en puestos clave fue una constante durante los gobiernos emecistas.

    Junto con la renuncia de Partida, el gobierno de Pablo Lemus anunció otros cambios en dependencias estatales. Sin embargo, la atención pública se concentra en la salida del exfuncionario, cuya gestión quedó marcada por decisiones cuestionadas y por un historial que difícilmente podrá desligarse de las sombras que han acompañado al alfarismo en sus últimos años de poder.

  • Morena intensifica ofensiva contra Samuel García y promete exhibir más casos de corrupción en Nuevo León

    Morena intensifica ofensiva contra Samuel García y promete exhibir más casos de corrupción en Nuevo León

    La dirigencia nacional del partido aseguró que mantendrá las denuncias contra presuntas irregularidades en el gobierno estatal y en administraciones municipales vinculadas a millonarios contratos.

    La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que el combate a la corrupción seguirá siendo una prioridad para el movimiento en Nuevo León, al advertir que su partido continuará presentando denuncias y señalando presuntas irregularidades detectadas tanto en el gobierno estatal como en administraciones municipales.

    Durante una conferencia de prensa en Monterrey, realizada después de una reunión privada con militantes y aspirantes morenistas a la gubernatura, Montiel sostuvo que la instrucción dentro del partido es clara: denunciar cualquier acto de corrupción sin importar quién esté involucrado. En ese contexto, respaldó las acciones emprendidas contra el gobernador Samuel García Sepúlveda y recordó que Morena impulsa un proceso de juicio político en su contra.

    La dirigente también puso sobre la mesa el caso de Next Energy, proyecto relacionado con la administración del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. Según explicó, la denuncia señala presuntas irregularidades en un contrato para la instalación de una planta de energía en el municipio de Cerralvo, obra que no se habría concretado pese a que continuaron realizándose pagos vinculados a infraestructura que nunca entró en operación.

    Montiel enfatizó que Morena mantendrá activas las denuncias ya presentadas y seguirá impulsando investigaciones sobre ambos casos. No obstante, evitó fijar una postura específica respecto a la ausencia de los diputados morenistas Mario Soto y Rodrigo Montemayor en la sesión de la Comisión Anticorrupción del Congreso local que aprobó el inicio del procedimiento de juicio político contra García Sepúlveda.

    La controversia aumentó debido a que tres legisladores, incluidos los dos representantes de Morena y una diputada del Partido Verde, no acudieron a la reunión donde se discutió el tema. La falta de asistencia generó cuestionamientos dentro del escenario político estatal, particularmente porque la solicitud de juicio político fue promovida días antes por dirigentes y figuras de Morena en Nuevo León.

    El proceso contra Samuel García fue presentado el pasado 8 de junio por la dirigencia estatal encabezada por Anabel Alcocer y diversos aspirantes a la gubernatura. La acusación incluye señalamientos por presunta triangulación de recursos públicos, peculado y actos de corrupción, temas que, de acuerdo con la dirigencia nacional morenista, continuarán siendo impulsados hasta que las autoridades competentes determinen las responsabilidades correspondientes.

  • Destituyen a notario del Edomex tras siete quejas por corrupción

    Destituyen a notario del Edomex tras siete quejas por corrupción

    La gobernadora Delfina Gómez canceló el nombramiento de Hugo Javier Castañeda Santana, titular de la Notaría 26 en Otumba, después de que las autoridades acreditaron su responsabilidad en todos los expedientes abiertos en su contra.

    La Consejería Jurídica del Estado de México le quitó el cargo a Hugo Javier Castañeda Santana luego de investigar siete quejas ciudadanas en su contra. Castañeda ejercía como notario público desde 2005 al frente de la Notaría 26, con sede en Otumba.

    Las investigaciones revelaron una serie de fallas sistemáticas en su trabajo. Castañeda retrasó sin justificación la entrega de escrituras públicas, dejó de cumplir con obligaciones legales básicas y no pagó a tiempo las contribuciones vinculadas a operaciones inmobiliarias.

    Ante esos hallazgos, las autoridades le abrieron siete expedientes de queja. En todos ellos quedó acreditada su responsabilidad administrativa. La sanción acumuló amonestaciones y multas hasta llegar a la máxima que prevé la ley: la revocación de su nombramiento.

    El pasado viernes, la Gaceta de Gobierno publicó la terminación del encargo, aunque sin detallar las causas. Este lunes, la Consejería Jurídica explicó públicamente los motivos de la destitución.

    La dependencia aprovechó el caso para exhortar a la ciudadanía a denunciar irregularidades en los servicios notariales. Según las autoridades, las quejas de los usuarios son las que permiten detectar y sancionar conductas contrarias a la ley.

  • Tras compra de votos, Manolo Jiménez presume triunfo del PRI y habla de una “fiesta democrática”

    Tras compra de votos, Manolo Jiménez presume triunfo del PRI y habla de una “fiesta democrática”

    Mientras Morena documentó presuntas operaciones de compra y coacción del voto mediante códigos QR y pagos en efectivo, el gobernador de Coahuila aseguró que la jornada electoral transcurrió en paz y sin problemas graves.

    Apenas unas horas después de una elección marcada por denuncias de presunta compra de votos, uso de códigos QR para verificar sufragios y detenciones de simpatizantes de Morena, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, salió a celebrar los resultados favorables para la alianza PRI-UDC, asegurando que en la entidad se vivió una “gran fiesta democrática”.

    Desde el Palacio de Gobierno de Saltillo, el mandatario presumió que el proceso electoral se desarrolló con tranquilidad y destacó una participación superior al 50 por ciento. Según Jiménez, en las casillas “todo fluyó correctamente” y únicamente se registraron incidentes menores. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con las denuncias presentadas por Morena ante las autoridades electorales, donde se acusa a operadores vinculados al PRI de haber desplegado mecanismos para condicionar y comprar el voto.

    Lejos de referirse a esos señalamientos, el gobernador optó por festejar el resultado electoral y afirmar que “ganaron los buenos gobiernos”. Una frase que no pasó desapercibida en redes sociales, donde usuarios cuestionaron si también forman parte de esos “buenos gobiernos” las estructuras señaladas por presuntamente repartir dinero, utilizar listas de votantes y operar esquemas de validación mediante códigos QR para garantizar sufragios a favor del tricolor.

    Jiménez también aseguró que el triunfo es resultado del respaldo ciudadano a su administración y llamó a las fuerzas políticas a “cerrar filas”. No obstante, la oposición insiste en que primero deben esclarecerse las denuncias sobre posibles irregularidades registradas durante la jornada electoral. Morena ha señalado que las pruebas recabadas ya fueron entregadas a las autoridades competentes y que incluso solicitará investigaciones financieras para rastrear el origen de los recursos presuntamente utilizados.

    Mientras el gobernador intenta vender la narrativa de una elección ejemplar, las instituciones electorales tendrán la última palabra sobre los señalamientos que pesan sobre el proceso. Por ahora, lo único claro es que el PRI ya se declaró ganador y que Manolo Jiménez decidió celebrar antes de que concluyan todas las revisiones y posibles impugnaciones derivadas de las denuncias presentadas.

    La disputa política en Coahuila está lejos de terminar. Aunque desde el gobierno estatal hablan de paz, unidad y amor por la tierra coahuilense, las acusaciones de presunta compra de votos y coacción electoral amenazan con empañar el triunfo que el priismo busca presentar como una victoria incuestionable.

  • Austeridad y combate a la corrupción generan más de 81 mmdp en ahorros, reporta Gobierno

    Austeridad y combate a la corrupción generan más de 81 mmdp en ahorros, reporta Gobierno

    La Secretaría Anticorrupción destacó que la revisión de contratos, las compras consolidadas de medicamentos y la reorganización del gobierno federal evitaron gastos millonarios y fortalecieron el uso eficiente de los recursos públicos.

    Las políticas de austeridad republicana, fiscalización y combate a la corrupción impulsadas por el Gobierno de México han permitido generar ahorros superiores a los 81 mil 400 millones de pesos en los primeros dos años de la actual administración, informó este viernes la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. De acuerdo con la dependencia, estos recursos han sido redirigidos para fortalecer programas y acciones en beneficio de la población.

    Al presentar un balance de resultados a dos años del triunfo electoral que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al poder, la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, destacó que los ahorros provienen de estrategias enfocadas en la prevención de la corrupción, la reestructuración administrativa, la fiscalización del gasto público y el combate a la impunidad. Según el informe, una de las acciones más relevantes fue la compra consolidada de medicamentos de patente y de fuente única, que permitió economizar 23 mil 500 millones de pesos mediante negociaciones directas con proveedores.

    Además, las subastas inversas para la adquisición de medicamentos generaron ahorros adicionales por 3 mil 600 millones de pesos, mientras que 13 procedimientos de licitación pública permitieron reducir costos por otros 344 millones de pesos. La dependencia también reveló que la cancelación de una compra irregular de medicamentos evitó un posible desfalco estimado en 15 mil millones de pesos, considerado uno de los mayores riesgos financieros detectados durante el periodo.

    Otro de los rubros con resultados significativos fue el Tren Maya, donde la conciliación de la cuenta pública y la revisión de contratos permitieron obtener 25 mil millones de pesos en ahorros, convirtiéndose en una de las medidas de mayor impacto económico dentro del balance presentado por el gobierno federal. Asimismo, las acciones para recuperar recursos públicos permitieron gestionar la devolución de 2 mil 440 millones de pesos a distintos entes gubernamentales.

    En materia administrativa, la reorganización y compactación de 183 dependencias y entidades federales redujo en cinco por ciento el costo anual de las estructuras gubernamentales, generando ahorros por 6 mil 840 millones de pesos. A ello se suma la creación de Transparencia para el Pueblo, organismo que sustituyó funciones del extinto INAI y que, según la dependencia, opera con apenas el 52 por ciento de su costo anterior, permitiendo un ahorro cercano a mil millones de pesos en dos años.

    La Secretaría Anticorrupción sostuvo que estos resultados reflejan una estrategia enfocada en fortalecer la transparencia, optimizar el gasto público y cerrar espacios a prácticas irregulares dentro de la administración federal. Además, destacó que la resolución favorable de diversos procedimientos legales evitó erogaciones por más de 2 mil 200 millones de pesos, consolidando una política de manejo responsable de los recursos públicos impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación.

  • Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones

    Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones

    El antiguo coordinador de penales enfrenta cargos por presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos. Su captura revela conexiones con redes criminales.

    Antonio Molina Díaz, excoordinador de prisiones federales, fue arrestado en la Ciudad de México. La captura, llevada a cabo por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, responde a una orden judicial que investiga su vinculación con un escándalo de corrupción.

    Molina ejerció su cargo durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Según las investigaciones, formó parte de una red delictiva dirigida por Genaro García Luna. Se alega que esta red orquestó el desvío de más de cinco mil millones de pesos a través de contratos falsos para la construcción de ocho centros penitenciarios.

    Los fiscales han revelado que entre 2013 y 2018, Molina habría suscrito numerosos contratos con empresas que operaban como fachadas. Estos contratos eran utilizados para desviar recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

    Durante su arresto, las autoridades encontraron en su poder dos mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos mexicanos. Además, se aseguraron identificaciones falsas y varios teléfonos celulares, lo que indica un intento de ocultar su identidad.

    Molina fue trasladado al Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, donde enfrentará un proceso legal por los delitos que se le imputan. La captura de este exfuncionario pone de manifiesto una vez más el problema de la corrupción en altos niveles del gobierno.

  • De opositores a recolectores: Döring pide dinero para Atypical TeVe

    De opositores a recolectores: Döring pide dinero para Atypical TeVe

    El diputado panista, Federico Döring, se añadió a la lista de colecta pública impulsada por Carlos Alazraki para mantener vivo el canal digital, un proyecto que enfrenta cuestionamientos por su financiamiento y su escasa audiencia

    La situación del canal de Youtube Atypical TeVe, exhibe su falta de audiencia y patrocinadores, y en esta ocasión fue el diputado blanquiazul Federico Döring quien apareció pidiendo aportaciones económicas para el “proyecto” de Carlos Alazraki, bajo el argumento que se trata de un medio “independiente” que no recibe recursos gubernamentales.

    Mientras miles de ciudadanos esperan que sus representantes se enfoquen en legislar y atender los problemas del país, Döring dedica parte de su tiempo a solicitar donativos para un pseudo programa de internet, ¿qué hace un diputado promoviendo colectas para sostener un espacio de entretenimiento?

    Esta no es la primera vez que Atypical recurre a esta estrategia, ya que hace unos meses el propio Alazraki pidió públicamente apoyo económico a sus seguidores para cubrir gastos operativos, ¿cómo es que hasta la fecha aún siguen transmitiendo?

    La insistencia reforzó la percepción de que el proyecto enfrenta dificultades para mantenerse por sí mismo, sin dejar de lado a los invitados que presenta, no son muy del agrado de la ciudadanía, entre ellos se encuentran Margarita Zavala y Alito Moreno Cárdenas, personajes que han sido un chiste para los mexicanos.

    Si el respaldo fuera tan amplio como aseguran sus conductores, difícilmente tendrían que recurrir una y otra vez a las donaciones públicas para sostener sus transmisiones. La escena muestra figuras del panismo, priísmo y  de la oposición digital que mantiene un lenguaje vulgar que intenta mantener un espacio que ha perdido relevancia. 

    Con diputados convertidos en recolectores y conductores pidiendo recursos en vivo, Atypical TeVe enfrenta más cuestionamientos sobre su verdadero alcance de una audiencia que, al parecer, no alcanza para sostener el proyecto. 

  • Sancionan a 13 funcionarios federales por irregularidades en PEMEX, ISSSTE y AIFA

    Sancionan a 13 funcionarios federales por irregularidades en PEMEX, ISSSTE y AIFA

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicó inhabilitaciones, suspensiones y amonestaciones a 13 servidores públicos.

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a 13 servidores públicos de diversas dependencias y entidades federales, entre ellas PEMEX, la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el AIFA, ASA, Banjercito y el IMSS. Las medidas aplicadas incluyeron inhabilitaciones, suspensiones y amonestaciones públicas por irregularidades administrativas detectadas.

    Entre los casos más relevantes destaca la inhabilitación por un año de Hilario M., exgerente de la Subdirección de Servicios de Salud de Pemex, por incumplir con la entrega-recepción de su cargo al concluir su gestión. Asimismo, dos funcionarias de la misma área fueron suspendidas por omisiones relacionadas con el proceso de entrega de sus responsabilidades institucionales.

    La dependencia también reportó la suspensión por 30 días de cuatro médicos adscritos al Hospital General de México, perteneciente a la Secretaría de Salud. De acuerdo con la investigación, los especialistas omitieron hospitalizar a una paciente y no brindaron asesoría a médicos residentes del área de Urgencias en 2022, acciones que habrían agravado el estado de salud de la persona afectada.

    En otras instituciones federales, un subdirector de Banjercito recibió una amonestación pública por no actualizar las guías institucionales de archivo, mientras que un jefe de departamento del AIFA fue suspendido por faltarle el respeto hacia una compañera de trabajo. En el ISSSTE, dos servidores públicos fueron sancionados por no realizar las actas de entrega al concluir sus funciones, y en ASA dos técnicos en combustibles recibieron sanciones por incidentes que provocaron derrames durante 2025.

  • Exigen juicio político contra Luis Munguía, alcalde del PVEM en Puerto Vallarta, por presunta corrupción

    Exigen juicio político contra Luis Munguía, alcalde del PVEM en Puerto Vallarta, por presunta corrupción

    La denuncia presentada ante el Congreso de Jalisco señala posibles desvíos de recursos, conflictos de interés y violaciones sistemáticas a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

    La crisis política en Puerto Vallarta escaló luego de que la regidora independiente Melissa Madero presentara una solicitud formal de juicio político contra el alcalde Luis Ernesto Munguía, emanado del Partido Verde, a quien acusa de presuntos actos de corrupción, irregularidades administrativas y posibles desvíos de recursos públicos.

    De acuerdo con la edil, la denuncia interpuesta ante el Congreso de Jalisco incluye señalamientos relacionados con conflictos de interés y otras conductas que podrían derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales. Madero sostuvo que existen elementos suficientes para investigar el manejo de los recursos municipales y determinar posibles afectaciones al patrimonio público.

    Puerto Vallarta ya no puede seguir gobernado entre opacidad, silencio y dinero público que nadie sabe dónde terminó”, afirmó la regidora al dar a conocer la acción legal emprendida contra el presidente municipal. Asimismo, señaló que actualmente colabora con autoridades estatales y federales en la recopilación de información vinculada con presuntos actos de corrupción dentro de la administración local.

    Según explicó, las indagatorias abarcan información relacionada no solo con el alcalde, sino también con funcionarios municipales, regidores, organismos descentralizados y diversas áreas del Ayuntamiento, entre ellas Comunicación Social, el DIF Municipal, el Consejo Municipal del Deporte, Cultura, gerencias y asesores involucrados en el manejo de recursos públicos.

    La funcionaria aseguró que la solicitud de juicio político representa apenas el primer paso de una serie de acciones encaminadas a esclarecer el destino de los recursos municipales. En su denuncia, acusa presuntas violaciones graves y sistemáticas a las obligaciones de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, pilares fundamentales para el ejercicio de un gobierno responsable.

    El señalamiento surge además en un contexto de creciente inconformidad ciudadana por problemas que afectan a Puerto Vallarta, como el deterioro de la infraestructura urbana, deficiencias en la recolección de basura, fallas en el suministro de agua potable y el mal estado de calles y vialidades, situaciones que han generado cuestionamientos sobre la gestión del gobierno municipal y el uso de los recursos públicos.