La Comisión de Honestidad y Justicia del partido analiza los resultados de la Fiscalía antes de tomar decisiones.
La secretaria general de Morena, Carolina Rangel, anunció que el partido esperará los informes de la Fiscalía General de la República (FGR) antes de decidir cualquier medida contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador con licencia de Sinaloa. Esta decisión llega en medio de serias acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Rangel enfatizó que el compromiso de Morena es no proteger a sus militantes involucrados en irregularidades. El partido busca actuar conforme a pruebas y a las resoluciones de las autoridades. “No podemos actuar sin sustento legal”, manifestó, dejando claro que las investigaciones deben desarrollarse dentro del marco institucional.
La FGR lleva a cabo una indagatoria a raíz de señalamientos provenientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estos alegatos vinculan a Rocha Moya con actividades ilícitas, incluyendo la facilitación del tráfico de drogas como fentanilo y cocaína. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas suficientes para justificar acciones inmediatas como una detención.
Rocha Moya ha expresado su disposición para colaborar con las autoridades, separándose temporalmente de su cargo, lo que implica perder su fuero constitucional. Rangel reconoció esta decisión, destacando que permite que las indagatorias se realicen sin obstáculos legales.
Morena mantiene una postura clara: será la FGR quien defina si hay responsabilidades en el caso. A medida que se desarrollan los procesos legales, el partido se esfuerza por mantener una imagen institucional fuerte frente al panorama político, especialmente con miras a las elecciones de 2027.
El caso de Rubén Rocha Moya no solo es crucial a nivel individual, sino que puede tener repercusiones significativas para el partido en su conjunto. La evolución de este asunto dependerá de la información que aporte la FGR y las autoridades internacionales. Así, la dirigencia de Morena busca asegurar que cualquier acción se base en la legalidad y la rendición de cuentas, evitando generalizaciones que puedan afectar su integridad.
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