El gobierno estadounidense pretende expropiar más de cinco hectáreas cerca del santuario de Cristo Rey para instalar barreras, cámaras y vigilancia en la frontera con México.
La administración de Donald Trump volvió a encender la polémica por su política antimigrante. Ahora, el gobierno estadounidense busca expropiar terrenos pertenecientes a una diócesis católica en Nuevo México para continuar con la construcción del muro fronterizo, una medida que ya provocó un choque legal y acusaciones por afectar espacios religiosos y de peregrinación.
De acuerdo con documentos judiciales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para quedarse con aproximadamente 5.6 hectáreas de terreno propiedad de la Diócesis Católica Romana de Las Cruces, ubicada en el condado de Doña Ana. La administración Trump pretende utilizar la zona para instalar vallas metálicas, iluminación de seguridad y cámaras de vigilancia como parte del reforzamiento fronterizo.
El terreno en disputa se encuentra cerca del emblemático santuario del Monte Cristo Rey, sitio que alberga una estatua de piedra caliza de Jesucristo de casi nueve metros de altura y que cada año recibe a decenas de miles de peregrinos. Los abogados de la diócesis advirtieron ante el tribunal federal que la construcción del muro y la presencia permanente de infraestructura de seguridad afectarían directamente las actividades religiosas realizadas en la zona.

Aunque el gobierno estadounidense ofreció poco más de 183 mil dólares como compensación por los terrenos, representantes de la iglesia sostienen que el conflicto no se trata únicamente de dinero, sino de la defensa de un espacio considerado símbolo espiritual y cultural para miles de fieles. El caso ya abrió un debate sobre los límites del poder federal y la libertad religiosa en Estados Unidos.
La política migratoria de Trump ha estado marcada por medidas agresivas contra migrantes y comunidades fronterizas. Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano retomó la expansión del muro fronterizo como uno de los ejes principales de su administración, aun cuando múltiples organizaciones civiles y religiosas han denunciado afectaciones ambientales, sociales y humanitarias.
Mientras el gobierno estadounidense insiste en endurecer la frontera con México, el caso de Nuevo México exhibe cómo la estrategia trumpista está alcanzando incluso espacios religiosos históricos. La disputa legal podría convertirse en uno de los casos más polémicos sobre derechos civiles y libertad de culto durante el nuevo mandato de Donald Trump.

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