La sanción incluye una inhabilitación de tres años para la alcaldesa, el síndico y siete integrantes del cabildo, aunque su aplicación permanece suspendida por recursos legales en curso.
El Congreso de Tlaxcala aprobó la destitución de la presidenta municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, así como del síndico y siete integrantes del cabildo, tras determinar que incurrieron en violaciones a la legalidad al suspender de manera indebida a una autoridad comunitaria electa por voto popular.
La resolución fue avalada por mayoría con 19 votos a favor y tres en contra, e incluye una inhabilitación por tres años para ocupar cargos públicos. Entre los sancionados se encuentran seis regidoras y un regidor que participaron en la decisión de separar de sus funciones al presidente de comunidad de la Segunda Sección, Alejandro Flores Xelhuantzi.
De acuerdo con el dictamen aprobado por el Poder Legislativo estatal, los integrantes del ayuntamiento actuaron sin facultades legales al ordenar la suspensión del representante comunitario mediante un acuerdo aprobado el 1 de agosto de 2025. La denuncia presentada por Flores Xelhuantzi señaló que dicha medida vulneró sus derechos político-electorales y le impidió ejercer el cargo para el que fue elegido por la ciudadanía.
Los diputados concluyeron que ninguna norma constitucional o legal otorga a un cabildo la facultad de suspender a una autoridad auxiliar electa mediante voto popular, por lo que la actuación de la alcaldesa y los regidores representó una transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución.
El expediente también documentó acciones como el cambio de chapas de las instalaciones de la presidencia de comunidad y la restricción de acceso a espacios públicos, medidas que obstaculizaron el desempeño de las funciones del representante comunitario. Para el Congreso, estos actos constituyeron una extralimitación de funciones e invasión de competencias reservadas a otras autoridades.
Sin embargo, la destitución y la inhabilitación aún no podrán ejecutarse. Los efectos de la resolución quedaron suspendidos debido a una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a un juicio de amparo promovido por los funcionarios sancionados. Mientras dichos recursos se resuelven, la alcaldesa y los integrantes del cabildo podrán continuar en funciones.
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