La presidenta de Perú recorrió el Cecot, donde organismos de derechos humanos acusan violaciones sistemáticas y falta de supervisión independiente.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visitó este jueves el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de Nayib Bukele, y la calificó como un “modelo exitoso, un modelo muy útil”. Fue recibida por los ministros salvadoreños de Seguridad y de Defensa, quienes le presumieron el diseño del penal, la vigilancia electrónica y el programa “cero ocio”. Lo que no estuvo en el recorrido, según organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, es lo que ellos denuncian: violaciones sistemáticas a los derechos de los reclusos y ausencia de supervisión independiente.
Fujimori, quien asumió el cargo el 28 de julio, ya había dicho en campaña que quería construir una cárcel como esa para enfrentar la extorsión y el alza de homicidios en Perú. Su visita llega más de una semana después de la de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, con lo que el penal de Bukele se vuelve parada obligada para gobernantes que buscan soluciones rápidas a la inseguridad. Fujimori se reuniría después con Bukele para hablar de intercambio en seguridad, modernización del Estado, turismo y salud pública.
El “modelo” que la mandataria elogia descansa en un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Ese régimen suspende derechos fundamentales: no se informa a los detenidos de los motivos de su captura, se les puede negar un abogado, se intervienen las telecomunicaciones sin orden judicial y la detención sin audiencia pasa de 72 horas a 15 días. Las autoridades reportan 93 mil 162 capturas por presuntos vínculos con pandillas.
Entre esas detenciones hay errores admitidos por el propio Bukele, quien reconoció que 8 mil personas inocentes fueron liberadas. Es decir, miles de personas pasaron por el sistema que hoy se presenta como ejemplo. Fujimori justificó su interés recordando que Perú enfrentó grupos terroristas en los ochenta y principios de los noventa, pero no dijo cómo piensa evitar en su país los abusos que se denuncian en El Salvador.
La exalcaldesa de Barcelona mostró la letra con la mano en un discurso en España y la unió a dos causas, la de Palestina y la del presidente brasileño.
Ada Colau, la primera mujer que gobernó Barcelona como alcaldesa, eligió un gesto sencillo para lanzar su mensaje político. Durante un discurso en España, formó la “L” de Lula y la presentó como un símbolo antifascista.
Con ese gesto, la política catalana quiso dar un mensaje claro. Para ella, la “L” representa la lucha contra la extrema derecha. Por eso, la convirtió en una señal de unión entre quienes defienden la democracia, dentro y fuera de Europa.
Colau cerró su intervención con una frase corta y directa. “Por la esperanza. Palestina libre, por Lula en Brasil, por la esperanza”, dijo. En pocas palabras, juntó dos causas que la izquierda internacional suele defender: el apoyo al pueblo palestino y el respaldo al presidente de Brasil.
La palabra “esperanza” abrió y cerró su mensaje. Así, la política dejó claro el tono de su discurso. Quiso hablar de ilusión y de futuro, no solo de miedo ante el avance de la derecha radical.
Colau no es una figura nueva en estos temas. Llegó a la alcaldía de Barcelona desde el activismo social y, desde entonces, habla con frecuencia de derechos humanos y de justicia internacional. Además, ya se había mostrado a favor de la causa palestina en otras ocasiones.
Ulises Grajales Niño dejó su puesto en septiembre, cuando se hizo pública la denuncia en su contra. Ahora enfrenta un proceso penal y carga con una acusación de homicidio que se remonta a 2012.
La Fiscalía de Chiapas detuvo este martes a Ulises Grajales Niño. Era director de Vinculación del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach). La autoridad lo acusa de violencia familiar equiparada.
Los hechos ocurrieron el 25 de septiembre de 2026 en Tuxtla Gutiérrez. La víctima es una mujer cuya identidad la Fiscalía mantiene en reserva. La dependencia cumplió la orden de aprehensión en Villaflores, donde, según fuentes locales, vive el acusado.
La agresión salió a la luz en septiembre. Entonces, la Dirección General del Cobach separó a Grajales Niño de su cargo, y la Fiscalía abrió el caso con la denuncia de su esposa. De acuerdo con las investigaciones, ella sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y necesitó atención médica.
Por su parte, la Fiscalía aseguró que vela por los derechos humanos de las mujeres. También prometió aclarar cada hecho que le denuncien y garantizar “cero impunidad”.
Esta no es la primera vez que Grajales Niño enfrenta una acusación grave. En 2012, cuando buscaba la alcaldía de Villaflores por el PRI, lo señalaron por la muerte de Edgardo Hernández Corzo. La víctima era simpatizante del PAN y participaba en una brigada.
Según los reportes de aquel año, Grajales Niño y su escolta, Alfonso López Moreno, dispararon contra el brigadista y huyeron. Las autoridades los detuvieron y los encerraron en el penal estatal El Amate. Un año después, Grajales Niño recuperó su libertad.
Como en todo proceso, la ley reconoce al acusado la presunción de inocencia mientras un juez resuelve su situación.
Nuevas víctimas de la represión contra manifestantes por agua limpia denunciaron golpes, humillaciones y amenazas dentro de la residencia oficial; alrededor de 10 personas ya acudieron a la FGR para exigir justicia.
A las denuncias que ya habían salido a la luz por presuntos abusos policiales en Casa Jalisco, ahora se suman nuevos testimonios de personas detenidas durante la protesta del 11 de octubre en Guadalajara. Las víctimas relataron agresiones físicas, amenazas de desaparición y negligencia médica dentro de la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, por lo que exigieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones.
La abogada Adriana Gabriela Arriola Dueñas contó que una policía ahorcó a una manifestante frente a otros detenidos, paramédicos y elementos de seguridad, sin que nadie interviniera. También denunció que fue introducida por la fuerza al inmueble junto con su hija de 19 años y que presenció cómo un hombre fue ingresado desnudo. Durante las aproximadamente 12 horas que permaneció retenida, aseguró, recibieron amenazas de desaparición.
Otro testimonio es el de la médica Daniela Álvarez Cepada, quien narró que una joven sufrió convulsiones y que las policías le impidieron acercarse para auxiliarla. Según su relato, las uniformadas se burlaron de la víctima y minimizaron su estado de salud. Ambas denunciantes coincidieron en que hubo golpes, insultos y humillaciones contra las personas detenidas.
Las víctimas aseguraron que fueron encerradas en un cuarto dentro del perímetro de Casa Jalisco, aunque las autoridades han negado que las detenciones ocurrieran en la residencia oficial. Después fueron trasladadas en un camión negro sin placas a instalaciones de la Fiscalía estatal, donde denunciaron que permanecieron bajo la lluvia, con frío y, en algunos casos, semidesnudas. También señalaron irregularidades para recibir atención médica.
Alrededor de 10 personas ya presentaron denuncias ante la FGR, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso. Un primer informe del organismo señaló que un grupo que provocó disturbios durante la protesta estaba coordinado directamente con autoridades policiales. Las víctimas también cuestionaron la falta de intervención de la comisión estatal de derechos humanos.
El abogado José Francisco Salazar González, defensor de cuatro afectados, consideró que los relatos apuntan a posibles violaciones graves de derechos humanos, incluida violencia de género. Las víctimas exigieron investigar a Pablo Lemus y al secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, y pidieron protección ante el temor de represalias, pues afirmaron que agentes investigadores han acudido a sus domicilios.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó la escalada y pidió a las partes en conflicto un alto el fuego inmediato.
Los ataques con drones en Sudán mataron al menos a 306 personas y dejaron cientos de heridos durante las primeras tres semanas de octubre, informó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Los ataques se atribuyen tanto a las Fuerzas Armadas Sudanesas como a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), y alcanzaron viviendas, mercados, hospitales, centros de acogida, centrales eléctricas y fuentes de agua en Kordofán, Darfur, Nilo Azul, Jartum y otros estados.
Entre los hechos documentados, del 6 al 10 de octubre ataques atribuidos a fuerzas del Gobierno militar contra refugios de desplazados en Kordofán Occidental mataron al menos a 25 civiles, incluidos mujeres y niños. El 9 de octubre, un dron atribuido a las RSF mató a al menos 31 personas, en su mayoría mujeres y niños, cerca de un campamento en Nilo Azul. El 18 de octubre murieron al menos 139 personas cuando un camión de transporte fue alcanzado por ataques repetidos en Dibab, zona controlada por las RSF.
También fueron golpeados los servicios de salud: el 11 de octubre, un ataque atribuido a las RSF dejó gravemente heridos a dos trabajadores sanitarios y sacó de servicio el hospital de Um Darfa, en Nilo Azul. Türk advirtió que el uso creciente de drones ya representa la mayoría de las muertes de civiles en el conflicto este año y “está cobrando un precio horrible”. El portavoz de ONU Derechos Humanos, Seif Magango, añadió que la destrucción de infraestructura ha provocado más desplazamientos y agravado la crisis humanitaria.
Türk pidió a ambas partes respetar el derecho internacional humanitario y no atacar a civiles ni bienes civiles. También reclamó que los esfuerzos de paz frenen el flujo de armas que alimenta la guerra, y subrayó que una solución negociada, con los derechos humanos en el centro y con rendición de cuentas, es el único camino viable hacia una paz duradera.
Autoridades reconocieron que los detenidos fueron llevados a Casa Jalisco, residencia del gobernador Pablo Lemus, mientras la Fiscalía investiga denuncias por presunta tortura y el uso de la fuerza policial.
El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, negó haber ordenado la agresión contra manifestantes que protestaban por la mala calidad del agua el pasado 11 de octubre frente a Casa Jalisco. Ante los cuestionamientos, el funcionario respondió con un “yo no fui” y señaló que la investigación apunta a tres mandos policiales posiblemente sujetos a sanciones.
Hernández González aseguró que supervisaba las actuaciones de los policías en una zona distinta de donde ocurrieron las agresiones. Además, afirmó que existen declaraciones de agentes y mandos involucrados, por lo que la responsabilidad deberá determinarse mediante las indagatorias de Asuntos Internos.
La protesta terminó con el uso de gas lacrimógeno, chorros de agua y detenciones, pese a la presencia de mujeres, personas adultas mayores y menores de edad. Las denuncias también apuntan a presuntos actos de tortura contra personas retenidas durante el operativo.
Por su parte, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, evitó adelantar si se acreditarán delitos y sostuvo que la investigación continúa abierta. En tanto, el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, justificó que no se revelara quién dio la orden bajo el argumento de proteger a los posibles responsables ante eventuales represalias.
Sin embargo, los funcionarios reconocieron que las personas detenidas fueron trasladadas a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, antes de ser llevadas a la Fiscalía. Según Hernández González, permanecieron en un espacio contiguo al nuevo C5, entre las calles Montreal y Ontario, porque no había condiciones para trasladarlas en vehículos debido a la cantidad de manifestantes.
La conferencia de seguridad estuvo marcada por los deslindes de los funcionarios, quienes evitaron asumir responsabilidad directa por las decisiones del operativo. Mientras tanto, las investigaciones deberán esclarecer quién ordenó la represión, por qué se retuvo a los manifestantes en Casa Jalisco y si hubo abusos policiales contra quienes exigían respuestas por la calidad del agua.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de ley para regular las relaciones entre inquilinos y propietarios, con el objetivo de frenar los aumentos excesivos en las rentas, facilitar el acceso a una vivienda y evitar que las familias sean expulsadas de las colonias donde han construido su vida.
📹 #Vídeo | Esta mañana, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), lleva a cabo una conferencia de prensa para presentar el plan de Rentas Justas para la CDMX. pic.twitter.com/3JwfseAgja
La propuesta, enviada al Congreso capitalino, contempla siete medidas principales, entre ellas establecer sanciones para quienes incumplan las reglas de arrendamiento, crear una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias con asesoría jurídica gratuita y brindar acompañamiento institucional a las familias que enfrenten un desalojo.
Foto: Sebastián Juárez / Los Reporteros MX
Durante su presentación, Brugada aclaró que la iniciativa no contempla congelar las rentas ni atenta contra la propiedad privada. Explicó que busca garantizar que los incrementos anuales no superen la inflación, un límite que ya establece el Código Civil de la ciudad, pero que, señaló, necesita mecanismos para asegurar su cumplimiento.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), reveló que en las zonas centrales de la CDMX la renta tiene el valor del 40% de lo que una familia gana una familia y 9 de cada 10 viviendas son propiedad de las personas mas ricas de la CDMX. pic.twitter.com/O8vAix5Yaw
La mandataria destacó que cerca del 30 por ciento de las familias capitalinas renta una vivienda y que más de dos millones de personas viven bajo esta modalidad. Además, señaló que, durante los últimos 20 años, el precio de la vivienda se ha multiplicado por cinco, una situación que complica el acceso a un hogar, especialmente para las personas jóvenes y los sectores con menores ingresos.
Uno de los cambios planteados consiste en reducir los requisitos para rentar un inmueble. Actualmente, algunos propietarios solicitan varias garantías, como depósito, fiador, póliza jurídica y obligado solidario. Con la nueva propuesta, únicamente se podrá exigir una garantía de cumplimiento, además del depósito contemplado en la legislación vigente.
La iniciativa también establece una carta de derechos y obligaciones para ambas partes. Los propietarios deberán mantener los inmuebles en buenas condiciones, devolver los depósitos conforme a lo acordado y registrar los contratos, mientras que los inquilinos tendrán que pagar puntualmente la renta, cuidar la vivienda y respetar las condiciones pactadas.
Asimismo, se prohibirá la discriminación para acceder a una vivienda en renta por motivos como edad, género, origen étnico u orientación sexual. La propuesta reconoce también el derecho de las personas a vivir con niñas, niños y animales de compañía.
Otro de los puntos centrales es la creación de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, que estará adscrita a la Procuraduría Social y ofrecerá orientación, mediación, conciliación y representación jurídica gratuita tanto a arrendatarios como a propietarios. La intención es resolver controversias y prevenir abusos sin que las partes tengan que recurrir necesariamente a procesos judiciales.
Los contratos de arrendamiento deberán tener una duración mínima de un año y se habilitará un registro digital para dar seguimiento a estos acuerdos, con medidas de protección para los datos personales. También se contemplan sanciones ante irregularidades, como incrementos ilegales en las rentas o daños ocasionados a los inmuebles.
En materia de desalojos, el Gobierno capitalino propone instalar un Gabinete de Acompañamiento Social que intervenga para proteger los derechos humanos de las personas afectadas y canalizar a las familias vulnerables hacia alternativas habitacionales y programas de apoyo.
Brugada subrayó que estas medidas no modificarán las resoluciones de los jueces ni interferirán en los procedimientos judiciales. El acompañamiento gubernamental estará enfocado en evitar actos violentos, proteger las pertenencias de las familias y procurar que niñas, niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad no queden desamparados.
Como parte de esta estrategia, el personal encargado de trasladar o resguardar las pertenencias durante los desalojos recibirá capacitación en derechos humanos. La intención es impedir que estos procedimientos se conviertan en escenarios de agresiones, robos o abandono de muebles y enseres en la vía pública.
Foto: Sebastián Juárez / Los Reporteros MX
La propuesta incluye, además, ampliar la oferta de vivienda social y asequible, impulsar opciones de vivienda pública en renta y promover la participación de la iniciativa privada en la construcción de inmuebles con precios accesibles. El Gobierno capitalino mantiene como objetivo realizar 200 mil acciones de vivienda hacia 2030, de las cuales 80 mil corresponderán a viviendas nuevas y 120 mil a mejoramientos y ampliaciones.
Foto: Sebastián Juárez / Los Reporteros MX
También se plantea crear un Observatorio Público de Vivienda que analice los precios, el uso del suelo y las transformaciones del mercado inmobiliario para fortalecer las políticas públicas y atender los efectos de la gentrificación, fenómeno que puede desplazar a habitantes de menores ingresos y pequeños negocios de sus comunidades.
Foto: Sebastián Juárez / Los Reporteros MX
Al respecto, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, señaló que las rentas en la capital se ubican, en promedio, entre 16 mil 600 y 24 mil pesos, dependiendo de la zona y las características del inmueble. Advirtió que estos costos representan una carga considerable para las familias y, en algunas zonas, los incrementos acumulados han alcanzado entre 100 y 200 por ciento.
El secretario de vivienda, Inti Muñoz (@IntiMunoz), informó que hay más de 350 mil familias capitalinas que rentan en la ciudad de México; agrego que la nueva ley de renta no pueden superar la inflación, y la propuesta por tanto; no congela las rentas ni fija un precio único… pic.twitter.com/tWbewlb3vE
Por su parte, el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, destacó que la iniciativa incorpora una definición jurídica de la gentrificación, entendida como un proceso de exclusión que desplaza a residentes con menores recursos y a negocios tradicionales ante la llegada de habitantes con mayor capacidad económica y nuevas actividades comerciales.
El titular de Metropolis, Enrique Irazoque (@EipCDMX), señaló que esta iniciativa busca hacer valer lo que ya existe en el código civil, el no aumento de rentas por encima de la inflación; sin embargo, en esta ocasión se contemplan mecanismos y condiciones para proteger a ambas… pic.twitter.com/21fobskZhw
La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que la nueva defensoría buscará equilibrar los derechos de quienes rentan y quienes ofrecen una vivienda, mediante servicios especializados, confidenciales y gratuitos.
La consejera Jurídica, Erendira Cruzvillegas (@EreCruzvillegas), señaló que esta iniciativa de Rentas Justas, contempla la creación de una Defensoria Inquilinarea, que busca la protección juridica de ambos lados y estara basada en orientación, asesoría, mediación, conciliación y… pic.twitter.com/dVHbMsXKC7
En tanto, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, precisó que el gabinete encargado de los desalojos coordinará la participación de distintas dependencias para identificar casos de riesgo, procurar procedimientos pacíficos y ofrecer atención a las personas afectadas, sin intervenir en las decisiones judiciales.
El secretario de Gobierno, César Cravioto (@craviotocesar), detalló que esta iniciativa tambien contempla el acompañamiento social de personas desalojadas, unicamente cuando haya una resolución juridica de desocupación, acompañaran y protegeran los derechos humanos de los… pic.twitter.com/K3AHHTuQO8
Brugada hizo un llamado al Congreso de la Ciudad de México para abrir un parlamento abierto en el que participen organizaciones sociales, especialistas, propietarios, inquilinos y otros sectores interesados en enriquecer la iniciativa antes de su aprobación.
La jefa de Gobierno sostuvo que la regulación busca dar mayor certeza a ambas partes, proteger el patrimonio familiar y evitar que el encarecimiento de la vivienda obligue a las personas a abandonar la ciudad o las comunidades en las que han desarrollado su vida.
El arma militar provoca una sensación intensa de ardor en la piel y puede alcanzar objetivos a un kilómetro. Su posible uso contra migrantes genera cuestionamientos por los riesgos físicos y legales.
El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a probar el Sistema de Denegación Activa, conocido como “rayo de calor”, y desarrollar protocolos para su posible utilización en la frontera con México, informó CNN. La medida abre la puerta al empleo de tecnología militar para disuadir cruces migratorios y dispersar multitudes.
De acuerdo con un memorando firmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el Departamento de Defensa prestará temporalmente el dispositivo al DHS durante siete meses, a partir de septiembre. Seguridad Nacional será responsable de las pruebas y de establecer las tácticas para su eventual utilización, mientras que el Pentágono no operará directamente el arma.
El sistema emite ondas electromagnéticas que pueden alcanzar hasta un kilómetro y generan una sensación de ardor intenso al entrar en contacto con la piel, comparable con acercarse a la puerta de un horno caliente. Según funcionarios militares citados por CNN, la molestia suele desaparecer entre 10 y 15 minutos después de interrumpir la exposición, aunque pueden presentarse efectos físicos más graves si esta se prolonga.
Aunque está clasificado como un dispositivo no letal, su uso implica riesgos. La exposición puede provocar enrojecimiento y, en determinadas circunstancias, ampollas superficiales. Además, la reacción de huida podría poner en peligro a las personas si corren hacia ríos, terrenos accidentados u otras zonas inseguras. También existen preocupaciones sobre sus efectos en niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas preexistentes.
El antecedente del arma se remonta a Afganistán, donde las fuerzas estadounidenses la desplegaron brevemente hace casi dos décadas, pero descartaron utilizarla en operaciones de combate. Asimismo, autoridades fronterizas ya habían evaluado su posible aplicación en zonas con numerosos cruces irregulares, incluido un tramo de aproximadamente 112 kilómetros en el sector de El Centro, California.
La autorización no significa que el dispositivo ya se utilice contra migrantes, sino que permite realizar pruebas y desarrollar procedimientos para su posible implementación. Su eventual despliegue mantiene abiertas interrogantes sobre su eficacia, legalidad y consecuencias para los derechos humanos en las operaciones de control fronterizo.
La CNDH investiga posibles detenciones irregulares y la hipótesis de infiltrados en las protestas por el agua contaminada, mientras persisten las quejas ciudadanas por el desabasto y la mala calidad del servicio.
Cinco hombres detenidos durante las protestas del 18 de octubre en el centro de Guadalajara, Jalisco, fueron puestos en libertad este miércoles, luego de ser vinculados a proceso únicamente por el delito de daño en las cosas. Como medida cautelar, deberán presentarse a firmar cada 15 días durante seis meses.
Los detenidos, identificados como Raúl “N”, Christopher Antonio “N”, Yovani Rubén “N”, Héctor Dante “N” y Pablo Emmanuel “N”, fueron señalados por su presunta participación en los disturbios registrados durante la movilización. Ese día, el gobernador Pablo Lemus afirmó que viajaban en una camioneta robada en cuyo interior había bidones de gasolina. Sin embargo, la resolución judicial solo contempla daños materiales.
A diferencia de las detenciones ocurridas el 11 de octubre, durante la primera manifestación contra el agua contaminada, en este caso no se reportó que familiares u organizaciones ciudadanas acudieran a reclamar por los detenidos o denunciar posibles irregularidades en el proceso.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que investiga las presuntas torturas contra manifestantes dentro de Casa Jalisco durante la protesta del 11 de octubre. Además, cuestionó las circunstancias de las cinco detenciones posteriores, al señalar que ninguna persona u organización había denunciado esos arrestos como injustos.
En su investigación preliminar, el organismo advirtió que la posible presencia de infiltrados en las protestas genera sospechas y requiere esclarecerse. También señaló que, según declaraciones oficiales, personas infiltradas estuvieron presentes en los hechos del 11 de octubre y habrían tenido coordinación directa con autoridades policiales, pese a que se afirmó que eran ajenas a los operativos.
Mientras avanzan las investigaciones, habitantes de Guadalajara mantienen bloqueos y manifestaciones por el agua sucia y la falta de suministro. Incluso se anunció una protesta cerca del estadio Jalisco durante el partido entre Atlas y América, aunque finalmente no se realizó ante el despliegue de casi 2 mil elementos policiales.
El gobernador de Movimiento Ciudadano destacó los daños registrados durante la marcha del 18 de octubre, pero no respondió a las observaciones sobre una presunta coordinación entre policías y manifestantes violentos.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, evitó responder directamente a los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre una posible coordinación entre grupos violentos y autoridades policiales durante las manifestaciones en el estado. En cambio, atribuyó los hechos a supuestos intereses políticos externos que buscarían generar caos y desestabilización.
A través de un video difundido en redes sociales, el mandatario de Movimiento Ciudadano aseguró que su administración y los manifestantes pacíficos impidieron la infiltración de grupos de choque. También llamó a cerrar filas para evitar que personas ajenas a Jalisco, según su versión, provoquen confrontaciones en la entidad.
Lemus sostuvo que, durante la movilización del domingo 18 de octubre, no hubo enfrentamientos ni manifestantes inocentes afectados, aunque denunció destrozos en edificios públicos, comercios y patrimonio histórico. Entre los daños mencionó puertas y ventanas rotas en el Palacio de Gobierno, pintas en sus muros y en la Catedral de Guadalajara, así como el lanzamiento de explosivos contra las sedes del Congreso estatal y del Palacio de Justicia.
La CNDH, por su parte, señaló que genera suspicacia que hasta el lunes no se hubieran presentado quejas de familiares de las personas detenidas ni de los propios arrestados. El organismo también puso bajo cuestionamiento la actuación policial ante los hechos violentos, mientras el gobernador evitó abordar directamente esas observaciones.
En paralelo, cuentas en redes sociales identificadas como bots o simpatizantes de MC emprendieron una campaña contra la comisión, luego de que atrajera el caso de presuntas torturas en Casa Jalisco, ocurridas el 11 de octubre. La intervención del organismo podría derivar en nuevos señalamientos contra la administración estatal.
De acuerdo con el gobierno de Jalisco, el saldo preliminar de la jornada fue de 10 personas detenidas, 15 policías con lesiones leves y daños estimados en 15 millones de pesos al Palacio de Gobierno y al mobiliario urbano. Hasta el momento, la información oficial no resuelve los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades durante las protestas.
