Etiqueta: Derechos Humanos

  • ONU pide una “acción urgente” para frenar la IA ante riesgos sin precedentes

    ONU pide una “acción urgente” para frenar la IA ante riesgos sin precedentes

    El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió una “acción urgente” para regular la inteligencia artificial, al advertir que el desarrollo acelerado de sistemas cada vez más potentes podría generar riesgos sin precedentes para los derechos humanos y las futuras generaciones.

    El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado urgente a los Estados y las empresas para regular el desarrollo de la inteligencia artificial, ante los riesgos que representan las nuevas generaciones de sistemas cada vez más avanzados. El funcionario advirtió que la humanidad se encuentra ante un posible “cambio irreversible” que no solamente afectaría a la población actual, sino también a las generaciones futuras.

    “Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras de la humanidad”, señaló Türk. El funcionario sostuvo que todos los derechos humanos están amenazados por esta tecnología, incluido el derecho a la vida, por lo que pidió que gobiernos y compañías actúen dentro de organismos multilaterales para establecer mecanismos que permitan enfrentar los riesgos.

    La preocupación también ha comenzado a expresarse dentro de la propia industria tecnológica. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, se pronunció a favor de ralentizar el desarrollo de la IA para permitir una evaluación más adecuada de los riesgos asociados con sus nuevas capacidades. Su postura recibió públicamente el respaldo de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y del empresario Elon Musk.

    Türk cuestionó además que la actual carrera por desarrollar sistemas de IA cada vez más poderosos concentre decisiones de enorme trascendencia en un reducido número de empresas tecnológicas. A su juicio, esta competencia representa un cambio radical que expone distintos ámbitos de la vida humana a riesgos existenciales, por lo que insistió en la necesidad de una respuesta coordinada que coloque los derechos humanos y el interés de toda la humanidad por encima de la velocidad del desarrollo tecnológico.

  • De la Espriella exhibe traslado de presos y presume política penitenciaria inhumana “a lo Bukele”

    De la Espriella exhibe traslado de presos y presume política penitenciaria inhumana “a lo Bukele”

    El presidente Abelardo de la Espriella difundió un video del traslado de personas privadas de la libertad, con el cabello cortado y uniformes, bajo el argumento de acabar con las llamadas “zonas de confort” en las cárceles. La medida y la forma de exhibirla públicamente generan cuestionamientos sobre una política que privilegia la imagen de mano dura y el espectáculo político por encima de una discusión seria sobre seguridad, derechos y administración penitenciaria.

    El presidente Abelardo de la Espriella volvió a apostar por una imagen de mano dura contra los presos, al publicar un video en el que se observa el traslado de 20 personas privadas de la libertad desde Barranquilla hacia Bogotá. Los internos aparecen con el cabello cortado y uniformados, una puesta en escena que recuerda inevitablemente al modelo de seguridad impulsado por Nayib Bukele en El Salvador.

    De la Espriella justificó la medida bajo la premisa de que “se acabaron las zonas de confort” para quienes presuntamente continúan delinquiendo desde las cárceles. Diez de los trasladados estaban en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla; posteriormente serán distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país durante los próximos 15 días.

    El mandatario acompañó las imágenes con un discurso particularmente agresivo: “El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado”, además de advertir que irá “por todos” los cabecillas, extorsionistas y sicarios. El problema es que convertir los traslados penitenciarios en un espectáculo propagandístico puede terminar reduciendo una compleja política de seguridad a videos intimidatorios, consignas y demostraciones de autoridad.

    Combatir el crimen organizado desde las cárceles es una obligación del Estado, pero hacerlo con seriedad exige inteligencia, control penitenciario, investigación y respeto irrestricto a la ley. Gobernar no debería confundirse con posar para las cámaras ni con importar gestos de otros gobiernos para construir una imagen de “mano dura”. Si De la Espriella pretende demostrar que en Colombia manda el Estado, tendrá que demostrarlo también mediante instituciones eficaces y resultados sostenibles, no solamente mediante videos de presos rapados y uniformados.

  • HRW demanda a EUA por atacar a la Corte Penal Internacional

    HRW demanda a EUA por atacar a la Corte Penal Internacional

    Human Rights Watch, junto a otras tres organizaciones, presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump. Su director ejecutivo, Philippe Bolopion, explica por qué decidieron responder por la vía legal.

    El gobierno estadounidense mantiene un ataque directo contra la Corte Penal Internacional. Sus sanciones representan una amenaza real para la existencia misma del tribunal, según Human Rights Watch. Ante ese panorama, la organización decidió no quedarse callada y actuar en los tribunales.

    Philippe Bolopion, director ejecutivo de HRW, encabeza esta respuesta legal. Junto con el American Friends Service Committee, el Center for Constitutional Rights y el Open Society Institute, presentaron una demanda formal. El objetivo es claro: derribar las sanciones que consideran ilegales.

    La demanda se presentó el 11 de agosto en un tribunal federal del distrito sur de Nueva York. Impugna directamente la orden ejecutiva 14,203, firmada por el presidente Donald Trump el 6 de febrero de 2025. Ese decreto autorizó sanciones contra fiscales, jueces y colaboradores de la CPI.

    Las medidas también alcanzaron a un experto en derechos humanos de la ONU. Además, golpearon a tres organizaciones palestinas dedicadas a la defensa de derechos humanos. Para las organizaciones demandantes, este régimen de sanciones frena el acceso a la justicia de víctimas de crímenes graves en todo el mundo.

    Según los denunciantes, las sanciones violan derechos constitucionales fundamentales. Entre ellos están la libertad de expresión, de asociación y de religión. Asimismo, argumentan que la medida contradice tanto la ley estadounidense como las obligaciones internacionales del país.

    La demanda también cuestiona los límites del poder presidencial en este caso. Sostiene que Trump basó su decisión en una supuesta emergencia nacional sin fundamento real. Andrew Loewenstein, abogado principal del caso en Foley Hoag LLP, calificó la unión de tantas organizaciones como una muestra clara del daño causado.

    El contexto detrás de esta batalla legal tiene un antecedente reciente y contundente. Tres semanas antes de la demanda, el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió desmantelar la CPI “ladrillo por ladrillo”. Para Bolopion, esa frase amenaza un pilar clave de la justicia internacional.

    Liz Evenson, otra voz dentro de HRW, fue igual de directa en su señalamiento. Aseguró que estas sanciones socavan el Estado de derecho del que depende la protección de los derechos humanos globales. La demanda incluye como acusados al Departamento de Estado, al propio Rubio, a Trump y al Departamento del Tesoro.

    También aparecen como codemandados la Oficina de Control de Activos Extranjeros y su director, Bradley Smith. Se suman el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el Departamento de Justicia con su fiscal general, Todd Blanche. La lista de responsables refleja el alcance institucional de la ofensiva.

    Bolopion asumió la dirección de HRW en diciembre pasado, en un momento particularmente difícil para el orden internacional. Él mismo ha reconocido que antes fue un entusiasta del crecimiento de la CPI. Hoy lamenta que ese tribunal enfrente sanciones del propio país que ayudó a construir el sistema basado en reglas.

    Pese al panorama adverso, el director de HRW insiste en no rendirse ante la presión. Cita con frecuencia una frase de Martin Luther King Jr. sobre el largo camino de la historia hacia la justicia. Con esta demanda, su organización decidió no esperar y actuar ahora.

  • Gaza: general israelí llama “victoria” a matar a 70.000 personas y ocupar el 65% del territorio

    Gaza: general israelí llama “victoria” a matar a 70.000 personas y ocupar el 65% del territorio

    Un video que circula en redes sociales muestra al mayor general israelí Tamir Yadai calificando de “victoria” la ofensiva militar en Gaza, que según cifras de salud del enclave dejó más de 70 mil muertos.

    El mayor general Tamir Yadai apareció en un video difundido en redes sociales donde resume los resultados de la ofensiva israelí en Gaza con una sola palabra: victoria. “No sé cómo describir todo lo que hicimos, excepto con la palabra victoria”, dice el militar frente a un grupo de soldados armados.

    Según la cita que acompaña al video, Yadai enumeró los logros de la campaña: control del 65% del territorio de Gaza, más de 70 mil palestinos muertos, la mayoría de la población desplazada hacia las playas por segundo verano consecutivo, y la mayor cantidad de tropas ocupando el enclave desde el inicio del conflicto.

    Las cifras de víctimas mortales coinciden con los reportes de las autoridades de salud de Gaza, que documentan más de 70 mil muertos (incluidos más de 20 mil niños a los que llama terroristas) desde el inicio de la guerra, cifra que organismos internacionales y estudios científicos consideran probablemente subestimada. Entre las víctimas, decenas de miles son menores de edad, según los mismos registros.

    La declaración generó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes la compararon con discursos de perpetradores de genocidios históricos. Varios señalaron que, a diferencia de otros episodios de exterminio masivo en la historia, este caso se caracteriza por el reconocimiento público y hasta orgulloso de los responsables militares.

    El comentario de Yadai se suma a una serie de declaraciones de funcionarios y mandos israelíes que han generado controversia internacional. Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos han calificado la situación en Gaza como genocidio, una acusación que Israel rechaza sistemáticamente.

  • SRE realiza demandas vía penal y civil por mexicanos muertos por  ICE en EUA

    SRE realiza demandas vía penal y civil por mexicanos muertos por ICE en EUA

    El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, confirmó que suman 17 mexicanos que han fallecido durante operativos o bajo custodia del ICE. 

    El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, detalló que se han presentado 20 denuncias, de las cuales 8 fueron ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito en Estados Unidos. Los fallecimientos ocurrieron en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas, donde se presentaron las respectivas denuncias.

    Roberto Velasco señaló que se han brindado apoyos económicos por 24 mil 788 dólares, destinados principalmente a la repatriación de los restos de las personas fallecidas, tema que consideró de gran importancia para los familiares.

    El canciller indicó que se han recibido respuestas de varios fiscales generales, aunque algunas solo confirman haber recibido las denuncias presentadas.

    Este anuncio es parte de la estrategia jurídica más amplia del gobierno mexicano, que incluye presentar denuncias penales ante instancias estadounidenses, iniciar acciones civiles contra las empresas privadas que operan los centros de detención, solicitar la intervención de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

  • Keiko Fujimori abraza el modelo de Bukele y apuesta por la “mano dura” en Perú

    Keiko Fujimori abraza el modelo de Bukele y apuesta por la “mano dura” en Perú

    La presidenta peruana promete “mucha firmeza” contra la delincuencia y toma como referencia a Nayib Bukele.

    A pocos días de iniciar su gobierno, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que seguirá el ejemplo de Nayib Bukele para enfrentar la delincuencia y recuperar el orden. Durante una transmisión en redes sociales, respondió a una ciudadana que le pidió seguir los pasos del mandatario salvadoreño: “Sí, mucha firmeza para recuperar el orden”. Con ello, Fujimori deja claro que pretende apostar por una estrategia de “mano dura” como una de las principales respuestas a la inseguridad.

    El problema es que el llamado modelo Bukele no se limita a combatir a las pandillas. Su estrategia en El Salvador está marcada por el régimen de excepción, detenciones masivas y una fuerte concentración del poder en materia de seguridad. Organizaciones de derechos humanos y críticos del gobierno salvadoreño han advertido sobre detenciones arbitrarias, afectaciones al debido proceso y abusos cometidos durante la aplicación de estas medidas. Por eso, presentar el esquema simplemente como una fórmula de “firmeza” oculta los costos que puede tener.

    Fujimori incluso planteó durante su campaña retomar el control de las fronteras y las cárceles y construir una megacárcel para internos considerados de alta peligrosidad, inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. La apuesta refleja una visión de seguridad centrada principalmente en encerrar y endurecer las penas, mientras quedan en segundo plano la prevención del delito, la investigación criminal, el fortalecimiento de las instituciones y las causas sociales de la violencia.

    Así, Keiko Fujimori parece encontrar en Bukele no solo un referente de seguridad, sino también un modelo político que privilegia la imagen de autoridad y el discurso de “orden” por encima del debate sobre los límites del poder. El reto para Perú será evitar que la desesperación legítima de la población por la inseguridad sea utilizada para justificar medidas que debiliten derechos y controles democráticos.

  • EUA admite: bombardear lanchas no frena la cocaína

    EUA admite: bombardear lanchas no frena la cocaína

    Una evaluación interna de la DEA, revelada por The Washington Post, confirma que 67 ataques y 221 muertos no cambiaron ni el precio ni la disponibilidad de la droga en territorio estadounidense.

    La Administración para el Control de Drogas reconoció, en un informe que aún no se hace público, que su ofensiva militar en el Caribe y el Pacífico oriental fracasó en su objetivo principal. El documento, filtrado a The Washington Post este lunes, muestra que los bombardeos contra embarcaciones no redujeron el flujo de cocaína hacia Estados Unidos.

    La operación, llamada Lanza del Sur, arrancó en septiembre de 2025. Desde entonces suma 67 ataques y 221 personas muertas. Pese a ese saldo, el suministro de droga se mantuvo intacto, según las propias cifras de la DEA.

    Funcionarios del Pentágono confirmaron la misma conclusión ante legisladores durante una reunión reservada. El precio del kilogramo en Florida bajó hasta ubicarse entre 13 mil y 15 mil dólares. Esa caída revela que la droga sigue llegando sin dificultad.

    Oferta, precio y pureza son las tres variables que Washington usa para medir el éxito de cualquier estrategia antidrogas. Ninguna se movió en la dirección que prometió la Casa Blanca. Donald Trump había asegurado en varias ocasiones que su ofensiva golpeó con fuerza al narcotráfico marítimo.

    Las rutas se trasladaron al aire

    Los grupos criminales cambiaron de método ante la presión naval. Las lanchas rápidas prácticamente desaparecieron de aguas internacionales. En su lugar, los cargamentos ahora viajan en embarcaciones más grandes que navegan pegadas a la costa, donde el riesgo de un ataque baja.

    Al mismo tiempo, creció el uso de aviones que despegan desde pistas clandestinas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Estos vuelos avanzan hacia el este, sobrevuelan Guyana y Surinam, y evitan así el despliegue naval estadounidense.

    Un funcionario de la DEA, que pidió mantener su nombre en reserva, explicó la lógica del fenómeno al periódico. Comparó la situación con un globo: cuando se aprieta por un lado, el aire se desplaza hacia el otro. Las redes criminales, agregó, detectan los puntos débiles y los explotan de inmediato.

    El Pentágono defiende la estrategia

    El vocero del Pentágono, Sean Parnell, insistió en que Lanza del Sur cumple su función. Argumentó que las organizaciones criminales llevan décadas ajustando sus tácticas frente a cualquier presión externa. Definió el impacto de la campaña como una “fricción sistémica” sobre el narcotráfico.

    La ofensiva también sirvió para presionar a Nicolás Maduro. Fuerzas estadounidenses lo detuvieron en Caracas y lo trasladaron a un centro de reclusión en Nueva York a comienzos de enero. Seis meses después de esa captura, los ataques contra embarcaciones continúan sin pausa.

    Naciones Unidas denuncia ejecuciones extrajudiciales

    Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos calificaron los bombardeos como ejecuciones extrajudiciales. Entre las víctimas hay pescadores y contrabandistas de combustible. Washington nunca presentó ante un tribunal pruebas de que esas tripulaciones cometieran delitos.

    Human Rights Watch alertó la semana pasada a los gobiernos latinoamericanos sobre las graves consecuencias de sumarse a este tipo de operativos. La organización recordó que eliminar las garantías judiciales no reduce al crimen organizado.

    Esa advertencia llega justo cuando la estructura militar liderada por Estados Unidos sigue creciendo. El 7 de marzo, en el complejo Trump National Doral de Miami, el mandatario reunió a 12 jefes de Estado de la región. Ahí firmaron la Carta de Doral y crearon la Coalición de las Américas contra los Cárteles. Representantes de 17 países se sumaron con el compromiso de usar fuerza militar letal contra el narcotráfico. México no forma parte del bloque.

    Trinidad y Tobago, ubicado a pocos kilómetros de la costa venezolana, albergó maniobras de la Marina estadounidense. En Puerto Rico volvió a funcionar parte del aeropuerto de Roosevelt Roads, cerrado desde 2004. El jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, viajó a Ecuador el 14 de julio para coordinar la cooperación contra el narcotráfico.

    Colombia se unirá a la coalición el 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia. Su antecesor, Gustavo Petro, había denunciado en marzo un ataque estadounidense en territorio colombiano y exigió respeto a la soberanía nacional.

  • De mal en peor: Natalia Torres afirma que Claudia Sheinbaum “no tiene derechos humanos”

    De mal en peor: Natalia Torres afirma que Claudia Sheinbaum “no tiene derechos humanos”

    La declaración de Natalia Torres provocó una ola de críticas por cuestionar los derechos fundamentales de la Presidenta de México, en medio de la controversia por sus vínculos con el PAN.

    La abogada e influencer Natalia Torres volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum “no tiene derechos humanos” por el simple hecho de ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo. La declaración, difundida en redes sociales, generó una fuerte reacción entre usuarios, quienes señalaron que los derechos humanos son universales y aplican para todas las personas, independientemente del cargo que desempeñen.

    Las palabras de Torres cobraron aún mayor relevancia debido a que fueron pronunciadas apenas unas horas antes de que se hicieran públicos sus presuntos nexos con el Partido Acción Nacional (PAN), información que desató un intenso debate en el ámbito político y digital. Desde entonces, la comunicadora ha optado por guardar silencio, sin emitir una postura pública para responder a los señalamientos.

    Diversas voces cuestionaron que desconocer los derechos humanos de cualquier persona representa una postura contraria a los principios básicos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, los cuales establecen que estos derechos corresponden a toda persona sin distinción de cargo, ideología o condición.

    La controversia también alimentó la discusión en redes sociales, donde usuarios recordaron que la crítica política forma parte del debate democrático, pero subrayaron que ello no implica negar derechos fundamentales a servidores públicos o autoridades. En ese contexto, la frase de Natalia Torres fue ampliamente compartida y criticada por distintos perfiles.

    Hasta el momento, Natalia Torres no ha ofrecido una explicación sobre sus declaraciones ni ha respondido públicamente a los cuestionamientos relacionados con sus presuntos vínculos con el PAN, manteniendo un bajo perfil mientras la polémica continúa generando conversación en plataformas digitales.

  • Trans cerraron cerraron Paseo de la Reforma y exigen respuestas a sus demandas

    Trans cerraron cerraron Paseo de la Reforma y exigen respuestas a sus demandas

    Colectivos trans y trabajadoras sexuales cerraron Paseo de la Reforma este jueves. La protesta surgió porque el subsecretario de Derechos Humanos de Segob canceló una reunión pactada.

    Grupos de personas trans, no binarias y trabajadoras sexuales bloquearon este jueves Paseo de la Reforma, a la altura de Insurgentes y Bucareli. Las manifestantes denunciaron que el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina Padilla, incumplió una cita previamente acordada.

    La jornada comenzó frente a las oficinas de Gobernación, en Bucareli. Ahí, las manifestantes se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional. Algunas arrojaron bolsas de basura y quemaron prendas de vestir en el acceso principal del edificio.

    La Guardia Nacional respondió con extintores. Después, usó una manguera para dispersar al grupo. Tras el choque inicial, las protestantes avanzaron hacia Paseo de la Reforma y ahí instalaron los bloqueos viales.

    Los colectivos mantienen un plantón permanente cerca de la Segob desde el 18 de junio pasado. Además, exigen una reunión directa con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. También piden instalar una mesa de trabajo para avanzar en una ley integral trans.

    Esta exigencia tiene un antecedente concreto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2024 una recomendación para impulsar dicha legislación. La Segob asegura que ya cumplió ese pendiente. Los colectivos afirman lo contrario y señalan que no existen avances legislativos reales.

    Las tensiones no son nuevas. A finales de junio, elementos de seguridad desalojaron un plantón similar dentro de las instalaciones de Segob. En ese momento, usaron polvo químico de extintores contra las manifestantes.

    Por ahora, las autoridades federales no han fijado una nueva fecha para el diálogo pendiente. Los colectivos advierten que mantendrán la presión hasta obtener una respuesta formal del gobierno.

  • Ben Gvir presume la política del hambre contra presos palestinos

    Ben Gvir presume la política del hambre contra presos palestinos

    El ministro israelí reconoció que endureció las condiciones carcelarias para debilitar físicamente a los detenidos.

    Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, admitió públicamente que redujo el menú de comida en las prisiones donde permanecen miles de palestinos. El funcionario ultraderechista se jactó de que antes los detenidos entraban delgados y salían con sobrepeso, porque recibían platos como baklava, shawarma y cordero. Ahora, según sus propias palabras, busca revertir esa situación.

    Las declaraciones surgieron durante una audiencia del Tribunal Supremo israelí. El máximo tribunal analizaba entonces una demanda contra el recorte alimentario impuesto a los reclusos palestinos. Organizaciones de derechos humanos calificaron los comentarios de racistas y exigieron una condena internacional inmediata. Advirtieron además que las palabras del ministro revelan una intención declarada de cometer un crimen contra miles de prisioneros. 

    Las cifras respaldan la gravedad del reclamo. Un reporte del portal israelí Walla documentó que al menos 110 palestinos murieron en cárceles israelíes desde que Ben Gvir asumió el cargo, a finales de 2022.En contraste, entre 1967 y 2007 fallecieron 178 detenidos en cuatro décadas. Las muertes se aceleraron año tras año: 32 en 2023, 47 en 2024 y al menos 31 durante 2025.

    La justicia israelí intentó frenar esta política sin éxito. En septiembre pasado, el Tribunal Supremo ordenó mejorar las condiciones carcelarias tras determinar que el Estado incumplía las necesidades nutricionales básicas de los reclusos. Ben Gvir respondió con más rigidez todavía. El ministro insiste en ofrecer únicamente “lo mínimo indispensable” en las cárceles bajo su supervisión.

    El acceso de observadores independientes también quedó bloqueado durante meses. El propio Ben Gvir se negó a autorizar el ingreso de inspectores del Ministerio de Justicia y de la Defensoría Pública, pese a que la lista fue presentada desde diciembre. Además, mantuvo cerrado el paso a representantes del Colegio de Abogados durante tres años seguidos. Finalmente, el 3 de junio, la Corte Suprema israelí anuló la prohibición general que impedía las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja a los prisioneros de seguridad, al considerar que el gobierno nunca presentó una base legal sólida para sostenerla.

    El bloque de derecha intentó revertir ese fallo por la vía legislativa, pero el intento fracasó. Un proyecto impulsado por Ben Gvir para impedir el ingreso de la Cruz Roja a las cárceles cayó en la Knéset por falta de mayoría, con 36 votos a favor y 41 en contra. Organismos palestinos denunciaron torturas, desnutrición y desapariciones dentro de los centros de detención, y pidieron a la ONU investigar el alto número de muertes registradas en el último año.