Etiqueta: Derechos Humanos

  • EUA admite: bombardear lanchas no frena la cocaína

    EUA admite: bombardear lanchas no frena la cocaína

    Una evaluación interna de la DEA, revelada por The Washington Post, confirma que 67 ataques y 221 muertos no cambiaron ni el precio ni la disponibilidad de la droga en territorio estadounidense.

    La Administración para el Control de Drogas reconoció, en un informe que aún no se hace público, que su ofensiva militar en el Caribe y el Pacífico oriental fracasó en su objetivo principal. El documento, filtrado a The Washington Post este lunes, muestra que los bombardeos contra embarcaciones no redujeron el flujo de cocaína hacia Estados Unidos.

    La operación, llamada Lanza del Sur, arrancó en septiembre de 2025. Desde entonces suma 67 ataques y 221 personas muertas. Pese a ese saldo, el suministro de droga se mantuvo intacto, según las propias cifras de la DEA.

    Funcionarios del Pentágono confirmaron la misma conclusión ante legisladores durante una reunión reservada. El precio del kilogramo en Florida bajó hasta ubicarse entre 13 mil y 15 mil dólares. Esa caída revela que la droga sigue llegando sin dificultad.

    Oferta, precio y pureza son las tres variables que Washington usa para medir el éxito de cualquier estrategia antidrogas. Ninguna se movió en la dirección que prometió la Casa Blanca. Donald Trump había asegurado en varias ocasiones que su ofensiva golpeó con fuerza al narcotráfico marítimo.

    Las rutas se trasladaron al aire

    Los grupos criminales cambiaron de método ante la presión naval. Las lanchas rápidas prácticamente desaparecieron de aguas internacionales. En su lugar, los cargamentos ahora viajan en embarcaciones más grandes que navegan pegadas a la costa, donde el riesgo de un ataque baja.

    Al mismo tiempo, creció el uso de aviones que despegan desde pistas clandestinas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Estos vuelos avanzan hacia el este, sobrevuelan Guyana y Surinam, y evitan así el despliegue naval estadounidense.

    Un funcionario de la DEA, que pidió mantener su nombre en reserva, explicó la lógica del fenómeno al periódico. Comparó la situación con un globo: cuando se aprieta por un lado, el aire se desplaza hacia el otro. Las redes criminales, agregó, detectan los puntos débiles y los explotan de inmediato.

    El Pentágono defiende la estrategia

    El vocero del Pentágono, Sean Parnell, insistió en que Lanza del Sur cumple su función. Argumentó que las organizaciones criminales llevan décadas ajustando sus tácticas frente a cualquier presión externa. Definió el impacto de la campaña como una “fricción sistémica” sobre el narcotráfico.

    La ofensiva también sirvió para presionar a Nicolás Maduro. Fuerzas estadounidenses lo detuvieron en Caracas y lo trasladaron a un centro de reclusión en Nueva York a comienzos de enero. Seis meses después de esa captura, los ataques contra embarcaciones continúan sin pausa.

    Naciones Unidas denuncia ejecuciones extrajudiciales

    Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos calificaron los bombardeos como ejecuciones extrajudiciales. Entre las víctimas hay pescadores y contrabandistas de combustible. Washington nunca presentó ante un tribunal pruebas de que esas tripulaciones cometieran delitos.

    Human Rights Watch alertó la semana pasada a los gobiernos latinoamericanos sobre las graves consecuencias de sumarse a este tipo de operativos. La organización recordó que eliminar las garantías judiciales no reduce al crimen organizado.

    Esa advertencia llega justo cuando la estructura militar liderada por Estados Unidos sigue creciendo. El 7 de marzo, en el complejo Trump National Doral de Miami, el mandatario reunió a 12 jefes de Estado de la región. Ahí firmaron la Carta de Doral y crearon la Coalición de las Américas contra los Cárteles. Representantes de 17 países se sumaron con el compromiso de usar fuerza militar letal contra el narcotráfico. México no forma parte del bloque.

    Trinidad y Tobago, ubicado a pocos kilómetros de la costa venezolana, albergó maniobras de la Marina estadounidense. En Puerto Rico volvió a funcionar parte del aeropuerto de Roosevelt Roads, cerrado desde 2004. El jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, viajó a Ecuador el 14 de julio para coordinar la cooperación contra el narcotráfico.

    Colombia se unirá a la coalición el 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia. Su antecesor, Gustavo Petro, había denunciado en marzo un ataque estadounidense en territorio colombiano y exigió respeto a la soberanía nacional.

  • De mal en peor: Natalia Torres afirma que Claudia Sheinbaum “no tiene derechos humanos”

    De mal en peor: Natalia Torres afirma que Claudia Sheinbaum “no tiene derechos humanos”

    La declaración de Natalia Torres provocó una ola de críticas por cuestionar los derechos fundamentales de la Presidenta de México, en medio de la controversia por sus vínculos con el PAN.

    La abogada e influencer Natalia Torres volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum “no tiene derechos humanos” por el simple hecho de ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo. La declaración, difundida en redes sociales, generó una fuerte reacción entre usuarios, quienes señalaron que los derechos humanos son universales y aplican para todas las personas, independientemente del cargo que desempeñen.

    Las palabras de Torres cobraron aún mayor relevancia debido a que fueron pronunciadas apenas unas horas antes de que se hicieran públicos sus presuntos nexos con el Partido Acción Nacional (PAN), información que desató un intenso debate en el ámbito político y digital. Desde entonces, la comunicadora ha optado por guardar silencio, sin emitir una postura pública para responder a los señalamientos.

    Diversas voces cuestionaron que desconocer los derechos humanos de cualquier persona representa una postura contraria a los principios básicos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, los cuales establecen que estos derechos corresponden a toda persona sin distinción de cargo, ideología o condición.

    La controversia también alimentó la discusión en redes sociales, donde usuarios recordaron que la crítica política forma parte del debate democrático, pero subrayaron que ello no implica negar derechos fundamentales a servidores públicos o autoridades. En ese contexto, la frase de Natalia Torres fue ampliamente compartida y criticada por distintos perfiles.

    Hasta el momento, Natalia Torres no ha ofrecido una explicación sobre sus declaraciones ni ha respondido públicamente a los cuestionamientos relacionados con sus presuntos vínculos con el PAN, manteniendo un bajo perfil mientras la polémica continúa generando conversación en plataformas digitales.

  • Trans cerraron cerraron Paseo de la Reforma y exigen respuestas a sus demandas

    Trans cerraron cerraron Paseo de la Reforma y exigen respuestas a sus demandas

    Colectivos trans y trabajadoras sexuales cerraron Paseo de la Reforma este jueves. La protesta surgió porque el subsecretario de Derechos Humanos de Segob canceló una reunión pactada.

    Grupos de personas trans, no binarias y trabajadoras sexuales bloquearon este jueves Paseo de la Reforma, a la altura de Insurgentes y Bucareli. Las manifestantes denunciaron que el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina Padilla, incumplió una cita previamente acordada.

    La jornada comenzó frente a las oficinas de Gobernación, en Bucareli. Ahí, las manifestantes se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional. Algunas arrojaron bolsas de basura y quemaron prendas de vestir en el acceso principal del edificio.

    La Guardia Nacional respondió con extintores. Después, usó una manguera para dispersar al grupo. Tras el choque inicial, las protestantes avanzaron hacia Paseo de la Reforma y ahí instalaron los bloqueos viales.

    Los colectivos mantienen un plantón permanente cerca de la Segob desde el 18 de junio pasado. Además, exigen una reunión directa con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. También piden instalar una mesa de trabajo para avanzar en una ley integral trans.

    Esta exigencia tiene un antecedente concreto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2024 una recomendación para impulsar dicha legislación. La Segob asegura que ya cumplió ese pendiente. Los colectivos afirman lo contrario y señalan que no existen avances legislativos reales.

    Las tensiones no son nuevas. A finales de junio, elementos de seguridad desalojaron un plantón similar dentro de las instalaciones de Segob. En ese momento, usaron polvo químico de extintores contra las manifestantes.

    Por ahora, las autoridades federales no han fijado una nueva fecha para el diálogo pendiente. Los colectivos advierten que mantendrán la presión hasta obtener una respuesta formal del gobierno.

  • Ben Gvir presume la política del hambre contra presos palestinos

    Ben Gvir presume la política del hambre contra presos palestinos

    El ministro israelí reconoció que endureció las condiciones carcelarias para debilitar físicamente a los detenidos.

    Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, admitió públicamente que redujo el menú de comida en las prisiones donde permanecen miles de palestinos. El funcionario ultraderechista se jactó de que antes los detenidos entraban delgados y salían con sobrepeso, porque recibían platos como baklava, shawarma y cordero. Ahora, según sus propias palabras, busca revertir esa situación.

    Las declaraciones surgieron durante una audiencia del Tribunal Supremo israelí. El máximo tribunal analizaba entonces una demanda contra el recorte alimentario impuesto a los reclusos palestinos. Organizaciones de derechos humanos calificaron los comentarios de racistas y exigieron una condena internacional inmediata. Advirtieron además que las palabras del ministro revelan una intención declarada de cometer un crimen contra miles de prisioneros. 

    Las cifras respaldan la gravedad del reclamo. Un reporte del portal israelí Walla documentó que al menos 110 palestinos murieron en cárceles israelíes desde que Ben Gvir asumió el cargo, a finales de 2022.En contraste, entre 1967 y 2007 fallecieron 178 detenidos en cuatro décadas. Las muertes se aceleraron año tras año: 32 en 2023, 47 en 2024 y al menos 31 durante 2025.

    La justicia israelí intentó frenar esta política sin éxito. En septiembre pasado, el Tribunal Supremo ordenó mejorar las condiciones carcelarias tras determinar que el Estado incumplía las necesidades nutricionales básicas de los reclusos. Ben Gvir respondió con más rigidez todavía. El ministro insiste en ofrecer únicamente “lo mínimo indispensable” en las cárceles bajo su supervisión.

    El acceso de observadores independientes también quedó bloqueado durante meses. El propio Ben Gvir se negó a autorizar el ingreso de inspectores del Ministerio de Justicia y de la Defensoría Pública, pese a que la lista fue presentada desde diciembre. Además, mantuvo cerrado el paso a representantes del Colegio de Abogados durante tres años seguidos. Finalmente, el 3 de junio, la Corte Suprema israelí anuló la prohibición general que impedía las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja a los prisioneros de seguridad, al considerar que el gobierno nunca presentó una base legal sólida para sostenerla.

    El bloque de derecha intentó revertir ese fallo por la vía legislativa, pero el intento fracasó. Un proyecto impulsado por Ben Gvir para impedir el ingreso de la Cruz Roja a las cárceles cayó en la Knéset por falta de mayoría, con 36 votos a favor y 41 en contra. Organismos palestinos denunciaron torturas, desnutrición y desapariciones dentro de los centros de detención, y pidieron a la ONU investigar el alto número de muertes registradas en el último año.

  • La Corte ordena a jueces vigilar la usura en créditos

    La Corte ordena a jueces vigilar la usura en créditos

    Los ministros de la SCJN resolvieron dos amparos y establecieron que cualquier juez del país debe revisar si las tasas de interés de un préstamo son abusivas, sin importar quién sea el deudor.

    El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión que protege a quienes piden préstamos. A partir de ahora, todos los jueces del país deben revisar si las empresas o instituciones que otorgan créditos cobran tasas de interés abusivas. La medida aplica en cualquier juicio donde se exija el pago de una deuda.

    La resolución surge de dos amparos en revisión que llegaron a la Corte en 2025. En ambos casos, los demandantes argumentaron que los jueces originales y los magistrados de apelación ignoraron las tasas de interés del contrato. Los afectados consideraron que esas tasas eran excesivas y constituían usura.

    Los ministros concluyeron que la usura viola los derechos humanos. Así lo establece el artículo 21.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe cualquier forma de explotación de una persona sobre otra. Bajo ese criterio, cobrar intereses desproporcionados entra en esa categoría.

    Por ello, la SCJN revocó las sentencias dictadas en ambos casos. Ahora, los jueces y magistrados correspondientes deberán hacer un análisis exhaustivo de las tasas de interés, siguiendo los proyectos presentados por la ministra Sara Irene Herrerías. Esta obligación aplica incluso cuando el deudor es una empresa y no una persona física.

    El ministro Hugo Aguilar fue quien advirtió, de manera preliminar, que los casos tenían un fondo constitucional y un interés excepcional en materia de derechos humanos. Esa valoración fue la que derivó en que los amparos se turnaran al pleno para su análisis y resolución.

  • SCJN avala que comunidades indígenas se gobiernen con sus propias reglas

    SCJN avala que comunidades indígenas se gobiernen con sus propias reglas

    La Suprema Corte respaldó el derecho de los pueblos originarios a sancionar a sus integrantes y recuperar tierras comunales conforme a sus tradiciones.

    El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso firme en favor de los pueblos indígenas. Este lunes ratificó su derecho a organizarse, resolver conflictos y aplicar sanciones según sus propias normas y tradiciones.

    El caso surgió en San Juan Atepec, Oaxaca. Ahí, una asamblea de la comunidad zapoteca sancionó a uno de sus integrantes por incumplir obligaciones colectivas y generar gastos y conflictos a la comunidad. La decisión incluyó recuperar un predio comunal y demoler la vivienda levantada en ese terreno para convertir el espacio en una escuela de música.

    Años después, una sala especializada en justicia indígena de Oaxaca reconoció la validez de esa sanción. Aun así, ordenó también una compensación económica para el afectado, con el fin de proteger sus derechos patrimoniales.

    El asunto llegó por primera vez a la Corte, que avaló la medida comunitaria por considerarla compatible con la Constitución. En ese momento, los ministros señalaron que las decisiones de las asambleas indígenas deben respetar los derechos humanos. Por esa razón, ordenaron que la compensación fuera suficiente para garantizar al afectado una vivienda digna.

    El caso regresó al tribunal porque una de las partes impugnó la nueva sentencia. Alegó que el fallo no cumplió correctamente con lo ordenado por la Corte. Este lunes, el pleno cerró el debate y determinó que no hubo error en el cumplimiento.

    La SCJN mantuvo la validez de la sanción comunitaria y ordenó revisar únicamente el monto de la compensación. El objetivo es asegurar que el afectado cuente con recursos suficientes para construir una vivienda con condiciones básicas: techo, agua, electricidad, drenaje, ventilación y espacio para vivir con dignidad.

  • La justicia por la Guardería ABC no prescribe: FGR seguirá el proceso

    La justicia por la Guardería ABC no prescribe: FGR seguirá el proceso

    La Suprema Corte determinó que el caso involucra violaciones graves a derechos humanos, lo que permite continuar con los juicios 17 años después de la tragedia.

    Han pasado 17 años desde que 49 niñas y niños murieron en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Sus familias llevan ese mismo tiempo esperando justicia. Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el proceso penal contra dos exfuncionarios del IMSS continuará adelante.

    La decisión se ancla en un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal determinó que los delitos vinculados con este caso constituyen violaciones graves a los derechos humanos. Por esa razón, la acción penal no puede extinguirse con el paso del tiempo.

    Los dos exservidores públicos del IMSS enfrentan cargos por homicidio culposo y lesiones culposas en la modalidad de comisión por omisión. Es decir, la acusación sostiene que sus omisiones en el cargo contribuyeron a la tragedia del 5 de junio de 2009.

    La ministra Loretta Ortiz Ahlf subrayó que el caso debe analizarse desde una perspectiva de derechos humanos. Para la Corte, no basta con revisar las conductas de los imputados. También importa el daño causado a la vida, la integridad y los derechos de los niños afectados y de sus familias.

    Actualmente, tres personas permanecen en prisión por este caso. Entre ellas están Nohemí López Sánchez, exresponsable del área de guarderías del IMSS en Sonora, y Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la estancia infantil.

    Uno de los exfuncionarios intentó frenar el proceso por la vía legal. Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, promovió un amparo para anular su vinculación a proceso. Su defensa argumentó que el delito había prescrito desde 2019. Un juzgado de distrito rechazó ese argumento. Salazar recurrió la decisión y el caso llegó hasta la Suprema Corte, que terminó por cerrarle esa puerta.

  • Asesinan en Guerrero a Sael Silva Cisneros, investigador de la SCJN y defensor de los derechos humanos

    Asesinan en Guerrero a Sael Silva Cisneros, investigador de la SCJN y defensor de los derechos humanos

    El activista LGBTQI+ había participado horas antes en un seminario sobre disidencias afromexicanas y justicia social en la Costa Chica de Guerrero.

    La noche del viernes fue asesinado Sael Silva Cisneros, investigador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), defensor de los derechos humanos e integrante activo de causas relacionadas con la diversidad sexual y las comunidades afromexicanas. El ataque armado ocurrió en el municipio de Cuajinicuilapa, en la región Costa Chica del estado.

    De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, frente a las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA). Un grupo de personas convivía al exterior de un establecimiento cuando sujetos armados arribaron al lugar y abrieron fuego con armas largas contra quienes se encontraban reunidos.

    Tras la agresión, Sael Silva Cisneros perdió la vida, mientras que otra persona resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Autoridades locales informaron además que algunos asistentes sufrieron lesiones menores derivadas del ataque. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por estos hechos.

    La muerte del investigador generó consternación entre organizaciones civiles, colectivos de la comunidad LGBTQI+ y defensores de derechos humanos, quienes expresaron sus condolencias y reconocieron la trayectoria de Silva Cisneros en la promoción de la inclusión, la igualdad y el reconocimiento de las comunidades históricamente discriminadas. Diversos activistas destacaron su compromiso con las luchas sociales en Guerrero y su participación constante en espacios académicos y comunitarios.

    Horas antes del atentado, Silva Cisneros había participado en un seminario dedicado a las disidencias afromexicanas, la justicia y los derechos humanos, realizado en un teatro de Cuajinicuilapa. Su intervención formó parte de las actividades orientadas a visibilizar las problemáticas que enfrentan diversos sectores de la población en la región.

    La Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha informado sobre avances en las investigaciones ni sobre la apertura formal de una carpeta relacionada con el asesinato. Organizaciones sociales exigieron una investigación pronta, transparente y exhaustiva para esclarecer el crimen y garantizar justicia para Sael Silva Cisneros y sus familiares.

  • Congreso de Tlaxcala destituye a alcaldesa de Contla por violar derechos de autoridad comunitaria

    Congreso de Tlaxcala destituye a alcaldesa de Contla por violar derechos de autoridad comunitaria

    La sanción incluye una inhabilitación de tres años para la alcaldesa, el síndico y siete integrantes del cabildo, aunque su aplicación permanece suspendida por recursos legales en curso.

    El Congreso de Tlaxcala aprobó la destitución de la presidenta municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, así como del síndico y siete integrantes del cabildo, tras determinar que incurrieron en violaciones a la legalidad al suspender de manera indebida a una autoridad comunitaria electa por voto popular.

    La resolución fue avalada por mayoría con 19 votos a favor y tres en contra, e incluye una inhabilitación por tres años para ocupar cargos públicos. Entre los sancionados se encuentran seis regidoras y un regidor que participaron en la decisión de separar de sus funciones al presidente de comunidad de la Segunda Sección, Alejandro Flores Xelhuantzi.

    De acuerdo con el dictamen aprobado por el Poder Legislativo estatal, los integrantes del ayuntamiento actuaron sin facultades legales al ordenar la suspensión del representante comunitario mediante un acuerdo aprobado el 1 de agosto de 2025. La denuncia presentada por Flores Xelhuantzi señaló que dicha medida vulneró sus derechos político-electorales y le impidió ejercer el cargo para el que fue elegido por la ciudadanía.

    Los diputados concluyeron que ninguna norma constitucional o legal otorga a un cabildo la facultad de suspender a una autoridad auxiliar electa mediante voto popular, por lo que la actuación de la alcaldesa y los regidores representó una transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución.

    El expediente también documentó acciones como el cambio de chapas de las instalaciones de la presidencia de comunidad y la restricción de acceso a espacios públicos, medidas que obstaculizaron el desempeño de las funciones del representante comunitario. Para el Congreso, estos actos constituyeron una extralimitación de funciones e invasión de competencias reservadas a otras autoridades.

    Sin embargo, la destitución y la inhabilitación aún no podrán ejecutarse. Los efectos de la resolución quedaron suspendidos debido a una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a un juicio de amparo promovido por los funcionarios sancionados. Mientras dichos recursos se resuelven, la alcaldesa y los integrantes del cabildo podrán continuar en funciones.

  • La Marcha del Orgullo llega al Zócalo, con o sin Mundial

    La Marcha del Orgullo llega al Zócalo, con o sin Mundial

    El 27 de junio, miles de personas recorrerán la ruta tradicional desde el Ángel hasta el Zócalo. El Mundial no cambia los planes ni el derecho a ocupar las calles.

    El Zócalo tiene dueños el 27 de junio. Ese día, la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ llegará a la Plaza de la Constitución, aunque el Fan Fest del Mundial 2026 ya instaló sus estructuras ahí. Las organizaciones convocantes fueron claras: el torneo no les cede el paso ni les cambia la ruta.

    La marcha arrancará, como cada año, desde el Ángel de la Independencia. El Comité IncluyeT, uno de los principales organizadores, explicó que esa ruta tiene historia y que recorrerla es también un acto político. Este año el lema lo dice todo: “Ante los ojos del mundo, mi lucha es tu lucha: igualdad, paz y solidaridad”.

    La elección de esas palabras no es casual. Mario Bustamante, coordinador general del Comité IncluyeT, señaló que la marcha girará en torno a tres ejes: atender las desigualdades con una mirada amplia e interseccional, construir entornos libres de violencia y defender los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género.

    Entre los momentos más esperados regresa el Tramo del Silencio. Ese espacio recuerda a quienes perdieron la vida o desaparecieron por su orientación sexual o identidad de género. Es un alto en el camino para nombrar a los que ya no están.

    El Mundial aparece en la conversación, aunque no como celebración. Voceros del Comité IncluyeT advirtieron que la Copa del Mundo trae oportunidades económicas, pero también riesgos reales: desplazamientos, rentas más caras y mayor exclusión para quienes ya viven en los márgenes. Iván Lara, Guz Guevara, Alejandra Bogue y José Antonio Matus coincidieron en ese punto durante la conferencia de prensa.

    Para los organizadores, la mirada internacional que pone el Mundial en la Ciudad de México es, además, una razón más para marchar. Si el mundo observa, mejor que vea también las deudas pendientes. “Nuestras luchas son transversales y nos impactan a todas las personas”, concluyeron.