Francia aprobó la ley que permite la muerte asistida para pacientes con enfermedades graves e irreversibles, aunque el texto aún será revisado por el Consejo Constitucional. La iniciativa, impulsada por Emmanuel Macron, ha reavivado el debate ético y político sobre el derecho a una muerte digna.
Francia aprobó de manera definitiva la ley que reconoce el derecho a la muerte asistida, tras recibir el respaldo de la Asamblea Nacional con 291 votos a favor y 241 en contra. La legislación regula tanto la eutanasia como el suicidio asistido para personas con enfermedades graves e incurables que atraviesen un proceso irreversible y sufran intensamente. La iniciativa fue impulsada por el presidente Emmanuel Macron como parte de su agenda de reformas sociales.
El proyecto superó un largo proceso legislativo que comenzó en 2025. Aunque la Cámara Baja lo aprobó en varias ocasiones, el Senado, de mayoría conservadora, lo rechazó previamente. Con la tercera lectura favorable, la Asamblea Nacional logró sacar adelante el texto, aunque el Gobierno decidió remitirlo al Consejo Constitucional para revisar algunos aspectos, entre ellos el plazo de reflexión de dos días previsto para los pacientes.
La norma establece que la ayuda para morir deberá ser realizada, en principio, por el propio paciente y solo de forma excepcional por un médico o un enfermero. Además, limita el acceso a mayores de edad con nacionalidad francesa o residencia en el país que padezcan enfermedades graves e incurables, con un pronóstico vital comprometido en fase avanzada o terminal y un deterioro irreversible de su salud y calidad de vida.
La aprobación ha generado un intenso debate en Francia. Mientras sus defensores la consideran un avance en materia de autonomía y derechos individuales, la Iglesia católica francesa calificó la decisión como una “ruptura grave” en la historia del país y advirtió que podría transformar la manera en que la sociedad entiende la vulnerabilidad, la vejez, la discapacidad y la enfermedad. Ahora será el Consejo Constitucional el encargado de determinar si el texto se ajusta plenamente a la Constitución antes de su entrada en vigor.
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