La investigación sostiene que tres agentes aduanales facilitaron el ingreso ilegal de gasolina y diésel al país mediante documentos falsificados y mercancías declaradas como sustancias distintas.
La Fiscalía General de la República (FGR) fortaleció la investigación contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel al señalar que tres agentes aduanales, actualmente detenidos, fueron fundamentales para operar la presunta red de huachicol fiscal que introducía hidrocarburos de forma ilegal a México. Según la indagatoria, los implicados utilizaron pedimentos de importación con información falsa para ocultar el ingreso de gasolina y diésel provenientes de Estados Unidos.
De acuerdo con la causa penal, los agentes aduanales eran los responsables de realizar los trámites necesarios para que mercancía excedente o declarada como otras sustancias cruzara la frontera sin ser detectada por las autoridades. La FGR sostiene que, sin su participación, la operación del presunto esquema de contrabando no habría sido posible.
Entre los señalados se encuentra Víctor José Carretero Zardeneta, quien presuntamente gestionó la importación de carrotanques que fueron declarados como cloruro de calcio, pero que en realidad transportaban diésel y gasolina, según dictámenes periciales. Asimismo, la investigación identifica a Juan Hermilo Chávez Rodríguez, mandatario de la empresa Ingemar, como responsable de intervenir en la importación de 161 carrotanques, en los que habría ingresado al país un volumen de hidrocarburos superior al declarado. También figura Luis Antonio Barrientos Juárez, señalado por participar en diversos trámites relacionados con la operación.
La Fiscalía afirma que los agentes aduanales utilizaron sus firmas electrónicas para validar pedimentos con datos presuntamente falsos, certificando bajo protesta de decir verdad información que, según las investigaciones, era incorrecta. Con ello, habrían facilitado la evasión de impuestos, el ingreso ilegal de combustibles y la operación de una presunta organización delictiva dedicada al contrabando de hidrocarburos.
Las pesquisas también revelan que, una vez internados al país, los combustibles eran distribuidos mediante una red de empresas que presuntamente simulaban operaciones comerciales para dar apariencia de legalidad a los petrolíferos. La FGR considera que este esquema permitió ocultar el origen ilícito del combustible y fortalecer una estructura dedicada al huachicol fiscal, por la que Ernesto Ruffo Appel enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
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