Ángel Aguirre enfrentará prisión preventiva por caso Ayotzinapa; juez rechaza arresto domiciliario

La FGR acusa al exgobernador de Guerrero de obstrucción de la justicia y desaparición forzada por presuntamente ordenar ocultar y destruir evidencias sobre los 43 normalistas.

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, permanecerá en prisión preventiva oficiosa luego de que un juez federal determinara que existe riesgo de fuga y rechazara la solicitud de su defensa para que continuara el proceso bajo reclusión domiciliaria. El político enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por obstrucción de la justicia y desaparición forzada, delitos que podrían representar una pena de hasta 70 años de prisión.

Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, el Ministerio Público presentó testimonios que vinculan al exmandatario con el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con la FGR, dos exfuncionarias del Poder Judicial de Guerrero declararon que Aguirre recibió un disco con videos de la agresión contra los normalistas, en los que presuntamente se observa a policías de Iguala y civiles obligando a estudiantes a descender del autobús 1531. Según sus testimonios, el material fue entregado posteriormente al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, para que se hiciera cargo.

Las testigos también señalaron que el 30 de septiembre de 2014, Aguirre habría reunido a colaboradores cercanos y ordenado destruir evidencias relacionadas con los hechos. La Fiscalía sostuvo que estas acciones habrían obstaculizado el esclarecimiento del paradero de los estudiantes y afirmó que existen elementos para acreditar la participación del exgobernador y otros funcionarios de alto nivel.

Aguirre, quien acudió a la audiencia en silla de ruedas y reportó complicaciones de hipertensión, pidió que se considerara su edad y estado de salud para permanecer en su domicilio. El juez rechazó la petición. Al tomar la palabra, el exgobernador lamentó lo ocurrido con los normalistas y sostuvo que siempre colaboró con las investigaciones. “Tengo mi conciencia tranquila y en paz”, afirmó, al asegurar que demostrará a su familia que no tuvo relación con los hechos.

Comentarios

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *