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Etiqueta: Ayotzinapa

  • Caso Ayotzinapa: FGR analiza más de 20 bolsas con restos y un crematorio clandestino

    Caso Ayotzinapa: FGR analiza más de 20 bolsas con restos y un crematorio clandestino

    Nuevas líneas de investigación apuntan a indicios que fueron ignorados durante años y que ahora son sometidos a estudios forenses para determinar si pueden aportar información sobre los 43 normalistas desaparecidos.

    A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la investigación apunta a nuevos elementos localizados en Guerrero. La Fiscalía General de la República (FGR) analiza más de una veintena de bolsas con restos humanos, conocidas como “petrosas” por haber sido expuestas a altas temperaturas, halladas en el basurero de Cocula, el río San Joaquín y distintos puntos de Iguala.

    Parte de los restos fue localizada dentro y alrededor de la funeraria El Ángel, inmueble que ahora cobra relevancia en las nuevas pesquisas. Los fragmentos permanecieron durante años sin ser analizados a profundidad y actualmente son sometidos a estudios forenses y de laboratorio para determinar su origen e identidad. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que correspondan a alguno de los 43 estudiantes.

    Otro elemento bajo revisión es un crematorio clandestino que operaba en instalaciones vinculadas con la funeraria. El establecimiento tenía desde 2011 la concesión del Servicio Médico Forense de Iguala y contaba con tres hornos crematorios, uno de ellos sin registro oficial. Investigadores buscan establecer qué ocurrió con los restos localizados y si existen más indicios enterrados en el inmueble.

    La revisión de estos elementos también plantea interrogantes sobre omisiones en las investigaciones realizadas desde 2014. De acuerdo con la información difundida, algunas de las bolsas estuvieron a disposición de autoridades y expertos que participaron en las primeras indagatorias, pero no fueron consideradas pruebas relevantes. La FGR busca ahora determinar por qué esos indicios no fueron estudiados con mayor profundidad.

    Las nuevas líneas también revisan posibles vínculos políticos y responsabilidades en Guerrero durante el periodo en que ocurrieron los hechos. Entre los nombres señalados en las pesquisas se encuentran el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, mientras las autoridades analizan declaraciones y elementos que pudieron haber sido ignorados previamente.

    A casi 12 años de la noche de Iguala, la investigación continúa abierta. Los nuevos análisis podrían aportar información para reconstruir lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, aunque todavía no existen resultados científicos que confirmen que los restos pertenecen a los normalistas.

    Con información de Miguel Ángel Velázquez para La Jornada.

  • Fallece padre de normalista de Ayotzinapa tras casi 12 años sin conocer su paradero

    Fallece padre de normalista de Ayotzinapa tras casi 12 años sin conocer su paradero

    El deceso de Francisco Rodríguez Morales se suma al de otros familiares de los 43 estudiantes que han muerto sin obtener respuestas sobre el destino de sus hijos.

    La madrugada del 21 de agosto falleció Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos tras los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

    El deceso ocurrió en Omeapa, comunidad de Tixtla, ubicada a unos 15 minutos de la cabecera municipal y de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Felipe de la Cruz Sandoval, exvocero del colectivo Nos Faltan 43, confirmó la muerte y señaló que la noticia tomó por sorpresa a los familiares, pues no se tenía conocimiento de que Rodríguez Morales enfrentara alguna complicación de salud.

    De acuerdo con De la Cruz, los servicios funerarios se realizarán en Omeapa, comunidad de la que era originario y donde residía. El padre de Everardo Rodríguez Bello formaba parte de las familias que, durante casi 12 años, han mantenido la exigencia de conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos.

    La muerte de Francisco Rodríguez Morales representa otra pérdida para las familias de Ayotzinapa, pues falleció sin obtener información sobre el destino de su hijo. Además, era esposo de Minerva Bello, madre de otro de los normalistas desaparecidos y cuyo nombre fue retomado para una organización de derechos humanos que acompaña a las víctimas.

    Felipe de la Cruz lamentó que otro padre muera sin conocer el paradero de su hijo y recordó que los hechos de Iguala involucraron a integrantes del crimen organizado, particularmente Guerreros Unidos, así como a policías municipales. Hasta el momento, no se había emitido un comunicado oficial del colectivo Nos Faltan 43 ni del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Las familias mantienen prevista una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para el próximo 24 de septiembre.

  • Padres de los 43 exigen que Ángel Aguirre permanezca en prisión toda su vida

    Padres de los 43 exigen que Ángel Aguirre permanezca en prisión toda su vida

    Familiares de los normalistas desaparecidos pidieron a la FGR y al juez no permitir que el exgobernador de Guerrero quede en libertad mientras continúa la investigación por el caso Ayotzinapa.

    A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, madres y padres de los normalistas exigieron que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, permanezca en prisión y responda por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

    Durante un mitin realizado en el antimonumento a los 43 en Guerrero, familiares de los estudiantes, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y colectivos de personas desaparecidas reclamaron que Aguirre no sea liberado y exigieron que revele lo que sabe sobre el paradero de los jóvenes.

    El vocero de los padres, Melitón Ortega, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) aplicar la ley y entregar resultados a las familias. Señaló que el caso permanece marcado por la impunidad y recordó que los familiares han exigido durante años que se investigue al exmandatario por su posible conocimiento de lo ocurrido.

    “Esperemos que esté en la cárcel, que diga la verdad y pague por el dolor y la desesperación que han sufrido los padres”, señalaron los familiares durante la protesta, al reclamar avances concretos en el esclarecimiento de la desaparición.

    Los padres también hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que su gobierno impulse las acciones necesarias para esclarecer el caso y localizar a los estudiantes. Cristina Bautista Salvador, madre de uno de los normalistas desaparecidos, sostuvo que Aguirre debe permanecer en prisión y afirmó que, como gobernador, habría tenido conocimiento de lo ocurrido.

    La exigencia ocurre mientras avanza el proceso judicial contra el exgobernador. Para las familias de los 43, la justicia no puede limitarse a detenciones o procesos judiciales: quieren conocer qué ocurrió con sus hijos y quiénes fueron responsables de su desaparición.

  • PRI organizó misas para pedir la liberación de Ángel Aguirre

    PRI organizó misas para pedir la liberación de Ángel Aguirre

    Las ceremonias se realizaron en distintos municipios de Guerrero mientras el exgobernador enfrentaba la audiencia por el caso Ayotzinapa; horas después, un juez lo vinculó a proceso.

    Antes de que Ángel Aguirre Rivero fuera vinculado a proceso, amigos, familiares y simpatizantes del exgobernador de Guerrero organizaron una jornada de misas para pedir por su libertad, mientras permanecía en prisión preventiva por la investigación relacionada con el caso Ayotzinapa.

    Las ceremonias se realizaron el 11 de agosto en Acapulco, Ometepec y San Marcos. En Ometepec, tierra natal del exmandatario, alrededor de 400 personas acudieron a una misa de rogación por su libertad. También se reportaron celebraciones en otros municipios del estado.

    En Acapulco, cerca de 40 personas se congregaron en una parroquia de la colonia Icacos. Aunque el sacerdote no mencionó directamente a Aguirre, pidió oraciones por las personas privadas de la libertad y por su salud. Afuera de la ceremonia, exfuncionarios y antiguos colaboradores defendieron al exgobernador y cuestionaron la investigación en su contra.

    La convocatoria resultó particularmente llamativa porque las misas ocurrieron mientras un juez federal analizaba si había elementos suficientes para procesar a Aguirre por los hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sus simpatizantes apelaron a la fe; la Fiscalía, en cambio, presentó sus pruebas ante el juez.

    Y mientras en Guerrero se pedía por su libertad, el proceso judicial siguió su curso. Posteriormente, Aguirre fue vinculado a proceso y se mantuvo la prisión preventiva en el Altiplano, con cuatro meses para la investigación complementaria. Así terminó la jornada: varias misas para pedir por el exgobernador y una resolución judicial que no llegó precisamente con buenas noticias para él.

  • Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

    Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

    El ex gobernador de Guerrero permanecerá en el penal del Altiplano mientras la FGR investiga su presunta responsabilidad en la destrucción de evidencias del caso Ayotzinapa.

    El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Tras una audiencia de más de 15 horas, un juez federal determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para continuar la investigación en su contra.

    La defensa presentó 31 pruebas para intentar desacreditar las acusaciones, pero el juez consideró que no eran contundentes para descartar la hipótesis de que Aguirre habría ordenado ocultar o destruir evidencias sobre lo ocurrido en Iguala. La acusación de la FGR se sustenta, entre otros elementos, en testimonios que señalan que el entonces gobernador habría recibido material con imágenes de cámaras de seguridad y posteriormente ordenado su destrucción.

    De acuerdo con la investigación, las grabaciones mostraban el traslado de algunos normalistas en autobuses y la participación de personas armadas y policías. La Fiscalía sostiene que ese material podía aportar información clave para reconstruir lo ocurrido la noche de la desaparición. La defensa, en contraste, argumentó que Aguirre se encontraba en Ciudad de México en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando supuestamente recibió el video.

    El juez concedió 120 días para concluir la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán reunir nuevos elementos antes de la etapa de juicio. Aguirre enfrentará el proceso privado de la libertad en el penal federal del Altiplano, aunque su defensa buscará modificar la medida cautelar y solicitar prisión domiciliaria debido a su estado de salud y sus 70 años de edad.

    El caso vuelve a colocar bajo escrutinio a uno de los episodios más graves de la historia reciente de México. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa continúa sin una resolución definitiva y ahora incorpora a un ex gobernador como procesado por desaparición forzada. La responsabilidad penal de Aguirre deberá determinarse durante el proceso judicial.

  • Ángel Aguirre es señalado por testigos de nexos con grupos criminales

    Ángel Aguirre es señalado por testigos de nexos con grupos criminales

    La FGR presentó testimonios que apuntan a presuntas relaciones con organizaciones delictivas y a una supuesta orden para desaparecer evidencias sobre la noche del 26 de septiembre de 2014.

    Durante la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero por desaparición forzada y obstrucción de la justicia, se presentaron testimonios que lo vinculan presuntamente con grupos criminales que operaban en la entidad y con acciones para ocultar evidencias del caso Ayotzinapa.

    De acuerdo con las declaraciones de testigos colaboradores citadas por la FGR, Aguirre habría tenido conocimiento de los vínculos de su sobrino Ernesto Aguirre Gutiérrez con el crimen organizado y habría expresado preocupación por la información que éste conocía sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Una de las declarantes sostuvo que los estudiantes fueron considerados integrantes de un grupo rival de Guerreros Unidos.

    Durante una audiencia de más de siete horas, los fiscales también presentaron la declaración de Sidronio Casarrubias Salgado, identificado como líder de Guerreros Unidos, quien afirmó que la organización habría aportado recursos a la campaña electoral de Aguirre. La FGR también señaló que el exmandatario conocía la presencia de distintos grupos criminales en Guerrero, entre ellos Guerreros Unidos, Los Rojos y La Familia Michoacana.

    Otro de los señalamientos se relaciona con José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala. Según la acusación presentada ante el juez, Aguirre habría conocido sus presuntos vínculos con Guerreros Unidos y, pese a ello, habría pasado por alto sus antecedentes.

    Las declaraciones también apuntan a una posible desaparición de evidencias. Una visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero relató que Aguirre le preguntó por las grabaciones de las cámaras que registraron los hechos ocurridos frente al tribunal y manifestó preocupación porque su sobrino conocía lo sucedido. La FGR sostiene que el exgobernador habría ordenado a su entonces procurador, Iñaki Blanco, y a su sobrino desaparecer las evidencias relacionadas con el ataque.

    Los señalamientos forman parte de la investigación presentada por la FGR y deberán ser valorados durante el proceso judicial. Aguirre Rivero gobernó Guerrero entre 2011 y 2014 y renunció tras la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, uno de los episodios más graves de violencia y desaparición forzada en la historia reciente de México.

  • Ciro sale en defensa de Ángel Aguirre y cuestiona que la FGR “apenas” actúe por Ayotzinapa

    Ciro sale en defensa de Ángel Aguirre y cuestiona que la FGR “apenas” actúe por Ayotzinapa

    El periodista cuestionó la captura del exgobernador y puso en duda el peso de las evidencias, en una postura que vuelve a colocar el caso Ayotzinapa en el terreno de la opinión mediática.

    Ciro Gómez Leyva volvió a encontrar motivos para cuestionar a la FGR, esta vez por la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acusado de obstrucción de la justicia y desaparición forzada por su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con Ayotzinapa.

    Desde Grupo Fórmula, el periodista cuestionó que las autoridades actúen 12 años después de la desaparición de los 43 normalistas y calificó la captura como una historia “difícil de creer”. Incluso ironizó con que la Fiscalía presume haber detenido a un “pez gordo” que, según su planteamiento, estuvo durante años al alcance de las autoridades.

    Pero mientras Ciro parece descubrir ahora que la justicia puede tardar años en avanzar, la FGR sostiene que existen elementos para acusar a Aguirre de haber ordenado ocultar o destruir videos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala y del sistema C4, materiales que podrían aportar información sobre el operativo contra los estudiantes.

    El periodista también cuestionó que dichas grabaciones sean presentadas actualmente como evidencia relevante, al recordar que durante las primeras investigaciones se había puesto en duda su utilidad por la calidad de las imágenes. La pregunta es si las pruebas dejaron de ser importantes o si simplemente ahora resultan incómodas para quienes aparecen señalados, aunque esa respuesta tendrá que determinarla un juez y no un conductor de televisión.

    Gómez Leyva también puso bajo sospecha los testimonios de exfuncionarios utilizados por la Fiscalía y cuestionó que algunos hayan obtenido beneficios judiciales. Sin embargo, el punto central permanece: Aguirre lleva apenas el inicio de un nuevo proceso y todavía debe determinarse su responsabilidad penal.

    Mientras tanto, Ciro ya emitió sentencia mediática sobre la actuación de la Fiscalía. El problema es que, a diferencia de un noticiero, los tribunales no resuelven los casos a fuerza de opiniones, sarcasmos ni editoriales al aire. La justicia tendrá ahora que establecer qué ocurrió con las evidencias de Ayotzinapa y quiénes fueron responsables de su eventual ocultamiento.

  • Ángel Aguirre enfrentará prisión preventiva por caso Ayotzinapa; juez rechaza arresto domiciliario

    Ángel Aguirre enfrentará prisión preventiva por caso Ayotzinapa; juez rechaza arresto domiciliario

    La FGR acusa al exgobernador de Guerrero de obstrucción de la justicia y desaparición forzada por presuntamente ordenar ocultar y destruir evidencias sobre los 43 normalistas.

    El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, permanecerá en prisión preventiva oficiosa luego de que un juez federal determinara que existe riesgo de fuga y rechazara la solicitud de su defensa para que continuara el proceso bajo reclusión domiciliaria. El político enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por obstrucción de la justicia y desaparición forzada, delitos que podrían representar una pena de hasta 70 años de prisión.

    Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, el Ministerio Público presentó testimonios que vinculan al exmandatario con el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

    De acuerdo con la FGR, dos exfuncionarias del Poder Judicial de Guerrero declararon que Aguirre recibió un disco con videos de la agresión contra los normalistas, en los que presuntamente se observa a policías de Iguala y civiles obligando a estudiantes a descender del autobús 1531. Según sus testimonios, el material fue entregado posteriormente al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, para que se hiciera cargo.

    Las testigos también señalaron que el 30 de septiembre de 2014, Aguirre habría reunido a colaboradores cercanos y ordenado destruir evidencias relacionadas con los hechos. La Fiscalía sostuvo que estas acciones habrían obstaculizado el esclarecimiento del paradero de los estudiantes y afirmó que existen elementos para acreditar la participación del exgobernador y otros funcionarios de alto nivel.

    Aguirre, quien acudió a la audiencia en silla de ruedas y reportó complicaciones de hipertensión, pidió que se considerara su edad y estado de salud para permanecer en su domicilio. El juez rechazó la petición. Al tomar la palabra, el exgobernador lamentó lo ocurrido con los normalistas y sostuvo que siempre colaboró con las investigaciones. “Tengo mi conciencia tranquila y en paz”, afirmó, al asegurar que demostrará a su familia que no tuvo relación con los hechos.

  • Ángel Aguirre ingresa al Altiplano; familias de Ayotzinapa exigen información sobre el caso

    Ángel Aguirre ingresa al Altiplano; familias de Ayotzinapa exigen información sobre el caso

    El exgobernador de Guerrero enfrentará el proceso penal en el penal federal de máxima seguridad; familiares de los 43 normalistas piden que la acusación esté plenamente sustentada y exigen información oficial sobre el caso.

    El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue ingresado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde enfrentará el proceso iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en la destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. La detención se realizó en Tepotzotlán en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez federal.

    De acuerdo con la FGR, la investigación sostiene que el exmandatario habría ordenado destruir los videos de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, donde presuntamente quedaron registradas las últimas imágenes del autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban varios de los normalistas antes de su desaparición. Dichas grabaciones eran consideradas una pieza clave para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.

    Tras su captura, Aguirre Rivero fue trasladado bajo un discreto operativo de seguridad al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez. Al ingresar al penal fue sometido a una certificación médica y posteriormente enviado al área de observación y clasificación, mientras se prepara la audiencia inicial de formulación de imputación, programada para este viernes.

    Por su parte, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, junto con organizaciones como Tlachinollan, Centro Prodh, Serapaz y Fundar, señalaron que aún no han recibido información oficial sobre la detención del exgobernador ni conocen los alcances de la acusación presentada por la Fiscalía. No obstante, afirmaron que, si el proceso está debidamente sustentado y apegado a derecho, podría representar un avance importante en la búsqueda de verdad y justicia.

    Las familias recordaron que, según la información difundida hasta ahora, la imputación contra Ángel Aguirre Rivero estaría relacionada con la presunta ocultación o desaparición de pruebas vinculadas al caso Ayotzinapa, uno de los episodios más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México. Insistieron en que las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias y fincar responsabilidades contra todos los involucrados.

  • FGR acusa a Ángel Aguirre de ordenar la destrucción de pruebas del caso Ayotzinapa

    FGR acusa a Ángel Aguirre de ordenar la destrucción de pruebas del caso Ayotzinapa

    La Fiscalía General de la República aseguró que el exgobernador de Guerrero encabezó una operación deliberada para desaparecer grabaciones que documentaban la agresión contra los 43 normalistas en Iguala.

    La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos detalles sobre la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien señala de haber ordenado la destrucción de evidencia clave relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con la institución, el ocultamiento de pruebas no fue un error administrativo, sino una operación dolosa organizada desde la cúpula del gobierno estatal.

    Durante un mensaje a la nación, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que las investigaciones establecieron que las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, donde quedó registrado el paso del autobús Estrella de Oro 1531 la noche del 26 de septiembre de 2014, fueron sustraídas por instrucciones directas del entonces mandatario estatal.

    La fiscal explicó que inicialmente las autoridades afirmaron que los videos no existían debido a supuestas fallas técnicas del sistema. Sin embargo, las investigaciones desmintieron esa versión. En enero de 2026, un colaborador declaró que las grabaciones sí existían y señaló a la persona que las retiró para entregárselas directamente a Ángel Aguirre, además de revelar que había permanecido en silencio por amenazas.

    Posteriormente, en mayo de este año, un segundo testigo protegido confirmó que el exgobernador sostuvo una reunión con altos funcionarios de su administración en la que ordenó desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Según la FGR, existen elementos de prueba que acreditan que la instrucción fue ejecutada con la participación de servidores públicos de alto nivel.

    Con base en estas nuevas pruebas, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Aguirre Rivero por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia.

    La captura del exmandatario representa uno de los avances más relevantes en el caso Ayotzinapa, al colocar bajo investigación a quien encabezaba el gobierno de Guerrero durante la desaparición de los estudiantes. La FGR sostiene que las nuevas evidencias fortalecen la hipótesis de que el encubrimiento fue planeado desde las más altas esferas del poder estatal.