El Senado argentino aprobó la reforma impulsada por el gobierno, pero el oficialismo tuvo que retirar los apartados sobre extranjerización de tierras y venta de terrenos afectados por incendios.
El gobierno de Javier Milei consiguió que el Senado argentino aprobara la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque tuvo que ceder en dos de sus puntos más polémicos: la posibilidad de facilitar la venta de tierras a extranjeros y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego para permitir operaciones sobre terrenos afectados por incendios.
La iniciativa avanzó sin los votos suficientes de los aliados del oficialismo para mantener ambos capítulos, en medio de movilizaciones y críticas de organizaciones sociales. El proyecto, que también contempla mecanismos para acelerar los desalojos, deberá ser discutido ahora en la Cámara de Diputados.
Uno de los principales cuestionamientos se concentra precisamente en los desalojos exprés. Activistas advierten que la medida podría aumentar la presión sobre familias que enfrentan dificultades para pagar el alquiler. La socióloga Luci Cavallero señaló que la propuesta permitiría acelerar un desalojo incluso sin que el propietario presente documentación que acredite la deuda, al bastar con invocarla ante la justicia.
Mientras el Senado discutía la reforma, miles de personas marcharon en Buenos Aires durante la tradicional movilización por San Cayetano, convocada por la CGT y organizaciones sociales bajo la consigna “paz, pan, techo y trabajo argentino”. Las protestas estuvieron marcadas por reclamos ante la falta de empleo y el deterioro de las condiciones económicas.
Durante la jornada, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, cuestionó a la clase política por mantenerse distante de los problemas sociales y advirtió sobre familias obligadas a recurrir a créditos para sobrevivir. También criticó a quienes hablan de los sectores pobres mientras, dijo, llevan una vida alejada de sus necesidades.
Con la eliminación de los capítulos sobre extranjerización de tierras y terrenos incendiados, el gobierno de Milei sufrió un revés parcial en una de sus reformas, aunque consiguió mantener disposiciones que organizaciones sociales consideran especialmente perjudiciales para los inquilinos. La iniciativa ahora enfrentará una nueva batalla legislativa en Diputados.
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