José Luis García Parra acusó a Simón Levy de haberse presentado ante el Gobierno de Puebla como representante y socio de Vessel Housing para solicitar terrenos estatales, pese a que posteriormente la empresa negó tener relación con él o contar con un proyecto para instalar una planta en México.
El Gobierno de Puebla acusó a Simón Levy de haber intentado obtener terrenos públicos mediante un proyecto de inversión cuya representación empresarial quedó seriamente cuestionada. El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, relató que Levy acudió ante la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo y se presentó como socio y representante de Vessel Housing, con la intención de conseguir predios para instalar una planta. La dependencia, según la versión oficial, solicitó documentación técnica y legal para revisar la propuesta, pero el empresario dejó de responder. Para García Parra, aquello no fue una gestión empresarial ordinaria, sino un intento de apropiarse del patrimonio estatal bajo un proyecto que no pudo acreditar.
La acusación se vuelve todavía más grave porque, de acuerdo con el funcionario, la propia Vessel Housing negó que Levy fuera su representante o socio y rechazó tener un proyecto de inversión para instalar una fábrica en México. El Gobierno poblano sostiene que, después de que la administración pidió información para verificar la propuesta, Levy desapareció de las gestiones y meses después denunció públicamente que le habían exigido un millón de dólares para concretar la instalación de la planta. La existencia de esa acusación de extorsión y la posterior controversia empresarial muestran un conflicto en el que las versiones de las partes son diametralmente opuestas y que, según los reportes consultados, no ha derivado en una resolución judicial que determine responsabilidades.
Y mientras ese episodio sigue sin una resolución judicial, Levy trasladó la confrontación al terreno político con sus recientes afirmaciones sobre una supuesta cancelación de la visa estadounidense de Alejandro Armenta. El Gobierno de Puebla ha negado que el mandatario haya recibido una notificación de ese tipo y García Parra aseguró que la última comunicación conocida con la Embajada de Estados Unidos fue una invitación a un evento protocolario. Es decir, una acusación difundida públicamente terminó enfrentándose con una respuesta oficial que sostiene que no existe notificación de cancelación. En este contexto, el funcionario poblano acusó a Levy de buscar generar tensión mediante declaraciones que calificó como “terrorismo mediático”.
Por ahora, lo que queda es un enfrentamiento público marcado por acusaciones cruzadas: el gobierno afirma que Levy quiso obtener terrenos estatales sin acreditar adecuadamente el proyecto y que después emprendió una ofensiva mediática; Levy, por su parte, ha sostenido acusaciones contra la administración. En medio de esta disputa, el patrimonio público y la información sobre asuntos de Estado no deberían convertirse en munición para guerras personales o políticas en redes sociales.
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