Pese a que las alertas se repiten desde 2014, el Estado no ha dado respuesta a las comunidades awajún y wampis, donde hay niñas con VIH y crece la crisis.
Desde 2014 se han acumulado cerca de mil denuncias de abusos sexuales contra menores, tocamientos y violencia de género en la provincia amazónica de Condorcanqui, donde viven unos 70 mil miembros de las comunidades awajún y wampis, sin que la justicia peruana las atienda. Algunas organizaciones calculan hasta 1,400 casos.
Una delegación del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), de la OEA, que visitó la zona, describió un problema “estructural” que va más allá de las escuelas. Mónica Maureira, integrante de la delegación, informó que hay niñas de 3 y 4 años contagiadas de VIH a través de abusos sexuales. El Ministerio de Salud registra 190 casos de personas de entre 14 y 19 años con el virus en estas comunidades entre 2014 y 2026, y la prevalencia en la provincia es de 1.8%, seis veces mayor que en otras regiones.
Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, advierte que hay muchos más casos sin contar porque no hay recursos ni para hacer diagnósticos. A esto se suman embarazos adolescentes y múltiples intentos de suicidio de niñas y adolescentes.
La respuesta del Estado ha sido lenta y limitada. En 2024, la Defensoría del Pueblo documentó al menos 500 casos de acoso sexual en colegios de la zona. De casi 170 profesores acusados, la mayoría no ha sido procesada: muchos fueron absueltos y a otros solo los cambiaron de lugar, lo que les permitió evadir la justicia ordinaria. Pioc denuncia que no hay jueces de manera permanente y que, cuando llega alguno, no cuenta con personal que conozca los temas indígenas. “Estamos solas”, dijo.
El Poder Judicial reconoce que el dinero no alcanza: el año pasado dijo al Congreso que solo tiene 19% de lo que necesita para enfrentar la criminalidad en todo el país. Para las víctimas, la falta de recursos significa impunidad y la normalización del abuso. Pioc pidió un presupuesto para atender las denuncias y un albergue permanente, pues el refugio actual es temporal y algunas niñas terminan en lugares donde nadie habla su lengua. El Poder Judicial no respondió a la BBC.
La ministra de la Mujer, María Seminario, dijo coincidir con el informe del Mesecvi, que señala una respuesta “fragmentada” del Estado encabezado por Keiko Fujimori, y afirmó que desde hace dos semanas se realizan reuniones para dar una solución conjunta. Salud declaró una emergencia sanitaria en la zona. Las medidas llegan después de una década de denuncias: el Mesecvi pide ahora recursos suficientes para llevar a los responsables ante la justicia y evitar que la situación empeore.
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