Etiqueta: Abuso sexual

  • Alcalde de Tlalnepantla, Morelos, es vinculado a proceso por abuso sexual agravado contra menor

    El edil permanecerá en prisión preventiva en el Cereso de Cuautla mientras avanza la investigación; fue detenido en presunta flagrancia.

    Un juez de control determinó la vinculación a proceso del alcalde de Tlalnepantla, Morelos, Jorge Armando “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, en perjuicio de un adolescente. La resolución se dio tras la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Cuautla.

    De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Morelos, el juzgador también dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla, mientras continúan las investigaciones del caso.

    El juez estableció además un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más pruebas para determinar la responsabilidad del acusado. En contraste, por el delito de violación, la autoridad judicial resolvió la no vinculación a proceso, al considerar que no existían elementos suficientes.

    El edil fue detenido el pasado 25 de abril sobre la carretera Yautepec–Tlayacapan, en el municipio de Yautepec, donde —según reportes policiacos— habría sido sorprendido en presunta flagrancia mientras cometía el ilícito contra un menor de 14 años.

    Tras la detención del alcalde, quien llegó al cargo por el Partido Encuentro Solidario, la administración municipal quedó bajo la responsabilidad de la síndica Yasmín Marisa Contreras, quien asumió funciones de manera provisional.

  • Juez federal reactiva caso contra Naasón Joaquín por abuso y lavado de dinero

    Juez federal reactiva caso contra Naasón Joaquín por abuso y lavado de dinero

    El fallo revierte el “carpetazo” de la FGR y abre la puerta a nuevas investigaciones por delitos graves, incluida trata y explotación sexual.

    Un juez federal ordenó reabrir el proceso penal contra Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, al revocar la decisión de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre pasado. La resolución, dictada en los juzgados de Puente Grande, reactiva la carpeta 34/2026 por delitos de abuso sexual y presunto lavado de dinero.

    La medida responde a la solicitud presentada por Sochil Martin y Sharim Guzmán, quienes se identifican como presuntas víctimas. Ambas denunciaron que el caso había sido cerrado injustificadamente, señalando un supuesto “carpetazo”. En sus testimonios, también refieren la posible existencia de una red criminal que incluiría trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil, así como la presunta participación de actores políticos vinculados a dicha organización religiosa.

    El proceso había sido diferido el pasado 16 de abril debido a que tanto la defensa como la parte acusadora no lograron revisar a tiempo un expediente de más de 2 mil 500 páginas. En la audiencia reanudada este lunes, el material fue finalmente analizado, aunque el procedimiento se llevó a cabo a puerta cerrada, a petición del Ministerio Público federal.

    La decisión judicial representa un giro relevante en el caso, al permitir que las investigaciones continúen y se profundicen sobre los delitos señalados. Además, coloca nuevamente bajo escrutinio a la organización encabezada por Joaquín García, cuya influencia ha sido ampliamente cuestionada.

    Actualmente, Naasón Joaquín cumple una condena de 16 años y 8 meses en California, tras declararse culpable de cargos relacionados con abuso sexual infantil. La reapertura del caso en México podría derivar en nuevas acciones legales en su contra.

  • Juez mantiene en prisión a Omar Bravo por abuso sexual agravado; rechazan que enfrente proceso en libertad

    Juez mantiene en prisión a Omar Bravo por abuso sexual agravado; rechazan que enfrente proceso en libertad

    El exfutbolista seguirá en prisión preventiva mientras avanza el juicio, debido a la gravedad del delito y riesgos procesales identificados por la autoridad.

    Un juez determinó que el exdelantero Omar Bravo deberá continuar en prisión preventiva, tras rechazar la solicitud de su defensa para llevar el proceso en libertad. El exjugador enfrenta acusaciones por abuso sexual infantil agravado, por lo que permanecerá privado de su libertad mientras se desarrolla el juicio.

    La resolución se sustenta en la gravedad del delito y en la evaluación de riesgos procesales, por lo que el juzgador consideró que no existen condiciones para modificar la medida cautelar. De esta forma, Bravo podría permanecer en prisión hasta por dos años, mientras avanzan las etapas del proceso penal.

    De acuerdo con las investigaciones, el exfutbolista habría cometido abusos en múltiples ocasiones contra una adolescente, quien era hija de su entonces pareja, lo que agrava la acusación conforme a la legislación vigente. Los hechos habrían ocurrido meses antes de su detención en octubre de 2025 en Jalisco.

    La Fiscalía de Jalisco también señaló que existen indicios sobre posibles casos adicionales, por lo que las indagatorias continúan abiertas. Tras su captura, Bravo fue presentado ante un juez de control, quien inicialmente dictó la prisión preventiva oficiosa como medida para garantizar su permanencia en el proceso.

    Con la reciente ratificación de esta medida, el caso entra en una fase clave donde se desahogarán pruebas, testimonios y peritajes que determinarán la responsabilidad penal del exjugador, quien fuera figura de equipos como Chivas, Cruz Azul y la Selección Mexicana.

  • César Chávez, el histórico líder campesino, es acusado por abuso sexual

    Una investigación con más de 60 entrevistas revela testimonios de mujeres que denuncian agresiones y conductas inapropiadas del fallecido líder sindical.

    Diversas mujeres han presentado denuncias por abuso sexual y conductas inapropiadas contra César Chávez, figura histórica del movimiento campesino en Estados Unidos y fundador del sindicato “Unión de Campesinos”. Los testimonios salieron a la luz tras décadas en una investigación publicada por The New York Times, la cual reúne más de 60 entrevistas y documentos históricos que detallan los señalamientos ocurridos.

    Las denunciantes señalan que la posición de liderazgo de Chávez influyó en sus decisiones en el momento de los hechos. Los casos descritos habrían ocurrido en oficinas sindicales, eventos y viajes. Entre los testimonios destaca el de Dolores Huerta, cofundadora del sindicato, quien afirmó haber sufrido agresiones sexuales en la década de 1960, incluyendo situaciones de presión y actos sin consentimiento dentro de una relación jerárquica.

    Otros testimonios incluyen los de mujeres que eran menores de edad al momento de los hechos. Ana Murguia relató que los abusos comenzaron cuando tenía 13 años en instalaciones del complejo “La Paz”, lo que derivó en afectaciones a su salud mental. Por su parte, Debra Rojas denunció tocamientos inapropiados desde los 12 años y un encuentro sexual a los 15 en el contexto de actividades sindicales. También Esmeralda López señaló una propuesta de carácter sexual en 1988 vinculada a apoyo profesional,la cual rechazó.

    Tras la difusión de la investigación, organizaciones como el sindicato UFW y la Fundación César Chávez anunciaron medidas como la cancelación de actos conmemorativos y la apertura de canales confidenciales para recibir testimonios. Asimismo, actores políticos emitieron posicionamientos, mientras que la familia de Chávez expresó respeto hacia las denunciantes y solicitó privacidad

  • Nueva reforma al Código Penal refuerza el combate al abuso sexual

    Nueva reforma al Código Penal refuerza el combate al abuso sexual

    El decreto publicado amplía la definición de abuso sexual y clarifica el concepto de consentimiento. Las sanciones para los agresores se mantienen y se añaden medidas de prevención y reparación integral para las víctimas.

    El Diario Oficial de la Federación dio a conocer un nuevo decreto que reforma el Código Penal Federal en México. Esta iniciativa, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer la respuesta legal ante el abuso sexual. La reforma, aprobada por el Congreso en febrero y que entra en vigor el 14 de marzo, redefine el delito de abuso sexual.

    Con la nueva normativa, se considera abuso sexual a cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin el consentimiento de la víctima. Esto incluye tocamientos, exhibiciones y cualquier acción que implique la coerción de la víctima a mostrar su propio cuerpo.

    Un aspecto clave de esta reforma es la clarificación del consentimiento. Ahora, se establece que el consentimiento no se puede asumir por el silencio, la inacción o la falta de resistencia. Además, queda claro que el consentimiento es inválido si ha sido obtenido mediante amenazas, violencia o engaño.

    Las penas para quienes cometan este delito se mantienen entre tres y siete años de prisión, junto con multas económicas significativas. Pero el decreto también introduce medidas educativas para los agresores, obligándolos a participar en talleres enfocados en la igualdad de género y el respeto hacia las mujeres.

    Otra novedad importante es que el delito se perseguirá de oficio. Esto significa que las autoridades pueden actuar sin necesidad de una denuncia previa de la víctima. Las circunstancias que aumenten la gravedad de la pena también fueron definidas de manera más clara. Por ejemplo, si el agresor tiene una relación de confianza con la víctima, la pena puede incrementarse.

    Además, si quienes cometen el delito son funcionarios públicos o profesionales, podrán ser destituidos e inhabilitados para ejercer. Se contempla también la obligación de reparar integralmente el daño a la víctima, lo que incluye atención psicológica hasta que haya una recuperación completa.

    Con esta reforma, México da un paso adelante en la lucha contra el abuso sexual, buscando no solo castigar a los agresores, sino también apoyar a las víctimas en su proceso de sanación.

  • Archivos del caso Epstein revelan nueva acusación de abuso sexual contra Trump

    Archivos del caso Epstein revelan nueva acusación de abuso sexual contra Trump

    Documentos desclasificados por el Departamento de Justicia incluyen el testimonio de una mujer que asegura que Jeffrey Epstein la llevó con Trump cuando era menor; la Casa Blanca rechaza las acusaciones.

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó nuevos documentos relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, los cuales incluyen acusaciones no corroboradas contra el presidente Donald Trump por parte de una mujer que asegura haber sido víctima de abuso cuando era menor de edad.

    Los archivos recién divulgados forman parte de interrogatorios realizados por agentes federales a la presunta víctima, quien fue entrevistada en cuatro ocasiones. Sin embargo, previamente solo se había difundido una de esas declaraciones, en la cual no se mencionaba al actual mandatario estadounidense.

    En los testimonios ahora revelados, la mujer afirma que Epstein la trasladó a Nueva York cuando tenía entre 13 y 15 años, donde la llevó a un “edificio muy alto” y la presentó con Donald Trump. Según su relato, el empresario habría intentado abusar sexualmente de ella.

    La denunciante relató que, durante el presunto ataque, mordió a Trump para defenderse, tras lo cual —según su versión— el entonces magnate reaccionó violentamente y ordenó a su personal expulsarla del lugar.

    Ante la difusión de los documentos, la Casa Blanca rechazó categóricamente las acusaciones. La secretaria de prensa presidencial, Karoline Leavitt, calificó las declaraciones como “acusaciones completamente infundadas y sin ninguna prueba creíble”.

    El caso ha reavivado la controversia en Washington, donde legisladores republicanos y demócratas exigen más explicaciones sobre la tardía publicación de los archivos del caso Epstein. De hecho, integrantes del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes aprobaron citar a la fiscal responsable del proceso para esclarecer por qué algunos documentos fueron retenidos.

    La polémica surge luego de que el Congreso de Estados Unidos aprobara una ley que obligaba a divulgar completamente los archivos del caso Epstein, fijando como fecha límite el 19 de diciembre. No obstante, el Departamento de Justicia incumplió el plazo y comenzó a liberar los documentos hasta finales de enero, lo que generó fuertes críticas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

  • Condenan a 172 años de prisión a hombre por violación de adolescente en Tampico

    Condenan a 172 años de prisión a hombre por violación de adolescente en Tampico

    El tribunal impuso una de las penas más altas en Tamaulipas tras acreditarse abusos reiterados entre 2021 y 2024, siendo la víctima hija de su pareja sentimental.

    Un tribunal de juicio oral en Tampico dictó una sentencia de 172 años y nueve meses de prisión contra Eduardo “R” por los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado en perjuicio de una adolescente

    Además se estableció el pago de una multa superior a 26 mil pesos y la reparación del daño por más de 76 mil pesos. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Tamaulipas, el agresor era pareja sentimental de la madre de la víctima y, mediante amenazas, cometió los abusos en repetidas ocasiones entre el 20 de julio de 2021 y el 2 de septiembre de 2024.

    Los hechos ocurrieron de manera sistemática hasta que la adolescente decidió denunciar la situación ante las autoridades. La entonces agente del Ministerio Público, Gabriela Silva Carrizales, integró la carpeta de investigación y presentó pruebas que el tribunal consideró contundentes para acreditar la responsabilidad del acusado.

  • Aprueban ampliar definición de abuso sexual, pero reducen penas

    Aprueban ampliar definición de abuso sexual, pero reducen penas

    Aunque se incorporan agravantes como abuso de poder, uso de sustancias, y se elimina cualquier interpretación del silencio como consentimiento, la disminución de penas ha generado críticas y abrió la puerta a nuevas propuestas para endurecer las sanciones.

    La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que amplía la definición legal de abuso sexual para asegurar que el consentimiento sea claro y explícito. Sin embargo, el pleno redujo las penas de prisión a quién cometa el delito.

    La reforma, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal para describir el abuso sexual de manera más amplia, donde se establece que el delito comprende “cualquier acto sexual realizado sin consentimiento”, lo que incluye tocamientos, caricias o exhibiciones sexuales, y que el silencio, la ausencia de resistencia física o la pasividad nunca podrán interpretarse como consentimiento.

    También se aclara que no hay consentimiento cuando la voluntad ha sido anulada por violencia, intimidación, engaño, amenazas o abuso de autoridad. Señalando que con esta definición más precisa, se evitan “vacíos legales que históricamente han favorecido la impunidad”.

    Entre las agravantes establecidas se incluyen el abuso de poder, el uso de drogas o alcohol para anular la voluntad de la víctima y el hecho de que el agresor sea servidor público, profesionista o ministro de culto. Además, la reforma dispone que el delito se perseguirá de oficio.

    Sin embargo, la reforma aprobada también redujo el rango de penas de prisión, pasando de una sanción de 6 a 10 años a un nuevo rango de 3 a 7 años, lo que fue defendido por la mayoría bajo el argumento de evitar el “populismo punitivo”. Se sostiene que las penas pueden incrementarse cuando se acrediten agravantes.

    Por su parte, el Partido del Trabajo (PT), anunció su intención de presentar una iniciativa para elevar las sanciones, al considerar que las agravantes establecidas no compensan suficientemente la reducción y que la modificación podría enviar un mensaje ambiguo sobre la gravedad del delito.

  • El clero católico en EUA ha pagado miles de millones de dólares por abusos sexuales

    El clero católico en EUA ha pagado miles de millones de dólares por abusos sexuales

    La Iglesia Católica en Estados Unidos ha enfrentado una serie de acuerdos multimillonarios por casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y otros miembros del clero, que suman miles de millones de dólares en compensaciones para víctimas, tras décadas de denuncias, se han expuesto sistemáticas falencias institucionales y de protección.

    La Diócesis Católica Romana de Camden, en el sur de Nueva Jersey, acordó pagar 180 millones de dólares como parte de un plan de quiebra para resolver demandas por abusos sexuales de clérigos que datan de hace décadas. El acuerdo, que aún requiere aprobación del tribunal, llegó luego de años de resistencia por parte de la diócesis y de la flexibilización de los plazos de prescripción que permitió reabrir casos antiguos.

    En 2024, la Arquidiócesis de Los Ángeles acordó un pago récord de 880 millones de dólares a más de mil víctimas, cifra que elevó sus desembolsos totales a más de 1 500 millones tras acuerdos anteriores con sobrevivientes de abusos.

    La Arquidiócesis de Nueva Orleans, una de las más antiguas del país, se declaró en bancarrota en 2020 ante más de 500 demandas presentadas tras la eliminación de plazos de prescripción en Louisiana, y en diciembre de 2025 logró un acuerdo aprobado por un juez federal para pagar al menos 230 millones de dólares.

    Los casos de abuso sexual por parte del clero católico en Estados Unidos han implicado no sólo la comisión de delitos graves, sino también esfuerzos institucionales por encubrir, trasladar o silenciar a los acusados, lo que generó que las víctimas enfrentaran enormes obstáculos para acceder a la justicia. 

    Las demandas han obligado a múltiples diócesis a solicitar quiebras para manejar el volumen de reclamaciones, haciendo visibles las profundas fallas de protección dentro de las instituciones religiosas del país.

    Sin embargo, estas transacciones no sustituyen la exigencia de responsabilidad moral y judicial plena, ni garantizan cambios estructurales efectivos más allá de las indemnizaciones. Los procesos han privilegiado soluciones contables y financieras sobre medidas de transparencia, expulsión de abusadores y reformas internas profundas que impidan la repetición de estos crímenes.

  • CDMX endurece castigos y redefine el consentimiento para frenar la violencia de género

    CDMX endurece castigos y redefine el consentimiento para frenar la violencia de género

    La reforma aprobada por unanimidad eleva penas por abuso sexual, persigue de oficio delitos clave y cierra vacíos legales que favorecían la impunidad.

    El Congreso de la Ciudad de México aprobó un paquete de reformas contra la violencia de género que endurece sanciones, persigue de oficio delitos sexuales y precisa conceptos fundamentales como acto sexual y consentimiento, con el objetivo de cerrar brechas legales y fortalecer la protección de mujeres, niñas y adolescentes.

    Entre los cambios centrales, se incrementa la pena mínima por abuso sexual de dos a cuatro años de prisión, con multas de hasta 113 mil pesos, y se establece como reparación del daño obligatoria la atención psicológica especializada para la víctima, además de la asistencia del agresor a talleres de reeducación con perspectiva de género. La reforma define el acto sexual como tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas, evitando interpretaciones discrecionales.

    También se incorpora el consentimiento como eje del acto sexual, el cual puede retirarse en cualquier momento. Se aclara que el silencio, la pasividad, la tolerancia previa o la falta de oposición no constituyen consentimiento cuando exista intimidación, amenazas, abuso de confianza o autoridad, o situación de vulnerabilidad.

    El paquete legal persigue de oficio el “grooming” —acoso sexual contra menores mediante medios tecnológicos—, crea el tipo penal de violencia familiar entre pareja y amplía la violencia familiar para sancionar conductas en relaciones de noviazgo. Además, faculta al Ministerio Público para dictar medidas de protección en casos de violencia vicaria y solicitar su ratificación judicial.

    Al presentar el dictamen, la diputada Cecilia Badillo Obregón (Morena) reconoció el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayando que la reforma responde al abuso cotidiano en espacios públicos, transporte, escuelas, centros laborales y el hogar. Destacó que “no quedará a la interpretación de ningún juez machista”, al cubrir vacíos que favorecían la impunidad.

    Finalmente, se endurecen sanciones en la Ley de Cultura Cívica por vejaciones, intimidación o maltrato dentro del ámbito familiar, al advertir que estas conductas pueden escalar a violencias más graves.