El gobierno de Giorgia Meloni respondió a los disturbios en Milán con un paquete de medidas que criminaliza a los jóvenes manifestantes, facilita la detención de menores y amplía la responsabilidad de sus padres. Bajo el argumento de “combatir la violencia”, la administración italiana abre la puerta a una política punitiva que amenaza con tratar a jóvenes inconformes como criminales, antes que atender las causas sociales de su descontento.
El gobierno italiano, encabezado por Giorgia Meloni, aprobó nuevas medidas de seguridad tras los actos de violencia, saqueos e incendios registrados durante las protestas del fin de semana en el centro comercial de Milán. La primera ministra calificó los hechos de “dolorosos y aterradores”, especialmente por la participación de menores, y defendió una respuesta más severa. Sin embargo, la reacción gubernamental pone el foco en el castigo y el control, mientras deja en segundo plano las demandas sociales relacionadas con el costo de la vida que motivaron las movilizaciones.
El decreto contempla el despliegue de 500 soldados adicionales en Milán hasta finales de diciembre, penas de hasta cinco años de prisión por determinadas formas de participación violenta en manifestaciones y sanciones más severas para quienes organicen disturbios. También permite ampliar las detenciones preventivas de adolescentes de entre 14 y 17 años, contempla restricciones para asistir a concentraciones públicas y refuerza la responsabilidad económica de los padres por los daños ocasionados por sus hijos menores.
Uno de los aspectos más preocupantes es la presunción de que las personas mayores de 14 años pueden comprender sus actos, salvo que se demuestre lo contrario, así como la posibilidad de imponer multas a sus padres.
Convertir la edad en un argumento para endurecer automáticamente la respuesta penal contra adolescentes amenaza con reducir problemas complejos a una lógica de castigo, en lugar de priorizar la prevención, la educación y la atención de las causas de la violencia. La protección de los bienes públicos y privados es necesaria, pero no justifica tratar toda inconformidad juvenil como una amenaza criminal.
Los saqueos, los incendios y las agresiones no deben justificarse, pero tampoco pueden utilizarse para deslegitimar las protestas pacíficas ni para presentar a toda una generación como delincuente.
Luchar por mejores condiciones de vida y exigir justicia no convierte a los jóvenes en criminales; ejercer la violencia sí exige responsabilidades individuales y proporcionales. El riesgo de las medidas de Meloni es que, bajo la bandera de la seguridad, termine imponiendo una respuesta represiva que intimide a quienes buscan manifestarse y deje intactos los problemas sociales que alimentan el descontento.
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