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El gobierno de Giorgia Meloni respondió a los disturbios en Milán con un paquete de medidas que criminaliza a los jóvenes manifestantes, facilita la detención de menores y amplía la responsabilidad de sus padres. Bajo el argumento de “combatir la violencia”, la administración italiana abre la puerta a una política punitiva que amenaza con tratar a jóvenes inconformes como criminales, antes que atender las causas sociales de su descontento.

El gobierno italiano, encabezado por Giorgia Meloni, aprobó nuevas medidas de seguridad tras los actos de violencia, saqueos e incendios registrados durante las protestas del fin de semana en el centro comercial de Milán. La primera ministra calificó los hechos de “dolorosos y aterradores”, especialmente por la participación de menores, y defendió una respuesta más severa. Sin embargo, la reacción gubernamental pone el foco en el castigo y el control, mientras deja en segundo plano las demandas sociales relacionadas con el costo de la vida que motivaron las movilizaciones.

El decreto contempla el despliegue de 500 soldados adicionales en Milán hasta finales de diciembre, penas de hasta cinco años de prisión por determinadas formas de participación violenta en manifestaciones y sanciones más severas para quienes organicen disturbios. También permite ampliar las detenciones preventivas de adolescentes de entre 14 y 17 años, contempla restricciones para asistir a concentraciones públicas y refuerza la responsabilidad económica de los padres por los daños ocasionados por sus hijos menores.

Uno de los aspectos más preocupantes es la presunción de que las personas mayores de 14 años pueden comprender sus actos, salvo que se demuestre lo contrario, así como la posibilidad de imponer multas a sus padres. 

Convertir la edad en un argumento para endurecer automáticamente la respuesta penal contra adolescentes amenaza con reducir problemas complejos a una lógica de castigo, en lugar de priorizar la prevención, la educación y la atención de las causas de la violencia. La protección de los bienes públicos y privados es necesaria, pero no justifica tratar toda inconformidad juvenil como una amenaza criminal.

Los saqueos, los incendios y las agresiones no deben justificarse, pero tampoco pueden utilizarse para deslegitimar las protestas pacíficas ni para presentar a toda una generación como delincuente. 

Luchar por mejores condiciones de vida y exigir justicia no convierte a los jóvenes en criminales; ejercer la violencia sí exige responsabilidades individuales y proporcionales. El riesgo de las medidas de Meloni es que, bajo la bandera de la seguridad, termine imponiendo una respuesta represiva que intimide a quienes buscan manifestarse y deje intactos los problemas sociales que alimentan el descontento.

Nathael Pérez Santa Cruz

Las protestas contra el aumento del costo de la vida en Milán, Italia, derivaron en enfrentamientos, saqueos y daños a comercios durante dos días consecutivos. Los incidentes dejaron alrededor de 200 detenidos desde el sábado y obligaron al Gobierno de Giorgia Meloni a convocar una reunión de seguridad.

Jóvenes y policías se enfrentaron por segundo día consecutivo en Milán, donde una manifestación autorizada contra el encarecimiento de la vida terminó marcada por actos de violencia y saqueos. Los incidentes se concentraron en los alrededores de la céntrica plaza del Duomo, donde grupos de personas lanzaron botellas y otros objetos contra las fuerzas de seguridad, mientras algunos comercios resultaron afectados.

Durante los enfrentamientos del domingo, la policía recurrió a gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los grupos congregados en el centro histórico. También se reportaron ataques contra vehículos policiales, daños en contenedores, bicicletas y monopatines de uso compartido, además del saqueo de un supermercado ubicado en Via Torino, una de las principales calles comerciales de la ciudad.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, expresó su preocupación por las consecuencias de los disturbios y afirmó haber visto escaparates rotos, tiendas saqueadas y ciudadanos atemorizados. De acuerdo con la agencia Ansa, las autoridades habían detenido a unas 200 personas desde el sábado. Situaciones similares se registraron en otras ciudades del norte de Italia, entre ellas Bolonia y Turín, en un contexto de creciente tensión social.

Ante la gravedad de los hechos, la primera ministra Giorgia Meloni convocó una reunión de seguridad para analizar la situación. Aunque las movilizaciones surgieron como una protesta contra el costo de la vida, los saqueos y las agresiones han desplazado parte de la atención hacia el problema del orden público. La crisis plantea un doble desafío para las autoridades italianas: responder al malestar social por el encarecimiento de la vida y evitar que las manifestaciones terminen convertidas en escenarios de violencia que afecten a comerciantes y ciudadanos.

Nathael Pérez Santa Cruz