El robo de agua dejó de ser un delito silencioso para convertirse en una de las formas más crueles de corrupción y abandono en el país. Mientras miles de familias pasan días enteros sin una gota en sus casa, grupos dedicados al llamado “aguachicol” hacen negocio con un recurso que debería de estar garantizado para todos.
La Ciudad de México ha decidido penalizar el “aguachicol” o “huachicol de agua”, el robo de agua, pero el problema parece haber rebasado desde hace tiempo a las autoridades.
El Congreso capitalino aprobó reformas para castigar hasta con 11 años de prisión y con multas de más de 117 mil pesos a quienes ejerzan el robo o comercialicen agua de manera ilegal. La medida también contempla destituciones e inhabilitaciones para funcionarios involucrados en estas redes, evidenciando que el saqueo de agua no podría operar sin protección desde oficinas públicas.
La gravedad del problema se expuso con cifras por parte de la Comisión Nacional del Agua, quienes detectaron más de 2 mil tomas clandestinas entre 2012 y 2018. Detrás de las conexiones ilegales se encuentran empresas y particulares que extraen agua sin permiso, dejando vacíos los acuíferos y elevando la crisis que afecta principalmente a las colonias populares.
En municipios del oriente del Estado de México como Los Reyes La Paz y Ciudad Nezahualcóyotl, la escasez de agua se ha vuelto parte de la vida cotidiana. Vecinos denunciaron que llevan más de un año padeciendo de cortes constantes y baja presión, lo que los ha obligado a comprar pipas de agua para llenar sus cisternas con costos cercanos a los 3 mil pesos o más.
Para muchas familias, tener agua se ha convertido en una constante polémica con las autoridades de dichos municipios La molestia aumenta porque las respuestas siguen siendo insuficientes.
Los habitantes aseguran que las autoridades minimizan las denuncias y sólo repiten que trabajan en reparar fugas, sin ofrecer información clara ni soluciones. Cuando mandan pipas a ciertos domicilios, sólo dejan agua para unos cuantos. Mientras tanto, el negocio ilegal continúa avanzando frente a la vista de todos.
El huachicol de agua no sólo representa un robo al Estado, sino una condena para miles de personas que pagan el servicio en tiempo y forma pero organismos como OPDAPAS les han negado lo que debería ser un derecho.
Esta crisis exhibe una mezcla de corrupción, negligencia y desigualdad que durante años ha sido ignorada hasta que la falta de agua comenzó a vaciar hogares y llenar bolsillos ajenos.
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