La dependencia capitalina señaló que la alcaldía tenía conocimiento del proceso de demolición desde noviembre de 2025 y deberá aclarar si realizó las verificaciones correspondientes antes del derrumbe que dejó tres muertos.
La Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México informó que la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, tenía conocimiento desde noviembre de 2025 de los trabajos de demolición en el edificio que colapsó en San Antonio Abad, tragedia que dejó tres personas fallecidas y varios trabajadores atrapados entre los escombros.
El titular de la dependencia, Inti Muñoz, explicó en un mensaje difundido en redes sociales que la alcaldía revisó desde entonces los requisitos para la demolición del inmueble, ubicado en la zona donde ocurrió el derrumbe. El funcionario puntualizó que el documento presentado por la alcaldesa no corresponde a una negativa formal, sino a una publicitación vecinal, en la que se solicitaba a la empresa responsable subsanar observaciones técnicas y entregar documentación pendiente.
De acuerdo con Muñoz, ese documento no determina si la licencia de demolición fue finalmente autorizada o rechazada, por lo que la propia alcaldía Cuauhtémoc deberá informar con precisión qué acciones realizó en torno a la obra antes del colapso.
El funcionario recordó que las autoridades administrativas tienen la obligación de verificar que las obras cumplan con todos los requisitos legales, entre ellos contar con un programa de demolición avalado por un Director Responsable de Obra, un plan de protección civil y una póliza que cubra posibles daños a terceros durante los trabajos.
Asimismo, subrayó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México será la encargada de investigar las causas del derrumbe y deslindar responsabilidades. “Es fundamental que se rindan cuentas para que se determine qué ocurrió y quién debe responder”, señaló.
Por su parte, la alcaldía Cuauhtémoc sostuvo que negó inicialmente el permiso de demolición, y que posteriormente la empresa propietaria habría obtenido autorización a través de la Secretaría de Vivienda mediante un mecanismo de facilidades establecido en el reglamento publicado en 2025.
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