Comenzó en Estados Unidos el juicio contra Meta, acusada por una coalición de 29 estados de haber diseñado Instagram y Facebook para fomentar la adicción entre adolescentes, ocultar los riesgos de sus plataformas y recopilar datos de menores sin autorización. La empresa rechaza las acusaciones.
Una fiscal de California acusó a Meta de aprovecharse deliberadamente de la vulnerabilidad de niños y adolescentesmediante funciones de Instagram y Facebook diseñadas para mantenerlos conectados durante el mayor tiempo posible. Durante el inicio del juicio en un tribunal federal de Oakland, Megan O’Neill sostuvo que el modelo de negocio de la compañía consiste en enganchar usuarios, retenerlos, recopilar sus datos y minimizar públicamente los riesgos asociados con sus plataformas.
La acusación también sostiene que Meta conocía los posibles daños que sus redes podían provocar entre los menores, pero no habría actuado de manera suficiente para evitarlos. El exdirector de ingeniería de la compañía, Arturo Bejar, declaró que durante los primeros años de Facebook la prioridad era que el contenido llegara rápidamente a los usuarios, incluso cuando eso significaba que la seguridad quedara en segundo plano. La fiscalía también cuestiona herramientas como los filtros de apariencia y los mecanismos para limitar el tiempo de uso, que considera insuficientes o fáciles de evadir.
Meta, por su parte, rechaza las acusaciones y sostiene que ha trabajado con padres, especialistas y autoridades para mejorar la seguridad de los usuarios jóvenes. La defensa argumentó que la empresa reconoce que algunas personas pueden desarrollar dificultades con el uso de sus plataformas y que, precisamente por ello, ha creado herramientas para reducir esos riesgos. Se espera que el director ejecutivo Mark Zuckerberg y el jefe de Instagram, Adam Mosseri, figuren entre los principales testigos del proceso.
El juicio podría convertirse en un precedente para una avalancha de demandas contra las grandes plataformas digitales, pues TikTok, Snapchat y YouTube también enfrentan acusaciones relacionadas con el impacto de sus servicios en la salud mental de los adolescentes. Los estados demandantes buscan sanciones económicas de hasta 200 mil millones de dólares, además de cambios en el funcionamiento de las aplicaciones, incluidos límites al tiempo de uso. El proceso podría extenderse durante seis semanas y el veredicto está previsto para octubre.
