Por Nathael Pérez
La falta de Presupuesto 2026 en Nuevo León no responde a un bloqueo legislativo simple, sino a una cadena de decisiones del propio gobernador Samuel García, quien vetó el paquete aprobado y mantiene al estado operando con incertidumbre financiera.
El conflicto presupuestal en Nuevo León tiene un origen claro: el veto impuesto por Samuel García al paquete aprobado por el Congreso desde diciembre. Esa decisión no solo frenó la aprobación del gasto estatal, sino que obligó al gobierno a recurrir a la llamada reconducción presupuestal, es decir, operar con recursos del año anterior, una medida que limita la ejecución de proyectos clave.
Este choque político —que ya es recurrente en su administración— ha derivado en retrasos, tensiones institucionales y riesgos para obras estratégicas en el estado. No es la primera vez: en años recientes, el gobierno estatal ha tenido dificultades constantes para lograr acuerdos presupuestales, lo que ha paralizado decisiones y debilitado la planeación financiera.
Lo más cuestionable es la narrativa del propio mandatario, quien ahora pide al Congreso destrabar el presupuesto que él mismo bloqueó. El contraste es evidente: por un lado exige recursos para educación y proyectos, pero por otro frenó un paquete que incluía financiamiento y evitaba más endeudamiento. La consecuencia es directa: un estado con necesidades urgentes, pero atrapado en decisiones políticas que priorizan el conflicto sobre la gobernabilidad.
