El gobierno de Abelardo de la Espriella ya perfila una negociación salarial mucho más moderada para 2027, bajo el argumento de contener la inflación. Sin embargo, ¿quién termina pagando el costo de controlar los precios cuando el ingreso de los trabajadores es precisamente el que pierde terreno frente al costo de vida?
La administración de De la Espriella pretende que el aumento del salario mínimo para 2027 se determine con base en inflación y productividad, cuestionando el incremento de 23.7% aplicado en 2026, que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, calificó como “absolutamente innecesario”. El argumento oficial es que aumentos elevados presionan los precios, impulsan el consumo y generan desequilibrios económicos; una explicación que puede sonar técnicamente impecable, pero que también corre el riesgo de convertir al trabajador en el primero al que se le pide apretarse el cinturón.
El problema es que la inflación no desaparece porque se limite el crecimiento de los salarios. Con una inflación anual de 6.24% en agosto, todavía muy por encima de la meta de 3% del Banco de la República, el debate debería centrarse también en cuánto necesitan ganar los trabajadores para conservar realmente su poder adquisitivo. Plantear aumentos cercanos al 6%, 7% u 8% puede ser presentado como prudencia económica, pero para millones de hogares significa preguntarse si un incremento que apenas acompaña los precios constituye realmente una mejora o simplemente una manera de evitar que pierdan todavía más.
Y ahí aparece la contradicción de la propuesta de Abelardo de la Espriella: mientras su gobierno habla de proteger el poder adquisitivo, también prepara el terreno para limitar el crecimiento del ingreso laboral. Un salario mínimo de alrededor de 8% de aumento llevaría la remuneración básica a unos 1.89 millones de pesos, pero la discusión no debería reducirse a cuánto puede soportar la economía, sino también a cuánto puede soportar un trabajador una economía donde vivienda, alimentos, servicios y transporte siguen encareciéndose. Controlar la inflación es indispensable, pero utilizarla como argumento para contener salarios puede terminar trasladando el costo del ajuste precisamente a quienes menos margen tienen.
