En Colombia, el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó derogar las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), para proteger territorios frente a actividades como la minería y la expansión urbana. Y, prácticamente de la nada, comenzaron a aparecer incendios forestales en distintos municipios del Tolima, varios de ellos en zonas que coinciden con territorios con intereses mineros.
Las APPA no son una “ley” que haya desaparecido de un plumazo, sino una figura creada en 2023 mediante el artículo 32 de la Ley 2294, que para mayo de 2026 protegía más de 864 mil hectáreas en 48 municipios. Apenas llegó al poder, De la Espriella instruyó a su ministro de Agricultura para derogar las resoluciones que las establecieron, bajo el argumento de eliminar restricciones al uso productivo de la tierra y recuperar la confianza de productores e inversionistas. El problema es que hasta su propia cartera advirtió que la medida podría significar un retroceso en el derecho humano a la alimentación y en la protección de los derechos campesinos.
La decisión adquiere una dimensión todavía más delicada ante los incendios forestales registrados en municipios del Tolima como Alvarado, Villahermosa, Rovira, Chaparral y Coyaima. El gobierno los atribuye a disidencias de las FARC y redes de minería ilegal que buscarían generar caos, pero el senador Kevin Gómez Paz sostiene otra hipótesis: denunció que varios de los terrenos afectados coincidirían con zonas APPA, Zonas de Reserva Campesina y predios con solicitudes de títulos mineros. En el departamento existen, según su denuncia, 655 solicitudes mineras que abarcan unas 767 mil hectáreas, además de otras 374 mil hectáreas bajo interés relacionado con el fracking.
La acusación más grave es que el fuego podría terminar convirtiéndose en una herramienta de despojo: incendiar tierras protegidas, modificar las condiciones del suelo y posteriormente abrirlas a otros intereses económicos. Gómez Paz pidió congelar la entrega de títulos mineros sobre los predios incendiados, mientras análisis que han cruzado información oficial de minería, imágenes satelitales de la NASA y cobertura terrestre han encontrado coincidencias geográficas entre áreas bajo presión extractiva y zonas donde se detectaron anomalías térmicas. El gobierno de De la Espriella debería responder con absoluta transparencia, especialmente después de haber decidido desmontar las protecciones territoriales.
Si el gobierno elimina las barreras que protegían tierras agrícolas y, al mismo tiempo, aparecen incendios en territorios sometidos a presión minera, lo mínimo exigible es una investigación antes de permitir que esos terrenos terminen convertidos en mercancía. No basta con invocar “inversión” y “productividad” mientras se debilitan mecanismos destinados a garantizar la producción de alimentos y proteger al campesinado.
