Fuente: Coordinación General de Comunicación Social de la Alcaldía Tlalpan. Este contenido no fue elaborado por la redacción de Los Reporteros MX.
Las familias beneficiarias pagarán entre 70 y 90 pesos por una pipa, frente a los hasta 2 mil pesos que puede costar el servicio de manera particular.
La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, anunció que la tarjeta para acceder al subsidio de pipas de agua tendrá carácter permanente, con el objetivo de dar certeza a las familias que dependen de este servicio y evitar que el apoyo quede sujeto a los cambios de gobierno.
Durante la entrega de tarjetas, Osorio afirmó que el acceso al agua debe garantizarse como un derecho, por lo que quienes ya cuentan con el beneficio podrán conservarlo en los próximos años. “Los derechos no son a contentillo”, sostuvo al defender la continuidad de esta política pública.
Con el subsidio, las familias podrán pagar entre 70 y 90 pesos por una pipa, cuando el costo particular puede alcanzar entre mil 500 y 2 mil pesos. La alcaldesa recordó que esta política retoma acciones implementadas en 2015, cuando Claudia Sheinbaum encabezaba la entonces delegación Tlalpan y se modificó la distribución de pipas para reducir el costo del suministro.
Por su parte, Saúl Magdaleno Giles, director general de Bienestar e Igualdad Sustantiva, informó que durante el primer año de administración se generaron ahorros por 20 millones de pesos, recursos que, aseguró, fueron destinados nuevamente a la población mediante más obra, fortalecimiento operativo y apoyos sociales.
El funcionario señaló que uno de los objetivos es ampliar el programa de pipas hacia comunidades con mayores dificultades para acceder al agua, como Santo Tomás, Parres, San Miguel Xicalco y La Magdalena. Afirmó que los ahorros también fueron posibles por el combate a prácticas de corrupción y reiteró que los recursos públicos deben regresar a quienes más los necesitan.
Mario Delgado reconoció fallas institucionales del pasado y firmó un protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia sexual en planteles de educación básica.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) reforzó sus acciones contra el abuso sexual y maltrato infantil en escuelas de educación básica, al realizar por segundo año consecutivo una jornada de concientización para fortalecer la prevención, protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes.
Durante el acto, realizado en la primaria Ma. de Jesús Santa Olalla López, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó la importancia de mantener vigilancia permanente, dar seguimiento a posibles casos y fortalecer una cultura de respeto y denuncia dentro de los planteles.
Bajo el lema “Te escucho, te comprendo, te protejo”, la jornada incluyó acciones dirigidas a autoridades, docentes y trabajadores educativos, además de orientación para que las niñas y niños conozcan sus derechos y sepan cómo alzar la voz ante situaciones de abuso o violencia.
Delgado afirmó que es necesario “nombrar las cosas como son” para atenderlas y resolverlas, y destacó la colaboración entre autoridades, comunidad escolar, sociedad civil y organismos internacionales para desarrollar protocolos, herramientas normativas y módulos de capacitación contra la violencia infantil.
Como parte de estas acciones, el titular de la SEP firmó como testigo de honor el Protocolo de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica. Además, ofreció una disculpa pública a las víctimas y sus familias por las omisiones y fallas institucionales del pasado, y reconoció a quienes han denunciado y exigido justicia.
El funcionario subrayó que ninguna niña o niño debe ser víctima de violencia, mucho menos dentro de una escuela, y aseguró que la SEP mantendrá el compromiso de transformar el sistema educativo para garantizar espacios seguros y libres de violencia para la niñez.
La cifra forma parte de las acciones de seguridad realizadas entre octubre de 2024 y agosto de 2026; también suman 67 mil 253 detenidos por delitos de alto impacto.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 111 funcionarios públicos han sido detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado durante el actual gobierno, entre ellos presidentes municipales de distintos estados. Los casos forman parte del Operativo Enjambre, enfocado en desarticular redes de protección institucional.
Durante la presentación de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, Harfuch detalló que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 67 mil 253 personas por delitos de alto impacto. Además, las autoridades aseguraron 34 mil 353 armas de fuego, de las cuales 80 por ciento tendrían procedencia de Estados Unidos.
El funcionario también destacó los decomisos de droga realizados en operaciones marítimas encabezadas por la Secretaría de Marina, con 88 toneladas de cocaína aseguradas. Entre estos operativos se encuentra un decomiso superior a ocho toneladas frente a las costas de Michoacán, considerado uno de los mayores en la historia de la institución.
En materia de extorsión, Harfuch señaló que desde julio de 2025 opera una estrategia nacional que incluye inteligencia, fortalecimiento de unidades especializadas, atención a víctimas, capacitación del 089 y acciones financieras contra los responsables. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026 fueron detenidas 2 mil personas por extorsión en 29 entidades.
Harfuch afirmó que la política de seguridad mantiene una postura de “cero tolerancia a la corrupción y cero impunidad”, sin importar el cargo o afiliación política. Añadió que la estrategia se sostiene en atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, así como coordinación entre autoridades federales y estatales. Advirtió que los resultados no deben generar triunfalismo, sino impulsar mayores esfuerzos para reducir los delitos.
La periodista consideró que la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán tiene derecho a trabajar en redes tras cumplir su condena, siempre que sus actividades se mantengan dentro de la legalidad.
La “periodista” Anabel Hernández se pronunció sobre la nueva faceta de Emma Coronel como creadora de contenido en TikTok y Kick, y consideró que la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán está en su derecho de incursionar en redes sociales tras haber cumplido una condena por delitos relacionados con el narcotráfico.
Durante una entrevista, Hernández destacó que Coronel reconoció su participación y conocimiento de las actividades delictivas de su esposo, a diferencia de otras personas que, según la periodista, han negado cualquier vínculo con organizaciones criminales. “Está en su derecho”, sostuvo al ser cuestionada sobre su actividad como influencer.
La autora de Narcocracia señaló que Emma Coronel ya purgó una condena en prisión, por lo que sus decisiones actuales deben evaluarse bajo el marco de la legalidad. También cuestionó a quienes consumen su contenido, al considerar que cada persona tiene libertad para decidir qué figuras sigue y qué material consume en internet.
La nueva faceta de Emma Coronel como TikToker ha generado polémica en redes sociales. La esposa de El Chapo comenzó a realizar transmisiones en vivo y contenido para sus seguidores, con lo que ha ganado notoriedad y, presuntamente, importantes ingresos a través de las plataformas digitales.
Sin embargo, su regreso a las redes tampoco ha estado libre de controversias. TikTok suspendió una de sus cuentas, que había superado el millón y medio de seguidores, por lo que abrió un nuevo perfil. Además, han surgido cuestionamientos sobre los ingresos que obtiene mediante sus transmisiones y contenido digital, aunque no existe claridad pública sobre el monto de sus ganancias.
Organizaciones sociales acusan al grupo de los Monreal de impulsar a la senadora Verónica Díaz rumbo a 2027 y advierten sobre una posible continuidad del llamado “cacicazgo monrealista” en el estado.
Organizaciones sociales, feministas, académicos y trabajadores universitarios denunciaron que el gobernador David Monreal Ávila y su familia buscan posicionar a la senadora Verónica Díaz Robles, su cuñada, como candidata de Morena para las elecciones de 2027.
La Coordinadora Zacatecana de Lucha Social 10 de Abril señaló que durante más de un año Díaz Robles ha tenido una amplia exposición en medios y una presencia constante junto al gobernador en actos públicos, incluidos eventos relacionados con programas sociales y entrega de útiles escolares.
Durante una conferencia de prensa, integrantes de la organización, entre ellos Rodolfo García Zamora, Mario Efrén Ochoa Vega y José Santos Cervantes, cuestionaron a la dirigencia nacional de Morena sobre si permitirá la continuidad del llamado “cacicazgo del clan Monreal” o abrirá paso a un proceso democrático para definir la candidatura.
La Coordinadora aseguró que existen seis aspirantes que competirían contra Díaz Robles y sostuvo que el proceso electoral de 2027 estará marcado por divisiones dentro de Morena y sus aliados. Además, afirmó que existe un supuesto rechazo social de 80 por ciento a la administración de David Monreal, aunque no presentó en el pronunciamiento una fuente para respaldar dicha cifra.
Los activistas sostuvieron que la elección de 2027 será determinante para definir si continúa el dominio político de los Monreal, al que atribuyen una permanencia de 28 años en Zacatecas. Por ello, llamaron a la ciudadanía a mantenerse organizada y exigieron el “desmantelamiento definitivo” del llamado cacicazgo, al tiempo que manifestaron su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación a nivel federal.
La atacante del América Femenil fue incluida entre las mejores futbolistas del mundo tras una temporada en la que conquistó el triplete y aportó 27 goles y siete asistencias.
El futbol mexicano está de fiesta. Scarlett Camberos, del América Femenil, fue nominada al Balón de Oro Femenil 2026 por France Football, convirtiéndose en la primera futbolista mexicana en aparecer en la terna individual del prestigioso premio.
La nominación llega después de una temporada sobresaliente para la atacante, quien registró 27 goles y siete asistencias, además de ser pieza clave en el triplete conseguido por las Águilas. Sus actuaciones le permitieron competir por uno de los reconocimientos más importantes del futbol mundial.
Camberos comparte la lista con figuras de la élite internacional como Esmee Brugts, del Barcelona; Mariona Caldentey, del Arsenal; Melchie Dumornay, del OL Lyonnes; Caroline Graham Hansen y Patri Guijarro, ambas del Barcelona, entre otras estrellas.
El reconocimiento también alcanza al América Femenil, que fue incluido entre los nominados a mejor club femenil del año, categoría en la que competirá con instituciones como Manchester City y FC Barcelona.
Con estas nominaciones, el futbol femenil mexicano vuelve a colocarse en el escenario internacional. Camberos marca un precedente histórico al convertirse en la primera mexicana considerada para el Balón de Oro en la categoría individual, respaldada por una campaña que la llevó a competir directamente con algunas de las mejores jugadoras del planeta.
La infraestructura digital empleada en campañas de la nueva derecha latinoamericana habría sido proporcionada por la empresa del ex jefe de campaña de Donald Trump, que también aparece vinculada financieramente con operaciones para Israel.
Detrás de las campañas de la nueva derecha latinoamericana impulsadas por Fernando Cerimedo aparece un proveedor tecnológico común: Brad Parscale, ex jefe de campaña de Donald Trump. De acuerdo con una investigación del Observatorio de Medios de Cubadebate y registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos, su empresa Clock Tower X facturó servicios a campañas políticas en la región y al gobierno de Israel.
La investigación describe a Parscale como propietario de una infraestructura tecnológica utilizada para operaciones de influencia política, luego de pasar de operador digital de Trump a empresario. Tras abandonar la campaña de 2020, desarrolló Campaign Nucleus, plataforma que ofrece correo automatizado, análisis de redes sociales y segmentación predictiva de electores.
Esa tecnología habría sido utilizada en operaciones vinculadas con Cerimedo en Honduras, Bolivia y Argentina. Entre ellas se encuentra el respaldo tecnológico a la candidatura de Nasry Asfura, la campaña de Rodrigo Paz —donde se reportó el uso de “mini granjas de bots”— y la colaboración de la consultora Numen en la campaña de Javier Milei, registrada bajo el mecanismo FARA en Estados Unidos.
Según la investigación, Parscale proporcionó software, licencias de Campaign Nucleus y herramientas de monitoreo como EyesOver, mientras Cerimedo aportó conocimiento político local y una red de medios afines. El propio operador argentino explicó al New York Times la relación con una frase contundente: “Brad montó toda la infraestructura con la que trabajo”.
Vínculos financieros con Israel
El caso también apunta a una conexión económica con Israel. Documentos del registro FARA señalan que una campaña de Clock Tower X para Israel transfirió 702 mil 250 dólares a firmas asociadas con Cerimedo por producción de contenidos globales. El denominado Proyecto 545 contemplaría la generación de al menos 100 piezas mensuales para portales que no necesariamente se identifican como propaganda gubernamental.
La investigación sostiene que el objetivo de estas operaciones habría evolucionado: ya no se trata únicamente de persuadir al votante, sino de influir en las fuentes de información que consulta, incluidos sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y Perplexity. No obstante, el Observatorio aclara que los documentos no demuestran que Parscale dirigiera personalmente operaciones en América Latina ni que sus herramientas hayan determinado resultados electorales.
El alcalde morenista de Puebla contrató por adjudicación directa a TV Azteca y Total Play durante sus primeros meses de gobierno, en plena disputa entre la 4T y Ricardo Salinas Pliego.
El gobierno municipal de José Chedraui Budib destinó 26 millones 48 mil 789 pesos a empresas de Grupo Salinas durante sus primeros meses al frente del Ayuntamiento de Puebla.
Entre el 22 de octubre de 2024 y el 14 de enero de 2025, la administración morenista firmó tres contratos con Total Play y TV Azteca, todos mediante adjudicación directa y sustentados en dictámenes de excepción a la licitación pública.
El primer contrato se firmó apenas ocho días después de que Chedraui asumiera el cargo. El 22 de octubre de 2024, la Secretaría de Seguridad Ciudadana contrató a Total Play por 12 millones 888 mil 789 pesos para mantener los sistemas municipales de cámaras de videovigilancia, con vigencia hasta diciembre.
Un mes después, el 28 de noviembre, Comunicación Social otorgó a TV Azteca 1 millón 160 mil pesos para transmitir y difundir el quehacer gubernamental.
Finalmente, el 14 de enero de 2025, la misma televisora recibió otro contrato por 12 millones de pesos, ahora con vigencia durante todo 2025.
La cifra de 26 millones 48 mil 789 pesos corresponde exclusivamente a la gestión de Chedraui. En documentos relacionados aparece otro contrato de 8 millones 254 mil pesos con TV Azteca, pero éste corresponde a la administración del panista Eduardo Rivera Pérez, pues estuvo vigente de enero a septiembre de 2024, antes de que Chedraui asumiera la presidencia municipal. Es decir, bajo Chedraui, son tres contratos y más de 26 millones de pesos.
La decisión adquiere una dimensión política por el momento en que ocurrió. Mientras el Ayuntamiento de Puebla contrataba a empresas de Salinas Pliego, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantenía una confrontación pública con el usurero por sus adeudos fiscales y por la línea editorial de TV Azteca.
La presidenta ha reclamado reiteradamente el pago de impuestos y, el 25 de mayo de 2026, incluso llamó a la población a “no ver TV Azteca”, al acusar a la televisora de difundir “mentiras descaradas”. La empresa respondió señalando una supuesta censura, mientras Presidencia sostuvo que se trataba de una opinión personal de la mandataria.
La contradicción tampoco quedó únicamente en Palacio Nacional. En Puebla, el gobierno estatal de Alejandro Armenta, también emanado de Morena, rechazó un paquete de convenios con Grupo Salinas valuado en 2 mil 350 millones de pesos.
Además, su coordinador de gabinete, José Luis García Parra, acusó públicamente a TV Azteca de ejercer un presunto “cobro de piso” mediático. Así, mientras el gobierno estatal marcaba distancia con el conglomerado, el ayuntamiento capitalino mantenía contratos millonarios con sus empresas.
Y Chedraui no era un alcalde ajeno a la estructura política de Morena. Llegó al cargo en 2024 como candidato de una coalición encabezada por Morena y en agosto de 2025 formalizó su militancia partidista. Por eso el cuestionamiento no es simplemente comercial: un gobierno municipal surgido de la 4T destinó recursos públicos a uno de los grupos empresariales más enfrentados con el movimiento que lo llevó al poder.
La pregunta es: ¿cómo se explica que, mientras la dirigencia morenista confrontaba a Salinas Pliego, en Puebla se mantuviera abierta la chequera municipal?
Además, la relación con Grupo Salinas no comenzó con Chedraui.
Durante la administración de Eduardo Rivera, el Ayuntamiento de Puebla había pagado alrededor de 180.5 millones de pesos a Total Play entre 2022 y 2024 por el sistema de videovigilancia. El contrato venció el 14 de octubre de 2024, un día antes de la llegada de Chedraui. Apenas ocho días después, su gobierno volvió a contratar a la misma empresa por casi 12.9 millones de pesos para mantener las cámaras hasta finalizar ese año. La transición política, en este caso, no significó romper con el proveedor: el negocio simplemente continuó.
El contraste también aparece en los contratos de TV Azteca. Con Eduardo Rivera se habían pagado 8 millones 254 mil pesos por nueve meses, alrededor de 917 mil pesos mensuales. Con Chedraui, el contrato de 2025 representó 12 millones de pesos por 12 meses, es decir, un millón de pesos mensuales.
El Ayuntamiento no solo conservó la relación comercial: el monto mensual del contrato anual aumentó. Y existe otro punto que merece explicación: el documento disponible no precisa cuántos spots se transmitirían, su duración ni las franjas horarias, sino que establece un servicio anual de difusión.
El contrato de Total Play también tiene un antecedente relevante. Tras el vencimiento del convenio anterior, el tesorero municipal Héctor González Cobián señaló que no había presupuesto disponible y que cerca de 2 mil cámaras estaban fuera de operación. Sin embargo, días después, el nuevo gobierno encontró recursos para contratar nuevamente a la empresa.
De esta manera, durante los primeros meses de Chedraui se reactivaron dos líneas de negocio distintas con empresas del mismo grupo: seguridad pública mediante Total Play y comunicación gubernamental mediante TV Azteca.
Los contratos también tienen nombres y responsables. Ricardo Gutiérrez Loyola, coordinador general de Comunicación Social, firmó los dos convenios con TV Azteca y emitió los dictámenes de excepción a la licitación.
Por la televisora firmó su apoderado legal, José Manuel Meillón del Pando. El contrato de videovigilancia fue suscrito por el secretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Rosales Solís, junto con Alejandro Cedillo May y Ramsés Bonilla Luna; por Total Play firmó su apoderado, Jorge Vázquez Santamaría.
El contrato de 12 millones de pesos con TV Azteca, firmado en enero de 2025 y vigente todo el año, concentra buena parte de las dudas. El documento establece un servicio general de transmisión y difusión, pero no detalla con precisión la cantidad de spots, duración o horarios de emisión.
También contempla la posibilidad de utilizar herramientas comerciales adicionales bajo iniciativa de la televisora. En términos simples: el municipio comprometió 12 millones de pesos por un paquete anual cuyo desglose específico de exposición publicitaria no aparece detallado en la información proporcionada.
Aquí lo cuestionable es la congruencia de Chedraui con el discurso de la 4T. Porque mientras Morena confrontaba a Ricardo Salinas Pliego, mientras Sheinbaum cuestionaba a TV Azteca y mientras el gobierno de Puebla rechazaba acuerdos millonarios con Grupo Salinas, el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por un “militante de Morena”, destinaba más de 26 millones de pesos del erario a dos empresas del mismo conglomerado.
La paradoja queda servida: la 4T pelea con Salinas Pliego en público, pero Pepe Chedraui le contrató servicios con dinero público en Puebla.
Y aunque cada contrato pueda defenderse desde el terreno administrativo, políticamente resulta difícil explicar por qué un gobierno surgido de Morena decidió mantener una relación comercial millonaria con uno de los grupos más críticos de la llamada Cuarta Transformación.
Las denuncias señalan que instalaciones y servidores públicos habrían sido utilizados para empaquetar y organizar propaganda a favor del aspirante de Morena, cuando todavía ni siquiera se inicia el proceso de definición de candidaturas.
El escándalo por el presunto uso de la Casa de Gobierno de Tlaxcala para empaquetar propaganda electoral ya llegó a las autoridades. Al menos dos quejas fueron presentadas ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) contra la gobernadora Lorena Cuéllar y Alfonso Sánchez García, su delfín político y aspirante a encabezar la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación de Morena rumbo a 2027.
Una de las denuncias fue promovida por José Carlos Hernández Pérez, quien acusó a Cuéllar, a la Oficial Mayor Eréndira Garay Salas, a Sánchez García y a Morena por el presunto uso de instalaciones gubernamentales y servidores públicos para empaquetar y organizar la distribución de propaganda a favor del aspirante morenista. Los hechos señalados habrían ocurrido los días 14, 15 y 16 de agosto en Casa de Gobierno, residencia oficial de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal.
El PRD de Tlaxcala presentó una segunda queja ante el Consejo General del ITE. Su representante, Sergio Juárez Fragoso, señaló a los mismos actores y sostuvo que habría existido una aportación en especie proveniente del erario, al utilizar un inmueble público y personal de gobierno para actividades partidistas. Como pruebas, el partido presentó fotografías de cajas, lonas, trípticos y personas organizando material propagandístico dentro de Casa de Gobierno.
El asunto adquiere mayor relevancia porque Morena todavía no define a su candidato o candidata para la gubernatura de Tlaxcala en 2027 y las precampañas ni siquiera han comenzado. Aun así, ya existen señalamientos sobre el supuesto uso de recursos públicos para posicionar a quien busca convertirse en el coordinador estatal de la Defensa de la Transformación. La denuncia plantea posibles actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
Ante los señalamientos, el gobierno estatal informó que Lorena Cuéllar ordenó investigar los hechos y advirtió que habrá consecuencias si se confirma la participación de servidores públicos o el uso de espacios oficiales para actividades político-electorales.
Ahora la atención está puesta en el ITE: ¿actuará frente a las denuncias? Y en Morena también queda una pregunta: ¿arrancará su proceso en Tlaxcala con un coordinador estatal marcado desde antes por este escándalo? Por ahora, las acusaciones deberán ser determinadas por las autoridades electorales.
