Mientras Ernesto Ruffo permanece en el penal del Altiplano, su familia y dirigentes del PAN acudieron a la CNDH para denunciar presuntas violaciones al debido proceso y exigir la revisión de su caso.
La estrategia de defensa del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel dio un nuevo paso luego de que su hija, Verónica Ruffo, acudiera a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para presentar una denuncia por presuntas violaciones a sus garantías durante el proceso penal que enfrenta. Acompañada por abogados, legisladores, dirigentes del PAN y simpatizantes, la también activista insistió en que el recurso busca que se respeten los derechos del exmandatario, quien permanece recluido en el CEFERESO No. 1 “Altiplano”.
El recurso fue promovido por el abogado Ismael Chelín Guereña, quien solicitó que la CNDH analice si existieron irregularidades en el procedimiento judicial contra Ruffo. Sin embargo, la presentación de esta queja no modifica las investigaciones ni las acusaciones que pesan sobre el exgobernador, cuyo caso ha generado un amplio debate por los presuntos actos de corrupción que se le atribuyen durante su trayectoria política.
Verónica Ruffo sostuvo que la intención de la denuncia no es interferir en el proceso judicial, sino garantizar que éste se desarrolle conforme al debido proceso. Aun así, resulta llamativo que, cuando durante décadas miles de ciudadanos denunciaron abusos, corrupción y decisiones que afectaron a Baja California, las exigencias por los derechos humanos no tuvieron el mismo protagonismo desde el círculo político que hoy arropa al exgobernador.
Antes de entregar el documento, un grupo de simpatizantes realizó una concentración y reunió firmas en respaldo del exmandatario panista. Durante el acto, Verónica compartió un mensaje atribuido a su padre: “Quiero la unión de la nación, no quiero ataques”, además de asegurar que Ruffo le advirtió que “después de esto vienen días mucho más difíciles”, sin precisar el significado de esa afirmación.
Más allá del discurso de victimización impulsado por su entorno, el proceso judicial contra Ernesto Ruffo seguirá su curso y serán los tribunales los que determinen su responsabilidad.
La intervención de la CNDH, en caso de proceder, únicamente podría revisar posibles aspectos relacionados con el respeto a sus derechos durante el procedimiento, pero no borra las acusaciones ni las investigaciones que lo mantienen tras las rejas.
