El técnico español se marcha luego de sumar apenas un punto en seis jornadas del Clausura 2026.
Francisco Rodríguez dejó de ser director técnico de Santos Laguna tras un arranque de torneo muy por debajo de las expectativas. La directiva tomó la decisión luego de que el equipo consiguiera solo un punto en seis jornadas del Clausura 2026, ubicándose en el último lugar de la tabla y firmando uno de los peores inicios en la historia reciente del club.
Los rumores sobre su salida crecieron tras la derrota frente a Mazatlán FC el fin de semana. En conferencia, el estratega admitió que su continuidad dependía de la directiva, lo que terminó por confirmarse con su destitución.
Rodríguez había asumido el cargo en mayo de 2025, tras la salida de Fernando Ortiz. Bajo su gestión, el conjunto lagunero registró una efectividad del 31 por ciento, con seis victorias, tres empates y trece derrotas en 22 partidos, números que no lograron revertir la crisis deportiva.
El problema no es nuevo. Desde 2024, el equipo de Torreón arrastra fallas en funcionamiento y contundencia, situación que tampoco pudieron solucionar procesos anteriores como el de Ignacio Ambriz.
Ahora, Santos Laguna deberá redefinir su rumbo contrarreloj, ya que su próximo compromiso será ante Club León este sábado, en un duelo clave para intentar frenar la caída y buscar sus primeros tres puntos del torneo.
Mazatlán concentra la mayor derrama económica, pero municipios como Guamúchil, Los Mochis y Mocorito también reportan cifras históricas en turismo y espectáculos.
Los carnavales y eventos masivos en Sinaloa generaron una derrama económica superior a mil 339 millones de pesos y una asistencia acumulada de 866 mil personas entre el 12 y el 15 de febrero, consolidando al estado como uno de los destinos más fuertes en turismo de eventos en México.
La secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, destacó que estas cifras reflejan la confianza de los visitantes y el dinamismo del sector en la entidad. “Sinaloa se consolida como uno de los destinos más atractivos del país en espectáculos y celebraciones”, subrayó.
En Mazatlán, donde se desarrolla el tradicional Carnaval del 12 al 17 de febrero, se reporta una derrama superior a mil 274 millones de pesos y más de 741 mil asistentes. Entre los eventos destacados figuran las presentaciones de Edén Muñoz, Yuridia, así como el espectáculo “Yo sé que te acordarás” con la Banda Estrellas de Sinaloa y la OSSLA.
En Guamúchil se registraron más de 85 mil asistentes y una derrama superior a 40 millones de pesos. Mientras tanto, en Los Mochis, el concierto de Grupo Firme reunió a más de 14 mil personas y dejó 17 millones de pesos.
El Carnaval de Pericos, en Mocorito, sumó 17 mil asistentes y 3.6 millones de pesos; en Choix se contabilizan 8 mil visitantes con 4.8 millones en derrama.
Estos resultados no solo movilizan a miles de sinaloenses, sino que atraen turismo nacional e internacional, fortaleciendo la proyección económica y cultural de Sinaloa como referente en el turismo de espectáculos y celebraciones masivas.
Antonio Rivas Jiménez acreditó falsamente su licenciatura en Derecho ante el Centro de Evaluación y Control de Confianza; juez le impone multa y suspensión de derechos.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria contra Antonio Rivas Jiménez, exservidor público adscrito a la Fiscalía Federal en Querétaro, por el delito de uso de documento falso, previsto en los artículos 243 y 246 del Código Penal Federal.
De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario presentó ante el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) copias apócrifas de su título y cédula profesional, con el objetivo de acreditar una supuesta formación académica en Derecho y cumplir con los requisitos del cargo.
La denuncia derivó en una indagatoria encabezada por el Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, instancia que reunió las pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad penal del imputado.
Tras valorar los elementos, un juez federal dictó sentencia y determinó imponer una multa económica, así como conceder el beneficio de condena condicional, previa exhibición de una garantía económica. Además, el fallo incluye amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.
El caso retoma los mecanismos de control y certificación de confianza dentro de las instituciones de procuración de justicia, especialmente en áreas donde la acreditación académica es un requisito indispensable para el ejercicio del servicio público.
La agresión a una alumna con arma punzocortante y presunto intento de abuso detonó la suspensión de actividades; estudiantes demandan garantías académicas y refuerzo inmediato de vigilancia.
El CCH Oriente de la UNAM suspendió actividades académicas luego de que la asamblea estudiantil votara a favor del paro indefinido, tras la agresión contra una alumna que fue herida en el abdomen con un arma punzocortante y habría sufrido un intento de agresión sexual en las inmediaciones del plantel.
Mientras se desarrollaba la asamblea, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, declaraba que ya no había escuelas en paro tras la entrega de instalaciones en Arquitectura. Sin embargo, horas después, el CCH Oriente se sumó a la lista ante la exigencia de mayor seguridad y operativos efectivos en la zona.
En entrevista, Lomelí reconoció que en los alrededores del plantel se han registrado asaltos y afirmó que la UNAM solicitó al Gobierno capitalino reforzar los llamados “senderos seguros”. “Estamos pidiendo apoyo donde es necesario intensificar los operativos”, sostuvo.
En su pliego petitorio, la asamblea exige a la dirección del plantel un compromiso escrito, firmado y público que garantice que ningún estudiante será sancionado académica o administrativamente por participar en la protesta. También demandan ajustes en programas y mecanismos de egreso, para evitar afectaciones derivadas del paro.
Además, establecieron que no podrá realizarse ninguna actividad evaluable ni registrarse asistencia mientras continúe la suspensión. En materia de seguridad, piden la revisión y actualización de protocolos, con participación de estudiantes, docentes y trabajadores, así como un informe detallado sobre la instalación de torniquetes, incluyendo cronograma y presupuesto.
Las mesas formales de trabajo fueron convocadas para los días 17, 20, 23, 25 y 27 de febrero, a las 12:00 horas, en busca de soluciones concretas que atiendan la crisis de seguridad en el CCH Oriente.
Casi mil internos fueron trasladados del penal Ignacio Allende en 2010; autoridades argumentaron riesgo de motín, pero el inmueble terminó como set de rodaje en medio de protestas y acusaciones de abuso de poder.
El 5 de julio de 2010 quedó marcado como el día en que el gobierno de Fidel Herrera Beltrán desalojó el penal Ignacio Allende en Veracruz, en medio de versiones oficiales sobre una supuesta amenaza de matanza atribuida a Los Zetas. Semanas después, el histórico reclusorio se convirtió en locación de la película How I Spent My Summer Vacation, protagonizada por Mel Gibson.
De acuerdo con autoridades estatales, el traslado de cerca de mil reclusos a distintos penales respondió a “informes de inteligencia” que advertían un motín inminente. Sin embargo, familiares denunciaron que el movimiento fue arbitrario e ilegal, pues no se notificó oportunamente ni se siguieron los procedimientos judiciales correspondientes.
El inmueble —construido en el porfiriato— fue adaptado como set cinematográfico para recrear el penal ficticio “El Pueblito”. La producción prometió empleos y derrama económica; incluso se anunció prioridad para familiares de internos como extras. No obstante, múltiples testimonios señalaron pagos menores a los ofrecidos, jornadas extenuantes y trato discriminatorio.
Legisladores locales calificaron el operativo como un “fidelazo”, acusando violaciones al debido proceso y opacidad en los convenios con la producción. También se cuestionó el destino del predio, ubicado en una zona estratégica del puerto.
Mientras el rodaje avanzaba con fuerte despliegue de seguridad en locaciones como San Juan de Ulúa y Antón Lizardo, las familias exigían saber el paradero de sus parientes y denunciaban gastos adicionales para visitarlos en cárceles lejanas.
A 16 años de distancia, el episodio sigue siendo recordado como uno de los casos más polémicos en Veracruz, donde la línea entre seguridad pública y espectáculo internacional quedó marcada por la controversia.
Más de 18 mil viviendas dañadas, 4 mil destruidas y 11 mil hectáreas afectadas evidencian la magnitud de la emergencia climática que golpea al país sudamericano.
Las inundaciones en Colombia han dejado al menos 17 personas fallecidas y más de 250 mil damnificados, según confirmó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las lluvias intensas, registradas desde inicios de febrero, mantienen en alerta a múltiples regiones del país.
De acuerdo con el reporte oficial, se contabilizan 18 mil viviendas con daños y al menos 4 mil completamente destruidas, además de severas afectaciones en carreteras, puentes e infraestructura pública. Escuelas, hospitales y centros comunitarios también han sufrido estragos, por lo que se iniciaron trabajos de reparación emergente.
La UNGRD informó que continúa la distribución de ayuda humanitaria para atender a las familias afectadas. Solo en el departamento de Córdoba se enviaron 223 toneladas de asistencia, que incluyen alimentos, agua potable, artículos de higiene, hamacas y sábanas.
El Gobierno de Colombia señaló que un frente frío atípico intensificó las precipitaciones y los vientos, provocando una emergencia nacional. A través de redes sociales, la Presidencia aseguró que se mantiene presencia en los territorios para mitigar los daños y garantizar apoyo a la población.
Además del impacto urbano, la emergencia también golpea al sector rural. Las autoridades reportan más de 11 mil hectáreas gravemente afectadas, lo que compromete cultivos y actividades productivas en diversas regiones.
El alcalde admite que su futuro político depende del visto bueno de Mauricio Kuri, aunque su gestión en la capital está marcada por señalamientos de represión y derroche.
El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, no oculta su aspiración de buscar la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura en 2027. Sin embargo, dejó claro que su futuro político depende directamente del gobernador Mauricio Kuri, a quien agradece el respaldo y reconoce como su principal impulsor.
En entrevista con El Universal, el panista aseguró que su prioridad es “gobernar bien” el municipio y presumió avances en seguridad, inversión y certificación policial, destacando controles de confianza semestrales y coordinación con fuerzas estatales, el Ejército y la Guardia Nacional.
No obstante, el discurso contrasta con una administración envuelta en polémicas. En meses recientes, su gobierno fue señalado por la compra de una “luna gigante” por 1.8 millones de pesos, cuyo costo comercial sería mucho menor, generando críticas por presunto derroche de recursos públicos para promoción personal.
A ello se suman denuncias por operativos contra mujeres indígenas comerciantes en el Centro Histórico, donde se documentaron empujones, agresiones y decomisos. Organizaciones sociales han acusado un patrón de represión contra comunidades otomíes y ñañhú, mientras el alcalde insiste en que se trata de acciones para mantener el orden.
Macías presume que en 2025 se captaron 9 mil millones de pesos en inversión privada y que diariamente llegan 120 personas a vivir a Querétaro. Sin embargo, mientras proyecta cifras y disciplina administrativa, evita definirse sin el aval de Kuri.
El propio edil lo admite: su futuro político “depende del gobernador”. Es decir, más que proyecto propio, espera la señal. Y mientras aguarda el visto bueno para lanzarse por la gubernatura, la pregunta persiste: si no ha logrado gobernar sin polémicas la capital, ¿está listo para gobernar todo el estado?
Ruth González, actual senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, ha desplegado una estrategia de posicionamiento que utiliza, sin ningún tapujo, la estructura del estado como una extensión de su patrimonio personal.
Pero déjeme contarle la historia con datos duros.
Empresas sin declarar y recursos estatales para promocionar su imagen, marcan los pasos de Ruth González, quien busca suceder en la gubernatura de San Luis Potosí a su esposo, Ricardo Gallardo, actual gobernador de esa entidad.
En una clara violación al artículo 444 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ruth Miriam González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, está llevando a cabo realizando actos anticipados de campaña con recursos materiales y físicos que se ha negado a transparentar.
La semana pasada, la actual senadora y presidenta del DIF en San Luis Potosí fue “destapada” por Manuel Velasco, líder del Partido Verde Ecologista, como la potencial candidata a la gubernatura del estado el pasado 12 de febrero.
El “destape” de Ruth González provocó una airada crítica de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la Mañaneradel Pueblo enfatizó, categóricamente, que no estaba de acuerdo.
Sin embargo, lo cierto es que “La primera dama” potosina ha maniobrado legal y publicitariamente para suceder a su esposo desde abril de 2025, cuando la senadora comenzó a emplear recursos humanos de la Junta Estatal de Caminos para promover su imagen bajo la denominación “RG”, un logo que ha usado como imagen visual para promocionarse en eventos donde, con un gran despliegue mediático, regala juguetes y visita a comunidades desfavorecidas.
De hecho, en diciembre pasado, el gobernador Ricardo Gallardo intentó impulsar una reforma denominada “Ley Esposa”, bajo la cual el político intentaba maniobrar para que los candidatos a la gubernatura de 2027 fuesen mujeres.
No obstante, el objetivo de fondo, de acuerdo con diferentes críticos y actores políticos, era beneficiar a Ruth González Silva.
Repudiada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, la ley se echó abajo; sin embargo, los esfuerzos de Ruth Miriam y de su esposo para continuar en el poder no han parado. Al contrario: continúan, bajo fuertes señalamientos de nepotismo y corrupción.
Ruth Miriam González es licenciada en Comunicación y, de acuerdo con su propia declaración patrimonial, su incursión en la política se debió, tristemente, a su esposo.
Antes, nunca tuvo relación ni con la política ni con el servicio público.
De hecho, hasta septiembre de 2024, Ruth González trabajó en la gerencia de ventas de CREATIVA MOTORS, S.A. DE C.V, una empresa que comercializa autos seminuevos en San Luis Potosí y de la que, por cierto, es dueña. Aunque, hasta ahora, ni haya querido declararlo.
Curiosamente, en el mismo periodo, la “primera dama” de San Luis Potosí también dejó de laborar como “comerciante de productos al por menor” en una empresa que llevaba su nombre, Ruth Miriam González Silva, una empresa de su propiedad y que, extrañamente, se dedicaba a un giro que jamás se especificó.
Pero le digo más: mientras Ruth era vendedora y se desempeñaba como “comerciante al por menor”, eso no le impedía ser la titular del DIF en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, para luego saltar a la titularidad del DIF estatal y, finalmente, convertirse en flamante senadora.
Acostumbrada al ámbito privado, Ruth dejó a un lado sus obligaciones como servidora pública y ninguna de sus ganancias fueron transparentadas o declaras.
En su última declaración patrimonial, presentada en 2024, la senadora del Partido Verde Ecologista omite declarar si tuvo ingresos extraordinarios por su papel como funcionaria o como vendedora o emprendedora.
Tampoco ha dicho a cuánto asciende su dieta en el Senado y tampoco ha querido declarar si tiene propiedades junto a su esposo, Ricardo Gallardo.
Ruth ha tratado de combinar sus trabajos como emprendedora y vendedora con sus inclinaciones políticas familiares. Pero la verdad es que no le ha ido nada bien. En 2018 compitió por la candidatura de la coalición PAN-PRD en el Senado en sustitución de su esposo Ricardo Gallardo, quien fue acusado de corrupción.
Sin embargo, Ruth perdió y ambos migraron al PVEM, un partido bajo el que han logrado consolidar un pernicioso cacicazgo en San Luis Potosí.
Y tal como intentaron hacer en la contienda hacia el Senado en 2018, Ruth busca sustituir a su esposo en la gubernatura del estado. Y por eso ha desplegado una aparatosa máquina de ayuda social, con la que busca granjearse el favor de los potosinos y diluir los señalamientos de nepotismo que la rodean.
Le pongo un ejemplo: en abril de 2025 una escuadrilla de la Junta Estatal de Caminos fue captada mientras realizaba labores de limpia. Pero, aunque, correspondería a una actividad normal de la dependencia, llamó la atención que los trabajadores portaban un chaleco cuyo logo principal era RG, es decir: las siglas de Ruth González, pero en forma de logo.
Un logo con el que Ruth se ha promocionado en distintos eventos, ya sea regalando juguetes (como ocurrió el pasado 6 de enero, Día Reyes) u organizando bailes para celebrar la Navidad.
Ruth y Gallardo: la ingeniería del nepotismo en San Luis Potosí
Lo cierto es que se trata de toda una ingeniería del nepotismo perfectamente bien aceitada.
Lamentablemente, este intento de suceder a su esposo no es un acto de emancipación femenina, sino la vulgar estrategia de supervivencia de un clan.
Tras 54 meses de estrategia permanente en seguridad, la frontera chihuahuense cayó al lugar 17 mundial y registró su tasa más baja de homicidios en ocho años.
Ciudad Juárez continúa avanzando en materia de seguridad pública y dejó oficialmente el Top 15 de las ciudades más violentas del mundo, al ubicarse en el lugar 17 del ranking internacional 2025 elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, informó que este resultado es producto de 54 meses de intervenciones continuas, coordinación operativa y fortalecimiento institucional. En comparación con la medición anterior, la ciudad descendió cinco posiciones en la clasificación global.
Las cifras respaldan la tendencia: el homicidio doloso disminuyó más de 42%, con una tasa actual de 60.6 casos por cada 100 mil habitantes, la más baja documentada en los últimos ocho años en la frontera.
Entre los factores clave destaca la presencia permanente de la Policía del Estado, cuyo centro de operaciones fue trasladado a la región al inicio de la administración. A ello se suma la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, reforzando patrullajes y acciones de combate a la delincuencia.
La estrategia también incorpora herramientas tecnológicas como la Plataforma Centinela, sistema integral de videovigilancia e inteligencia que amplió la cobertura en puntos estratégicos de la ciudad.
Autoridades estatales subrayaron que, aunque los resultados muestran una tendencia sostenida a la baja en violencia, el reto continúa y se mantendrán las acciones preventivas y operativas.
Salir del Top 15 representa un indicador tangible del impacto de la política de seguridad aplicada en la frontera norte y confirma que Ciudad Juárez avanza hacia un entorno más estable y con mejores condiciones para sus habitantes.
La Presidenta defendió la Nueva Escuela Mexicana, reconoció el trabajo de Marx Arriaga, pero dejó claro que los contenidos educativos deben evolucionar e incluir a las mujeres en la historia de México.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que los libros de texto gratuitos no son patrimonio de una persona, al referirse a la salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria reconoció la labor de Arriaga en la transformación de los materiales educativos durante el sexenio pasado, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, proyecto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, subrayó que los contenidos deben mejorarse y actualizarse constantemente.
El punto de quiebre fue la propuesta presidencial de incorporar el papel de las mujeres en la historia de México dentro de los nuevos libros de texto gratuitos. Sheinbaum explicó que muchos materiales priorizan a los héroes, pero no visibilizan a las heroínas. Esa diferencia de visión derivó en el primer desencuentro con el exfuncionario.
La Presidenta reveló que, ante la situación, se le ofrecieron alternativas como encabezar un consulado en el exterior, pues su trabajo fue valorado. No obstante, insistió en que el movimiento de transformación educativa es más amplio que cualquier persona y debe seguir fortaleciéndose.
Asimismo, expresó su desacuerdo con la forma en que se notificó la separación del cargo, aunque puntualizó que el exfuncionario tiene derecho a recurrir a las instancias legales correspondientes.
