Donald Trump afirmó que México acata las órdenes de Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza, y celebró una reducción histórica en los cruces irregulares de migrantes en la frontera sur durante los últimos meses.
“Estamos cerrando las fronteras y ahora respetan a este país otra vez… México hace lo que les decimos que hagan, y Canadá también”, declaró el presidente republicano desde el Salón Oval tras firmar una orden ejecutiva sobre seguridad social.
Trump señaló que tanto la frontera norte como la sur “eran horribles” antes de sus medidas, pero ahora “todo el mundo entiende” que Estados Unidos está recuperando el control.
A inicios de agosto el Departamento de Seguridad Interna reportó que julio registró el nivel más bajo de cruces irregulares desde la década de 1960, hecho que Trump atribuye a su política migratoria estricta y a la cooperación de México.
La reciente entrega de 26 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos se convirtió en una válvula de escape ante las constantes exigencias de Donald Trump, en un contexto de negociaciones comerciales y acusaciones sobre colusión con el crimen organizado, según Carmen Morán para El País.
Expertos señalan que estas acciones son evidencia de la debilidad del sistema judicial mexicano, donde fugas y amparos de reclusos facilitan la intervención estadounidense. Por ejemplo, el caso de Zhi Dong Zhang, ligado al Cártel de Sinaloa, que ha generado cuestionamientos sobre la seguridad de los penales.
“El envío de capos muestra cómo México busca proteger la estabilidad económica y el tratado comercial, pero aumenta su dependencia frente a EE. UU.”, señala Carlos Pérez Ricart, especialista en seguridad internacional.
La presión de Trump también ha alcanzado a políticos mexicanos con sanciones como la retirada de visas a funcionarios. Analistas advierten que la siguiente etapa podría involucrar a narcopolíticos, además de los delincuentes.
Mientras tanto, el despliegue de drones estadounidenses sobre México y la cooperación en operativos contra cárteles como el CJNG mantienen a la administración de Claudia Sheinbaum en un delicado equilibrio entre la cooperación y la dependencia, dejando dudas sobre si la entrega de capos será suficiente.
La Administración de Donald Trump solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos suspender la orden de Maame E. Frimpong, jueza de California, que busca cesar las detenciones del ICE. La jueza prohibió al servicio detener a personas por factores xenófobos y racistas: hablar español, trabajar en construcción o “parecer latino” principalmente.
Organizaciones de defensa de derechos civiles advierten que un fallo favorable al Gobierno aumentaría la inseguridad y el miedo entre latinos en ciudades como Los Ángeles, la cual ha sido el epicentro de las redadas masivas de este verano, según información recopilada por El País.
Frimpong concluyó que el ICE carece de fundamento legal para detener a la mayoría de los individuos arrestados, y calificó las operaciones como una “presencia amenazante” que genera temor de secuestro entre ciudadanos y residentes legales.
El Gobierno defiende su posición alegando que factores como hablar español o desempeñar ciertos trabajos pueden aumentar la probabilidad de que alguien sea indocumentado y justifica su uso para intensificar la aplicación de leyes migratorias. Por su parte, activistas denuncian las repercusiones del miedo: niños dejan de ir a la escuela, adultos evitan trabajar y toda la comunidad vive bajo constante tensión.
El tema ha generado polémica y protestas a nivel nacional, la decisión del Supremo será determinante, puesto que podría reescribir la política migratoria y el alcance de las detenciones basadas en perfil racial en Estados Unidos.
El derecho al matrimonio homosexual en Estados Unidos, vigente desde 2015, podría estar en riesgo si el Tribunal Supremo falla a favor de Kim Davis, exsecretaria del condado de Rowan, Kentucky, quien en su momento se negó a expedir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo por motivos religiosos. Davis fue sancionada con una multa y seis días de cárcel por desacato, pero ahora busca revertir la histórica sentencia de Obergefell vs. Hodges a través de un recurso que llegará al Supremo este otoño.
De acuerdo con información de El País, el abogado de Davis sostiene que la decisión de 2015, que estableció el matrimonio igualitario como derecho constitucional bajo la 14ª Enmienda, fue un “error flagrante” y su cliente está protegida por la Primera Enmienda de libertad religiosa. De prosperar, el fallo podría sentar un precedente para que los Estados legislen sobre el matrimonio, retrocediendo décadas de avance en derechos LGTBIQ+.
Este caso se enmarca en una ofensiva conservadora que busca revertir derechos obtenidos gracias a luchas y sentencias históricas. Organizaciones como Lambda Legal advierten que la apelación de Davis podría catalizar la aprobación de leyes estatales que restrinjan el matrimonio igualitario.
A pesar de los intentos de Davis, tribunales inferiores han desestimado sus reclamos, argumentando que no puede invocar la Primera Enmienda para eximirse de responsabilidades derivadas de su rol como funcionaria. Mientras tanto, la opinión pública muestra que el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque amplio, se ha mantenido en torno al 70% desde 2020, según encuestas de Gallup.
La decisión del Tribunal Supremo será significativo para el futuro del matrimonio igualitario en Estados Unidos.
La deuda nacional de Estados Unidos superó los 37 billones de dólares, una cifra récord que representa el 123% de su PIB y aumenta la presión sobre contribuyentes y economía. El dato fue reportado en el más reciente informe del Departamento del Tesoro.
La deuda federal se compone de 29.64 billones en deuda pública y 7.36 billones en deuda intragubernamental, cifras que superan el PIB combinado de China y la eurozona, según la Fundación Peterson. En proporción al PIB, niveles similares solo se habían registrado después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que Estados Unidos se encuentra en expansión económica y relativa paz.
El crecimiento acelerado de la deuda se debe a la pandemia de COVID-19, que obligó a los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden a usar ampliamente el crédito para estabilizar la economía. Además, el reciente gasto aprobado por Trump sumará 4.1 billones más en la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La Oficina de Rendición de Cuentas destaca que los ciudadanos han sentido el impacto de esta deuda al percibir salarios más bajos y pagar por bienes y servicios más caros. Como medida, MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, llamó con urgencia a los legisladores a actuar de inmediato para frenar esta tendencia.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que no existen pruebas suficientes para invalidar 17 contiendas de la elección judicial, a pesar de denuncias sobre la presunta distribución masiva de las llamadas guías de voto o “acordeones”. La decisión se tomó por mayoría de tres votos contra dos, con Felipe Fuentes, Mónica Soto (presidenta) y Felipe De la Mata a favor, y Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora en contra.
De acuerdo con información recopilada por La Jornada, la magistrada presidenta subrayó que el TEPJF no es autoridad investigadora y no puede buscar pruebas no entregadas por los inconformes. Añadió que, aunque los contendientes no sean partidos políticos deben presentar pruebas sólidas y no limitarse a impugnaciones basadas en dichos.
La propuesta de Otálora y Rodríguez para remitir el caso al INE con el fin de determinar el impacto de los acordeones y posibles violaciones al tope de gasto de campaña fue rechazada. Según los proyectos de resolución las pruebas eran inoperantes o insuficientes, aunque la Sala Superior seguirá evaluando aspectos clave como la libertad del voto, equidad y posibles irregularidades.
En otros casos se mantuvo la constancia de triunfo a candidatos pese a irregularidades menores, se revisó la metodología del INE para verificar requisitos académicos de los aspirantes y se ordenó otorgar constancias de mayoría a siete mujeres, reforzando de estas maneras los criterios de paridad y elegibilidad.
Hasta ahora, de los 963 juicios de inconformidad derivados de la elección judicial federal del 1º de junio y la renovación del poder judicial en 19 entidades, 776 ya fueron resueltos, 425 han sido improcedentes y 343 con sentencia de fondo. La Sala Superior tiene como fecha límite el 28 de agosto para concluir el análisis y las resoluciones, antes de que los nuevos juzgadores tomen posesión el 1 de septiembre.
El Gobierno de Estados Unidos realizó los estudios para crear una Fuerza de Reacción Rápida de la Guardia Nacional con el fin de intervenir en ciudades donde se registren protestas o altercados públicos, según documentos internos del Pentágono a los que tuvo acceso The Washington Post.
El plan contempla 600 efectivos en alerta permanente, divididos en dos grupos de 300 con armas y equipo antidisturbios, estacionados en Alabama y Arizona, con jurisdicción al este y oeste del río Misisipi. Los primeros 100 soldados podrían desplegarse en una hora, mientras que las oleadas restantes estarían listas entre 2 y 12 horas, o de inmediato bajo alerta máxima. El servicio tendría una duración de 90 días para evitar el agotamiento del personal.
Los documentos indican que, de aprobarse, el programa podría costar cientos de millones de dólares, especialmente si se requiere disponibilidad de aeronaves y tripulaciones militares las 24 horas. La iniciativa permitiría al presidente Donald Trump movilizar tropas bajo el Título 32 del Código estadounidense en cualquier estado que experimente disturbios, aunque reconocen posibles fricciones políticas si los gobernadores se negasen a colaborar.
El plan podría implementarse y financiarse con el presupuesto del Pentágono a partir del año fiscal 2027, según las proyecciones internas.
Durante la conferencia mañanera del jueves 14 de agosto se resaltó que México vive un auge turístico sin precedentes. Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo, informó que de enero a junio de 2025 arribaron 47.4 millones de visitantes al país, lo que representa un incremento del 13.8% respecto al mismo periodo del año pasado. De este total, 23.4 millones fueron turistas internacionales, con un aumento del 7.3%, mientras que el gasto de los visitantes creció 6.3%, alcanzando 18 mil 681 millones de dólares en el primer semestre del año.
El informe también destacó una creciente presencia de mujeres extranjeras en México, con más de 5 mil 695 arribos, lo que representa un 1.8% más que en 2024. Además, los cruceristas alcanzaron 5.7 millones de pasajeros, consolidando el país como un destino de relevancia global.
El turismo norteamericano impulsa este crecimiento, dado que México y Estados Unidos mejoraron la conectividad aérea, registrando 4.6 millones de asientos programados, un incremento del 5.5% respecto al año pasado. Las ciudades con mayor movimiento de pasajeros fueron Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, San José del Cabo, Puerto Vallarta, Mérida y León, posicionando de esta manera al país como una potencia turística internacional.
En cuanto al turismo comunitario, Rodríguez explicó que está gestionado por comunidades locales, quienes lideran la oferta turística de cada región, promoviendo cultura, gastronomía, tradiciones y desarrollo sustentable, con respeto a la propiedad y el sentido de pertenencia de las comunidades indígenas, afromexicanas, rurales y ejidales.
Por otra parte, Sebastián Ramírez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, presentó el Distintivo de Prestadores de Servicios Turísticos Comunitarios, conocido por ser el primer certificado en el mundo que reconoce a personas y colectivos que ofrecen servicios turísticos con enfoque sostenible y mejora continua. Este reconocimiento, otorgado únicamente por la Secretaría de Turismo, se entrega desde 2017 y es el primero de la 4T.
Además, el Gobierno de México, junto con la UNESCO, lanzó convocatorias para certificar experiencias turísticas de calidad, con el fin de fortalecer la oferta y consolidar a México como un referente global de turismo inclusivo y responsable.
General Electric Appliances anunció que trasladará la producción de cocinas de gas, refrigeradores y calentadores de agua desde México y China hacia plantas en Estados Unidos, como parte de una inversión de 3 mil millones de dólares para fortalecer la manufactura nacional en los próximos cinco años, de acuerdo con El Financiero.
La empresa, subsidiaria de la china Haier, destinará recursos a modernizar y ampliar operaciones en Kentucky, Georgia, Alabama, Tennessee y Carolina del Sur, creando más de mil empleos.
Entre los cambios más relevantes:
Las cocinas de gas que se fabricaban en México pasarán a producirse en LaFayette, Georgia.
Seis modelos de refrigeradores hechos en China se trasladarán a Decatur, Alabama.
Los calentadores de agua eléctricos e híbridos, hoy fabricados en China, se producirán en Camden, Carolina del Sur, duplicando empleo y capacidad.
En Tennessee, se fabricarán nuevos modelos de aires acondicionados.
La medida forma parte de una estrategia de “fabricar cerca del cliente”, impulsada por automatización, mejora de procesos y capacitación laboral. En junio, la compañía ya había anunciado la relocalización de lavadoras y secadoras desde China a su complejo en Louisville, Kentucky, con una inversión adicional de 490 millones de dólares.
Con este plan, GE Appliances habrá invertido 6 mil 500 millones de dólares en manufactura estadounidense desde 2016, reafirmando su apuesta por reducir la dependencia de cadenas de suministro extranjeras y fortalecer su presencia en el mercado local.
El déficit comercial de México con China alcanzó un máximo histórico en el primer semestre de 2025, con 57 mil 535 millones de dólares, un aumento del 3.3% respecto al año anterior, según datos del Banco de México recopilados por El Economista.
El desbalance se explica por el fuerte crecimiento de las importaciones desde China, que subieron 2.3% para ubicarse en 62 mil 127 millones de dólares, mientras que las exportaciones mexicanas hacia el gigante asiático cayeron 4.5%, quedando en apenas 4 mil 592 millones.
Entre los productos que México compra a China destacan autos, computadoras, teléfonos, aire acondicionado y piezas industriales, muchos de ellos insumos clave para la manufactura local.
El aumento de compras a China ha sido constante: en 2015 sumaban 32 mil 811 millones de dólares y hoy casi se duplican. Este intercambio está influido por la proximidad de México a Estados Unidos, el mayor importador del mundo, y por la alta competitividad china en bienes finales e intermedios.
La situación se da mientras se aproxima la revisión del T-MEC, donde podría discutirse el impacto de las importaciones chinas en Norteamérica. Además, los cambios arancelarios de EE.UU. han llevado a China a redirigir parte de sus exportaciones hacia otros mercados, incluido México.
En contraste, lo que México vende a China se concentra en minerales de cobre, autopartes, petróleo, equipos médicos y circuitos electrónicos. El récord exportador mexicano hacia ese país se registró en 2022, con 5 mil 201 millones de dólares, cifra que no se ha vuelto a alcanzar.
