Altos mandos del Ejército, el Mossad y el Shin Bet han roto el silencio para advertir que Israel se encamina hacia la derrota en Gaza. En un pronunciamiento inédito por su fuerza y alcance, exjefes de inteligencia y seguridad nacional exigieron al gobierno de Benjamín Netanyahu detener la ofensiva militar, al acusarlo de mantener el conflicto por razones ideológicas y políticas, no por objetivos de seguridad.
“Esta guerra pudo terminar hace un año con una victoria operativa, pero hoy solo sumamos pérdidas”, sentenció Amos Malka, exjefe de Inteligencia Militar. Su postura fue respaldada por nombres de peso como Ehud Barak, Tamir Pardo (ex Mossad), Yoram Cohen y Ami Ayalon, quienes señalaron que la prolongación del conflicto ha erosionado la seguridad, la identidad nacional y el respaldo internacional a Israel.
Tamir Pardo fue tajante: “Lo que el mundo ve en Gaza es nuestra creación. Nos ocultamos bajo una mentira vendida al público y al mundo”. La crítica también apunta a la influencia de una “minoría mesiánica” que, según los firmantes, ha capturado el rumbo del Estado y lo arrastra por un camino irracional e insostenible.
Para los exmandos, el alto al fuego no solo es urgente, sino clave para lograr el regreso de los rehenes en manos de Hamás. “Ya no se trata solo de defensa, sino de salvar lo que queda de nuestra integridad como nación”, advirtió Ayalon, exdirector del Shin Bet.
Durante mes y medio, barrios latinos de Los Ángeles vivieron una campaña de miedo orquestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que realizó 471 redadas entre el 6 de junio y el 20 de julio. De acuerdo con información recopilada por Milenio, la organización Chirla detectó que en promedio se ejecutaron 10 operativos diarios, principalmente en zonas como Panorama City, Pico Rivera y el Valle de San Fernando, donde el porcentaje de población hispana supera el 80%.
Las detenciones, muchas sin orden judicial y con agentes sin uniforme oficial, se dirigieron a trabajadores, mujeres embarazadas y ciudadanos con residencia legal o ciudadanía estadounidense, seleccionados bajo criterios de perfil racial, como hablar español, tener rasgos latinos o trabajar en empleos específicos.
Este patrón, documentado por Chirla y organizaciones aliadas, derivó en una demanda federal respaldada por la ciudad de Los Ángeles y su alcaldesa Karen Bass, la cual fue atendida por la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien emitió dos órdenes de restricción temporal (TRO). Una de ellas prohíbe a ICE realizar detenciones basadas en apariencia física, idioma o lugar de presencia sin sospecha razonable. La otra obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a garantizar acceso a representación legal incluso fines de semana y días festivos.
Este fallo marcó un freno legal a las redadas en California y sentó un precedente para otras ciudades del país que podrían unirse a la demanda. Mientras tanto, el Pentágono anunció el retiro de mil elementos de la Guardia Nacional de las calles de Los Ángeles, dejando únicamente 250 soldados para resguardar instalaciones federales como el Centro Metropolitano de Detención, epicentro de las protestas ciudadanas.
Exconsejeros del INE y exmagistrados del Tribunal Electoral hicieron un llamado al gobierno federal para que la futura reforma electoral se construya a partir de un amplio consenso social y político, y esté guiada por los principios de integridad democrática, técnica y autonomía institucional.
A través de un desplegado firmado por 22 exfuncionarios —entre ellos Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Leonardo Valdés Zurita—, los firmantes coincidieron en la necesidad de que la reforma garantice la representación efectiva de la ciudadanía, corrija las distorsiones del sistema electoral actual y mantenga bajo control de la autoridad electoral administrativa el padrón electoral, los listados nominales y la credencial para votar, con la vigilancia técnica de los partidos.
Además, se pronunciaron por evitar que las consejerías y magistraturas se designen por voto popular, y que en su lugar se prioricen perfiles con experiencia, imparcialidad y conocimiento técnico, elegidos por el Congreso de la Unión.
La reforma, señalaron, debe promover la rendición de cuentas, impedir la compra y coacción del voto, sancionar el uso indebido de recursos públicos y garantizar campañas en condiciones de equidad. También insistieron en que el proceso legislativo esté respaldado por diagnósticos técnicos que transparenten los costos del sistema electoral y su impacto en las finanzas públicas.
El pronunciamiento se da luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la creación de una comisión especial para elaborar la propuesta de reforma, encabezada por Pablo Gómez, quien dejó su cargo en la Unidad de Inteligencia Financiera para asumir esta nueva tarea.
Gerardo Ortiz Medina, famoso cantante de narcocorridos, evitó la cárcel tras declararse culpable de vínculos financieros con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), gracias a un acuerdo con el FBI que implicó delatar a su exmánager, José Ángel del Villar, CEO de Del Records.
De acuerdo con documentos judiciales revelados por Milenio, Ortiz colaboró con autoridades estadounidenses para reducir su sentencia y continuar su carrera artística en libertad. Desde mayo de 2023, Ortiz había lanzado “Los Envidiosos”, un tema dedicado al CJNG que refleja su cercanía con el cártel.
La investigación del FBI giró en torno a una red de lavado de dinero a través de conciertos realizados en México en 2018, promovidos por Del Records y vinculados a la empresa Gallística Diamante, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En abril de 2018, Gallística Diamante fue señalada como fachada para lavar dinero del CJNG, y en junio de 2022, el FBI arrestó a José Ángel del Villar y al director financiero de Del Records, Luca Scalisi, por estos delitos.
Según la fiscalía, Ortiz y Del Villar recibieron más de 1.5 millones de dólares por estos conciertos. A pesar de las advertencias del FBI antes de uno de los eventos, Del Villar presionó para que Ortiz se presentara, hecho que el cantante usó como parte de su defensa al testificar contra su exmánager. El 28 de mayo de 2024, Ortiz se declaró culpable de realizar transacciones con una entidad ligada al narcotráfico, pactando el pago de una fianza y su colaboración como testigo clave en el juicio contra Del Villar, quien enfrenta una solicitud de sentencia de 78 meses de prisión y multa de 300 mil dólares.
La sentencia de Ortiz está programada para el 19 de noviembre, pero confía en mantenerse libre y ya tiene conciertos agendados, incluyendo uno en la Payne Arena, Texas, días después de la sentencia.
En una estrategia conjunta para reforzar la seguridad en zonas de alta incidencia delictiva, el gobernador Alejandro Armenta entregó 100 alarmas vecinales a los Comités de Paz y Seguridad de San Baltazar Campeche, con el objetivo de convertir las colonias en entornos de tranquilidad y participación ciudadana.
El mandatario destacó que estos comités, integrados por vecinos, son guardianes del bienestar y trabajan en coordinación con los tres niveles de gobierno. “Nuestra prioridad es proteger a las y los poblanos”, afirmó.
Las alarmas estarán conectadas directamente al C5, y permitirán una respuesta inmediata ante emergencias. Las patrullas acudirán con elementos equipados con body cam, lo que facilitará la vigilancia ciudadana y el respeto a los derechos humanos.
El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, explicó que los comités definirán los puntos estratégicos para la instalación de cámaras de videovigilancia, basados en los índices delictivos de cada colonia.
Por su parte, el alcalde José Chedraui Budib reconoció el compromiso del gobernador con la seguridad y subrayó que esta acción es producto del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.
El programa se alinea con la política nacional de atención a las causas impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, según detalló el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.
En esta primera etapa, se entregarán mil alarmas vecinales en colonias prioritarias de la capital poblana. En San Baltazar Campeche, ya se han instalado dispositivos en 20 colonias, entre ellas Xilotzingo, Leobardo Coca, Granjas Puebla, Los Héroes, La Joya y San Jorge.
Vecinos como Jaime Huerta y Antonia Anselmo destacaron que, con estas herramientas, ahora sienten mayor tranquilidad al caminar o salir a trabajar, tras años de abandono.
Por segunda vez consecutiva, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, participó en la Mesa de Seguridad del gobierno federal junto a los titulares del gabinete de seguridad nacional, en cumplimiento de las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
La reunión se llevó a cabo en la Base Aérea Militar No. 10 con la presencia de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino.
El objetivo de estos encuentros, programados cada 15 días, es mantener presencia federal en Sinaloa, evaluar las estrategias de seguridad, reactivar la economía local y contribuir a la reconstrucción del tejido social.
Además, los funcionarios sostuvieron un diálogo con empresarios de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y representantes de medios de comunicación, con quienes acordaron refinar la estrategia de seguridad desde un enfoque coordinado.
El programa “Vive Saludable, Vive Feliz” ha logrado atender a casi 4 millones de estudiantes de primarias públicas en todo el país, desde su implementación el pasado 12 de marzo. La estrategia, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, e implementada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), incluye revisiones médicas integrales para detectar a tiempo problemas de salud en la infancia.
El secretario de Educación, Mario Delgado, detalló que 738 brigadas, con más de 7 mil 700 especialistas, han recorrido las escuelas primarias públicas realizando chequeos de peso, talla, salud bucal, salud visual y promoción de hábitos saludables.
Hasta el 16 de julio, 3 millones 940 mil 874 alumnos han sido evaluados en 27 mil 409 escuelas públicas, y sus datos forman parte de un Expediente Digital de Salud Escolar que permitirá dar seguimiento histórico a su salud. Asimismo, Delgado anunció que la meta es llegar a 12 millones de estudiantes durante el próximo ciclo escolar.
El titular del IMSS, Zoé Robledo, informó que 1.9 millones de estudiantes fueron canalizados a unidades médicas por peso fuera de rango, con mayor incidencia en cuarto y quinto grado; 2.4 millones de niñas y niños fueron referidos por problemas bucales; 55 de cada 100 presentan caries; y un millón 367 mil estudiantes están fuera del rango visual adecuado y fueron enviados a una óptica.
El programa se complementa con la prohibición de comida chatarra en las escuelas, y con el arranque del ciclo escolar 2025-2026, volverán las visitas a los planteles para continuar con las valoraciones médicas.
Por primera vez en libertad desde 2005, Israel Vallarta concedió una entrevista exclusiva a Los Reporteros MX, donde detalla los horrores que vivió durante su detención, la fabricación del caso y el silencio cómplice del sistema judicial. “Nunca dejé de luchar, pero no me movía el odio, me movía la verdad”, aseguró.
A 48 horas de haber salido del penal del Altiplano, Israel Vallarta habló desde su casa con el periodista Manuel Pedrero. Con voz pausada y clara, Vallarta narró los momentos clave de su detención, el montaje televisivo orquestado por autoridades federales y Televisa, y la tortura brutal que sufrió por parte de agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación. Su testimonio reafirma lo que durante años se sospechó: que fue víctima de una fabricación del Estado mexicano.
El origen del infierno
Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 bajo el argumento de participar en un operativo de despistolización. Encapuchados armados lo interceptaron en la carretera México-Cuernavaca, lo golpearon, le cubrieron la cabeza, le robaron objetos personales y lo trasladaron a instalaciones que después identificaría como del entonces SIEDO.
Ahí empezó el suplicio: golpes, asfixia con bolsas, descargas eléctricas en los testículos y el cuerpo, inmovilización forzada, violencia sexual y amenazas contra su familia. “Cuando me desmayaba, me despertaban para seguir. Me querían quebrar. Querían que dijera lo que ellos necesitaban escuchar”, relató.
El montaje y el bautizo mediático
Horas después, se grabó el famoso montaje en el rancho de Vallarta, transmitido en vivo el 9 de diciembre como un operativo real. “Luis Cárdenas Palomino me instruyó qué debía decir. Me advirtieron que, si no cooperaba, matarían a mi familia. Florence (Cassez) negó todo en la primera toma. Pararon la grabación, la golpearon y repitieron”, recordó.
Aseguró que fue en ese momento cuando lo nombraron líder de “Los Zodiaco”: “Me preguntaron mi signo zodiacal, les dije cáncer. Uno respondió que él era acuario, otro piscis… y ahí dijeron: ‘Los Zodiaco’. Así se inventó la banda”, explicó.
Tiempo después, solicitó al entonces titular de la FGR y a Gobernación los supuestos antecedentes de la organización criminal. La respuesta fue contundente: no existía ningún registro oficial de dicha banda antes de su caso.
Televisa, Loret y la cadena de impunidad
Vallarta señaló que la narrativa oficial fue diseñada para justificar un trabajo de inteligencia inexistente. “Un camión de Televisa con antena satelital ya estaba listo desde antes. Eso no se arma en cinco minutos”, dijo, refiriéndose a las tomas previas al montaje.
Sobre Carlos Loret de Mola, quien transmitió la “detención en vivo”, recordó el testimonio de Laura Barranco, entonces parte del equipo de producción, quien alertó en 13 ocasiones que lo que estaban al aire era un montaje. La respuesta, según Barranco, fue: “Esto está chingón”.
Vallarta solicitó su comparecencia como testigo años después. “Se amparó. Perdió dos veces. Lo obligaron a declarar en videoconferencia desde su oficina. Pero sigue hablando desde la impunidad. Le digo desde aquí: te estoy esperando”.
Justicia tardía, pero justicia al fin
El 31 de julio de 2025, el Juzgado Tercero de Distrito le otorgó la libertad absolutoria. “No fue un perdón, no fue indulto. Fue una sentencia limpia, sin duda, basada en pruebas, no en discursos. Fue un fallo judicial, no político”, dijo Vallarta.
Rechazó haber tenido contacto con Florence Cassez desde su liberación. “Mi esposa sí se comunicó con ella por cortesía. Me enteré que tuvo una hija y enviudó. Le deseo lo mejor”, expresó.
También aclaró que jamás aceptó el indulto que le ofreció en su momento el Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque significaba admitir culpa: “Si me indultaban era como decir: ‘sí lo hiciste, pero te perdonamos’. No. Yo no hice nada”.
Cárdenas Palomino: frente a frente
Durante su tiempo en prisión, Vallarta compartió el penal del Altiplano con Luis Cárdenas Palomino, detenido años después por tortura. “Nos vimos varias veces, frente a frente. Nunca me habló. Yo tampoco. Pero con la mirada nos dijimos todo. Él siempre altivo, yo siempre firme”, relató.
También recordó que su hermano René y varios sobrinos fueron detenidos años después con los mismos métodos: detenciones arbitrarias, tortura y fabricación de delitos. Todos fueron liberados por falta de pruebas.
La deuda del Estado
Aunque Israel Vallarta está registrado desde 2021 como víctima oficial, denuncia que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nunca le ha ofrecido ni un solo apoyo económico. “Ni un chicle. Ni una pastilla para el dolor de cabeza. Solo papeleo, psicólogos, papeles. Nada real”, afirmó.
Pese a todo, no habla desde el resentimiento: “No odio. El odio enferma. Yo quiero vivir. Recuperar el tiempo con mi esposa, mis hijos, terminar mis estudios. Ser abogado. No para hacer política, sino para ayudar a otros que aún están presos injustamente”.
Un mensaje al país
Israel Vallarta sabe que su caso es símbolo de algo más profundo. “No soy el único, ni seré el último. Pero mi caso es el único en que el Estado tuvo que reconocer que mintió, que montó, que fabricó. Y lo hizo frente a millones”.
A la Presidenta Claudia Sheinbaum le envió un mensaje de respeto, y a quienes siguen difamándolo, les respondió con serenidad: “La jueza que me liberó no me conoce, no fue presionada, no fue sobornada. Lo que tengo es una resolución firme. Si aún así dudan, ya no es mi problema. Es el de ellos”.
Sandra, una de las propietarias de la Guardería ABC, fue detenida en un centro migratorio de Eloy, Arizona, tras emitirse una ficha roja de Interpol vinculada al incendio que cobró la vida de 49 niñas y niños en 2009. El colectivo Manos Unidas por la Justicia, integrado por madres y padres de las víctimas, exige a las autoridades mexicanas actuar de inmediato y solicitar su extradición.
El abogado Gabriel Alvarado Serrano, representante legal del colectivo, confirmó que la captura se realizó por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y señaló que no hay justificación para que la Fiscalía General de la República (FGR) no se haya pronunciado oficialmente ni haya informado a las víctimas. “No puede haber silencio ni inacción ante una detención directamente relacionada con el caso ABC”, enfatizó.
El colectivo alertó que una firma legal en Estados Unidos busca que Sandra obtenga asilo político, alegando persecución. “No es persecución, es cumplimiento de una sentencia por la muerte de 49 menores y lesiones a más de 100”, sostuvo el abogado. También pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum sensibilidad ante la exigencia de justicia.
Alvarado recordó que México y Estados Unidos tienen un tratado de extradición vigente y funcional, por lo que, con voluntad política, la FGR podría gestionar la entrega de la detenida sin necesidad de juicios largos, bastando una solicitud formal al Departamento de Justicia estadounidense.
De ser extraditada, Sandra deberá ser ingresada a un centro de internamiento en Hermosillo, Sonora, para cumplir con la sentencia pendiente. A 15 años de la tragedia, las familias insisten: la justicia no puede seguir esperando.
A partir del 7 de agosto, entran en vigor los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a importaciones provenientes de casi 200 países. Esta medida representa un cambio significativo en las políticas comerciales de Estados Unidos, con tasas que varían según el país y los productos.
Entre los gravámenes destacados, países como Afganistán y Nueva Zelanda enfrentarán un arancel del 15%, mientras que Siria tendrá el más alto con un 41%. Se aplicará también un arancel del 40% a productos importados que hagan escala en terceros países, afectando especialmente a bienes provenientes de China, de acuerdo con información recopilada por El País.
Diversos países han negociado acuerdos parciales para evitar o reducir estos aranceles. La Unión Europea, Japón y Corea del Sur tendrán un arancel del 15%. México y China cuentan con prórrogas para continuar negociando. Canadá recibirá un arancel del 35% tras romper negociaciones.
Los ingresos por aranceles en EE.UU. han aumentado significativamente, alcanzando en julio 28,000 millones de dólares, el nivel más alto desde 1934. El promedio efectivo de aranceles llegó al 18.2%, comparado con el 2.4% previo a la administración Trump.
El incremento en aranceles coincide con un aumento en la inflación, que se ubicó en 2.7% en el último reporte. Expertos monitorean los posibles efectos de esta política en el crecimiento económico nacional e internacional.
