China arremetió contra Estados Unidos en la ONU por su política de doble rasero en torno a las relaciones comerciales con Rusia, luego de que Washington señalara nuevamente a Pekín por mantener vínculos económicos con Moscú.
De acuerdo con información de Reuters, durante la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el representante permanente adjunto de China, Geng Shuang, denunció que EE.UU. exige sanciones a otros países mientras continúa haciendo negocios con Rusia.
“¿Algunos pueden incendiar casas y otros ni siquiera encender una lámpara?”, cuestionó el diplomático chino, en respuesta a las acusaciones de su homólogo estadounidense.
Geng defendió la postura neutral de China en el conflicto en Ucrania, subrayando que su país no ha suministrado armas ni ha violado sanciones, y que incluso regula estrictamente la exportación de artículos de doble uso, como los drones.
Además, recordó que las sanciones actuales no fueron impuestas por el Consejo de Seguridad, por lo que las relaciones comerciales con Moscú no infringen el derecho internacional.
China también acusó a Estados Unidos de utilizar narrativas calumniosas y presiones políticas para desacreditar su papel en la crisis ucraniana. “Instamos a EE.UU. a dejar el juego de acusaciones vacías y asumir un papel constructivo para lograr la paz”, sentenció Geng.
Israel Vallarta Cisneros saldrá del penal del Altiplano después de pasar 19 años preso sin sentencia, luego de que una jueza federal le concediera sentencia absolutoria por su presunta participación en el delito de secuestro. La información fue confirmada por su esposa, Mary Sainz a través de redes sociales poco antes de la medianoche del jueves 31 de julio.
La jueza Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, determinó que no existen pruebas suficientes para mantenerlo en prisión, por lo que ordenó su liberación inmediata, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) aún puede apelar, sin posibilidad de frenar su salida.
Vallarta fue detenido en diciembre de 2005, junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, en un operativo televisado en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca. Ambos fueron señalados como parte de la presunta banda de secuestradores Los Zodiacos. En 2013, Cassez recuperó su libertad tras obtener un amparo por violaciones al debido proceso, pero Vallarta permaneció en prisión sin sentencia hasta hoy.
Durante casi dos décadas, Israel Vallarta enfrentó cargos por delincuencia organizada, secuestro, portación de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, su defensa —encabezada por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP)— denunció irregularidades y violaciones a sus derechos, incluyendo tortura y prisión preventiva injustificada.
Incluso el Comité contra la Tortura de la ONU recomendó que se revisara su caso por el tiempo transcurrido sin sentencia y por su estado de salud, señalando que debían aplicarse medidas alternativas a la prisión preventiva.
Pese a estas recomendaciones, en 2023, un tribunal colegiado avaló mantenerlo preso, argumentando que la FGR justificó el riesgo procesal. No obstante, ahora, con esta resolución definitiva, Israel Vallarta podrá volver a casa, 19 años después.
Ricardo Aréchiga, hermano del fundador de Los Ántrax —el temido brazo armado del Cártel de Sinaloa— fue capturado en Jalisco. Se le acusa de participar en una llamada donde exigía dinero a cambio de protección.
La orden de aprehensión se emitió el 25 de julio, y este jueves 31 un juez decidirá si inicia proceso contra él, según datos del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En el momento de la detención, Aréchiga vestía chamarra negra, pantalón de mezclilla azul roto y tenis negros con suela blanca.
Ricardo seguía la ruta criminal de su hermano José Rodrigo Gamboa, conocido como el “Chino Ántrax”, asesinado en 2020. Ambos se dedicaban al robo de autos y formaban parte de Los Ántrax, grupo de sicarios que protegía a Ismael ‘El Mayo’ Zambada y al Cártel de Sinaloa.
José Rodrigo Aréchiga Gamboa fue detenido en 2013 en Ámsterdam, extraditado a Estados Unidos y condenado por tráfico de drogas. Tras cumplir parte de su condena y pasar a prisión domiciliaria, se fugó en 2020 y volvió a Culiacán, donde fue asesinado a balazos en un ataque directo a su escondite.
Aunque Los Ántrax nunca fueron prioridad para las autoridades mexicanas, se sabe que José Rodrigo colaboró con la fiscalía estadounidense, entregando información clave sobre el Cártel de Sinaloa.
La deuda pública de México alcanzó los 17.8 billones de pesos en el primer semestre de 2025, reveló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Aunque la cifra se mantiene por debajo de lo previsto, representa un aumento anual del 6.8% en comparación con el mismo periodo de 2024.
En contraste, el gasto público cayó 3.8%, afectando tanto a órganos autónomos como a secretarías de Estado. A pesar de estos recortes, el costo financiero de la deuda —intereses y administración— continúa al alza: llegó a 700 mil millones de pesos, un incremento de 10.8% anual.
Al cierre de junio, la deuda pública medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicó en 49.5% del PIB, frente al 51.3% observado al cierre de 2024, reflejo de una gestión responsable que ha optimizado el perfil de vencimientos…
La subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, resaltó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.7% en el segundo trimestre, lo que muestra, dijo, la resiliencia de la economía mexicana frente a la incertidumbre global.
La SHCP también informó que la deuda medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicó en 49.5% del PIB, menor al 51.3% de 2024, lo cual atribuyó a una gestión fiscal responsable y sostenible.
Por otro lado, la recaudación tributaria creció 8% en términos reales, su mejor desempeño desde 2016, impulsada por mejoras salariales y una administración eficaz. Sin embargo, los ingresos petroleros se desplomaron 22%, manteniendo una tendencia negativa para las finanzas públicas.
Con el objetivo de desarticular redes criminales dentro de los penales y preservar la gobernabilidad, fueron trasladadas 60 personas privadas de la libertad a diferentes prisiones federales del país.
El operativo fue coordinado por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional y Guardia Nacional, en conjunto con autoridades de la CDMX, Estado de México y Querétaro.
Según la SSPC, los internos tienen un perfil de alta peligrosidad y están relacionados con delitos que atentan contra la seguridad pública. Del total, 45 reclusos provenientes de cárceles estatales fueron concentrados en el Aeropuerto Internacional de Toluca, incluyendo 20 de la Ciudad de México, 20 del Edomex y 5 de Querétaro. Desde ahí, fueron enviados vía aérea a nueve Ceferesos ubicados en distintas regiones del país.
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 30, 2025
Además, 15 internos del Altiplano también fueron redistribuidos a otras cárceles federales. La seguridad del traslado estuvo a cargo de la Unidad de Reacción Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, con apoyo de la Guardia Nacional.
El operativo fue respaldado por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, como parte de las acciones para fortalecer el control carcelario y prevenir riesgos en los penales.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó los criterios de paridad emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) que limitaron el triunfo de mujeres en recientes elecciones judiciales, pese a haber obtenido más votos, de acuerdo con información de La Jornada.
Con tres votos a favor —de las magistradas Mónica Soto, Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez— y dos en contra, el TEPJF anuló el acuerdo que otorgó cargos a hombres por el principio de alternancia, a pesar de que las mujeres candidatas impugnantes lograron mayoría en las urnas.
El fallo responde a los casos en los que, en elecciones para Magistraturas de Circuito en la CDMX y Jalisco, el INE adjudicó cargos a varones, aunque las mujeres obtuvieron mayor votación.
La magistrada presidenta Mónica Soto argumentó que el principio de paridad busca garantizar al menos un 50% de representación femenina, pero no implica un techo. “Es un piso, no una limitante. No impide que todas las ganadoras sean mujeres si así lo decide la ciudadanía”, sostuvo.
Añadió que aplicar la alternancia en contra de mujeres con mayoría de votos contradice el objetivo de la paridad: ampliar el acceso femenino al poder, no restringirlo.
El magistrado Felipe de la Mata votó en contra de la revocación, asegurando que la paridad ya está asegurada en el Poder Judicial con las reglas vigentes. Incluso consideró que el sistema está “copeteado” con un 60% de mujeres.
Soto rebatió con firmeza: “No se puede justificar quitarle el triunfo a una mujer con el argumento de que ya hay muchas”, subrayó.
Con esta resolución, el TEPJF reafirma que la paridad de género no puede usarse para anular el derecho de las mujeres al triunfo electoral cuando la voluntad ciudadana las favorece.
Cox Energy, multinacional líder en gestión de agua y energía, confirmó la compra de Iberdrola México por 4 mil 200 millones de dólares, en una operación que marcará un antes y después en el sector energético nacional.
La transacción incluye 15 plantas operativas con 2,600 MW de capacidad instalada, una cartera de proyectos de 12 GW, así como la mayor suministradora privada de electricidad en México, con 25% del mercado y más de 500 grandes clientes.
Gracias a esta adquisición, Cox completa su plan estratégico tres años antes de lo previsto y proyecta cerrar 2025 con ingresos de 3 mil millones de euros y 750 millones de euros de EBITDA. “México es estratégico por su seguridad jurídica, solidez financiera y crecimiento energético”, destacó la empresa desde Madrid.
Entre 2025 y 2030, Cox invertirá más de 10,700 millones de dólares en el país, que incluirán:
4,000 mdd en nuevos activos energéticos
1,500 mdd en infraestructura hídrica
Coinversiones con la CFE y un polo de desarrollo social
Además, integrará a más de 800 trabajadores de Iberdrola México y ampliará su oferta con soluciones integradas de energía y agua, fortaleciendo el bienestar local.
La operación, que aún está sujeta a aprobaciones regulatorias, consolida a Cox como una utility de referencia en Latinoamérica, al posicionar a México como su segundo mercado más relevante en la región.
La frontera entre Ecuador y Colombia se convirtió en un punto caliente político tras la deportación masiva de 603 presos colombianos, ordenada unilateralmente por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa sin protocolos ni acuerdos bilaterales. Esta acción, amparada en la polémica Ley de Integridad Pública aprobada por la mayoría oficialista, permite expulsar a extranjeros detenidos incluso sin sentencia firme, replicando estrategias de política antimigración similares a las del presidente estadounidense Donald Trump.
De acuerdo con El País, la medida ha encendido tensiones diplomáticas con Colombia, cuyo gobierno denunció la falta de diálogo previo y cuestiona el destino de los deportados, la mayoría sin antecedentes penales en su país. En la zona fronteriza de Rumichaca, autoridades colombianas se apresuraron a habilitar espacios para atender a los reclusos, quienes fueron enviados a distintas ciudades sin la posibilidad de responder ante la justicia ecuatoriana. La Cancillería ecuatoriana asegura haber notificado la intención desde el 8 de julio, pero expertos señalan que esta maniobra busca desviar la atención de la creciente crisis de seguridad interna que afronta Noboa, marcada por un récord de homicidios y violencia.
— Prosperidad Social (@ProsperidadCol) July 30, 2025
El investigador Luis Carlos Córdova advierte que la Ley de Integridad Pública podría dejar a Ecuador vulnerable, pues facilita la deportación inmediata de criminales extranjeros, quienes podrían continuar operando desde territorio ecuatoriano ante la imposibilidad de una condena efectiva. Esta situación cobra relevancia ante casos emblemáticos como el asesinato del político Fernando Villavicencio, cometido por sicarios colombianos.
Mientras tanto, Noboa utiliza el discurso antimigratorio para consolidar su gobierno, culpando a los extranjeros de la inseguridad y justificando la expulsión masiva. El ministro del Interior, Jhon Reimberg, endurece el mensaje: quienes cometan delitos serán “objetivo militar” y tendrán prohibida su entrada a Ecuador por 40 años.
Tom Homan, conocido como el “zar fronterizo”, reafirmó que la administración Trump está decidida a eliminar por completo a los cárteles mexicanos, atribuyendo el debilitamiento de estas organizaciones al refuerzo histórico en la seguridad de la frontera sur. Durante una conferencia en la Casa Blanca, Homan destacó que la coordinación entre la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración (ICE) ha aumentado la eficacia en la contención del cruce ilegal de personas, drogas y armas.
El funcionario resaltó que las incautaciones de fentanilo bajaron más del 50%, gracias a la mayor presencia operativa de agentes “en la línea”, lejos de tareas administrativas, y criticó la gestión previa por permitir que los cárteles alcanzaran ingresos récord. Homan defendió las órdenes ejecutivas de Trump, que a su juicio, han convertido la frontera en “la más segura en la historia de Estados Unidos” y afirmó que el país está cerca de lograr un “control operativo total” en la frontera sur.
Subrayó además que la seguridad fronteriza requiere una aplicación estricta de la ley migratoria en el interior del país, porque “no hay seguridad nacional sin seguridad fronteriza, ni seguridad fronteriza sin aplicación interna”. Respecto a México, evitó comentar sobre aranceles, pero señaló que el reforzamiento fronterizo beneficia a ambos países al debilitar a los cárteles.
Homan detalló que la mayoría de solicitudes de asilo son rechazadas y reciben órdenes de deportación, las cuales, dijo, deben cumplirse para preservar la integridad del sistema judicial migratorio. En las últimas 24 horas, el 70% de los detenidos por ICE tenían antecedentes criminales, y el 30% restante incluía casos con órdenes de deportación o vinculados a pandillas y amenazas a la seguridad.
Finalmente, criticó las políticas de “ciudades santuario” por dificultar las detenciones de inmigrantes con antecedentes en cárceles, obligando a ICE a arrestar en comunidades, lo que incrementa la dificultad para el control migratorio.
La Trata de Personas en México ha escalado de forma alarmante en 2025, especialmente en su modalidad más devastadora: la pornografía infantil, que ya representa el 62% de las denuncias por este delito, según un nuevo informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX. En comparación con el primer semestre de 2024, las denuncias aumentaron 86%, revelando un panorama cada vez más preocupante para la protección de la infancia.
El 73% de las víctimas fueron forzadas a trabajar, y un 21.9% fueron explotadas sexualmente o prostituidas. Las víctimas, en muchos casos niñas y adolescentes, también fueron utilizadas para transportar drogas (25%), realizar trabajo doméstico (21.9%) o brindar servicios sexuales (7.8%).
Los métodos de captación y explotación han migrado con fuerza al entorno digital. Plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp son usadas por tratantes para enganchar a menores, junto con videojuegos como Free Fire y Roblox, que se han convertido en terreno fértil para la manipulación infantil. La mayoría de los tratantes son hombres (63%), aunque el 30% son mujeres, y en muchos casos existe un vínculo cercano con la víctima: 27% son familiares, 26% empleadores y 12.4% captan mediante enamoramiento.
El 63% de los migrantes que denunciaron haber sido víctimas fueron engañados mediante falsas promesas de ayuda, lo que refuerza la urgencia de atender este flagelo desde una perspectiva humanitaria y transnacional.
La Trata en México ya no es un delito invisible, y este informe lo confirma: las redes criminales se han adaptado al entorno digital, vulnerando los espacios que deberían ser seguros para niñas, niños y jóvenes. Organismos como la UNODC y la OIM ya exigieron al Estado acciones urgentes y tecnológicas, como investigaciones proactivas, aplicación firme de la ley y el desmantelamiento financiero de las mafias implicadas.
