La plataforma alemana integrará el sistema ferroviario mexicano a su red de ventas, con el objetivo de atraer más turismo europeo al sureste del país y fortalecer la promoción cultural y sostenible.
México dio un nuevo paso en la internacionalización del Tren Maya al concretar una alianza estratégica con la empresa alemana Flix, que permitirá a turistas en Europa comprar boletos del emblemático proyecto ferroviario mexicano a través de su plataforma digital y puntos de venta físicos, con disponibilidad a partir del 1 de febrero.
La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que esta colaboración busca impulsar la llegada de viajeros extranjeros al sureste del país, además de posicionar al Tren Maya como una opción de movilidad turística sostenible, vinculada al patrimonio cultural, arqueológico y natural de la región.
La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, destacó que la inclusión del Tren Maya en el catálogo de Flix refleja una estrategia innovadora de promoción internacional, orientada a conectar el Mundo Maya con los mercados europeos interesados en experiencias culturales y de bajo impacto ambiental. “Es una forma de acercar el Mundo Maya al mundo”, subrayó.
Gracias al acuerdo, los viajeros europeos podrán planear y reservar sus trayectos desde la aplicación y el sitio web de Flix, así como en sus canales tradicionales, facilitando la organización de itinerarios que incluyen ciudades, zonas arqueológicas, parques naturales y comunidades indígenas del sureste mexicano.
Actualmente, el Tren Maya opera 20 servicios comerciales diarios y, durante la temporada invernal, registró 147 mil 416 pasajeros, con un máximo de 9 mil 844 usuarios en un solo día, cifras que reflejan la creciente demanda del proyecto, de acuerdo con datos oficiales.
La venta internacional de boletos se integra a una estrategia más amplia que incluye la oferta del Grupo Mundo Maya, conformado por siete hoteles, cuatro parques y dos museos, con el objetivo de detonar el desarrollo regional, diversificar el turismo y generar una mayor derrama económica para las comunidades locales.
El pasado domingo 25 de enero (2026), en Salamanca, Guanajuato, un campo de fútbol amateur se convirtió en una espeluznante zona de guerra.
Hubo una masacre que dio como saldo 11 muertos y 10 heridos.
El supuesto móvil, aseguraron las autoridades estatales, habría sido una disputa territorial CJNG vs CSRL.
Lamentablemente, esta clase de ataques no son infrecuentes en la región. Guanajuato, desde hace años, está en garras del crimen organizado. Y es que, días antes (el pasado 20 de enero), en San Miguel de Allende se sufrió un ataque similar donde hubo tres víctimas mortales, incluyendo un menor de edad.
La respuesta de la Fiscalía de Guanajuato, bajo el mando de Gerardo Vázquez Alatriste, activó su maquinaria de relaciones públicas. Hubo operativos rápidos y mediáticos en las localidades de Villagrán y Juventino Rosas (bastiones del CSRL).
El resultado arrojó dos detenidos que fueron presentados como “trofeos”.
Las detenciones, sin embargo, no son fruto de una investigación sólida sino una acción de control de daños ante la presión mediática de las masacres.
¿Y sabe por qué? Porque Gerardo Vázquez Alatriste, el fiscal del estado de Guanajuato, no es un novato. Conoce perfectamente los asuntos judiciales y ministeriales. Lamentablemente, su historial está marcado por la gestión de la impunidad, no de la justicia.
Pero déjeme darle algunos antecedentes de Gerardo Vázquez Alatriste. El actual fiscal de Guanajuato, un personaje muy cercano a la gobernadora panista, Libia, Denisse, fue Fiscal Especial del caso Cardenal Posadas Ocampo. El resultado de su trabajo, como bien se sabe, ha dejado 30 años de impunidad, 100 tomos de papel y cero sentencias firmes por el homicidio.
Como delegado de la FGR, Gerardo Vázquez Alatriste es señalado por haber encubierto el desfalco de 50 millones de pesos en el ISSSTE.
Lo curioso es que Gabriel Cortés, en ese entonces director del ISSSTE, hoy es el actual secretario de salud de Guanajuato.
Lamentablemente, la gobernadora, Libia, Denisse, conocía perfectamente los señalamientos contra su secretario de salud y la negligencia de la obra fiscal, y aún así , ratificó a ambos impuestos clave de seguridad y de salud.
Guanajuato, desafortunadamente, ha perdido su característica definitoria: el uso legítimo y exclusivo de la fuerza. Hoy, el crimen organizado, parece marcar el rumbo de esa entidad mal gobernada por el PAN.
Seamos claros: las detenciones “exprés” tras estas masacres no buscan justicia real, sino calmar la ansiedad pública de manera momentánea. Es una performance de las autoridades de Guanajuato para simular que tiene el control, cuando, en realidad, la estructura criminal sigue intacta.
La gobernadora Libia Denisse debería entender que cuando ocurren masacres en espacios públicos, como sucedió el domingo pasado, en el campo de fútbol, y a plena luz del día, el mensaje es que el Estado queda reducido a un actor secundario. Los cárteles (CJNG y CSRL) ejercen la soberanía de facto sobre el territorio y sobre la vida de los ciudadanos.
El discurso del Fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, quien presume que “Nuestro compromiso es la justicia”, genera una suerte de cinismo político. ¿Y sabe por qué? Porque, en tres semanas, Guanajuato lleva 53 asesinatos.
En Guanajuato, tristemente, la sociedad ya no espera justicia; espera sobrevivir. Las palabras de la fiscalía, avaladas por la gobernadora, se siente como “burlas” o, peor aún, como “ironías macabras”.
En Guanajuato, tristemente, las balas del crimen organizado matan cuerpos, pero la corrupción de la Fiscalía, infelizmente, mata la esperanza.
El galardón distingue investigaciones con alto impacto científico y social, y refrenda el compromiso del Estado mexicano con la igualdad sustantiva en la ciencia.
Las secretarías de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Salud (Ssa) y de las Mujeres, en conjunto con la Fundación Neolpharma, entregaron el Premio Mujeres en Ciencias Biológicas y de la Salud “Matilde Montoya” a tres investigaciones destacadas, por sus aportaciones al conocimiento científico y al fortalecimiento del sistema de salud en México.
Durante la ceremonia realizada en la sede de la Secihti, la titular de la dependencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, subrayó la importancia de reconocer y visibilizar la participación de las mujeres en la ciencia, así como de impulsar su presencia en todos los campos del saber, donde aún persisten barreras estructurales que limitan su desarrollo profesional.
Acompañada por el secretario de Salud, David Kershenobich; la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández; y la presidenta de la Fundación Neolpharma, Luz Elena Gutiérrez de Velasco, la funcionaria recordó la trayectoria de Matilde Montoya, primera mujer médica en México, quien a inicios del siglo XX enfrentó obstáculos para acceder a la educación universitaria y ejercer la medicina, abriendo camino a generaciones posteriores.
Por su parte, David Kershenobich afirmó que este reconocimiento refleja un compromiso con la igualdad sustantiva, el talento científico femenino y la construcción de un sistema de salud justo, diverso y sólido. “La ciencia y la tecnología se fortalecen cuando incorporan todas las voces, sin importar el género”, enfatizó.
En representación de las galardonadas, la doctora Hariz Islas Flores, especialista en ecofarmacovigilancia de la Universidad Autónoma del Estado de México, señaló que el camino de las mujeres en la ciencia sigue siendo complejo por la tensión entre la vida académica y personal, aunque ello no ha impedido avances relevantes liderados por científicas mexicanas.
Islas Flores exhortó a niñas y adolescentes a no abandonar su vocación científica y recordó que mujeres como Matilde Montoya demostraron que el laboratorio también es su lugar, un legado que hoy continúa con nuevas generaciones de investigadoras.
El detenido es señalado como jefe de sicarios de una célula ligada a Los Salazar y cuenta con cinco órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto.
En un operativo conjunto realizado en Ciudad Obregón, Sonora, fuerzas federales y estatales detuvieron a Jesús Iván “N”, alias “El Chino Arce”, identificado como objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia en el sur de la entidad.
La captura fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora. De acuerdo con autoridades estatales, Arce Verdugo era jefe de una célula delictiva y era buscado activamente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).
Contra “El Chino Arce” existían cinco órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad agravada y asociación delictuosa, delitos cometidos entre 2024 y 2025. Por información que llevara a su captura, se ofrecía una recompensa de 500 mil pesos.
Las investigaciones lo vinculan con Los Salazar, una organización criminal con presencia en Sonora, Sinaloa y Chihuahua, asociada al Cártel de Sinaloa. Este grupo mantuvo alianzas con la facción de Los Chapitos, aunque las disputas internas con el grupo de Los Mayos detonaron enfrentamientos por el control territorial, principalmente en el municipio de Cajeme.
Fuentes del Gabinete de Seguridad señalan que “El Chino Arce” fungía como líder operativo y jefe de sicarios, con responsabilidades directas en ataques armados, control territorial y confrontaciones con grupos rivales en Ciudad Obregón y zonas aledañas.
Uno de los hechos más graves que se le atribuyen es su presunta participación en un ataque armado durante un convivio de XV años, ocurrido la madrugada del 29 de diciembre de 2023 en la colonia Cajeme, que dejó ocho personas asesinadas y 26 lesionadas. Las autoridades indicaron que el detenido será puesto a disposición de un juez para continuar con el proceso penal correspondiente.
El presidente de Estados Unidos calificó como “muy productiva” la conversación con la mandataria mexicana y destacó su liderazgo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una “líder maravillosa y altamente inteligente”, luego de sostener una llamada telefónica que calificó como “muy productiva” para ambos países.
A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense informó que la conversación se centró principalmente en temas de frontera, combate al narcotráfico y comercio bilateral, además de adelantar que continuarán dialogando para concretar reuniones presenciales en ambos países.
“Tuve una conversación muy productiva con la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue extremadamente buena para ambas naciones. Gran parte del diálogo se enfocó en la frontera, detener el tráfico de drogas y el comercio”, escribió Trump, quien subrayó que México cuenta con una líder destacada.
Esta llamada representa la segunda conversación telefónica entre ambos mandatarios en semanas recientes, pero es la primera ocasión en la que Trump hace públicos los temas abordados con su homóloga mexicana, lo que refuerza el mensaje de coordinación bilateral en un momento sensible de la relación.
El contacto ocurre en un contexto de incertidumbre por la insistencia de Trump en endurecer su postura contra los cárteles del narcotráfico, luego de sugerir recientemente posibles acciones militares en territorio mexicano, declaraciones que han generado preocupación en ambos lados de la frontera.
Asimismo, la conversación se dio a menos de 24 horas de la visita del secretario de Economía de México a Washington, en el marco de los preparativos para la revisión o eventual renegociación del T-MEC, acuerdo que Trump ha criticado de forma reiterada, incluso amenazando con imponer aranceles o retirar a Estados Unidos del tratado.
En un acto de amnesia selectiva, la dirigencia de Acción Nacional exige leyes contra el narcofinanciamiento, mientras carga con la sombra de Genaro García Luna y los pactos oscuros del calderonismo.
El cinismo en la política mexicana ha alcanzado un nuevo nivel de ironía.
Jorge Romero, actual dirigente del PAN, acudió a las instalaciones del INE para lanzar un “reto” a Morena y a la presidenta de la República: aceptar la extinción de partidos políticos que reciban financiamiento del crimen organizado.
Bajo el pretexto de rechazar la reforma electoral oficialista, a la que apodan “Ley Maduro”, los blanquiazules intentan presentarse como los guardianes de la pureza democrática, una postura que resulta, por decir lo menos, risible.
Es imposible ignorar la hipocresía sistémica de un partido que, durante el sexenio de Felipe Calderón, elevó a Genaro García Luna a la categoría de superpolicía, solo para que años después fuera sentenciado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.
¿Con qué autoridad moral el PAN habla de anular elecciones por dinero ilícito, cuando su propio gabinete fue el arquitecto de una estrategia que entregó la seguridad nacional a los cárteles?
Parece que a Romero y a su equipo se les olvidó que su árbol genealógico político está regado con las sospechas que hoy pretenden combatir.
En la conferencia, figuras como Ricardo Anaya y Margarita Zavala —quien también tiene mucho que explicar sobre su pasado familiar y político— se unieron al coro de lamentos, asegurando que la reforma busca instaurar un régimen autoritario.
Sin embargo, sus advertencias suenan huecas: critican la supuesta pérdida de autonomía del árbitro electoral, pero callan ante el hecho de que, en sus tiempos, el poder se ejercía con el respaldo de fusiles y nóminas paralelas provenientes del hampa.
El PAN sostiene que eliminar el financiamiento público abriría las puertas al crimen, pero lo cierto es que la puerta parece haber estado abierta de par en par durante décadas bajo su gestión.
Más que un reto a Morena, sus declaraciones parecen un desesperado intento por limpiar una imagen manchada por la corrupción y la complicidad, buscando que el electorado olvide quiénes fueron los verdaderos promotores de los narcopolíticos en la historia moderna de México.
Un estudio del WTTC advierte que las nuevas exigencias de ingreso podrían reducir casi una cuarta parte de las llegadas internacionales y provocar pérdidas multimillonarias.
El endurecimiento de las condiciones de entrada a Estados Unidos para turistas exentos de visa amenaza con provocar una fuerte caída en el flujo de visitantes internacionales y un impacto económico de gran escala, de acuerdo con un estudio del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) publicado este miércoles.
La medida, impulsada por el gobierno de Donald Trump, contempla exigir a los turistas extranjeros que ingresan bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) la revelación de sus historiales en redes sociales de los últimos cinco años. La propuesta aplicaría a ciudadanos de 42 países, entre ellos Chile, único país latinoamericano en la lista, así como Francia, Reino Unido y Japón.
Según el WTTC, si esta política entra en vigor en 2026, Estados Unidos podría registrar 4.7 millones menos de llegadas internacionales, lo que representa una disminución de 23.7 por ciento de los viajeros procedentes de países elegibles al ESTA. La reducción tendría un efecto directo en el gasto turístico, con pérdidas estimadas de hasta 15 mil 700 millones de dólares, cifra que podría ascender a 21 mil 500 millones al considerar el impacto económico indirecto.
La directora general del WTTC, Gloria Guevara, advirtió que el golpe al sector podría traducirse en la pérdida de más de 150 mil empleos, lo que agravaría la desaceleración que ya enfrenta el mercado turístico estadounidense. El organismo recordó que entre 2019 y 2025 el país dejó de recibir 11 millones de visitantes internacionales, una tendencia que podría profundizarse.
El estudio también revela que 34 por ciento de los viajeros encuestados estaría menos dispuesto a viajar a Estados Unidos en los próximos años si se endurecen los controles de entrada. En 2025, el WTTC ya había alertado de pérdidas por 12 mil 500 millones de dólares, asociadas a políticas migratorias restrictivas y aranceles.
En contraste, el turismo sigue siendo un pilar económico: en 2024 aportó 2.6 billones de dólares, sostuvo más de 20 millones de empleos y generó 585 mil millones de dólares en ingresos fiscales, cerca del 7 por ciento del total nacional. Para el WTTC, nuevas barreras al turismo pondrían en riesgo estos beneficios.
La Presidenta confirmó una llamada de 40 minutos con el mandatario estadounidense, centrada en comercio, seguridad y cooperación; Trump incluso la invitó a visitar EUA, aunque sin fecha definida.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una llamada telefónica “cordial y productiva” con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas clave de la relación bilateral, principalmente en materia comercial y de seguridad.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria detalló que la conversación tuvo una duración aproximada de 40 minutos y fue solicitada por el propio Trump. “Hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando. Fue una llamada muy cordial”, señaló, al precisar que por el momento no puede dar a conocer más detalles.
Sheinbaum destacó que ambos gobiernos acordaron que sus equipos continuarán trabajando de manera conjunta, especialmente en el fortalecimiento del entendimiento general entre México y Estados Unidos. En ese contexto, subrayó que Trump coincidió en que hay avances en materia de seguridad, tema en el que el subsecretario Roberto Velasco ha sostenido reuniones recientes en Washington con autoridades estadounidenses.
Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral.
Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa… pic.twitter.com/5ZqT4BgPOI
En el ámbito comercial, la Presidenta confirmó que se discutió el interés de ampliar las reglas de origen, no solo en el sector automotriz, como parte del acuerdo comercial vigente. “Seguimos avanzando en los temas comerciales”, puntualizó.
Sheinbaum también reveló que durante la llamada tuvo la oportunidad de saludar a Melania Trump, a quien dijo haber conocido durante su reciente visita oficial a Washington. En redes sociales, compartió una imagen en la que aparece acompañada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien estuvo presente durante la conversación.
Finalmente, la mandataria informó que Trump la invitó a visitar Estados Unidos, aunque aclaró que no se fijó una fecha para dicho encuentro. “Fue una conversación que él quiso tener y hasta aquí puedo informarles”, concluyó.
Familiares de Berenice y Miguel, fotoperiodistas muertos durante el colapso de una grúa en el Festival Ceremonia, acusan que OCESA ha maniobrado legalmente para deslindarse del caso; el director ejecutivo, el poderoso empresario Alejandro Soberón, niega que la empresa haya colaborado con la organización del evento.
Por Martha Rojas
Miguel Rojas Hernández perdió la vida durante una cobertura que realizaba en el Festival AXE CEREMONIA. Tenía 26 años, estudiaba en las FES Aragón de la UNAM y su sueño era convertirse en fotoperiodista profesional.
Pero estos sueños y su vida quedaron frustrados la tarde del 5 de abril de 2025, cuando una estructura de 2.5 toneladas, le cayó encima, a él y a otra de sus colegas, Berenice Aguilar.
A casi un año de la tragedia, familiares y amigos de Miguel señalan que la poderosa empresa de espectáculos OCESA así como otros implicados, entre ellos la promotora cultural ECO LIVE y la empresa Servicios de Protección Privada Lobo SA de CV, habrían maniobrado legalmente para evitar el proceso dar carpetazo al caso con un acuerdo reparatorio.
Sin embargo, para los familiares de Miguel la impartición de justicia va más allá de la reparación del daño. Consiste, según expresan sus representantes legales a Los Reporteros MX, de que los responsables asuman públicamente su responsabilidad.
Diana, hermana de Miguel, señala que, en distintas ocasiones la investigación ha sido pospuesta. En primer lugar, porque familiares de Berenice, quien también murió en el lugar, interpusieron un amparo para que la audiencia final se pospusiera hasta que OCESA y Servicios de Protección Privada Lobo SA de C fueran imputadas e investigadas.
Sin embargo, representantes legales de la familia de Miguel exponen que las audiencias pueden continuar aún si OCESA no ha sido imputada en el caso.
Una diferencia legal que abre la pregunta ¿están encubriendo a alguien?
En entrevista con Los Reporteros MX, la familia de Miguel Rojas desmintió que OCESA haya logrado un acuerdo monetario fuera de los juzgados.
Lo que piden es que el caso continúe sin demoras legales que obstaculicen el avance de la investigación.
Por otra parte, familiares de Berenice Giles piden que no se omita en dicho proceso la probable responsabilidad de la organizadora de eventos más importante en América Latina.
Soberón Kuri, el poderoso empresario detrás de OCESA
El viernes 23 de enero de 2026, la agente del Ministerio Público, Mercedes Karina Granados notificó que OCESA, propiedad de Luis Alejandro Soberón Kuri, y su filial Servicios de Protección Privada Lobo SA de C, fueron imputadas por el caso.
Un vocero de la organizadora señaló que dicha imputación aún no había sido notificada, sin embargo, admitió que forman parte de las investigaciones por la muerte de Miguel y Berenice.
Familiares de los deudos coinciden en que la promotora ha desplegado un ejército legal y monetario para desligarse del caso.
Después de que la muerte de Miguel y Berenice fue confirmada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, OCESA se desentendió del festival y limitó su participación a “difusor de publicidad”.
En una primera fase de la investigación, la Fiscalía General de Justicia habría respaldo la versión, pero luego de algunos meses y ante los señalamientos de encubrimiento, la dependencia optó por imputar a la promotora.
En un primer comunicado la FGJ indicó que las responsables directas del montaje de la grúa, así como de la aplicación del Programa de Protección Civil serían Agencia de los Socios SAPI de CV (Grupo ECO) y Operadora Eclectic S.A de CV.
En total la Fiscalía imputaría a ocho personas físicas y tres morales por el colapso de la estructura en el Ceremonia.
Según acusan familiares de ambas víctimas, OCESA habría desplegado todas sus influencias y recursos para salir bien librada del caso y continuar con sus operaciones.
Y es que, por años, OCESA ha controlado la industria del entretenimiento a través de diversas compañías que van desde la promotoría, la seguridad privada, hasta la publicidad y la venta de boletos.
Alejandro Soberón Kuri fundó OCESA (Operadora de Centro de Espectáculos) cuando tenía 30 años.
Se trata de un empresario, de bajo perfil, que figura como presidente y director general de OCESA y de varias filiales dedicadas a la seguridad privada y la promoción de eventos.
Soberón también es miembro de los consejos de administración de América Móvil, liderado por Carlos Slim; Grupo Financiero Banamex, dirigido por Fernando Chico Pardo, y de asociaciones civiles como Fundación Carlos Slim, Fundación Coca-Cola o Fundación IMSS.
Además, el también novio de la actriz Shasa Sokol es miembro del patronato de instituciones médicas y hasta de organizaciones pro bosque de Chapultepec.
Soberón ha mantenido una participación silenciosa pero influyente en distintas esferas de la vida pública y empresarial. Con el tiempo, OCESA se convirtió en la mayor promotora de espectáculos, pero su fama ha estado acompañada de acusaciones de sobreventa de boletos, negligencias y corrupción.
Además, la empresa sería señalada en Estados Unidos y México por prácticas monopólicas.
La última acusación gira en torno a la preventa de boletos para BTS. ARMY y Jorge Maynez presentaron una denuncia ante PROFECO acusando que la promotora realizó la preventa con precios inflados que violaban el derecho de los consumidores.
En distintas ocasiones han sido los propios consumidores quienes se han quejado de que las preventas organizadas por OCESA muestran precios inflados y que son adquiridos por revendedores que vuelven a sobreinflar y falsificar boletos.
Por su parte Ticketmaster se mantiene alejado de sus contadores con ventas en línea y un servicio impersonal.
Ambas han cancelado eventos sin reembolsar a los consumidores el dinero del boleto.
Se trata de acusaciones que han sido investigadas por la PROFECO y el ya extinto COFECE, pero que de una u otra forma han sido cerradas o dictaminadas en favor de OCESA gracias al poder de sus accionistas.
En total, la PROFECO ha reunido 4 mil 746 denuncias contra la promotora por distintos eventos, pero ninguna ha tenido consecuencias significativas para la empresa que dirige Soberón.
Una de ellas fue la interpuesta por la diputada morenista Laura Pérez Segura, quien exhortó a la PROFECO a investigar y sancionar la presunta relación de OCESA con la mafia de revendedores de boletos.
Pero el poder económico e institucional de la promotora se hace evidente, impidiendo que las averiguaciones progresen.
Las sanciones derivan de denuncias ciudadanas y refuerzan la estrategia estatal contra la corrupción en los cuerpos de seguridad.
El Gobierno de Michoacán separó de sus funciones a nueve elementos de la Guardia Civil que son investigados por presuntos actos de extorsión, abuso de autoridad y cohecho contra automovilistas. La medida se tomó tras denuncias ciudadanas que evidenciaron prácticas ilegales, como la amenaza de imponer multas de tránsito a cambio de dinero.
En un comunicado oficial, las autoridades estatales informaron que estas acciones ocurren en un contexto clave: la eliminación reciente de sanciones de tránsito en la entidad, una decisión orientada a cortar de raíz prácticas de intimidación y extorsión por parte de algunos agentes. Con ello, se busca que los cuerpos policiales se enfoquen exclusivamente en la protección ciudadana, y no en tareas recaudatorias.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detalló que los casos se registraron en dos momentos. En diciembre de 2025, cuatro elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por conductas irregulares; mientras que en enero de 2026, cinco agentes más enfrentaron investigaciones por presunto abuso de autoridad.
La SSP, encabezada por José Antonio Cruz Medina, actuó de manera inmediata y en coordinación con las autoridades ministeriales, como parte de una política de cero tolerancia a la corrupción. Cruz Medina, integrante del equipo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo públicas las sanciones a través de sus canales oficiales.
Esta estrategia de transparencia institucional, subrayó el gobierno estatal, tiene como objetivo fortalecer la confianza ciudadana y enviar un mensaje claro de que las quejas contra abusos policiales tienen consecuencias reales e inmediatas.
Las autoridades reiteraron que continuarán atendiendo denuncias contra servidores públicos y reforzarán los mecanismos de supervisión y control interno, para garantizar un desempeño policial ético, legal y cercano a la ciudadanía en Michoacán.
