El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, apuesta por una nueva era de conectividad ferroviaria e infraestructura con trenes de pasajeros modernos que alcanzarán velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, operando con tecnología diésel-eléctrica.
De acuerdo con Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, estas unidades ofrecerán conectividad interurbana y ya se construyen las líneas que unirán la Ciudad de México con Pachuca y Querétaro, así como los tramos Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. Además, se estudia la viabilidad de extender la red hacia Guadalajara, San Luis Potosí, Mazatlán y Los Mochis, consolidando una red nacional que permitirá conectar ciudades estratégicas con alta demanda cotidiana.
Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, mencionó que la Secretaría de Defensa participa activamente en la edificación de esta nueva infraestructura, que contempla más de 4 mil kilómetros de vías férreas. La obra entre CDMX y Pachuca, con 56.7 kilómetros de vía doble electrificada, ya ha generado casi 6 mil empleos directos. Por su parte, la línea CDMX-Querétaro, de 226 kilómetros, suma más de 5 mil empleos, mientras que los tramos a Irapuato y Nuevo Laredo muestran avances del 93% y 97.5%, respectivamente, en su ingeniería básica.
Por otro lado, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva, anunció la construcción del puente vehicular Amado Nervo, que conectará Bahía de Banderas, Nayarit, con Puerto Vallarta, Jalisco, beneficiando a casi 500 mil habitantes. La obra, de dos kilómetros de longitud y seis carriles, requerirá una inversión de 900 millones de pesos y concluirá en noviembre de 2026. Se estima que atenderá un tránsito promedio anual superior a 21 mil vehículos y generará 2 mil 700 empleos directos.
Con estos proyectos, el país fortalece su conectividad, impulsa el desarrollo regional y consolida un modelo de movilidad moderno, eficiente y generador de empleo.
La Presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una alta popularidad del 80% a casi un año de asumir la Presidencia, según una encuesta de Enkoll para El País y W Radio. Aunque su aprobación cayó tres puntos desde mayo, se consolida como una de las mandatarias con mejor imagen en la historia reciente de México.
La principal base de apoyo son los programas sociales y las políticas de género, que tienen una aprobación del 86% y 84%, respectivamente. El respaldo a la Presidenta es especialmente alto entre personas con nivel educativo básico (85%) y se mantiene sólido incluso entre simpatizantes del PRI (60%), PAN (57%) y MC (56%).
Pese al buen ánimo general, persisten preocupaciones ciudadanas: inseguridad cotidiana (38%), corrupción (11%) y economía. Los delitos comunes —más que el narcotráfico— son lo que más afecta la percepción del gobierno. En temas como salud, seguridad y economía, el descontento también está presente, aunque en menor medida.
Con un informe presidencial a la vuelta de la esquina, se espera que Sheinbaum mantenga su aprobación en niveles altos, aunque el desgaste natural de gobernar podría estabilizar su popularidad. Por ahora, Morena lidera preferencias con un 48%, mientras la oposición permanece rezagada.
A menos de dos años de su inauguración, el Tren Maya se perfila como una de las obras de infraestructura más ambiciosas y transformadoras en la historia reciente de México. Si bien persisten voces críticas que cuestionan su rentabilidad, las cifras de pasajeros y el impacto regional reflejan un proyecto en plena expansión y consolidación.
El origen con AMLO: saldar una deuda histórica
La génesis del Tren Maya está profundamente vinculada al proyecto de nación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde su campaña en 2018, promovió la obra como un símbolo de justicia social, desarrollo regional e integración territorial, con el objetivo de revertir décadas de rezago en el sureste del país.
Durante una gira como presidente electo en Palenque, Chiapas, López Obrador afirmó: “Vamos a comunicar a los pueblos mayas, a las zonas arqueológicas, a los sitios turísticos, y se van a generar empleos. El Tren Maya va, porque es necesario para que el sureste también sea México.”
Incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el proyecto contempló una inversión inicial de 150 mil millones de pesos, ajustada posteriormente por ampliaciones técnicas y consultas a pueblos indígenas. A diferencia de otras grandes obras, fue sometido a consulta ciudadana en diciembre de 2019, con un respaldo del 92 % de los participantes.
El expresidente lo definió como “una obra con dimensión social”, al destacar su potencial para generar empleo, detonar el turismo y fortalecer la economía local en comunidades tradicionalmente marginadas. En reiteradas ocasiones, defendió el componente ambiental del proyecto:
“Estamos reforestando como nunca antes. Por cada árbol que se toca, sembramos tres. Lo que quieren algunos es que el sureste siga en el abandono.”
Durante su último año de mandato, supervisó personalmente los avances y cumplió su promesa: el 15 de diciembre de 2023 se inauguró el primer tramo de Campeche a Cancún. Hoy, el Tren Maya opera bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, como uno de los legados más emblemáticos de su antecesor.
Un tren en movimiento: conectividad y usuarios al alza
Con una extensión de 1,554 kilómetros, el Tren Maya enlaza cinco estados del sureste mexicano: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Actualmente, cuenta con 34 estaciones activas y más de 1,500 kilómetros en operación, lo que ha permitido transportar a más de 1.3 millones de pasajeros en 7,290 viajes. De acuerdo con Óscar David Lozano, director general del Tren Maya, el crecimiento mensual en la demanda ha sido del 19 %, con aumentos notables durante temporadas turísticas.
Las rutas con mayor ocupación son las que conectan Cancún, Mérida y Playa del Carmen, zonas clave del turismo nacional e internacional. Durante la Semana Santa de 2025, se registró un récord de 6,641 pasajeros en un solo día, reflejo del atractivo creciente de esta alternativa de movilidad sustentable.
Desarrollo regional, turismo e inclusión
Más allá del transporte, el Tren Maya ha generado inversión turística, infraestructura comunitaria, empleos y rescate del patrimonio arqueológico y natural. La presidenta Claudia Sheinbaum lo resume así: “El Tren Maya no es solo un transporte: es una política de desarrollo regional, de justicia social y de integración del sureste a la modernidad.”
El proyecto ha sido reconocido internacionalmente. En 2019, recibió el premio Oracle Proyecto del Año, en la categoría de Creación de Valor y Beneficios, durante el Foro de Liderazgo en Infraestructura de América del Norte.
Los efectos ya son palpables. Entre 2020 y 2023, el PIB de los estados que atraviesa el tren creció de 1.8 a 2.3 millones de pesos, un incremento del 3.3%. La Población Económicamente Activa pasó de 5.24 millones en 2020 a 6.03 millones en 2024; y la población ocupada creció 13.48 %, al pasar de 5.2 a 6 millones de personas.
El gobierno federal ha promovido paquetes turísticos con descuentos de hasta 50% para pasajeros nacionales, lo que ha incentivado el turismo interno. Además, se han habilitado paradores, accesos y servicios en comunidades antes marginadas, generando inclusión y oportunidades.
Críticas y contrapesos: ¿un “elefante blanco”?
Pese a los avances, las críticas no han cesado. Recientemente, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, calificó al Tren Maya como una obra que podría convertirse en “un elefante blanco”, argumentando que los costos operativos superan los ingresos. En redes sociales, mostró vagones con baja ocupación para respaldar su punto.
Sin embargo, sus comentarios fueron recibidos con escepticismo. Ciudadanos y analistas le recordaron que su administración promovió el fallido Metrobús de La Laguna, en Coahuila, con una inversión superior a 3 mil millones de pesos y sin resultados operativos. A diferencia de ese caso, el Tren Maya ya está funcionando, expandiéndose y generando ingresos.
Expertos coinciden en que las grandes infraestructuras requieren tiempo para alcanzar su punto de equilibrio. El director Lozano estima que la rentabilidad plena se logrará entre 2027 y 2028, cuando todos los tramos y trenes estén en operación.
Sheinbaum: continuidad, vigilancia y confianza
Desde el inicio de su mandato, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido el proyecto como una herramienta de transformación regional. Aunque reconoce que el Tren aún está en proceso de consolidación, mantiene firme su respaldo: “Fue diseñado con criterios de rentabilidad. El Tren Maya no solo se va a sostener: va a ser un ejemplo de desarrollo regional con justicia.”
Además, anunció una auditoría integral de los contratos y procesos administrativos vinculados al proyecto, con el fin de garantizar transparencia y corregir posibles irregularidades heredadas: “Donde haya problemas, se va a actuar. Pero el proyecto no se detiene, porque es del pueblo y para el pueblo.”
Más que un tren, es un proyecto de nación
El Tren Maya representa una declaración de principios: desarrollo con inclusión, integración territorial y movilidad sustentable. Con más de 1.3 millones de pasajeros transportados, una ocupación creciente y una visión de largo plazo, está lejos de ser un fracaso.
Por el contrario, es una locomotora de transformación que ya está cambiando el rostro del sureste mexicano.
El gobernador Alejandro Armenta destacó que el aumento del 73% en denuncias por violencia de género y feminicidios es señal clara de que en Puebla ya no hay impunidad ni miedo para denunciar. Las mujeres encuentran hoy un refugio seguro en los Centros LIBRE y las Casas Carmen Serdán.
Durante la conferencia matutina dedicada a la protección femenina, Armenta recordó que en sexenios anteriores se ocultaban las cifras de violencia y se eliminaron los Ministerios Públicos en las Juntas Auxiliares para maquillar la inseguridad. Hoy, en contraste, estos servicios se han acercado a la ciudadanía mediante espacios especializados para atender y acompañar a víctimas.
La Fiscal General, Idamis Pastor Betancourt, informó que se han atendido a más de 6 mil 300 personas, iniciado más de 2 mil 100 carpetas de investigación y emitido casi 1,850 medidas de protección, garantizando que las víctimas no sean revictimizadas y reciban resguardo a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal.
Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, resaltó la realización de ocho asambleas territoriales “Voces por la Igualdad y contra las Violencias” con la participación de más de 2 mil 500 mujeres, espacios que fomentan diálogo, identificación de problemáticas y propuestas para erradicar la violencia de género. Además, se han distribuido más de 5 mil Cartillas de Derechos de las Mujeres para promover justicia e igualdad.
El director general del SEDIF, Juan Carlos Valdez Zayas, subrayó que las Casas Carmen Serdán son un refugio integral que ha brindado más de 34 mil atenciones, entre consultas psicológicas, asesorías jurídicas y talleres de empoderamiento, además de albergar a más de 260 mujeres y menores en riesgo.
Carmen González Serdán, coordinadora de las Casas, afirmó que esta estrategia ha logrado una reducción significativa de feminicidios desde enero y compartió testimonios de mujeres que han encontrado protección, apoyo y la oportunidad de reconstruir sus vidas libres de violencia.
La relación comercial entre Rusia y China ha crecido un 126% entre 2018 y 2024, alcanzando los 244 mil millones de dólares, tras el rechazo de Europa que busca asfixiar a Moscú mediante sanciones y bloqueos, de acuerdo con información de MPR21.
Para consolidar este comercio, Rusia planea construir 2 mil km de vías férreas que conecten Xinjiang, China, con el puerto ártico de Sabetta, reforzando su red ferroviaria desigual, especialmente en el Lejano Oriente.
Además, apuesta por el transporte fluvial, con una inversión de más de 6 mil millones de dólares en 1,600 buques comerciales hasta 2036, y el desarrollo de centros logísticos multimodales en ciudades clave como Novosibirsk y Omsk.
Estas estrategias buscan no solo eludir sanciones occidentales, sino también aprovechar el deshielo ártico, que abre rutas comerciales más cortas y acceso a recursos petroleros valuados en 160 mil millones de barriles.
El gasoducto Energía de Siberia 2 se ha convertido en una prioridad para Rusia, que planea conectar Yamal con China mediante un ducto de 1,600 km con capacidad de 50 mil millones de metros cúbicos anuales y una inversión estimada entre 10 mil y 13 mil 600 millones de dólares.
Esta infraestructura energética cobra mayor importancia ante la inestabilidad en Oriente Medio y la posible interrupción del suministro a China, que depende en un 90% del petróleo iraní para su demanda diaria.
Sinaloa se colocó como la entidad con mayor crecimiento económico del país durante el primer trimestre de 2025, al registrar un incremento del 7.0% respecto al trimestre anterior, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI.
Este avance, ajustado por estacionalidad, coloca al estado por encima de Nayarit (3.3%) y Guerrero (2.4%), consolidando a Sinaloa como líder nacional en dinamismo económico.
Además, en su comparación anual, la economía sinaloense también mostró un crecimiento del 2.0% frente al mismo periodo de 2024, lo que confirma una tendencia positiva y sostenida.
El ITAEE evalúa la evolución trimestral de las economías estatales a partir de la actividad en sectores clave, lo que permite dimensionar el papel de cada entidad en el panorama nacional.
Con estos resultados, Sinaloa refuerza su papel como motor económico del país, apostando por un desarrollo que genera empleo, inversión y estabilidad para sus habitantes.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) canceló el registro de cinco candidatos que habían ganado cargos en Ciudad de México, Tlaxcala, Chihuahua, San Luis Potosí y Quintana Roo, por no entregar sus informes de ingresos y gastos de campaña.
En total, fueron más de 7,700 candidaturas locales que declararon ingresos por alrededor de 900 millones de pesos, mientras que las multas por irregularidades alcanzaron los 8 millones de pesos. Se detectaron 37 casos federales y 86 locales con omisión total de dichos informes, de acuerdo con información recopilada por La Jornada.
Las entidades con más sanciones fueron Chihuahua y Estado de México, concentrando el 35.9% del total de multas.
Los candidatos afectados con la cancelación de su triunfo son: Jesús Ruiz Ramírez (Tlaxcala), Herelia Viridiana Valdez Valenzuela (Chihuahua), Alejandra Silvia Cordero Navarrete (CDMX), Verónica Pilar Castillo Nieto (San Luis Potosí) e Iván Manuel Ayuso Osorio (Quintana Roo).
La consejera Carla Humphrey criticó la eficacia del sistema de multas, señalando que deben tener un efecto real para prevenir incumplimientos. “Si las sanciones no representan un costo económico, político o reputacional, la legalidad pierde fuerza y la reincidencia se normaliza”, advirtió.
Humphrey también señaló que la modalidad actual incentiva la simulación al declarar menos gastos y operar más, pagando multas bajas o incluso en efectivo, lo que afecta la transparencia electoral.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el próximo 5 de agosto un juicio de inconformidad contra la elección de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentará un proyecto sobre la impugnación interpuesta por Iván Bravo Olivas, ex representante del PAN en Durango y ex juez penal, quien solicitó la anulación de la elección en el distrito 4 de esa entidad.
Aunque Bravo Olivas no fue candidato a magistrado del TEPJF, busca anular la designación. Paralelamente, la ministra presidenta Norma Piña Hernández admitió otra impugnación presentada por la asociación Poder Ciudadano contra los magistrados Gilberto de Guzmán Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho, caso asignado al ministro Alberto Pérez Dayán.
Ambas impugnaciones deben resolverse antes del 31 de agosto, fecha límite para que los nuevos magistrados rindan protesta ante el Senado. Sin embargo, la SCJN podría declarar improcedente la impugnación de Bravo Olivas, pues la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIE) limita este recurso únicamente a candidatos participantes, y en este caso, la impugnación fue inicialmente promovida por Gabriela Lorena Sterling Ávalos.
Este proceso es clave para definir la integración del TEPJF, el máximo órgano electoral que resuelve controversias en México, y marca un momento decisivo en la revisión de nombramientos judiciales vinculados a la esfera política y electoral.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa han recibido millones de dólares y pesos de Estados Unidos y empresarios mexicanos, posicionándose como actores clave en la oposición a reformas como la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Industria Eléctrica, según informó Contralínea en una investigación.
México Evalúa obtuvo más de 2.1 millones de dólares de USAID entre 2022 y 2024 para fortalecer gobiernos locales y supervisar el sector justicia. Además, recibió financiamiento de fundaciones como Open Society, Hewlett y la controvertida Atlas Foundation, vinculada a procesos de desestabilización en América Latina.
Entre 2020 y 2024, México Evalúa manejó recursos superiores a 250 millones de pesos, con aportaciones de grandes empresarios, incluyendo al Consejo Mexicano de Negocios y Fundación Coppel. Parte de esos recursos se destinó a financiar otras organizaciones civiles.
El IMCO también fue financiado por USAID y reportó ingresos por casi 194 millones de pesos en el mismo periodo, con donativos nacionales e internacionales. Entre sus financiadores destacan la Fundación Kaluz, el Consejo Mexicano de Negocios y Fundación Coppel.
Ambas organizaciones han criticado la política energética del gobierno mexicano, respaldadas por recursos empresariales y fundaciones extranjeras que defienden la política privatizadora, que implicó pérdidas en producción, reservas y soberanía energética.
IMCO y México Evalúa conforman una red de influencia respaldada por Estados Unidos y la burguesía mexicana, que busca moldear la agenda política y oponerse a reformas clave con recursos millonarios y alianzas estratégicas.
El aguachicol —extracción ilegal de agua— continúa sin freno en México: de 292 pozos clandestinos detectados, 117 fueron clausurados, pero 175 siguen operando, pese a haber recibido solo sanciones administrativas o multas, según un informe del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).
De acuerdo con una investigación de La Razón, estas tomas ilícitas se distribuyen en 24 estados, con mayor concentración en Guanajuato (62), Chihuahua (31), Morelos (24), Coahuila (23) y Puebla (20). Las entidades sin registros son: CDMX, Chiapas, Aguascalientes, Baja California, Colima, Campeche, Quintana Roo y Tabasco.
El reporte advierte que el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 no contempla este tipo de extracciones ilegales como amenaza, lo que compromete su efectividad. Tampoco aborda riesgos derivados del cambio climático ni la mala planeación urbana y rural.
Las multas más altas alcanzaron los 423 mil pesos, como en casos de pozos con uso pecuario en Monclova, o agrícola en San Lorenzo Cacaotepec (Oaxaca). Sin embargo, el volumen exacto de agua sustraída no ha sido determinado, lo que impide conocer la magnitud real del daño.
Juan José Hernández, director del Igavim, señaló que la extracción irregular seguirá creciendo si no se incluye dentro de la estrategia hídrica nacional: “Si no puedes visualizar el problema, no puedes monitorearlo ni detener la sobreexplotación”, advirtió.
Además, indicó que muchas de estas tomas se realizan en negocios que tienen permisos legales pero rebasan los volúmenes autorizados por la creciente escasez.
