Dos ataques armados en Salamanca y San Luis de la Paz dejaron además cinco heridos, en hechos que reflejan el descontrol de la violencia en el estado.
La violencia volvió a sacudir a Guanajuato, donde una sola noche dejó un saldo de nueve personas asesinadas y cinco lesionadas en los municipios de Salamanca y San Luis de la Paz, sin que hasta el momento haya una respuesta contundente del gobierno estatal encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, cuya estrategia de seguridad ha sido ampliamente cuestionada por su falta de resultados.
En Salamanca, un ataque armado en la comunidad de San Juan de Razo dejó cinco muertos, entre ellos dos adolescentes, además de dos personas heridas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad municipal, las víctimas fueron trasladadas a un hospital, mientras corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo que, sin embargo, no logró evitar la masacre.
El gobierno municipal, encabezado por el morenista Julio César Ernesto Prieto, informó que colaborará con la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales para esclarecer los hechos. No obstante, habitantes de la zona señalan que la presencia de autoridades llega tarde y la violencia ya se ha vuelto recurrente en la región.
Horas antes, en San Luis de la Paz, otro ataque armado en un expendio de bebidas alcohólicas en la comunidad de Puerto Blanco dejó cuatro personas muertas y tres heridas, generando nuevamente la movilización de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales.
La escalada de violencia exhibe una crisis de seguridad que se ha profundizado en Guanajuato, donde los hechos de alto impacto se han vuelto constantes. La administración de Libia Dennise enfrenta críticas por la falta de una estrategia efectiva, mientras los ataques armados continúan extendiéndose sin control en distintas regiones del estado.
Pese a la presencia de fuerzas federales y estatales, los resultados siguen siendo limitados, lo que ha encendido la preocupación de la población ante lo que ya se percibe como una pérdida de control institucional frente al crimen organizado.
