Una investigación que inició con el hallazgo de ferrotanques abandonados en Coahuila reveló una operación logística de gran escala. Autoridades identificaron a los responsables y su estructura corporativa.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre los avances en la investigación de la red de contrabando de hidrocarburos más grande detectada hasta ahora. El caso, transportado por vías férreas, habría generado un perjuicio a la hacienda pública superior a cuatro mil millones de pesos.
Todo comenzó con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Estas unidades representaban un riesgo para la población y para la seguridad industrial, debido a las altas temperaturas y al desconocimiento sobre su contenido.
Los peritos realizaron inspecciones de campo, tomaron muestras y elaboraron dictámenes para determinar qué contenían los ferrotanques. También implementaron medidas de seguridad y preservaron los indicios encontrados en el lugar.
La investigación no se detuvo ahí. Los fiscales ampliaron el análisis hacia toda la cadena logística del producto y localizaron más ferrotanques con las mismas irregularidades en San Luis Potosí y Nuevo Laredo. Estas unidades habían declarado apenas el diez por ciento de su contenido real, lo que permitió reconstruir la ruta ferroviaria completa.
Lo que parecía un hallazgo aislado se convirtió en la identificación de una operación logística mayor, con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en varias entidades del país.
El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte y documentación corporativa permitió identificar a la empresa importadora principal. Esta sociedad se constituyó en agosto de 2018 en la Ciudad de México, fundada originalmente por José “N” junto con dos personas morales.
La estructura de la empresa cambió con el tiempo. Dos meses después de su fundación, en octubre de 2018, Ernesto “N” comenzó a participar en la organización mediante su incorporación al capital variable.
Para 2021, Ernesto “N” ya figuraba como accionista y fue nombrado Secretario del Consejo de Administración. Desde esa posición participó, junto con José “N”, en la representación legal y las decisiones estratégicas de la sociedad.
Las investigaciones muestran que ambos comparecieron juntos en diversos actos corporativos y modificaciones societarias. Estas acciones estuvieron relacionadas con comercio exterior, gestiones fiscales y aduaneras, y la operación general de la empresa.
La FGR subrayó que fueron las propias diligencias las que revelaron la posible participación de las personas vinculadas a proceso. Este punto descarta, según la dependencia, cualquier tipo de persecución política.
Con el paso de los años, la empresa amplió su objeto social para incluir el almacenamiento, importación, exportación y transporte de hidrocarburos. También comenzó a operar terminales ferroviarias, actividades que después resultaron clave para la investigación.
Hasta ahora, los fiscales han reunido 96 datos de prueba. Entre ellos destacan dictámenes en química, ingeniería mecánica y eléctrica, fotografía, criminalística e identificación de hidrocarburos.
La FGR aclaró que, por el momento, se ha imputado un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos por el contrabando realizado con 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025. El cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas y el SAT detectó además más de cuatro mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, cifra que podría representar un daño patrimonial superior a los cuatro mil millones de pesos.
La dependencia recordó que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa, conforme a la Constitución. Por esta razón, las personas imputadas no pueden continuar su proceso en libertad.
Finalmente, la FGR insistió en que Ernesto “N” no enfrenta persecución por sus ideas o vínculos políticos. La dependencia aseguró que la investigación respeta en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de los imputados.
