Con un plan de auditorías y nuevos controles, los consejeros buscan frenar la crisis que dejó la renuncia de Guadalupe Taddei. Piden a la ASF revisar todas las compras desde 2016 y habilitan un buzón para denuncias anónimas.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves un plan para enfrentar la peor crisis de su historia. El escándalo de corrupción estalló durante la gestión de Guadalupe Taddei. El plan incluye controles para que las presuntas irregularidades no se repitan.
La medida más fuerte es pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un “ejercicio emergente de fiscalización”. La ASF revisaría todas las compras, arrendamientos y servicios que el INE contrató entre 2016 y 2026. El objetivo, según el acuerdo, es “restaurar la integridad” del instituto.
Además, el INE evalúa contratar una auditoría externa con una empresa privada. También abrirá un buzón electrónico donde cualquier persona podrá denunciar de forma anónima. Con apoyo de la ASF, el instituto cuidará los documentos para que nadie los altere. Después armará un inventario de los contratos bajo revisión. Primero revisará los que puedan afectar el proceso electoral en curso.
La revisión también buscará dónde fallaron los controles. Los consejeros quieren saber quién tuvo acceso al padrón electoral y a otra información reservada que el INE resguarda.
“La crisis más grave de la historia”
Consejeros y representantes de los partidos coincidieron en algo: con una sola renuncia no basta. Pidieron aclarar los hechos y sancionar a los responsables, incluso con castigos penales cuando corresponda.
El consejero Arturo Castillo recordó que la Constitución prevé prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos de corrupción. Esa figura busca que los presuntos responsables no huyan mientras avanzan las investigaciones.
Castillo fue directo sobre la gravedad del momento. “Sin duda alguna es la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución”, dijo. Recordó que antes cambiaron a presidentes del Consejo por reformas, pero nunca por un caso de corrupción.
Antes de la sesión, la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, habló con la prensa. Aseguró que “la autonomía del Instituto no es sinónimo de opacidad“. Prometió transparencia y colaboración con las autoridades que investiguen y, en su caso, sancionen.
Por lo pronto, el INE canceló una reunión con funcionarios de seguridad federal e inteligencia financiera. Estaba prevista para este viernes. Ese encuentro habría sido el primer paso para verificar la integridad de las candidaturas de las elecciones del próximo año.
Por otro lado, Cruz informó que revisará las demandas laborales de los operadores de los módulos de atención ciudadana. Ellos advirtieron que podrían ir a paro.
Hacia una casa más limpia
Ya en la sesión de la tarde, la consejera Carla Humphrey dijo que el INE debe “limpiar la casa para que lo sucedido no vuelva a ocurrir”. Propuso acabar con el favoritismo. También pidió abrir las contrataciones a licitaciones, incluso internacionales. Las adjudicaciones directas quedarían solo para casos excepcionales. Así, explicó, se cerrarían “todos los espacios a la discrecionalidad” y a los conflictos de interés.
Humphrey planteó además crear una comisión de administración con consejeros electorales. Durante la gestión de Taddei, la Junta General Ejecutiva tomó las decisiones y dejó fuera a los consejeros.
El instituto presume que recuperó la colegialidad, y el cambio ya se nota en los pasillos. En la práctica, el INE retiró los torniquetes de acceso al edificio central. Los consejeros, además, volvieron a dar la cara juntos ante la prensa.
Los partidos no se conformaron con la salida de Taddei. Exigieron saber quién autorizó los pagos a un grupo pequeño de proveedores presuntamente favorecidos. También piden señalar a los responsables.
Ernesto Guerra, representante del partido PAZ, lo resumió sin rodeos. “Es imperativo limpiar el mugrero que se dejó. La renuncia no significa que esto quede así”, afirmó.
